lunes, 12 de diciembre de 2016

PERÙ: VULNERACIÓM DEL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TEXTIL Y AGRARIO.

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PERÚ, LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES IMPUESTAS EN LOS 90’ EN PLENA CRISIS INTERNA, NOS DESTRUYERON TOTALMENTE LOS DERECHOS SINDICALES.- 1990-2016, el gobierno de la dictadura de Fujimori, impuso desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial – Políticas globales del Consenso de Washington – la llamada Flexibilización Laboral, no sólo nos liquidaron los derechos sindicales, sino que han transcurrido 3 gobiernos democráticos – Toledo, García y Humala – los tres Mandatarios ofrecieron devolver los derechos laborales, sin embargo una vez gobierno, la clase trabajadora, una vez más fue traicionada, y hasta hoy sigue vigente lo que le impusieron a Fujimori – porque en realidad este señor nunca reconoció haber liquidado los derechos laborales – por su puesto que debemos entender así, si llegó al gobierno en 1990 en tiempo de crisis total del país, al borde del precipicio – la violencia terrorista, la hiper-inflación, la corrupción, el contrabando – eran y (Unos más y otros menos) son hasta hoy, los problemas centrales que derrotaban al país y el fracaso absoluto del gobierno alanista de los 85-90.

Lo que nos queda en el país, como recuerdo, como historia-social-sindical, es la supervivencia de los viejos sindicatos, ejemplo  (mineros, textiles (parte) Construcción Civil y sectores públicos, Maestros y empleados de Ministerios). Reconocer hoy una “nueva” organización sindical en el sector privado – donde existe hoy menos del 5% de sindicalización) es como sacarse el juego de la Lotería – sin comprar un boleto – audacia, osadía, valentía – frente al oscuro poder de las clases dominantes, sus instituciones, sus Leyes, normas, disposiciones y sobre todo “vencer” el veneno neoliberal distribuido a diario por el poder de la prensa – medios de comunicación – parte del poder. Esperemos que pasa y sucede con el presente gobierno del señor PPK que unan vez  más, ofreció derecho sociales, (firmo pactos y acuerdos con las Centrales Sindicales, como la CGTP) y sobre todo salir de la informalidad – precisamente donde radica y buen porcentaje – más del 50% - de la PEA y sin derechos social alguno, y explotada en un inmenso túnel de variadas formas de contratación (Contratos y más contratos, que en la práctica significa vigencia absoluta de cero derechos sociales, laborales-sindicales) violación total de los derechos sociales, laborales-sindicales. Tenemos una gran responsabilidad con el futuro de los trabajadores en el Perú, de reclamar Derechos Sociales frente a una las clases dominantes más conservadoras y ultramontanas de América Latina (todo el crecimiento macro-económico para ellos, el élite gobernante, y cero para los trabajadores, es decir, los nuevos esclavos asalariados del siglo XXI). El tiempo lo dirá si tenemos o no capacidad de recuperar nuestros Derechos Sindicales y a la vez sacar de las organizaciones sindicales la vieja aristocracia obrera – inmersa por años en la dirigencia, el burocratismo sindical – al igual que las camarillas de seudo “partidos políticos”, que vegetan y aún viven de lo poco que tienen las organizaciones sindicales.

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PERÙ: VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TEXTIL Y AGRARIO.
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Nilva Hiruelas.

ALAI. América Latina en Movimiento.

Miércoles 7 de diciembre del 2016.

“Los inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario”

Estados Unidos es el principal comprador de telas y de alimentos como espárragos, uvas u hortalizas peruanas.  Sin embargo, el ‘made in Peru’ oculta una historia de abusos en empresas reconocidas como Topy Top o Agrícola Virú que venden a gigantes como Gap, Hugo Boss, Ralph Lauren o Wall Mart: acoso y despido de trabajadores sindicalizados, inestabilidad laboral con contratos de un mes, violaciones de la ley de seguridad e higiene y la falta de fiscalización laboral.

Estas precarias condiciones de trabajo y vulneración, amparadas por los regímenes laborales especiales  que regulan estos sectores,  fueron documentadas en la queja presentada por organizaciones sindicales ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Juan Carlos Vargas, economista de Programa Laboral de Desarrollo (Plades), explica el impacto de estas normas sobre los derechos de los trabajadores, y las negativas consecuencias que tendría para Perú si hace oídos sordos a las recomendaciones formuladas por EE.UU., enfrentándose incluso a una sanción económica.

¿Cuál ha sido el impacto económico del TLC en el sector exportador textil y agrario peruano?

El mercado norteamericano está por encima del 65% para el sector textil y de confecciones, y en el caso de los alimentos es un poco más variable pero sigue siendo EE.UU. el primer destino.

A pesar de la situación económica mundial, en ningún momento ha habido un revés económico para la agroexportación; es más, este sector sigue creciendo. Si antes estaba concentrada en Ica, hoy en día se ha expandido hasta Arequipa, Ancash, Lambayeque, Piura, e incluso hasta la selva para productos muy específicos.  Esta actividad está creciendo porque hay una demanda exterior y precios interesantes que hacen rentable la actividad.  Las perspectivas económicas han sido muy positivas, y se prevé que sean mucho más interesantes: va a haber un crecimiento mayor de las exportaciones.

Los sectores textil y agrario han crecido con el TLC. Sin embargo, estas dos actividades trataron de ser potenciadas mucho antes y fueron reguladas mediante dos regímenes laborales especiales que tenían una función promocional, es decir, se pensaron para una duración determinada, sin embargo, se han ido prorrogando y el textil ha cumplido 38 años de vigencia.

El régimen más antiguo es el Decreto Ley 22342 (Ley de Exportación No Tradicional) que data desde el año 1978, se promulgó durante el gobierno militar. Eran unos años de crisis internacional donde tuvimos un gran problema de acceso a divisas, de dólares, entramos todos en colapso, eso generó que se dieran una serie de incentivos para promover las exportaciones. Fue previsto como algo excepcional y transitorio, sin embargo ya ha cumplido 38 años. Por otro lado, en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción del Sector Agrario 27360, cuando era ministro de Agricultura José Climper, gerente general de una de las grandes empresas exportadoras de la época, Agrokasa. Esta norma también fue pensada para un periodo temporal, sin embargo, se ha ido extendiendo sin ninguna evaluación. Hay un cuestionamiento en este caso por un evidente conflicto de intereses.

La queja interpuesta sostiene que Perú está incumpliendo el capítulo laboral del TLC.  ¿Estas normativas estarían generando a Perú ventajas comparativas (dumping social) sobre sus productos de exportación a costa de precarias condiciones laborales y menores salarios?

Las normativas que promocionan el sector agrario y textil efectivamente establecen menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones inferiores a las del régimen general.  Los trabajadores agrarios tienen menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o perciben una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones.  Mientras que en la actividad textil se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional, perjudicando el derecho a la libertad sindical. Estos regímenes son discriminatorios.
Estas normativas estarían generado dumping social, es decir, explotación de carácter laboral. El capítulo laboral es parte integrante del acuerdo y por tanto, Perú se tiene que comprometer a cumplirlo. Si el mecanismo de solución de diferencias determina que esa violación ha existido, el país afectado puede imponer una represalia comercial de la magnitud del daño que ha sufrido por la otra parte, es decir, Perú podría ser sancionado.

El régimen agrario tiene la particularidad de que permite que las empresas aporten menos a EsSalud. ¿Está el Estado subvencionado a las empresas agroexportadoras?

La ley otorga un subsidio y permite que las empresas que están en el régimen de la promoción agraria solo paguen el 4%, mientras el resto de empresas pagan el 9%. EsSalud termina subsidiando a estas empresas. Es necesario evaluar cuánto es el costo.

Desde el TLC las exportaciones textiles bordean los 2 mil millones de dólares anuales, y las agrícolas han crecido un 144%. ¿Tiene justificación-desde la perspectiva económica- que sigan vigentes estos regímenes laborales?

Nunca ha habido una revisión y evaluación del sustento objetivo de ambas normas. Creo que ha llegado el momento de que la ley se reenfoque hacia sectores que quizá lo necesiten, como empresas pequeñas, que podrían dinamizarse o incentivar su actividad exportadora.  Hoy en día la mayoría de las empresas que están usando estos regímenes son las grandes empresas; cuando dicen que estos regímenes favorecen a las micros y pequeñas eso no es cierto, en realidad estos son regímenes están siendo usados mayormente por grandes empresas exportadoras.

El Departamento de Trabajo EE.UU. mostró su preocupación y formuló una serie de recomendaciones. Hasta el momento, el Gobierno peruano no se ha pronunciado al respecto. Quienes sí lo han hecho, son los gremios empresariales como Adex que señalan que si se modifican o derogan estos regímenes especiales se ahuyentaría la inversión ¿qué opina al respecto?

Lo que estaríamos admitiendo bajo ese razonamiento es que lo que busca la inversión es justamente tener facilidades para tener menores costos laborales. Hay muchos estudios que demuestran que lo que buscan las inversiones es un marco de estabilidad, que permita a las empresas operar.

Hace unos dos años, un conjunto de renombradas marcas internacionales (Adidas, New Balance o GAP), que compran a proveedores nacionales, estuvieron en el Perú. Todas las empresas internacionales que tienen negocios con empresas peruanas en el sector textil y agrario tienen códigos de conducta, certificaciones, sistemas de auditorías, y es evidente que están preocupadas por las normas que permiten vulnerar derechos, como el de la libertad sindical de los trabajadores.

La conclusión a la que llegaron estas empresas es que este régimen tiene que ser modificado, y esa conclusión la plasmó en una carta que mandaron al presidente Humala, donde afirmaban que esta ley hace difícil que puedan cumplir con los códigos internacionales de conducta porque permiten violaciones de normas en las empresas peruanas y recomendaron que sea modificado.

¿Cuál fue la reacción de ADEX y de la Sociedad Nacional de Industria? Clamar autonomía y defensa de la soberanía nacional. Los inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario.


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