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“La ciencia, afuera. El
campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027
se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei. La
Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una
fuerte caída presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación,
mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá
6,6 % menos que este año. En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones
el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta
inflacionaria prevista. En el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) el recorte será superior al 5
% nominal: se asignarán $4.712 millones menos que en 2026.
En términos reales, la caída será superior al 19 %. En el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocurre algo similar. El
presupuesto pasará de $360.124,0 millones en 2026 a $315.538,0
millones en 2027 (-12,4% nominal), lo que equivale a un ajuste real
del -25,8%.
“El grado de recorte depende mucho de
cada área. El
lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá
desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de
investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge
Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto
con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó. Para Aliaga, el
desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos
fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial
a investigadores jóvenes.“La
gente tiene problemas de salario,
los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor
necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y
tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.
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Milei con la motosierra Archivo.
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ARGENTINA. LA OBSESIÓN LIBERTARIA NO TIENE LÍMITES.
Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia,
universidades y discapacidad.
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El proyecto profundiza el ajuste a
tres de los sectores más golpeados en la gestión libertaria, mientras el
gobierno reafirma su obsesión por el equilibrio fiscal a expensas de los
sectores medios y bajos de la sociedad.
Por Agustín Gulman.
Fuente. Página /12 jueves 17 de septiembre del 2026.
La obsesión del gobierno por lograr el
equilibrio fiscal como ancla principal de la política económica y sin tocar los intereses del poder
económico sumó un nuevo capítulo en el proyecto de Presupuesto 2027,
que profundizará el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia,
áreas donde los recortes son sistemáticos desde diciembre de 2023. Así, el
mantra repetido hasta el hartazgo por Javier Milei y compañía — “no
hay plata” — se cristalizó nuevamente en el proyecto que entró este
martes a última hora a la Cámara de Diputados. El ajuste a los más
vulnerables llegará a quitar la actualización por inflación a la Asignación
Universal por Hijo (AUH).
El presupuesto 2027 ratifica
la política de ajuste de la Casa Rosada para sostener el equilibrio fiscal como eje central de la política
económica. En los lineamientos generales, el gobierno espera un
crecimiento del PBI del 4 % anual, inflación de 18 %
y un dólar a $1.847,6 para fin de año, todo un desafío
tratándose de un año electoral que, como es habitual en la historia argentina,
promete turbulencias cambiarias. De hecho, para 2026 el Ejecutivo
esperaba 10,1 % de inflación y en los primeros ocho meses acumuló más
del doble (21,3%).
Así, el gobierno libertario busca mantener un equilibrio de las
cuentas ficticio, profundizando la injusticia distributiva y afectando a los
sectores más vulnerables, ya castigados por los ajustes y recortes desde su
asunción.
La Casa Rosada podría impulsar el cobro de impuestos
más altos a los sectores más acaudalados o la eliminación de beneficios
fiscales para corporaciones. Pero el modelo Milei se ancla, además, en
una enorme transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más
poderosos, a través del vaciamiento del impuesto a los Bienes Personales,
los generosos blanqueos de capitales y la eliminación de gravámenes para la
compra de autos de lujo, yates y mansiones.
Discapacidad, una obsesión del Gobierno.
El presupuesto impulsado por el gobierno ratifica una política
sostenida desde el día 1: el ajuste contra las
personas con discapacidad,
incluso a pesar de leyes y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir
con las prestaciones y garantizar fondos, que de igual modo incumplió
sistemáticamente.
Ahora, el proyecto asesta un nuevo
golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática,
de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
Marcha discapacidad y endeudados Delfina Corbera Pi
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De acuerdo con el texto del proyecto
enviado al Congreso,
la Casa Rosada busca que el nomenclador de las prestaciones básicas no
contemple valores universales.
Así, cada prepaga u obra
social quedará autorizada a fijar sus propios valores.
“La universalidad no
implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento
entre las jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional
común”, dice el texto.
Las actualizaciones mensuales serán
suprimidas y, en
cambio, se reemplazarán por una pauta trimestral discrecional.
Además, de avanzar será un
retorno al modelo de “invalidez laboral”: así, Argentina podría quedar
al margen de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas, que afirma que la discapacidad no es
una enfermedad individual, sino el resultado de la interacción entre las
condiciones de una persona y las barreras impuestas por el entorno que le
impiden participar de forma plena en la sociedad.
En cambio, la propuesta busca
el regreso a un modelo de criterio médico anacrónico, estrictamente
clínico, por lo que la otorgación de las pensiones dependerá de dictámenes
médicos.
También se elimina el Certificado
Único de Discapacidad como
herramienta para el acceso a las pensiones y se establece la
incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector
formal, actualmente compatibles (tanto en empleos en relación de dependencia
como monotributo hasta dos salarios mínimos). Si se aprueba el Presupuesto, cualquier
trabajo o alta tributaria extinguirá las pensiones.
Las universidades, $4 billones abajo.
En medio de las críticas y denuncias por el
incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el Presupuesto 2027 prevé 7,3 billones de pesos
para el sostenimiento de las universidades, muy por debajo de lo
establecido por las autoridades del Consejo Federal Interuniversitario (CIN),
que solicitaron 11 billones para todo el sistema de cara al próximo año.
Para el rector de la Universidad
Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, el proyecto
“profundiza el
desfinanciamiento” y
“no incorpora los fondos previstos en la ley de Financiamiento, que está
vigente”. “Está muy lejos de lo que las universidades requerimos para funcionar
bien”, dijo a Página|12. “La diferencia de 11 billones a 7 es muy
importante”, enfatizó.
marcha universitaria. Marcha
Universitaria Guido Piotrkowski, Guido Piotrkowski. AFP
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Los $11 billones que proyectó
el CIN contemplan a todo el sistema y abarcan los salarios de
docentes y no docentes con la recomposición salarial prevista en la ley de
Financiamiento, presupuesto para investigación, equipamiento y hospitales
universitarios y becas, entre otros aspectos.
Pero según Bartolacci, este
nuevo recorte proyectado en el Presupuesto 2027 profundizará el conflicto que
atraviesa el sistema universitario a nivel nacional.
“Si no encontramos
la manera de revertir la situación, será cada vez más difícil. Hacemos un
esfuerzo fenomenal, este año las partidas crecieron a la mitad, estamos a la
mitad de nuestra capacidad, y llega un momento en que no se podrá sostener
más”, afirmó.
De acuerdo con un relevamiento del
Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el recorte en el sistema
universitario trepa al 25 % en comparación con el presupuesto de 2023.
“El ajuste grande ya ocurrió: por eso
varias de estas partidas suben contra 2026 y aun así siguen muy por debajo de
2023”, concluyó el informe.
Para Bartolacci, es fundamental sostener el
reclamo por fondos en el ámbito legislativo, judicial y, por supuesto,
en las calles: ya anticipan que en octubre habrá una nueva marcha
federal, en un contexto donde el gobierno incumple de forma sistemática
artículos clave de la ley de Financiamiento Universitario votada dos
veces en el Congreso, vetada por Milei, ratificada por el
Parlamento y luego por un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia.
Aun así, la Casa Rosada se niega
a actualizar los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación
acumulada, mientras los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo
que supera el 30 % y el gobierno dispone aumentos discrecionales y
acerca propuestas irrisorias: en la última reunión paritaria ofrecieron 3 % de
incremento.
Además, Nación mantiene los
recortes operativos a pesar de que la ley obliga a actualizar
periódicamente las partidas destinadas al mantenimiento edilicio y el gasto de
servicios básicos; así como también se sostuvo el congelamiento de las becas
estudiantiles.
“Ya nos estamos
achicando en todos los aspectos. Las universidades se sostienen por el amor de
la comunidad, no hay otra explicación, no hay condiciones objetivas”,
dijo Bartolacci. Y concluyó: “Una profundización del ajuste somete al sistema
universitario a una situación más grave”.
La ciencia, afuera.
El campo de la ciencia será otro de los afectados, en caso de que el Presupuesto 2027
se apruebe tal como lo proyectaron Luis Caputo y Milei.
La Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA)
recibirá apenas un 0,2 % más que en 2026, una fuerte caída
presupuestaria en términos reales si se contempla la inflación, mientras que la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) recibirá
6,6 % menos que este año.
Conicet Las protestas de los científcos
se multiplican Gentileza
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En Conicet, las partidas pasarán de $743,681 millones en 2026 a $824.539 millones
el próximo año, una suba del 10,9 %, por debajo de la pauta
inflacionaria prevista.
En el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) el recorte será
superior al 5 % nominal: se asignarán $4.712 millones menos que
en 2026. En términos reales, la caída será superior al 19 %.
En el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA)
ocurre algo similar. El presupuesto pasará de $360.124,0 millones en
2026 a $315.538,0 millones en 2027 (-12,4% nominal),
lo que equivale a un ajuste real del -25,8%.
“El grado de recorte depende mucho de
cada área. El
lineamiento general es que la Agencia de Promoción Científica seguirá
desfinanciada, con lo cual no habrá financiamiento para proyectos de
investigación”, dijo a Página|12 el físico Jorge
Aliaga, miembro del Directorio del Conicet. “Es lo más crítico, junto
con la pérdida salarial del 40 %”, resaltó.
Para Aliaga, el
desfinanciamiento golpea especialmente a los proyectos de investigación cuyos
fondos se vieron recortados o directamente suspendidos, y afecta en especial
a investigadores jóvenes.
“La gente tiene
problemas de salario,
los más jóvenes lo sufren más porque tienen salarios más bajos y mayor
necesidad. Hoy los sueldos son bajísimos”, dijo. “Sin un modelo en ciencia y
tecnología, pareciera que todo es prescindible”, lamentó.
Camuflar el recorte a las AUH
Por otra parte, el gobierno también
intentó camuflar el recorte a
quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la
eliminación de una normativa que actualiza el monto de la asistencia.
En concreto, deroga tres artículos clave del
Régimen de Asignaciones Familiares dispuesto en la ley 27.160, la
norma sancionada hace una década que establece la movilidad de esos
beneficios en función del índice de inflación.
Por esa legislación, mes a mes las
familias perciben un incremento de las asignaciones y prestaciones no
contributivas como la AUH y la asignación por embarazo y por discapacidad. También podría afectar a las
asignaciones por nacimiento o adopción, por matrimonio y por ayuda escolar.
Si el proyecto es aprobado tal como lo
envió el Ejecutivo al Congreso, el gobierno podrá ejecutar a discreción los
aumentos de estas asignaciones o congelarlas, ya que el texto no establece parámetros que indiquen de
cómo se actualizarán. Hasta ahora, se hacía de forma mensual y por decreto,
ya que están atadas de forma automática a la movilidad previsional, que depende
del índice de inflación.
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