PIURA. A un mes del violento conflicto del Mercado Modelo. Lecciones aún por aprender.

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Luego de la ordenanza la situación se volvió más tensa, la alcaldesa tomó un discurso más agresivo y beligerante, anunciando en todos los medios, incluso, en un tono amenazante que el desalojo era inminente; en respuesta los comerciantes se movilizaban semanalmente en protestas, algunas violentas, contra la burgomaestre y su decisión de desalojarlos, incluso los comerciantes tenían una propuesta sobre donde podían ser reubicados.
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A un mes del violento conflicto del mercado de Piura:

Lecciones aún por aprender.

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Enrique Arias.

Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

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Cinco muertos entre los que habían dos menores de edad, decenas de heridos, anarquía, policías con heridas de bala, caos, comercio destruido, saqueos en la ciudad, inmensas pérdidas económicas, terror, la imposición frente al diálogo y la debilidad de las instituciones estatales para resolver las protestas sociales; son el resultado de los lamentables sucesos ocurridos en los primeros días del mes de marzo en la ciudad Piura.

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Marcha de los comerciantes contra la alcaldesa de Piura en febrero de 2010

Al respecto, debemos precisar, que el Instituto de Defensa Legal condena los actos vandálicos ocurridos en la ciudad de Piura, así también, lamenta las víctimas mortales y los heridos productos del enfrentamiento entre comerciantes, vándalos y la Policía Nacional del Perú. El conflicto, que tuvo su punto trágico el 03 de marzo, nos demuestra una vez más la falta de capacidad de la Policía Nacional para prevenir, controlar y hacer frente a las protestas que alteran el orden público; ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo víctimas de los actos vandálicos, en esta oportunidad le tocó a los hermanos piuranos, los ciudadanos inocentes? Pero no podemos culpar, como si fueran los únicos responsables, a la policía; en este conflicto, las responsabilidades son compartidas, en especial, porque lo sucedido debió evitarse.

El problema de los comerciantes del Mercado Modelo de Piura se inicia desde años atrás, teniendo como principales responsables a las autoridades municipales piuranas, que lejos de resolver el problema de la invasión de espacios públicos y el desorden ocasionados por el comercio informal, decidieron hacer caso omiso, cerrar los ojos y oídos, y soslayar el problema dejando un problema sin resolver para el siguiente gobierno. Este recinto comercial fue construido hace más de 50 años y fue diseñado pensando en una ciudad con 200 mil habitantes, sin embargo, ahora Piura cuenta con más de un millón y medio de habitantes y el mercado con más de seis mil comerciantes informales . Pero, ¿qué pasó el 3 de marzo?, ¿cómo se desencadenó la violencia?

Como ya hemos precisado, el problema tiene larga duración, que ha sido responsabilidad de los alcaldes que, insistimos, evitaron enfrentar el tema. Sin embargo, los fatídicos hechos del pasado tres de marzo tienen su inicio, más o menos, desde el año 2007 cuando Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil) señaló que el Mercado Modelo de Piura se encontraba en emergencia porque las principales salidas, en caso se presentara una emergencia, se encontraban tugurizadas; es decir, el mercado era una bomba de tiempo.

Durante el año 2009, se escuchaban, por un lado, advertencias de la Municipalidad del inminente desalojo que se avecinaba, y, por otro lado, a los comerciantes que criticaban la falta de diálogo de Mónica Zapata de Castagnino, alcaldesa de Piura. En los primeros meses del año pasado, para ser más preciso en el mes de mayo, el decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Pablo Enrique Zegarra Ferreyra, aseguró que reubicar a los comerciantes sólo empeoraría el problema y que la alcaldesa se equivocaba al tomar decisiones en el mercado sin consultar a los colegios profesionales : “No ha considerado a los colegios de ingenieros, arquitectos, sociólogos, ni al de economistas que serían los más indicados para evaluar esta situación. Los ingenieros pueden aportar en el aspecto técnico; los arquitectos en el tema de urbanismo, los sociólogos en el impacto social y los economistas pueden analizar cómo se afectará la economía de los comerciantes”.

¿Qué proponía la alcaldesa? Zapata propuso a los comerciantes informales reubicarse en el mercado Las Capullanas, sin embargo, este no se encontraba en las mejores condiciones. Este recinto había estado paralizado por nueve años, no contaba con servicios de luz, agua o desagüe; incluso los comerciantes aseguran que era un relleno sanitario. Si bien, no podemos corroborar la información, y la alcaldesa lo negó en todo momento, es cierto que se encontraban cantidades considerables de basura en el lugar, si se escarbaba menos de un metro bajo tierra se podían extraer desperdicios sólidos, es decir no era un terreno óptimo para la venta de alimentos. La importancia de que el terreno donde iban a ser reubicados tenga las condiciones mínimas de salubridad era vital para los comerciantes porque, en su mayoría, venden alimentos y no pueden tener problemas relacionados a la salud. Pues en esta disyuntiva se siguió a lo largo del 2009, por un lado el municipio y al frente los comerciantes sin llegar a un entendimiento, la principal razón, falta de diálogo entre las partes.

Un punto clave para entender los sucesos de violencia es la Ordenanza Nº019 con fecha del 30 de diciembre, y sus 2 posteriores fe de erratas, donde se declara en emergencia las actividades de Comercio Ambulatorio en el Complejo de Mercados y dispone que la parte administrativa realice las acciones pertinente para la solución del problema. Además le da un plazo de 30 días hábiles a una comisión integrada por gerentes y jefes de la Municipalidad, así como también a dos representantes de los comerciantes para el cumplimiento e implementación del desalojo. Sin embargo, los comerciantes reclaman que no eran representantes legítimos sino seleccionados arbitrariamente por la alcaldesa, una vez más se rompió el diálogo.

En relación al tema, en el Instituto de Defensa Legal consideramos que la Alcaldesa de Piura tiene la prerrogativa –como cualquier alcalde- de recuperar los espacios públicos para los ciudadanos y reordenar la ciudad y el comercio; entendemos además el riesgo en que se había convertido el caos alrededor del Mercado Modelo de Piura. Sin embargo, creemos que en este tipo de situaciones sociales debe primar el diálogo, debe primar el consenso luego del intercambio de opiniones y si se da una imposición de voluntades políticas, las consecuencias pueden ser mucho peores que las soluciones.

Mónica Zapata de Castagnino, Alcaldesa de Piura

Luego de la ordenanza la situación se volvió más tensa, la alcaldesa tomó un discurso más agresivo y beligerante, anunciando en todos los medios, incluso, en un tono amenazante que el desalojo era inminente; en respuesta los comerciantes se movilizaban semanalmente en protestas, algunas violentas, contra la burgomaestre y su decisión de desalojarlos, incluso los comerciantes tenían una propuesta sobre donde podían ser reubicados. Al respecto, la congresista Marisol Espinoza, abogando por los comerciantes, intentó en repetidas ocasiones crear un puente de diálogo con la alcaldesa enviándole comunicaciones para que reciba a los comerciantes, sin embargo no llegaron a un acuerdo. Incluso se llegó a un nuevo enfrentamiento, esta vez entre la congresista nacionalista y Mónica Zapata. Un dato, no menos importante, es que el conflicto ya había sido reportado por la Defensoría del Pueblo en el reporte 71 de Conflictos Sociales a finales de enero, donde se indica que no se habían abierto canales para el diálogo.

Pero, ¿qué sucedió el día tres de marzo? Al mediodía, un grupo de comerciantes informales del mercado modelo de la ciudad marchaban por la Plaza de Armas de Piura, con la intención de dialogar con la alcaldesa; por otro lado, otro grupo ya se encontraba en el lugar para pedirle – nuevamente- ampliar el plazo y no ser desalojados; sin embargo, la burgomaestre se negó a atenderlos –un vez más- lo que desencadenó la reacción de los comerciantes. Lo que resulta extraño, y fue el desencadenante de la violencia generalizada en la ciudad según versión de los comerciantes, la alcaldesa, la policía y los ciudadanos, fue la infiltración de vándalos en la protesta. Dentro de la marcha de los comerciantes, que podemos considerar legítima, se infiltraron sujetos con palos y piedras, incluso algunos con armas de fuego; bandas de delincuentes que habrían venido desde Sullana, Chimbote, Paita, y de asentamientos humanos de alrededores de la ciudad. Es decir que no solo la policía tuvo que contener una marcha de comerciantes, debemos repetir que estas se venían produciendo frecuentemente en la ciudad, sino se enfrentó a bandas de delincuentes armadas que no se organizaban frente a una demanda específica, por el contrario, buscaban generar desorden, caos y anarquía.

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Durante los primeros enfrentamientos, donde reinaba la confusión, murieron dos comerciantes, lo que motivó la reacción impetuosa de los mismos, quienes, al igual que la policía, no entendían de donde habían aparecido los facinerosos. Entonces, las acciones se tornaron mucho más violentas. Se produjo una lucha por la toma de la comisaría entre delincuentes y efectivos policiales que en un momento tuvieron que arrinconarse en el lugar; solo pudiendo salir lanzado disparos al aire y atacando, con bombas lacrimógenas, perdigones, balas e incluso, lanzando las mismas piedras de los manifestantes. Mientras tanto, en la ciudad, los delincuentes con rostros cubiertos, armados con palos, piedras y fierros, empezaron a saquear todo lo que había a su paso; tiendas de electrodomésticos, ópticas, cabinas de internet, teléfonos y todo el comercio que estuviese a su alcance, fue saqueado, esa tarde, en la ciudad de Piura. El saldo fue 5 muertos (2 menores de edad), 15 heridos de bala, decenas de detenidos, millonarias pérdidas económicas, zozobra y miedo dentro de la población piurana.

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Luego de los fatídicos hechos ocurrió, lo que parece estar haciéndose costumbre, el deslinde de responsabilidades y las explicaciones someras sobre los hechos. En relación a la actividad policial, según el Director General Miguel Hidalgo “La policía actuó ante una imprevista situación de emergencia y no ante un plan de desalojo, el que todavía no se ha llevado a cabo”, es decir, una vez más, la policía fue sorprendida; al respecto, el Ministro del Interior, Octavio Salazar, agregó: “A la manifestación se sumaron pandilleros con gente de malvivir y gente armada….la Policía ha cumplido su deber. Nosotros también tenemos dos policías heridos de bala e impactos de bala en vehículos policiales”. De estas declaraciones surge una interrogante, ¿Dónde está la inteligencia policial?, ¿por qué siempre son tomados por sorpresa?

Sobre la infiltración de las bandas de delincuentes en la manifestación de protesta las versiones están divididas, por un lado la alcaldesa acusa a los comerciantes informales de haberlos contratado para impedir el desalojo y por otro, los comerciantes culpan a la alcaldesa de tener una tratativa con los vándalos para intentar desalojarlos. Lo cierto es que, nuevamente, aún no se sabe, quienes son los responsables de los actos violentos desarrollados en la ciudad, al parecer la impunidad será, como tantas otras veces, una compañera de viaje en estas explosiones sociales.

En relación a la actitud tomada por las autoridades gubernamentales, el presidente regional de Piura, César Trelles Lara, decidió formar una mesa de diálogo, que está integrada por el arzobispo de Piura, monseñor José Eguren; el representante de la Defensoría del Pueblo, César Orrego; el jefe policial de la región Mauro Medina, la alcaldesa piurana y los dirigentes de los gremios comerciales. Sin embargo, en la actualidad la alcaldesa se niega al diálogo. La señora Zapata argumenta que la participación del gobierno regional es una intromisión en temas de gobierno local, y en todo caso, se debería respaldar la decisión tomada por la autoridad municipal. Al respecto agregó: “no hay retrocesos en el tema del desalojo y se procederá con la reubicación de los comerciantes”; asimismo, la alcaldesa anunció su retiro de la mesa de diálogo. En respuesta, el abogado de los comerciantes, Wilmer Culquicóndor Merino, señaló que han denunciado a la alcaldesa ante el Ministerio Público por abuso de autoridad, malversación de fondos y falsedad genérica. Entonces y en conclusión, ¿no se aprendió nada sobre lo ocurrido en la ciudad?

A continuación algunas reflexiones sobre el conflicto, a ver si en el futuro todos aprendemos algunas lecciones que nos deberían dejar estos terribles sucesos.

¿Dónde están los servicios de inteligencia? Los servicios de inteligencia son la herramienta para conocer los conflictos, para poder prevenirlos, es decir, para evitar ser tomados por sorpresa. La policía nacional siempre que ocurren desmanes con participación de vándalos infiltrados en manifestaciones sociales manifiestan desconocer su procedencia; precisamente para estos casos deberían de servir los servicios de inteligencia. Las acciones de inteligencia tenían que haber advertido sobre el desplazamientos de cientos de vándalos al centro de Piura para poder prevenir los ataques a la comisaría y desmanes en las calles, más aún, si el conflicto tenía larga duración y se sabía que en cualquier momento podía producirse un enfrentamiento violento.

La debilidad policial.- No existió la capacidad policial para repeler los ataques de los vándalos infiltrados ni tampoco de los comerciantes iracundos por la negativa de la alcaldesa de ser atendidos y por las víctimas mortales del enfrentamiento. ¿Cómo es posible que efectivos policiales sean arrinconados en la propia comisaría? La falta de inteligencia es una razón pero otra, como se evidenció el pasado 3 de marzo en Piura, es la falta de capacidad de la Policía Nacional para contrarrestar esos ataques. ¿No debería tener la policía un equipo de élite, especializado, para enfrentar este tipo de crisis?, ¿por qué algunos policías siguen tirando las piedras que los manifestantes les han lanzado? ¿Por qué tardó tanto en reaccionar la policía y pedir refuerzos?, son preguntas que corroboran la hipótesis que es necesaria, y con urgencia, una íntegra reforma policial para generar capacidades operativas para hacer frente a este tipo de situaciones.

El diálogo, el gran ausente.- La falta de diálogo fue una constante a lo largo de todo el conflicto, que hasta la fecha no tiene solución, lo que es peor, hasta la fecha sigue sin existir un diálogo entre las partes. En este tipo de situaciones, no es solo necesaria la presencia de la policía para asegurar un posible desalojo o mantener el orden público, es, aún más importante, el manejo político sobre el tema. No se puede imponer las ideas, se tiene que buscar un diálogo, una concertación entre las partes para solucionar los conflictos. Las autoridades tienen la obligación de escuchar las demandas, recurrir al diálogo y luego de esto, ofrecer salidas conjuntas para resolver los problemas.

Impunidad o castigo a los responsables.- ¿Quiénes fueron los culpables de lo ocurrido en Piura? ¿Quiénes son los culpables de los cinco muertos, las decenas de heridos, las pérdidas económicas y los destrozos sufridos en la ciudad? Otra práctica constante es no castigar a los responsables de los acontecimientos violentos, se debe investigar a fondo lo sucedido y castigar a los responsables, no puede seguir habiendo impunidad frente a este tipo de situaciones; esta tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, existen grabaciones y videos. Además se debe asumir las responsabilidades políticas sobre el tema.

Publicado el 30 de marzo del 2010
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