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El debilitamiento de la democracia puede traducirse en la caída de los niveles de gobernabilidad, lo cual, en caso extremo, desemboca en el surgimiento de un Estado fallido e inviable. En general, genera siempre un gran debate la publicación del Índice de Estados fallidos, donde son enumerados los países del mundo con mayor riesgo de caer en dicha categoría. El método usado para el estudio, consiste en coleccionar datos relevantes del conflicto, desarrollar una cronología completa de eventos y seleccionar datos importantes y tendencias. México, destaca el deterioro de la situación mexicana, que recibe la clasificación “en peligro”. La seguridad está en crisis punto menos que terminal. Más soldados, más armas, más recursos para un aparato potencialmente represor, no han funcionado. No hay Estado fallido, pero sí gobierno fallido. La militarización, el uso irrestricto de la violencia del Estado, no son respuesta ni, mucho menos, solución. Académicos y políticos de oposición, recomiendan efectivas y eficientes políticas sociales, una verdadera labor de inteligencia, golpear a los cárteles de la droga y a los grupos del crimen organizado en sus aparatos financieros, forman parte de un replanteamiento sensato y viable.
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México. La guerra narco-terrorista está destruyendo la sociedad. El fracaso absoluto de las políticas de la derecha esta conduciendo al asalto del Estado por el terror narco, la corrupción y la ingobernabilidad hacia un "Estado inviable y fallido" en el siglo XXI.***
Que ocurre con la Gobernabilidad.
México, una visión histórica y político-social del siglo XX y el fracaso de la Gobernabilidad.
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Opinión.- Víctor Manuel Barceló
Tabasco.com Lunes 31 de enero del 2011.
Las sociedades, según sus características, viven la gobernabilidad de maneras específicas. Las regidas por grupos oligárquicos, de poder sempiterno: casi no conocen del diálogo y la concertación, para mantener la “calma chicha”, siempre atada con alfileres de hierro. Eso ocurrió, por décadas, en países del África. Hay un "algo" que, surgido en Europa, salta al África musulmana. De Costa de Marfil, a Túnez, Egipto, Yemen, Jordania, Argelia, posiblemente Siria. En todos ellos existían o persisten, gobiernos con décadas en el poder. Tal ocurrió con el Porfiriato -1876 a mayo de 1911- que se esfumó políticamente al primer embate, cuando ese “algo” adquirió caracteres de confrontación social armada, producto de conflictos graves en el manejo de la relación gobierno-pueblos y comunidades, que provoca gobernabilidad deficiente y de alto costo social.
Este tipo de gobernabilidad puede, por algún tiempo, permitir el cumplimiento de los objetivos de gobierno -3.6% el crecimiento económico entre 1870 y 1910-. Pero no es legítima, no tiene el aprecio de quienes la soportan, no coopera a la distribución del ingreso. El periodo de disputa civil y los años de reacomodo y ajuste del proceso definitivo de cambios de la Revolución Mexicana, afecta gravemente la economía, no tanto por los destrozos que la lucha armada provoca en el campo y las ciudades, como por la inflación, merma de exportaciones, y desorden en banca y finanzas.
Por ello fue tan costoso recuperar la paz social en nuestro país mediante sacrificios, que afectaron a todos, para eliminar el autoritarismo heredado e ir incorporando a campesinos, obreros y clases emergentes, en la formación del nuevo modelo político, económico y social. El sacrificio fue tal, que apenas crece la economía 1.3% por año (1910 a 40) previo al tiempo del mayor crecimiento, logrado hasta ahora en el país. En esos momentos –década de los 30s a los 80s- se va construyendo una etapa de cambios nacionales profundos, con reflejos locales.
La gobernabilidad se había logrado, tras cruentas luchas sociales, con casi dos millones de muertos, civiles y militares. El esquema de país se ajusta a una nación de corte capitalista, pero con aperturas para el crecimiento de la economía social. La culminación del conflicto armado –tras asesinato de líderes carismáticos, de amplia base social, como Zapata y Villa- dejó huellas y personajes belicosos, muchos sin ideología precisa, otros verdaderos asaltan caminos, al servicio de intereses de grupos y empresas extranjeras. Estos fueron extinguiéndose, hasta la década de los cuarenta del siglo pasado.
A partir de allí se instaura un régimen democrático, con fuertes candados para precaver el paso al poder, a los extremos de la política: de un lado los herederos de las castas del Porfiriato, con fuerte olor a clerecía; del otro, extremistas de izquierda, apoyados en la ideología marxista, ideólogos y activistas de buena cepa, dispersos en diversas agrupaciones, generalmente irreconciliables. En medio, apuntalando al poder, un partido político, surgido de intensas y continuas negociaciones entre las fuerzas predominantes, surgidas de la Revolución: Militares, Campesinos, Obreros, nuevo empresariado, grupos sociales urbanos y suburbanos; intelectuales surgidos de la escuela pública.
Ellos son los que apuntalan la construcción de una economía mixta, exitosa internamente, por casi cinco décadas. En ella, la inversión pública en infraestructura y el implante de una banca de desarrollo, impulsan la empresa privada, a la que protege de la competencia externa y la social, mediante la reforma agraria. Los obreros se organizan para apoyar un crecimiento que les reditúa recursos y canonjías.
El Sistema económico conformado, contó con fuerte injerencia estatal. Esta rige la actividad, planea e incorpora al patrimonio nacional la explotación de hidrocarburos, energía eléctrica, medios de comunicación. La paz social solo se alteraba por impulsos ante injusticias sociales con campesinos, diversos gremios importantes (obreros, maestros) que fueron corporativizándose, en tanto se atendían sus demandas y se sentían considerados en la lucha por el poder. La etapa dorada del “desarrollo estabilizador” que va de 1970 al 81, muestra incrementos del PIB (Producto Interno Bruto) del 6.8%, con ingresos Per cápita de 4.1% anual. Las instituciones forjadas y el control de precios, apuntalan tales resultados.
Es el momento de la apertura política que no cesa hasta los 90s de ese siglo, con la participación plena de partidos, de todas las tendencias, que crecen en el ánimo popular. El Poder Legislativo es la “caja de resonancia” de los criterios de las nuevas tendencias políticas y sociales. Pero la economía del mundo –globalizada- requería cambios. Estaba saliendo de condiciones agudas en diversos indicadores macro (endeudamiento, finanzas internacionales, balanzas de pagos). El ajuste a la economía nacional –años 80s y siguientes- no llega con el mismo ritmo del proceso interno, sino con aperturas violentas del mercado interno a las transnacionales, hiriendo de muerte la estructura conformada con tanto esfuerzo, provocando crisis tras crisis que bajan la tasa de crecimiento al 2% anual (1982 a 2010).
En estas condiciones se da la alternancia en el poder durante el año 2000. No hay rupturas graves, pero tampoco conformación, hasta ahora, de un nuevo Pacto Social, que ponga al día el compromiso de la política, con la búsqueda real del bienestar generalizado de pueblos y comunidades. Hoy urgen reformas (fiscal, financiera, de inversiones, agropecuaria) que incrementen la inversión pública, recuperen la política agropecuaria e industrial, reorienten la economía, la política y la vida social, a la creación de empleos remunerados y estables.
El resguardo de una reforma política integral, capaz de fortalecer la gobernabilidad. Un nuevo pacto social que cobije a todos los mexicanos y les incorpore a un sistema educativo de calidad, sin rezagos; de seguridad social que cubra a todos, todo el tiempo y les renueve las esperanzas en la nación. Los gobiernos estatales y municipales, que están asumiendo el mando en importantes estados y regiones del país, hicieron planteamientos importantes para captar el voto que les lleva al poder.
En algunos casos hay esbozos y en otros claridad en la decisión de aplicar políticas locales, que organicen a la gente para la corresponsabilidad gubernamental, vía incuestionable para alcanzar una gobernabilidad estable, de creciente paz social. Entienden los liderazgos de tales gobiernos, que solo con la participación social organizada, las instituciones de gobierno actuarán eficazmente, dentro de su cometido y realizarán acciones interinstitucionales, que sean calificadas de legitimas por la ciudadanía. El libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo se logrará, en esa interacción con las organizaciones corresponsables de pueblos y comunidades, volviendo eficaces los empeños gubernamentales por cumplir sus objetivos y legítima su actuación, en aras de mejorar las condiciones de vida de sus gobernados.
Este tipo de gobernabilidad puede, por algún tiempo, permitir el cumplimiento de los objetivos de gobierno -3.6% el crecimiento económico entre 1870 y 1910-. Pero no es legítima, no tiene el aprecio de quienes la soportan, no coopera a la distribución del ingreso. El periodo de disputa civil y los años de reacomodo y ajuste del proceso definitivo de cambios de la Revolución Mexicana, afecta gravemente la economía, no tanto por los destrozos que la lucha armada provoca en el campo y las ciudades, como por la inflación, merma de exportaciones, y desorden en banca y finanzas.
Por ello fue tan costoso recuperar la paz social en nuestro país mediante sacrificios, que afectaron a todos, para eliminar el autoritarismo heredado e ir incorporando a campesinos, obreros y clases emergentes, en la formación del nuevo modelo político, económico y social. El sacrificio fue tal, que apenas crece la economía 1.3% por año (1910 a 40) previo al tiempo del mayor crecimiento, logrado hasta ahora en el país. En esos momentos –década de los 30s a los 80s- se va construyendo una etapa de cambios nacionales profundos, con reflejos locales.
La gobernabilidad se había logrado, tras cruentas luchas sociales, con casi dos millones de muertos, civiles y militares. El esquema de país se ajusta a una nación de corte capitalista, pero con aperturas para el crecimiento de la economía social. La culminación del conflicto armado –tras asesinato de líderes carismáticos, de amplia base social, como Zapata y Villa- dejó huellas y personajes belicosos, muchos sin ideología precisa, otros verdaderos asaltan caminos, al servicio de intereses de grupos y empresas extranjeras. Estos fueron extinguiéndose, hasta la década de los cuarenta del siglo pasado.
A partir de allí se instaura un régimen democrático, con fuertes candados para precaver el paso al poder, a los extremos de la política: de un lado los herederos de las castas del Porfiriato, con fuerte olor a clerecía; del otro, extremistas de izquierda, apoyados en la ideología marxista, ideólogos y activistas de buena cepa, dispersos en diversas agrupaciones, generalmente irreconciliables. En medio, apuntalando al poder, un partido político, surgido de intensas y continuas negociaciones entre las fuerzas predominantes, surgidas de la Revolución: Militares, Campesinos, Obreros, nuevo empresariado, grupos sociales urbanos y suburbanos; intelectuales surgidos de la escuela pública.
Ellos son los que apuntalan la construcción de una economía mixta, exitosa internamente, por casi cinco décadas. En ella, la inversión pública en infraestructura y el implante de una banca de desarrollo, impulsan la empresa privada, a la que protege de la competencia externa y la social, mediante la reforma agraria. Los obreros se organizan para apoyar un crecimiento que les reditúa recursos y canonjías.
El Sistema económico conformado, contó con fuerte injerencia estatal. Esta rige la actividad, planea e incorpora al patrimonio nacional la explotación de hidrocarburos, energía eléctrica, medios de comunicación. La paz social solo se alteraba por impulsos ante injusticias sociales con campesinos, diversos gremios importantes (obreros, maestros) que fueron corporativizándose, en tanto se atendían sus demandas y se sentían considerados en la lucha por el poder. La etapa dorada del “desarrollo estabilizador” que va de 1970 al 81, muestra incrementos del PIB (Producto Interno Bruto) del 6.8%, con ingresos Per cápita de 4.1% anual. Las instituciones forjadas y el control de precios, apuntalan tales resultados.
Es el momento de la apertura política que no cesa hasta los 90s de ese siglo, con la participación plena de partidos, de todas las tendencias, que crecen en el ánimo popular. El Poder Legislativo es la “caja de resonancia” de los criterios de las nuevas tendencias políticas y sociales. Pero la economía del mundo –globalizada- requería cambios. Estaba saliendo de condiciones agudas en diversos indicadores macro (endeudamiento, finanzas internacionales, balanzas de pagos). El ajuste a la economía nacional –años 80s y siguientes- no llega con el mismo ritmo del proceso interno, sino con aperturas violentas del mercado interno a las transnacionales, hiriendo de muerte la estructura conformada con tanto esfuerzo, provocando crisis tras crisis que bajan la tasa de crecimiento al 2% anual (1982 a 2010).
En estas condiciones se da la alternancia en el poder durante el año 2000. No hay rupturas graves, pero tampoco conformación, hasta ahora, de un nuevo Pacto Social, que ponga al día el compromiso de la política, con la búsqueda real del bienestar generalizado de pueblos y comunidades. Hoy urgen reformas (fiscal, financiera, de inversiones, agropecuaria) que incrementen la inversión pública, recuperen la política agropecuaria e industrial, reorienten la economía, la política y la vida social, a la creación de empleos remunerados y estables.
El resguardo de una reforma política integral, capaz de fortalecer la gobernabilidad. Un nuevo pacto social que cobije a todos los mexicanos y les incorpore a un sistema educativo de calidad, sin rezagos; de seguridad social que cubra a todos, todo el tiempo y les renueve las esperanzas en la nación. Los gobiernos estatales y municipales, que están asumiendo el mando en importantes estados y regiones del país, hicieron planteamientos importantes para captar el voto que les lleva al poder.
En algunos casos hay esbozos y en otros claridad en la decisión de aplicar políticas locales, que organicen a la gente para la corresponsabilidad gubernamental, vía incuestionable para alcanzar una gobernabilidad estable, de creciente paz social. Entienden los liderazgos de tales gobiernos, que solo con la participación social organizada, las instituciones de gobierno actuarán eficazmente, dentro de su cometido y realizarán acciones interinstitucionales, que sean calificadas de legitimas por la ciudadanía. El libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo se logrará, en esa interacción con las organizaciones corresponsables de pueblos y comunidades, volviendo eficaces los empeños gubernamentales por cumplir sus objetivos y legítima su actuación, en aras de mejorar las condiciones de vida de sus gobernados.
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