“La escuela
no volverá a ser lo que era
Esta realidad no puede hacer que nos
refugiemos de manera conservadora en intentar volver a las condiciones
existentes antes de la pandemia. La escuela, liceo y
universidad que teníamos en febrero del 2020 tampoco representaban la
aspiración de los sectores populares y críticos, respecto a lo que debería ser
una educación liberadora y emancipadora. Se trata entonces de comprender y trabajar de manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica,
científica y presencial,
que reivindique la tradición y el saber pedagógico acumulado por décadas, pero
que sea también sea capaz de empalmar con lo nuevo, lo emergente en clave de
resistencia anticapitalista.
“Alternativas
Ciertamente lo peor que puede
pasar es que un niño, niña o adolescente quede desconectado del sistema
escolar. El hecho que consideremos que es
necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la educación por
televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la conexión
digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva
estratificación, con un claro sentido de clase.
Son los pobres, las mujeres
trabajadoras, la clase obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de marginalidad en los barrios
quienes están resultando más afectados por la neo privatización educativa en
marcha y la estratificación de la escolarización determinada por el
acceso a computadores y conexión a internet.
Las alternativas están en el plano
epistémico y en la organización para la resistencia. En el primero,
la sorpresa y la sensación de vértigo que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha causado en amplios sectores
progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es clarificar lo
que está pasando y establecer de manera compartida el horizonte inmediato
contra la opresión neoliberal.
Lo segundo, reivindicar que las experiencias de colectivos
pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con fuerza como una práctica
muy potente para avanzar de manera colectiva, desde abajo, en la comprensión
de lo ocurre y la elaboración de resistencias anticapitalistas.
Tercero, fortalecer la unidad de los sindicatos
y gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores populares y
pedagogos críticos para
de manera conjunta elaborar una ruta de acciones
coyunturales y estratégicas.
Es momento de inventar para no errar.
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COVID-19:
OPORTUNIDAD DEL NEOLIBERALISMO PARA IMPULSAR UNA BRUTAL NEO PRIVATIZACIÓN
EDUCATIVA
*****
Luis Bonilla
Molina.
ALAI-América
Latina en Movimiento.
Viernes 24 de
julio del 2020.
Escalamiento del Apagón Pedagógico Global
Desde el año 2015 venimos denunciando
el riesgo que ocurriera un Apagón Pedagógico Global (APG).
Advertíamos que este APG tendría una expresión concreta
en la virtualización y
la relocalización
en la casa de una
parte importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo decíamos
por tremendismo, sino porque esta tendencia al APG había sido anunciada en
varios documentos de las Bancas de Desarrollo y de los organismos
multilaterales. Sin embargo, buena parte de la izquierda pedagógica desestimó
este escenario al considerarlo improbable. Comprender esta realidad implicaba
reconocer que estamos ante un reseteo planetario de la cultura educativa,
lo cual desafiaba muchas de las certezas construidas en el campo de las
alternativas pedagógicas. La más reciente publicación del Foro Económico
Mundial de Davos “COVID-19: el Gran Reseteo” (julio, 2020) confirma
las valoraciones y análisis prospectivos que hacíamos hace años.
Siempre señalamos responsablemente, que
no sabíamos cuál sería el evento o el mecanismo para ello, pero que la
tendencia del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial
apuntaba en esa dirección. El COVID-19 se
convirtió en el evento que construyó las condiciones de posibilidad para el
desarrollo a escala planetario del Apagón Pedagógico Global.
La transición entre la tercera revolución
industrial a la cuarta revolución industrial hizo inminente el APG. Esta
transición comportaba la consideración, por parte del capital, de la obsolescencia de
la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda
revolución industrial. Obsolescencia
determinada por el impacto de la aceleración de la innovación en
los procesos educativos.
La cuarentena sanitaria por la pandemia
del COVID-19 obligó a generar respuestas en materia de escolaridad y educación.
Las medidas educativas elaboradas por las burocracias de los ministerios de
educación, fueron construidas a partir de la apelación al concepto de
“emergencia”. La real emergencia sanitaria, fue usada para desarrollar un giro
inusitado, dramático y excluyente en la educación. La llamada emergencia
educativa sirvió de pretexto para que en la mayoría de países se intentara dar continuidad
a las labores escolares, ya no en las escuelas, liceos y universidades sino “en
casa” y por mecanismos remotos, en su mayoría codificados al público bajo las
expresiones de “educación virtual en casa,
“universidad
en casa”.
El paradigma neoliberal de la sociedad educadora
Esta “nueva Realidad” nos obliga a revalorar el paradigma
educativo neoliberal de la “sociedad educadora”, que desembarcó con
fuerza en la región en la década de los ochenta del siglo XX. Esta
iniciativa, en la era de la transnacionalización del capital y de
la mundialización
cultural contemplaba la intención de ir transfiriendo a
las familias, docentes y estudiantes, las condiciones mínimas para el
cumplimiento al derecho a la educación.
El fortalecimiento de los mecanismos
para garantizar el pago de las matrículas y “colaboraciones para las sociedades
de padres y representantes” en las escuelas públicas, sirvieron como caballo de
Troya para intentar recargar en las familias los costes del mantenimiento de
los planteles escolares, las actividades extraordinarias, los docentes
suplentes, etc., en la ruta para que las madres y los padres fueron asumiendo la
responsabilidad educativa que correspondía a los Estados. Cada vez más se le
fue transfiriendo a las familias muchas de las responsabilidades que otrora
habían asumido los Estados.
Esta intención pudo concretarse solo
parcialmente y de manera desigual en los países de la región, gracias a la
movilización del magisterio, los profes universitarios y los estudiantes; las
familias lo hicieron en menor medida, atrapadas por la cultura evaluativa de la calidad educativa.
La exigencia de mayores aportes a los
sistemas escolares por parte de las familias se encubría con el discurso
funcional de la co-responsabilidad para alcanzar una educación inclusiva de
calidad, algo que se convertía en un chantaje funcional para la desmovilización
de las familias. Esa “noción” de la co-responsabilidad comporto un salto en la
construcción de hegemonía, sobre la necesidad que los Estados “compartieran”
con las familias los costes de la educación pública. Esta operación de
propaganda, abrió las puertas a reformas en las constituciones nacionales y las
leyes de educación que implicaron un abandono drástico de las responsabilidades
del Estado, encubiertas con discursos progresistas.
La obligación de los Estados en garantizar las
condiciones mínimas para el derecho a la educación
Desde una perspectiva emancipadora y de
Estado Docente, la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es
de los Estados Nacionales. Es decir, los Estados entre otras cosas, deben
garantizar que a) el presupuesto destinado a la
educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto o menor del 20% presupuesto
público; b) exista una legislación educativa que
garantice el acceso universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones,
por lo menos, a los estudiantes de educación inicial y primaria. En algunos
países esta obligación se extiende al bachillerato; c) elaborar
los planes de estudio y los modelos de enseñanza-aprendizaje que garanticen un
aprendizaje contextualizado a cada realidad, desafíos epocales y
necesidades de la población; d) construir la infraestructura necesaria
(escuela, liceos, preescolares, universidades) para garantizar la igualdad de
condiciones de aprendizaje; e) dotar las escuelas, liceos y
universidades de los elementos, equipos y contenidos inherentes a la aceleración
de la innovación y garantizar que todes los y las estudiantes
tengan las mismas condiciones de acceso a estas tecnología y
conocimientos; f) desarrollar una continua
actualización de la formación inicial y permanente de los y las docentes que
permita garantizar el papel de la escuela como institución
democratizadora del conocimiento entre los sectores populares.
Previo a la pandemia, muchas de estas
condiciones mínimas de partida no eran cubiertas por los Estados nacionales, lo
cual generaba resistencias, movilizaciones y denuncias del movimiento
magisterial y estudiantil.
La desinversión en educación y la
precarización de las condiciones de trabajo de los y las docentes actuaban como
disparadores de la premisa neoliberal
de abandonar la responsabilidad de los Estados con la educación pública, dando
paso al modelo de sociedad educadora.
Debemos tener cuidado que el logro del
6% del PIB como piso mínimo no sea usado en buena medida para la firma de
contratos con las grandes transnacionales tecnológicas en materia de contenidos
educativos digitales y virtuales,
ni para construir la infraestructura base para la transición a la cuarta
revolución industrial, escenario en el cual se continúe recargando en las
familias, estudiantes y docentes el grueso de la inversión en equipamiento
tecnológico básico (computadores, laptos, celulares) y
la conectividad al
internet. Subrayar siempre que esto es (y sería) privatización
educativa y triunfo del paradigma
neoliberal de sociedad educadora.
En el plano internacional el
neoliberalismo educativo cada vez más se aseguraba que en muchos de los
protocolos de los organismos multilaterales, el derecho a la educación
apareciera sin sus apellidos sustantivos de gratuita, popular, científica y
laica. Cada vez más en estos protocolos aparece el compromiso de vincular el
sector privado al cumplimiento del derecho a la educación, que no es otra cosa
que la transición a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una
mercancía.
El tránsito abrupto de un modelo de
educación presencial en las escuelas, al modelo de “educación virtual en casa”,
de “universidad en casa” y, el temor del contagio mortal, posibilitó un
acelerado abandono de las premisas de responsabilidad de los Estados Nacionales
que le obligan a garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del
derecho a la educación.
La neo privatización educativa en el marco de la
pandemia del COVID-19
El Coronavirus aceleró y escaló a una
dimensión impensable solo meses atrás, las tendencias privatizadoras de la
educación. El modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en
casa” que han impulsado los sistemas educativos en América Latina ha comportado
una privatización de hecho. Las responsabilidades de los
Estados de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de
enseñanza y aprendizaje han sido abandonadas y se ha entrado en la lógica del
neoliberalismo educativo.
Ahora, en el marco de la pandemia del
COVID-19 son las familias, les estudiantes y los y las docentes, quienes deben
asumir los costes del pago del internet, la suscripción a plataformas
privativas para poder dar clases,
la compra o reparación de sus computadoras para dar clases. Los Estados se
desentienden de su responsabilidad usando el acostumbrado lenguaje de la
“vocación docente”, de la “mística de los educadores”. Se trata de una Neo
privatización educativa a escala global.
Muchos de los contenidos educativos en este contexto de “virtualidad en casa”, son
aquellos que están disponibles en las plataformas privativas. Los y las
docentes no fueron formadas y no están siendo formados adecuadamente para
trabajar en entornos digitales, lo cual ha implicado una serie de déficits y
problemas derivados del ensayo y error, de “cómo va viniendo vamos viendo”.
Se pretende culpabilizar de los errores
de la coyuntura a los y las docentes, convirtiéndose el Estado en un evaluador que con desenfado traslada su
responsabilidad a terceros, usando los criterios de la cultura evaluativa. La
culpabilización a los docentes, es una cortina de humo que procura ocultar que
se está produciendo una brutal privatización educativa.
Las condiciones en las cuales se están
desarrollando los procesos de enseñanza aprendizaje son desiguales y
estratificadoras.
Muchos estudiantes no cuentan siquiera con una casa donde estudiar de manera
estable, otros no poseen familia que les apoyen, la mayoría no tienen textos
o acceso a internet, ni computadoras.
La escuela, con sus programas alimentarios
procuraba garantizar que todes comieran por lo menos una vez al día,
precisamente para igualar las condiciones de partida para aprender a aprender.
Las medidas tomadas por los ministerios de educación han roto en solo meses, la
conquista social de asociar el derecho a la educación con garantías de igualdad
de condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esa “nueva normalidad” está siendo poco denunciada, por el
contrario, en muchos casos, está dinámica ocurriendo con el silencio cómplice
de importantes sectores de la academia y los sindicatos burocráticos
patronales. Como en todo proceso de opresión, las resistencias marcan la
diferencia y hoy casi un centenar de organizaciones del magisterio en la
región, educadores populares y pedagogos críticos han comenzado a denunciar y
movilizarse en contra de esta realidad.
Educación de primera para incluidos en la
tecnología, educación de tercera para los excluidos de la tecnología.
Para colmo, con el pretexto de la
emergencia sanitaria se está produciendo una nueva estratificación de la
educación. Los que tienen
acceso a computadores e internet, cuyo porcentaje no excede el 50% de la
población en América Latina y el Caribe, son los que tienen la posibilidad
de participar en la educación remota que intenta darle continuidad a los
procesos de escolarización. Estas condiciones previas son las que se venden
como logros de acceso a la formación, que en realidad son simplemente acceso a
la información actualizada. Se confunde la capacidad individualizada de
navegación conducida por la red de internet con aprendizajes.
Los otros y otras, la mayoría de
estudiantes, que no tiene acceso a computadora e internet, están recibiendo enseñanza
por televisión o radio, con contenidos y metodologías de la televisión
educativa de los sesenta del siglo XX, transitando el aprendizaje con una mirada
desde el retrovisor, no hacia el presente y el futuro. Esto
redundará en nuevas formas de exclusión. Es una educación de segunda para
pobres.
Por otra parte, quienes viven en zonas
de difícil acceso y precaria conectividad, con limitadas posibilidades incluso
de acceder a una señal de radio,
están recibiendo una educación por módulos, educación de tercera, que trata de
ocultar que les están dejando en los bordes de la marginalidad intelectual.
La apelación a la contingencia y la
emergencia para producir esta privatización educativa no tiene justificación
alguna, más aún cuando
las autoridades educativas desoyeron las advertencias que hicimos desde cinco
años sobre un inminente Apagón Pedagógico Global (APG) y la obligación que
tenían los Estados para prepararse para escenarios como estos, con la mirada
pensada en la inclusión educativa y la justicia social.
La escuela no volverá a ser lo que era
Esta realidad no puede hacer que nos
refugiemos de manera conservadora en intentar volver a las condiciones
existentes antes de la pandemia. La escuela, liceo y
universidad que teníamos en febrero del 2020 tampoco representaban la
aspiración de los sectores populares y críticos, respecto a lo que debería ser
una educación liberadora y emancipadora.
Se trata entonces de comprender y trabajar de manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica,
científica y presencial, que reivindique la tradición y el
saber pedagógico acumulado por décadas, pero que sea también sea capaz de empalmar
con lo nuevo, lo emergente en clave de resistencia anticapitalista.
Alternativas
Ciertamente lo peor que puede pasar es
que un niño, niña o adolescente quede desconectado del sistema escolar. El hecho que consideremos que es
necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la educación por
televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la conexión
digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva
estratificación, con un claro sentido de clase.
Son los pobres, las mujeres
trabajadoras, la clase obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de
marginalidad en los barrios quienes están resultando más afectados por la
neo privatización educativa en marcha y la estratificación de la escolarización
determinada por el acceso a computadores y conexión a internet.
Las alternativas están en el plano
epistémico y en la organización para la resistencia. En el primero, la sorpresa y la sensación de vértigo
que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha causado en amplios
sectores progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es clarificar lo que
está pasando y establecer de manera compartida el horizonte inmediato contra la
opresión neoliberal.
Lo segundo, reivindicar que las
experiencias de colectivos pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con fuerza como una práctica
muy potente para avanzar de manera colectiva, desde abajo, en la comprensión
de lo ocurre y la elaboración de resistencias anticapitalistas.
Tercero, fortalecer la unidad de los
sindicatos y gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores
populares y pedagogos críticos para
de manera conjunta elaborar una ruta de acciones
coyunturales y estratégicas.
Es momento de inventar para no errar.
LUIS
BONILLA-MOLINA. Doctor en Ciencias Pedagógicas,
Postdoctorado en Sistemas de Evaluación de la Calidad Educativa
Pedagogo crítico,
Coordinador Mundial del portal https:www.otrasvoceseneducacion.org
Analista
en ciencias sociales Profesor universitario Extraordinario e
invitado en varias universidades de América latina y el Caribe
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