La presión popular ha provocado grandes cambios en el país. Es el “nuevo” poder de la sociedad civil emergente La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los responsables de la debacle económica del país. La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país. Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?
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Islandia. Su Capital Reikjavik."La Democracia más antigua - año 930 -"La derrota del capital financiero por el Pueblo Islandés.
De cómo la población de Islandia se rebeló exitosamente frente a las políticas neoliberales impuestas por el FMI y la UE.
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Rebelión. Domingo 25 de diciembre del 2011.
Islandia es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene ejército. Su Gobierno - según se manifiesta - representa la "Democracia más antigua" desde el año 930 . Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más importantes del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de los más elevados. Y todo ello se atribuía a la enorme desregulación de la banca, permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo de regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el paraíso del neoliberalismo.
Las políticas del gobierno islandés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una situación en la que todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La deuda pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a 900 veces en 2008. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa colapsó. Los tres bancos más importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y Glitnir fueron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor descendió un 85% respecto al euro.
Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia.
Entre estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar.
La presión de la calle – elemento clave en la revolución popular - hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.
Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo al que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.
Fruto de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sometido al Parlamento para su aprobación.
Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera rechazado –como lo fue-, provenientes de los centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular en otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los intereses de la mayoría de la población.
El pueblo islandés en las calles. El "nuevo" poder de la sociedad civil, para derrotar la dictadura del capital financiero transnacional.Islandia, el país que castiga a los banqueros culpables de la crisis.
La presión popular ha provocado grandes cambios en el país. Es el “nuevo” poder de la sociedad civil emergente
La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, sino encarcelar a los responsables de la debacle económica del país. La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país. Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?
La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar un gobierno, si no redactar una nueva constitución (en proceso) y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si se piden las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas. Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos. Tras la entrada del Estado en el capital la moneda oficial (krona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones.
Las grandes pequeñas victorias de la gente de a pie
Mientras bancos y autoridades locales y extranjeras buscaban a la desesperada soluciones económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de Reikiavik provocó la dimisión del primer ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Los ciudadanos exigían, además, que se convocaran elecciones anticipadas, y lo consiguieron. En abril salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.
Durante todo el 2009 la economía islandesa continuó en situación precaria (cerraría el año con una caída del 7% del PIB) pero, pese a ello, el Parlamento propuso la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5,5% de interés.
La medida provocó de nuevo la ira de los islandeses, que volvieron a tomar las calles exigiendo que, al menos, esa decisión fuera sometida a referéndum. Otra nueva pequeña gran victoria de las protestas callejeras: en marzo de 2010 se celebraba esa votación y un aplastante 93% de la población se negaba a devolver la deuda, al menos en esas condiciones.
Con ello consiguieron que los acreedores se repensaran el acuerdo y lo mejorara, ofreciendo los intereses al 3% y el pago a 37 años. Ni siquiera eso ha sido suficiente, el presidente actual, al ver que el Parlamento aprobaba este acuerdo por un margen muy estrecho, decidió el mes pasado no sancionarlo y llamar de nuevo a los islandeses a votar en referéndum para que sean ellos los que tengan la última palabra.
Los banqueros huyen atemorizados
Volviendo a la tensa situación de 2010, mientras los islandeses se negaban a pagar una deuda que habían contraído los tiburones financieros sin preguntarles, el Gobierno de coalición había iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la fatal crisis económica y ya se había detenido a varios banqueros y altos ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones de riesgo.
La Interpol, por su lado, había dictado una orden internacional de arresto contra el expresidente del Parlamento, Sigurdur Einarsson. Esta situación hizo que banqueros y ejecutivos, atemorizados, abandonaran el país en masa.
En este contexto de crisis, se eligió una asamblea para redactar una nueva constitución que recogiera las lecciones aprendidas y que sustituyera a la actual, inspirada en la constitución danesa.
Para ello, en vez de llamar a expertos y políticos, Islandia ha decidido recurrir directamente al pueblo, soberano, al fin y al cabo, de las leyes. Más de 500 islandeses se presentaron candidatos para participar en este ejercicio de democracia directa y redactar la constitución, de los cuales fueron elegidos 25 ciudadanos sin filiación política entre los que hay abogados, estudiantes, periodistas, granjeros, representantes sindicales…
Entre otras novedades, esta constitución está llamada a proteger como ninguna otra las libertades de información y de expresión con la llamada Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística.
Será el pueblo, por una vez, el que decida sobre el futuro del país mientras banqueros y políticos asistan (algunos desde la cárcel) a la transformación de una nación, pero desde la barrera.
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