EL NUEVO GARROTE DEL ARBITRAJE PARCIAL. Multinacionales imponen su «ley» al Sur Global.

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“La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las 65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino le costaron 9.330 millones de dólares, es decir, el doble del presupuesto para educación en 2024, lo que muestra que este tipo de procesos “profundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado y limitar su funcionamiento”. En cuanto a la nacionalidad de las empresas demandantes contra Argentina, un tercio son estadounidenses (22 demandas). Les siguen España (10), Francia (8) e Italia (6). De hecho, si se suman las demandas de inversores europeos, se trata de casi 60% de los casos; juntas con las de los inversores estadounidenses, se llega al 92%. El único país latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es Chile (4).

“La mayoría de estas demandas se han registrado en el sector de servicios, principalmente el suministro de energía (19); el de actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina. La tela de araña arbitral desplegada por las grandes empresas para sancionar, condicionar y expoliar Estados creció exponencialmente en las últimas dos décadas. América Latina en general y países como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de seguir así, con la nueva legislación promovida por el Gobierno Milei -como el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI- será casi imposible durante décadas escapar de ese laberinto que cada día diseca aún más un Estado que respira con pulmotor.

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Fuentes: Rebelión.

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EL NUEVO GARROTE DEL ARBITRAJE PARCIAL.

Multinacionales imponen su «ley» al Sur Global.

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Por Sergio Ferrari | 21/10/2025 | Economía

Fuentes. Revista Rebelión miércoles 22 de octubre del 2025.

Las empresas multinacionales imponen sus reglas, las cuales conllevan endeudamiento creciente y acumulado para las poblaciones de los países del Sur Global. Perú las demandas internacionales es en el CIADI.

El mecanismo de solución de disputas inversor-Estado, conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en inglés), actúa como instrumento financiero para condicionar a los gobiernos y perpetuar la dependencia internacional de los Estados. Las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas en todos los continentes. De un total mundial de seis casos en 1996, se ha llegado a 1.332 a finales de 2023. Significativamente, los países de América Latina han sido demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de dichas demandas (https://isds.bilaterals.org/?-the-basics-&lang=es).

Este dispositivo de arbitraje internacional les permite a los inversores extranjeros –mayormente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión– demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas de un gobierno nacional violan sus protecciones definidas en tratados o acuerdos comerciales. De esta manera, cualquier disputa se litiga fuera de las jurisdicciones nacionales.

Estos casos son resueltos por tres árbitros, generalmente juristas ligados al sector privado y, por lo tanto, con una fuerte simpatía hacia las empresas. En el caso específico de las demandas contra Argentina, son fundamentalmente tres los estudios de abogados especializados en promoverlas. Freshfields Bruckhaus Deringer, el que más ha servido a los intereses de los inversores en América Latina, y ha litigado quince demandas contra ese país sudamericano. Le siguen King & Spalding, con doce, y M. & M. Bomchil, con siete.

Por sus efectos antisociales, el mecanismo ISDS ha generado críticas en el ámbito académico, la sociedad civil y los movimientos sociales a nivel internacional. Quienes cuestionan, sobre todo, la falta de transparencia en los procedimientos arbitrales, así como la ausencia de imparcialidad e independencia de los árbitros. Los procesos pueden ejecutarse en cualquier parte del mundo y el costo de un arbitraje inversor-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. Además, solo los inversores pueden iniciar este tipo de demanda. Paradójicamente, las víctimas de abusos de parte de las empresas transnacionales en un país determinado no disponen de ningún mecanismo judicial para demandar a una multinacional. Lo que se dice “justicia” para los poderosos.

Argentina en la mira.

Durante más de 20 años, y hasta 2024, cuando le cedió el primer puesto a Venezuela, Argentina ha sido el país con mayor cantidad de demandas en su contra promovidas ante estos tribunales internacionales de arbitraje. Con el agravante de que se trata del país con el mayor número de tratados bilaterales de inversión (TBI) en toda América Latina y el Caribe.

“El país se encuentra perdido en un laberinto del arbitraje internacional que le ha costado caro”, afirma un reciente estudio elaborado conjuntamente por el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y tres organizaciones argentinas: la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (EFTE).

Sobre llovido, mojado: según este informe, el gobierno de Javier Milei recientemente redobló la apuesta al ampliar los derechos de los inversores mediante el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una legislación que les otorga derechos extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, quienes ahora cuentan con la prerrogativa de demandar al Estado ante un tribunal internacional de arbitraje.

“Las consecuencias podrían ser una nueva avalancha de demandas arbitrales y el incremento del endeudamiento externo”, subraya el estudio.

A propósito de estos tratados TBI, que les otorgan una protección extraordinaria a los inversores extranjeros, en Argentina casi todos ellos –aproximadamente 46– se acordaron en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem. Este mecanismo fue de uso exclusivo para los inversores extranjeros hasta la aprobación del RIGI en julio de 2024. A partir de esa fecha, el privilegio de los inversores extranjeros se extendió a los nacionales, que invierten en particular en los sectores de energía, minería e hidrocarburos (https://isds-americalatina.org/argentina/).

YPF, un caso emblemático.

Varias de las demandas contra Argentina son por demás significativas y ayudan a comprender el impacto de este mecanismo, que viola todo concepto de soberanía nacional. Tal es el caso de Repsol, una petrolera española que en 1999 compró la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en su totalidad. En 2012, cuando el Estado argentino expropió las acciones de Repsol, aduciendo que se debía garantizar el autoabastecimiento energético del país, esa empresa respondió con una demanda en cuatro instancias judiciales diferentes. Una de estas instancias fue el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

La demanda inicial fue por 10.400 millones de dólares, pero el Estado amenazó con investigar los pasivos o deudas ambientales que Repsol podría haber causado por descuido o abuso de recursos naturales. Finalmente, en 2014 se llegó a un acuerdo por 5.000 millones de dólares para dar por terminado el caso. A pesar de ello, una década más tarde, el Estado enfrentó un nuevo traspié como resultado de un juicio iniciado en Nueva York por el fondo buitre Burford, que años antes había adquirido el derecho a litigar esta demanda del Grupo Petersen, un socio argentino minoritario, en el momento de la expropiación. Debido a la actualización de los valores en juegos, el fallo a favor de Burford le reportó una ganancia de unos 16.000 millones de dólares.

El caso YPF muestra cómo diferentes actores – desde la española Repsol hasta el Grupo Petersen y, finalmente, el fondo especulativo Burford–emplearon estrategias similares de apropiación. En efecto, todos ellos utilizaron los propios activos de YPF para financiar su compra, extrajeron dividendos masivos, vendieron activos de la empresa y luego se retiraron con demandas millonarias. Proceso que no solo constituye una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado, sino también el debilitamiento de la capacidad de YPF para cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, soberanía energética y distribución social.

El nuevo garrote del arbitraje, las multinacionales imponen su "ley" al Sur Global.

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Números escalofriantes del “caso” argentino.

Argentina y Venezuela, los dos países latinoamericanos más demandados, representan casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe reconocidas y oficializadas al 1 de julio de 2025. La mayoría de las demandas contra Argentina son fruto del fin de la Ley de Convertibilidad en 2002, que incluyó la devaluación de la moneda, la pesificación, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y la renegociación de contratos de concesión. Solo entre 2002 y 2007, Argentina fue demandada en 42 ocasiones, con un pico en 2003, con 20 de las 25 demandas contra países latinoamericanos. Este fenómeno dio pie a que numerosos textos académicos se refiriesen a dicha situación como el “caso argentino”.

Según el Informe conjunto del Transnational Institute, la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales, el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, los inversores resultaron muy beneficiados en los procesos contra Argentina. De las 65 demandas contra este país, 26 fallaron a favor de los inversores y seis a favor del Estado, mientras que otras 18 terminaron con acuerdos entre partes. Cuatro siguen en trámite, una terminó en “empate” y diez se descontinuaron. Si se considera que un acuerdo entre partes generalmente beneficia de alguna manera a los inversores, las 18 acordadas mutuamente pueden sumarse a las 26 que los favorecieron por decisión judicial. El estudio concluye que

“el 86% de las demandas ya resueltas contra Argentina (sin contar las descontinuadas) terminaron con una decisión que fue beneficiosa para el inversor”.

La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las 65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino le costaron 9.330 millones de dólares, es decir, el doble del presupuesto para educación en 2024, lo que muestra que este tipo de procesos “profundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado y limitar su funcionamiento”.

En cuanto a la nacionalidad de las empresas demandantes contra Argentina, un tercio son estadounidenses (22 demandas). Les siguen España (10), Francia (8) e Italia (6). De hecho, si se suman las demandas de inversores europeos, se trata de casi 60% de los casos; juntas con las de los inversores estadounidenses, se llega al 92%. El único país latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es Chile (4).

Perú el país más demandado, por inversiones en  Tribunales Internacionales. CIADI.
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La mayoría de estas demandas se han registrado en el sector de servicios, principalmente el suministro de energía (19); el de actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina.

La tela de araña arbitral desplegada por las grandes empresas para sancionar, condicionar y expoliar Estados creció exponencialmente en las últimas dos décadas. América Latina en general y países como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de seguir así, con la nueva legislación promovida por el Gobierno Milei -como el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI- será casi imposible durante décadas escapar de ese laberinto que cada día diseca aún más un Estado que respira con pulmotor.

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TRUMP DISPARA EL TIRO DE GRACIA CONTRA EL ORDEN MUNDIAL.

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“Por último, el reciente anuncio del presidente Trump de que había autorizado a la CIA a realizar «operaciones letales» en Venezuela y en el área del Caribe con el claro objetivo de producir el ansiado «cambio de régimen» en este país y, de ser posible, capturar o, peor aún, asesinar al presidente Nicolás Maduro, son el disparo en la nuca del putrefacto «orden mundial basado en reglas» tan exaltado por el pensamiento oficial del imperio.

“Es imperiosa la creación de un nuevo ordenamiento legal e institucional de alcance mundial. Pero tal empresa, para ser exitosa, requerirá un amplio debate, sin exclusión alguna, de todos los pueblos y gobiernos del mundo cualesquiera sean sus regímenes políticos, en fiel respeto al principio de la autodeterminación de las naciones. Si la ONU es incapaz de organizar ese debate correrá la misma suerte de su predecesora, la infortunada Sociedad de las Naciones, que sucumbió ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y, en esa sorda guerra de todos contra todos, sin regla alguna que organice el funcionamiento del sistema internacional, el espectro de una Tercera Guerra Mundial comienza a perfilarse ominosamente en el horizonte.

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Fuentes: Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad

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TRUMP DISPARA EL TIRO DE GRACIA CONTRA EL ORDEN MUNDIAL.

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Por Atilio A. Boron | 21/10/2025 | EE.UU.

Sociólogo. Politólogo. Dr. En Ciencia Política.

Maestro Universitario, Buenos Aires. Argentina.

Fuente. Revista Rebelión. Martes 21 de octubre del 2025.

Desde comienzos de este siglo sucesivos gobiernos de Estados Unidos fustigaron con mucha fuerza a los llamados “estados reformistas”, incluyendo en esa ambigua categoría a quienes criticaban el entramado jurídico e institucional heredado de la posguerra y procuraban crear uno nuevo, más acorde con la nueva configuración del poder a escala mundial. A menudo se los acusaba, oblicuamente, de ser “Estados canallas” por su supuesta violación, o su intención de hacerlo, a los preceptos del “orden mundial basado en reglas.” Tal era la expresión utilizada por el imperialismo para referirse al conjunto de normas y organizaciones internacionales que Washington, con la ayuda de sus peones europeos, dieron a luz en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y en los años subsiguientes.

En los últimos tiempos los expertos y voceros del gobierno estadounidense introdujeron una distinción entre los” reformistas”: estaban aquellos que querían pero no tenían capacidad para gestar un nuevo entramado internacional principalmente Rusia e Irán. Pero China, en cambio, estaba en una posición especial porque según aquellos Beijing “quería y podía” reformar profundamente el “orden mundial basado en reglas” y era, por lo tanto, el enemigo a vencer. No discutían aquellos expertos y analistas quienes habían elaborado esas reglas y a quienes beneficiaron durante tantas décadas, pero era evidente que estaban al servicio de la perpetuación de la supremacía del Occidente colectivo y su líder indiscutido, Estados Unidos. Fueron varios los presidentes de este país que defendieron a capa y espada cualquier ataque al viejo orden, al paso que reconocían que éste “había servido muy bien a los intereses nacionales de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, a la estabilidad internacional y la paz en este mundo. Bill Clinton, los Bush padre e hijo al igual que Joe Biden y Donald Trump en su primer mandato. Pero fue Barack Obama quien con mayor franqueza lo expresó en reiteradas ocasiones y debemos agradecerle su sinceridad.

El problema es que en la actualidad ese orden está atravesando por una crisis terminal porque ya de ninguna manera expresa la correlación mundial de fuerzas entre un hegemón, Estados Unidos, en irreversible proceso de declinación; un Sur Global que se está “des-occidentalizando” aceleradamente y que, al mismo tiempo, emerge como una formidable combinación de poderío económico, avance tecnológico, gravitación diplomática y, también, fuerza militar. La falta de correspondencia entre lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman “el sistema internacional” -es decir el enjambre de actores estatales, no estatales y supranacionales- que con sus complejas relaciones le dan vida y la superestructura legal e institucional es evidente aún para un ciego. Esta disyunción fue acelerándose desde comienzos de siglo una vez disipada la ilusión norteamericana de que el siglo XXI sería el siglo de Estados Unidos, “the American Century”, espejismo en que creyó buena parte de la academia de ese país, los principales medios de comunicación y, entre nosotros, no pocos internacionalistas latinoamericanos, sometidos al influjo colonial de la academia estadounidense.

Las quejas y las protestas ante las inequidades del orden colonial regido por Washington no han hecho sino multiplicarse. Nadie duda que las Naciones Unidas tienen que refundarse sobre nuevas bases y que el Consejo de Seguridad carece por completo de la capacidad para encauzar los conflictos de nuestro tiempo. El anacrónico poder de veto que aún gozan el Reino Unido y Francia como vencedores de la Segunda Guerra Mundial es un insulto a la razón, poque ni uno, ni la otra, tienen una gravitación significativa en la arena internacional siquiera en su entorno geopolítico inmediato como Oriente Medio. Absurdo también que entre los cinco países con poder de veto no haya ni uno de América Latina y el Caribe y de África. Igualmente, inaceptable es el escaso poder que descansa en las manos de una Asamblea General, cuyas decisiones no son vinculantes. Lo mismo puede decirse de la necesidad de reformar, o de eliminar, otras instituciones del viejo régimen.

¿Qué es lo que puede justificar aún la existencia de una formidable y carísima burocracia como la del FMI o el Banco Mundial?

¿O que haya una normativa que permita que una institución como la UNESCO pueda o no ser financiada por un Estado miembro según los criterios ideológicos que impone Estados Unidos?

Por ejemplo, si la UNESCO admite en su seno a Palestina, Estados Unidos, Reino Unido e Israel abandonan la institución y con ello el financiamiento que estaban comprometidos a aportar. Ocurrió en los años 80s con Ronald Reagan como presidente y Margaret Thatcher como primera ministra y volverá a ocurrir después del 31 de diciembre de 2026, como lo ha anunciado la Casa Blanca. Israel ya se retiró de esa organización en el 2019, debido a la incorporación de Palestina a la UNESCO.

Los ejemplos de esta inadecuación entre el “orden mundial” y la realidad del sistema internacional podrían acumularse indefinidamente. Los conatos de construcción de un nuevo orden ya son visibles en el Sur Global. Los BRICS con sus arreglos comerciales y financieros son tan sólo una expresión de este proceso. Hay otras también en el terreno diplomático y cultural. Pero le ha cabido a Donald Trump tener el “mérito” de haber sido él quien de modo más brutal ha decretado, con hechos concretos, el fin del viejo “orden basado en reglas” y el inicio de una nueva etapa, signada hoy por los fragores de la descomposición del viejo orden sumido ahora en una preocupante anarquía. Trump no sólo viola la normativa internacional, sino que hace alarde de ello, arrojando un espeso manto de dudas acerca de la legitimidad de dicho orden. La complicidad de Washington y la Unión Europea con el genocidio que el gobierno israelí practicó en Gaza vulneró uno de los principios esenciales sobre los que se apoya la ONU y el Derecho Internacional. En estos días, el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en el mar territorial de la República Bolivariana de Venezuela ha violado expresamente la Carta de la ONU que en su Capítulo 1, artículo 2, sostiene que:

«Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

Por último, el reciente anuncio del presidente Trump de que había autorizado a la CIA a realizar «operaciones letales» en Venezuela y en el área del Caribe con el claro objetivo de producir el ansiado «cambio de régimen» en este país y, de ser posible, capturar o, peor aún, asesinar al presidente Nicolás Maduro, son el disparo en la nuca del putrefacto «orden mundial basado en reglas» tan exaltado por el pensamiento oficial del imperio.

Dr. Atilio A. Boron.
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Es imperiosa la creación de un nuevo ordenamiento legal e institucional de alcance mundial. Pero tal empresa, para ser exitosa, requerirá un amplio debate, sin exclusión alguna, de todos los pueblos y gobiernos del mundo cualesquiera sean sus regímenes políticos, en fiel respeto al principio de la autodeterminación de las naciones. Si la ONU es incapaz de organizar ese debate correrá la misma suerte de su predecesora, la infortunada Sociedad de las Naciones, que sucumbió ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y, en esa sorda guerra de todos contra todos, sin regla alguna que organice el funcionamiento del sistema internacional, el espectro de una Tercera Guerra Mundial comienza a perfilarse ominosamente en el horizonte.

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¿SE ARRIESGARÁ TRUMP A COMETER LA LOCURA DE INTENTAR INVADIR VENEZUELA?.... TIERRAS RARAS EN EL CENTRO DE LAS NUEVAS TENSIONES CHINA-EEUU.

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AMIGOS Y AMIGAS, Ciudadanos Lectores de nuestra Página, ponemos a su lectura dos Buenos Artículos, sobre dos realidades diferentes, distintas y que se realizan, hoy en escenarios totalmente diferentes, pero siempre relacionados con las Políticas Internacionales del Presidente Trump, que por su dignificado y contenido, hoy en los escenarios de un Mundo Multipolar, NO se logra comprender la dimensión política y económica de los mismos. El Primero relacionado con la Políticas Internacionales de Trump y su “famoso cuento de ataque al narcotráfico” y ello lleva en su contenido, que Estados Unidos aún con las políticas del señor Trump se considera el AMO y Guardián del Mundo y en espacial de América latina. El Problema Central es POLÍTICO. Venezuela con todos los errores políticos que está cometiendo frente a un feroz y criminal Bloqueo Económico, comercial, financiero, POLÍTICO, el argumento de Guerra al Narcotráfico – le justifica – el interés de Cambio Político y por supuesto el control y saqueo de la principal reserva natural que tiene Venezuela el PETROLEO y de por medio como manejan ahora en especial los Premios Nobel de la paz, otorgaron a una Opositora que pide la intervención Militar de Estados Unidos en su Patria. Una Traición Histórica y se considera que es el comienzo de la intervención imperial de una nueva política siglo XXI del coloniaje de hace 200 años de América para los Americanos.

Con respecto al problema de las TIERRAS RARAS EN EL CENTRO DE LAS NUEVAS TENSIONES CHINA-EEUU. Trump y sus Asesores al aplicar en forma indiscriminada su “terrible política de los Aranceles NO sabían y No conocían hasta que punto, estaban “atados” a la producción de otros Recursos naturales, caso práctico de las Tierras Raras, y cual era la dependencia con respecto a China, que es propietario de más del 60% de las llamadas Tierras Raras, utilizadas hoy en la fabricación de Carros Eléctricos, Celulares, material para viajes al espacio, etc. China respondió de inmediato con Aranceles, sobre productos que Estados Unidos importaba si es que realmente debía seguir en su política de transformación del G5 y G6. Yodo le salió en contrario. Mejor los invito a su Lectura.

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¿SE ARRIESGARÁ TRUMP A COMETER LA LOCURA DE INTENTAR INVADIR VENEZUELA?

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Por Emir Sader.

Sociólogo y Dr. en Ciencias Sociales.

Fuente. Página/12, lunes 20 de octubre del 2025.

¿Se arriesgará Donald Trump (foto) a cometer la locura de intentar invadir Venezuela?

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La lista de países invadidos o atacados por Estados Unidos durante el último siglo es larga y afecta a casi todos los países de Latinoamérica.

La última obsesión es la intervención en Venezuela y el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esta obsesión comenzó mucho antes de la primera elección presidencial de Hugo Chávez.

La preocupación de Estados Unidos por un líder que ha ganado influencia continental se ve agravada por el hecho de que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo. Esto hace al país aún más peligroso, dadas sus autosuficientes reservas petroleras y sus ingresos por exportaciones.

Los argumentos utilizados para justificar la intervención fueron los de presuntos terroristas, según la propuesta de Tony Blair. Todos los prisioneros palestinos, por ejemplo, son acusados ​​de ser terroristas, sin ninguna prueba. Pero esto fue válido para la intervención y destrucción de Irak, alentada por Tony Blair, sin ninguna prueba de que el país tuviera armas nucleares.

Estados Unidos lleva varios meses bombardeando y destruyendo embarcaciones en aguas territoriales venezolanas, alegando que transportaban drogas al mercado estadounidense. En lugar de atender las recomendaciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de limitar el consumo de drogas en Estados Unidos —el mayor mercado de drogas del mundo—, la administración de Donald Trump se centra en amenazas de intervención en países que, según él, canalizan drogas al mercado estadounidense.

La administración Trump no se atreve a intervenir en México, por donde transitan cargamentos de drogas producidos en Bolivia, Perú, Colombia y otros países sudamericanos, dada la postura de la líder mexicana. En cambio, se centra en Venezuela. ¿Se atreverá a esta nueva intervención?

China y Rusia han reafirmado sus acuerdos de seguridad mutua con Venezuela. Además de la amplia solidaridad que Venezuela recibiría de varios países del continente, demostraría que Estados Unidos había olvidado el estrepitoso fracaso del intento de invasión a Cuba. Los estadounidenses esperaban que, tan pronto como anunciaran la invasión a Cuba, recibirían un amplio apoyo del pueblo cubano. Nada de esto ocurrió, y en 72 horas, tuvieron que retirarse de Playa Girón y Cuba, derrotados.

Lo mismo ocurriría sin duda, contrariamente a la predicción de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien incita a Estados Unidos a invadir Venezuela, donde supuestamente sería recibida con el apoyo del pueblo venezolano.

¿Se arriesgaría la administración de Donald Trump a todos estos riesgos? Quizás, pero pagaría un alto precio, tanto por la probable derrota como por la condena generalizada en el continente y en todo el mundo.

Donald Trump nos ha acostumbrado a amenazas que nunca se materializan, incluso una de las más absurdas, la de incorporar a Canadá como una estrella más en la bandera estadounidense. ¿Podría ser esta otra de esas amenazas?

La movilización de buques estadounidenses cerca de la costa venezolana y la decisión de desembarcar tropas parecen socavar la palabra del presidente estadounidense. Una vez más.

Ojalá que así sea, porque las consecuencias de otra aventura imperialista estadounidense serían desastrosas para ellos y para la propia América Latina. En las próximas semanas sabremos si esta nueva locura se materializará o si es simplemente otro discurso intrascendente de Donald Trump.

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TIERRAS RARAS EN EL CENTRO DE LAS NUEVAS TENSIONES CHINA-EEUU.

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Beijing, 15 de octubre (Prensa Latina) Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos entraron en una nueva fase de tensión, tras la decisión de Beijing de reforzar controles a la exportación de minerales estratégicos, lo que desencadenó una respuesta furiosa de Washington.

octubre 17, 2025

09:23 (UTC -04:00)

Fuente Prensa Latina domingo 19 de octubre del 2025,

Por Isaura Diez

Corresponsal jefe en China

Luego de meses de tregua comercial y conversaciones, la escalada comenzó con la publicación del Ministerio de Comercio de China de regulaciones a exportaciones de elementos críticos clave en la fabricación de semiconductores, baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa avanzados, entre otros.

El trasfondo de esas tensiones incluye la abrumadora posición china en un sector crítico. Datos oficiales confirman que el país es responsable del 70 por ciento de la extracción mundial de tierras raras, elementos indispensables para la industria tecnológica y de defensa.

Esa ventaja estructural convierte cualquier medida de restricción comercial de Beijing en un factor de presión considerable, en un contexto donde Washington intenta reconfigurar las cadenas globales de suministro.

El Ministerio de Comercio chino subrayó que los controles no equivalen a una prohibición total de exportaciones.

“China es un país responsable y aplica los controles a la exportación con prudencia, justicia y de manera no discriminatoria”, afirmó un portavoz de la cartera.

La medida, según explicó, se dirige a

“contribuir a la paz mundial, la estabilidad regional y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de no proliferación”.

En respuesta, Washington anunció un arancel adicional del 100 por ciento sobre productos chinos y más restricciones a la exportación de software clave.

El presidente norteamericano, Donald Trump, calificó la medida de Beijing como hostil.

Beijing denunció esas acciones como un “doble rasero” y recordó que Estados Unidos abusa del concepto de seguridad nacional para imponer controles unilaterales y discriminatorios sobre semiconductores y otros bienes chinos.

Asimismo, el gigante asiático señaló que mientras la lista de control de exportaciones de Estados Unidos supera los tres mil artículos, la de China solo incluye poco más de 900.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que los aranceles sobre productos chinos podrían implementarse antes de lo anticipado y que su aplicación dependía de las prácticas que adopte China.

También mencionó que el país norteño tiene sus propios controles de exportación que podría implementar como contramedida.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reiteró que

“la posición de China ha sido clara y coherente”, y criticó que “Estados Unidos, mientras dice querer dialogar, amenaza con altos aranceles y nuevas restricciones”.

“No queremos una guerra comercial, pero tampoco la tememos”, reiteró el portavoz de la Cancillería.

LA DISPUTA NO SE LIMITA AL ÁMBITO TECNOLÓGICO

China impuso una tasa especial portuaria a embarcaciones estadounidenses en respuesta a las tarifas de Estados Unidos contra buques chinos que rigen desde el pasado martes, derivadas de la investigación 301 sobre los sectores marítimo, logístico y de construcción naval.

Pese a recientes encuentros celebrados en Madrid y Londres, Washington mantuvo una “actitud negativa”, según fuentes chinas, y publicó el 3 de octubre los requisitos específicos para aplicar esas tarifas a buques chinos. El Ministerio chino de Comercio calificó las medidas estadounidenses de violación del Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral y de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las describió como “un típico acto unilateralista”.

Beijing impuso sanciones a cinco filiales estadounidenses de Hanwha Ocean, constructor naval surcoreano por colaborar con la investigación 301 que, según China, socava su soberanía.

Otros reportes apuntan a que quizás haya un diálogo constructivo durante una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, programada dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur a finales de este mes.

De ocurrir, Xi llegará a ese encuentro luego de la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista (20 al 23 de octubre), en la cual el gigante asiático adoptará su plan de desarrollo económico-social para 2026-2030 y trazará sus prioridades.

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LA MUERTE DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.

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“En 2017 resurgieron las “guarimbas” contando con todo el apoyo de la derecha venezolana y sus mandantes estadounidenses, sin que María Corina, la ahora Nobel de la Paz, condenase en lo más mínimo sus aberrantes crímenes contra la población. Todo lo contrario, a lo largo de estos años no cesó de solicitar la intervención de fuerzas extranjeras para derrocar al gobierno bolivariano y jamás se le escapó la más mínima condena a los “guarimberos” que bloqueaban calles y parajes para que nadie pudiera salir de sus casas creando la imagen de una huelga cívica contra el gobierno para forzar su caída. A los que osaban salir los atacaban ferozmente, cuando no los mataban. Llegaron al extremo de quemar vivas a personas cuyo único delito era tener apariencia de ser chavistas. La documentación sobre estos crímenes es apabullante, como el cómplice silencio de la Machado.

“No puede olvidarse que a lo largo de tantos años esta “patriótica” lideresa venezolana abogó incansablemente ante los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se impusieran duras sanciones económicas y de todo tipo a la República Bolivariana de Venezuela. También fue juzgada por conspiración debido a que una ONG por ella creada y dirigida recibió aportes del Fondo Nacional para la Democracia, financiado por el Congreso de los Estados Unidos, para campañas desestabilizadoras del gobierno bolivariano.

María Corina Machado es la personificación misma de los métodos violentos del fascismo. En casi todos los países habría sido juzgada con penas severísimas por solicitar una invasión extranjera a su propio país, o la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que producen enormes sacrificios y privaciones a su propio pueblo. Su desenfreno violentista y su calculada lambisconería para con el amo imperial le impuso un estruendoso silencio ante el horrible genocidio en curso en Gaza, para ni hablar de los riesgos que conlleva para el pueblo venezolano el desplazamiento de las fuerzas navales de Estados Unidos hacia el Caribe meridional y la posible agresión que de ello se desprenda. No sorprende que le haya dedicado su Nobel a Donald Trump ni que todo el sicariato mediático de Occidente la haya ensalzado como una heroína, campeona de la paz, los derechos humanos y la democracia.

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LA MUERTE DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.

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Por Atilio. A. Borón.

Sociólogo. Politólogo. Dr. en Ciencias Políticas.

Maestro Universitario- Buenos Aires Argentina. 

Fuente, Prensa Latina. Firmas Selectas.

Domingo 19 de octubre del 2025.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es la culminación de un largo proceso de descomposición moral y política que ha afectado irreparablemente a ese galardón. Lo podrán seguir otorgando, año tras año, pero el desagradable olor de su incoherencia ética y su oportunismo político al servicio de Washington lo acompañará para siempre.

Claro que lo ocurrido en estos días no es nuevo. El premio estaba desacreditado desde mucho antes. Si bien por excepción le fue otorgado a personajes cuya trayectoria estaba claramente marcada por su compromiso con la paz: Martin Luther King en 1964, la Madre Teresa de Calcuta (1979), Adolfo Pérez Esquivel (1980), el obispo sudafricano Desmond Tutu (1984) y Nelson Mandela (1993), y unos pocos más, la entrega de ese galardón a Henry Kissinger en 1973, un asesino serial responsable del brutal bombardeo contra Vietnam y desestabilizador de procesos democráticos como el Chile de Salvador Allende marcaba de modo indeleble la depravación de la idea original de Alfred Nobel que era premiar a las personas u organizaciones que luchan por el imperio de la paz y la resolución pacífica de los conflictos.

Lo mismo puede decirse de la premiación de Barack Obama, insólitamente concedida a los pocos meses de iniciado su mandato “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos”, según decía el comunicado oficial. Desgraciadamente, los hechos desmintieron al Comité Nobel porque durante los ocho años de su administración Obama no estuvo ni un solo día sin librar guerras o ejecutar operaciones militares en el exterior. En dicho lapso ordenó 563 ataques, principalmente con drones, para eliminar

“objetivos terroristas” en Pakistán, Somalia y Yemen, una cifra escandalosa cuando se la compara con los 57 ataques ordenados por la administración de George W. Bush, el inventor de la “guerra contra el terrorismo”. Entre 384 y 807 civiles murieron en aquellos países, en la gran mayoría de los casos cuando el ocupante de la Casa Blanca ya ostentaba su condición de Nobel de la Paz.

La premiación de María Corina Machado es una adición más a este sombrío inventario. Machado es una pertinaz cultora de la violencia, un hábito mantenido sin pausa desde el momento en que Hugo Chávez Frías fue electo, con las leyes de la Cuarta República, presidente de Venezuela en diciembre de 1998. Apenas el líder bolivariano se posesionó de la presidencia, Machado y otros personajes de la vieja y corrupta política de la Cuarta República se lanzaron a la conspiración. Sus planes se materializaron el 11 de abril del 2002 con el golpe de estado que milagrosamente no acabó con la vida de Chávez.

Los golpistas labraron un Acta pomposamente llamada “de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional” que daba inicio al gobierno de facto presidido por Pedro Carmona, presidente de la poderosa Fedecámaras. La gestión de este campeón de la democracia fue ejemplar, salvo por lo efímero de su permanencia en el poder. Pero no perdía el tiempo, algo en lo cual los gobiernos progresistas son grandes especialistas: en su primer acto oficial disolvió de un plumazo la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, removió al Fiscal General, al Contralor de la República y al Defensor del Pueblo, destituyó a todos los gobernadores, alcaldes y concejales y decretó la baja de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules y eliminó las 49 leyes habilitantes y el cambio de la Constitución, y restauró para su país el tradicional nombre de Venezuela aboliendo su condición de república bolivariana.

Todo este ataque a la institucionalidad democrática de Venezuela fue ratificado por una convocatoria a las “fuerzas vivas” del país, que se reunieron en el Palacio de Miraflores para avalar el nacimiento del nuevo régimen firmando el documento en donde se establecían las medidas mencionadas más arriba. Entre los firmantes se encuentra el nombre de María Corina Machado.

 

¿Fue ese su sólo pecadillo de juventud? No, fue apenas el comienzo de una carrera cada vez más signada por la apelación a la violencia. Peregrinó a Washington para entrevistarse con el presidente George W. Bush en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 31 de mayo del 2005, solicitando ayuda para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. En otras palabras, proponía una intervención militar estadounidense que hubiera provocado un baño de sangre en su propio país. Insistió en esa conducta y en marzo del 2014, en coincidencia con la primera de las sangrientas “guarimbas”- barricadas de lúmpenes y paramilitares armados- organizadas por la derecha venezolana para derrumbar al gobierno, la Machado reaparece en la escena internacional como insólita “embajadora alterna” de Panamá -sí, leyó bien, de Panamá, no de Venezuela- en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, siendo que a la sazón era diputada a la Asamblea Nacional. Su objetivo: solicitar en un acto de vil traición a la patria que el Consejo Permanente de la OEA dispusiera una intervención militar multinacional en contra de su propio país para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

En 2017 resurgieron las “guarimbas” contando con todo el apoyo de la derecha venezolana y sus mandantes estadounidenses, sin que María Corina, la ahora Nobel de la Paz, condenase en lo más mínimo sus aberrantes crímenes contra la población. Todo lo contrario, a lo largo de estos años no cesó de solicitar la intervención de fuerzas extranjeras para derrocar al gobierno bolivariano y jamás se le escapó la más mínima condena a los “guarimberos” que bloqueaban calles y parajes para que nadie pudiera salir de sus casas creando la imagen de una huelga cívica contra el gobierno para forzar su caída. A los que osaban salir los atacaban ferozmente, cuando no los mataban. Llegaron al extremo de quemar vivas a personas cuyo único delito era tener apariencia de ser chavistas. La documentación sobre estos crímenes es apabullante, como el cómplice silencio de la Machado.

No puede olvidarse que a lo largo de tantos años esta “patriótica” lideresa venezolana abogó incansablemente ante los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se impusieran duras sanciones económicas y de todo tipo a la República Bolivariana de Venezuela. También fue juzgada por conspiración debido a que una ONG por ella creada y dirigida recibió aportes del Fondo Nacional para la Democracia, financiado por el Congreso de los Estados Unidos, para campañas desestabilizadoras del gobierno bolivariano.

 

María Corina Machado es la personificación misma de los métodos violentos del fascismo. En casi todos los países habría sido juzgada con penas severísimas por solicitar una invasión extranjera a su propio país, o la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que producen enormes sacrificios y privaciones a su propio pueblo. Su desenfreno violentista y su calculada lambisconería para con el amo imperial le impuso un estruendoso silencio ante el horrible genocidio en curso en Gaza, para ni hablar de los riesgos que conlleva para el pueblo venezolano el desplazamiento de las fuerzas navales de Estados Unidos hacia el Caribe meridional y la posible agresión que de ello se desprenda. No sorprende que le haya dedicado su Nobel a Donald Trump ni que todo el sicariato mediático de Occidente la haya ensalzado como una heroína, campeona de la paz, los derechos humanos y la democracia.

Tanto elogio hacia su persona es comprensible: se trata de los mismos medios, y los mismos gobernantes, que durante dos años cerraron beatíficamente sus ojos y avalaron, financiaron y le ofrecieron toda la cobertura diplomática al gobierno de Israel para que perpetrara el bárbaro genocidio de los gazatíes. Leer la prensa de Occidente, salvo contadísimas excepciones, produce vómitos ante tal cúmulo de mentiras, dobles raseros y el sistemático ocultamiento de innumerables crímenes. Por eso los países del Occidente colectivo, en franca e irreversible declinación, celebran alborozados el Nobel concedido a María Corina Machado. Cuando le informaron de la premiación otorgada a la opositora venezolana el enviado especial del presidente Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell, se limitó a comentar lacónicamente: “El Premio Nobel murió hace años”. Tiene razón, pero faltaba un último clavo para sellar herméticamente el ataúd. María Corina Machado lo aportó.

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