miércoles, 4 de mayo de 2016

BRASIL: LA CLASE POLÍTICA ESTÁ SEPULTANDO LA POLÍTICA. EL SOMBRÍO ESCENARIO DEL POST-IMPEACHMENT. (CENSURA).-

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BRASIL: EL SOMBRÍO ESCENARIO DEL POST-IMPEACHMENT.- Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment, ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país. A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector agropecuario, etc.

De consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas razonables incertezas, por la actual composición del senado y por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública. Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.


Por otra parte, existe la posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que debe impugnar la chapa Rousseff-Temer por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional. En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea aun peor que Michel Temer y su cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso para el país.

Además existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su contra. De igual manera, Michel Temer también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Ello va a depender de la vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad jurídica y administrativa. Lamentablemente todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente conflictividad, que ni siquiera la próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente, ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas. Fernando de la Cuadra.


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BRASIL: LA CLASE POLÍTICA ESTÁ SEPULTANDO LA POLÍTICA.
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Fernando de la Cuadra.-

ALAI. América Latina en Movimiento.

Martes 3 de mayo del 2016.

A esta altura de los acontecimientos no existen muchas dudas de que el proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff será aprobado por el Senado. Lo que también resulta evidente es que los argumentos esgrimidos para justificar la suspensión de la mandataria no poseen base jurídica consistente y apelan indudablemente a un sentimiento de revancha política de quienes no consiguieron obtener el apoyo de la ciudadanía por medio de las urnas.

De hecho, la tesis de que el gobierno incurrió en crimen de responsabilidad utilizando el mecanismo de las llamadas “pedaladas fiscales” es una cuestión que no ha sido dirimida por los especialistas en Derecho Constitucional y lo más probable es que tal controversia jurídica continúe por mucho tiempo y se prolongue a lo largo de los años, cuando se proceda a realizar un juicio histórico de lo que sucede actualmente en Brasil. Si se descarta la dimensión jurídica de la acusación instaurada contra el ejecutivo, salta a la vista su carácter estrictamente político.

La solución para un gobierno malo no es su destitución. Problemas e ineficiencia gubernamental no pueden ser motivo para derrocar a un presidente, ya que las reglas del juego democrático son muy claras e implican que quien perdió en una contienda electoral tendrá que esperar una nueva oportunidad para convencer a los electores de que su proyecto es el mejor. Lo anterior es la base de la alternancia. No se puede desconocer esta cláusula pétrea de la democracia arguyendo que se incurrió en crímenes de responsabilidad por un mal uso de normas y procedimientos administrativos, los cuales además son objetos de las más variadas interpretaciones.

Si tanto el gobierno como la mandataria cometieron errores en la conducción del país, ello no puede en hipótesis alguna justificar una deposición, con toda la carga de dramatismo que esto representa para un sector mayoritario de la población, que observa con creciente preocupación la inestabilidad institucional y social que se apodera del país. En ese contexto, lo que se percibe en estos días sombríos es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia.

Hace algunos años atrás Hannah Arendt señalaba que la política se basa en el respeto por la pluralidad, porque ella trata fundamentalmente de la convivencia entre personas diferentes que habitan un espacio común. La familia en ese sentido es la negación de la plaza pública en la que se discuten los destinos de la comunidad o el país. La familia representa -según la pensadora alemana- un refugio, un abrigo para el individuo que se encuentra en una soledad existencial frente a un mundo inhóspito y extraño. Es una especie de fortaleza que nos aísla del mundo exterior. Por lo mismo, el parentesco se configura como una perversión de la cosa pública que anula la consideración por la alteridad, por la diferencia y por lo plural.

Este fenómeno se puso claramente de manifiesto cuando un porcentaje significativo de los diputados que votaron a favor del impeachment dedicaron su decisión a la esposa, los hijos, los padres, los nietos o los sobrinos. Desaparecieron los motivos que invocaban a la nación, los ciudadanos, el pueblo soberano, la polis… La política se ha transformado en un frio cálculo personal de costo-beneficio, en una estructura de preferencias individuales en donde cada agente evalúa cuales son los mejores escenarios y decisiones para adquirir más poder, dinero y prestigio. Por eso es que la política ha terminado siendo dominada por las empresas, que imponen su lógica competitiva y su gen darwinista cuando se dedican a financiar las campañas de aquellos candidatos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y que además se comprometen a efectuar un retorno incrementado de la inversión. La política perdió su vocación de servicio público y se convirtió en un oficio de especuladores y oportunistas. La operación Lava-Jato ha mostrado en este último año como existe un vasto entramado entre las principales empresas de la construcción civil, la clase política y los altos ejecutivos del aparato gubernamental. Un fenómeno transversal, del cual muy pocos partidos políticos se han mantenido al margen.

En la actual configuración del Congreso, lo único que parece consolidado es la influencia del poder económico sobre la mayoría de los parlamentarios. La reforma política que todavía es una agenda incompleta y urgente, considera una alteración drástica para el financiamiento de campañas, de manera que la subordinación de la clase política a los intereses de las empresas pueda ser revertida o moderada a través de mecanismos de financiamiento democrático que combina un financiamiento público con los aportes de los militantes o personas físicas que deseen contribuir con un monto limitado para determinado candidato o conglomerado partidario. De esta manera, cualquier intento por reivindicar la política como una actividad que recoja los anhelos y aspiraciones de la población pasa necesariamente por el fin de la manipulación de las empresas en la vida de los partidos y de la clase política.

A lo anterior se debería sumar un fortalecimiento de las prácticas de democracia directa en la cual los ciudadanos puedan discutir y deliberar sobre aquellos aspectos que afectan su vida colectiva en temas tan relevantes como las concesiones de los servicios públicos, las privatizaciones, la construcción de obras que tienen un enorme impacto ambiental o la definición de modalidades en las que se puede realizar una impugnación presidencial luego que el sufragio universal ha expresado su decisión soberana. Mientras estos aspectos tan básicos como fundamentales no sean resueltos y superados por el conjunto de los actores políticos, la democracia brasileña continuará siendo una promesa traicionada.

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Fernando de la Cuadra.

Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.


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