MILLONES DE NUEVOS POBRES EN BOLIVIA.

 &&&&&

BOLIVIA: CUANDO EL HAMBRE ES MÁS PELIGROSA QUE LA PANDEMIA

A pesar de la cuarentena total declarada por el Gobierno de Bolivia desde el 25 de marzo, las vendedoras ambulantes ocupan cada día las calles de sus ciudades. Ignorantes, irresponsables y salvajes son los calificativos que la clase media y alta utiliza para reprochar que los más vulnerables, sobre todo mujeres indígenas y migrantes del campo, rompan las medidas de confinamiento. Sin embargo, estas mismas vendedoras son quienes proveen diariamente de fruta y verdura fresca a los barrios más acomodados. Justificando su salida diaria para vender productos en la esquina de mi casa, Carmen Luna me comenta: “Cuando tus hijos tienen hambre, pierdes miedo al coronavirus”.

La crisis sanitaria ha puesto en evidencia las profundas desigualdades sociales y económicas en todos los países del mundo. En Bolivia, y pese a la reducción registrada entre 2005 y 2018, son aún importantes: 3,9 millones de personas viven en situación de pobreza y, de ellas, 1,7 millones no logra cubrir ni siquiera el coste de una canasta alimentaria básica. En el escenario actual, el Estado afronta un triple desafío para garantizar el bienestar de la población: atender el riesgo del contagio con medidas sanitarias, asegurar la cobertura gratuita de los casos de emergencia de los más excluidos y garantizar medidas de protección social para la población más expuesta a un deterioro de sus ingresos. En casi 70 días de crisis sanitaria, en ninguno de estos frentes se han podido registrar victorias.

Las primeras medidas sanitarias en Bolivia se anunciaron el 12 de marzo, cuando se declaró la situación de emergencia nacional por la presencia de la Covid-19. Días después, se estableció una de las cuarentenas más rígidas de la región, con suspensión de todas las actividades públicas y privadas, interrupción de todo tipo de transporte y circulación de las personas restringida a un día por semana según número de identificación. Los centros de abastecimiento de alimentos atienden sólo por las mañanas y se autoriza únicamente la movilidad fuera de su barrio a personas que necesiten atención médica.

Sin duda, estas duras medidas de confinamiento han permitido que el país mantenga cifras oficiales optimistas respecto a la propagación de la pandemia, que actualmente registra 3.577 casos positivos y 164 personas fallecidas. Frente a este aparente control del problema, la ciudadanía desconfía de una infra-estimación, sobre todo del número de infectados por la falta de detección. En Bolivia se realizan de promedio tan sólo 117 pruebas diarias para detectar pacientes con el nuevo coronavirus cuando sus vecinos hacen 8.000 (Chile) o 12.000 (Perú). Es decir, el país ha realizado tan sólo 1.270 pruebas por cada millón de habitantes, la proporción más baja de Sudamérica. Esto contribuye a la falta de credibilidad de la información oficial, a lo que se suman denuncias de casos de corrupción en las adquisiciones estatales para combatir la Covid 19, lo que han puesto en crisis al Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez.

En Bolivia, la pandemia coincide con una crisis de gobernabilidad por la falta de legitimidad de un Gobierno transitorio en un año electoral inusual. Resultado de la salida de Evo Morales del poder el año pasado, (Salida o Golpe de Estado) la crisis de salud se superpone a una marcada polarización política. Por todo ello, la credibilidad gubernamental es puesta a prueba constantemente, sobre todo después que la propia presidenta se ha postulado como candidata para la próxima elección. Esto ha contribuido a que la mandataria y candidata busque capitalizar la intervención estatal para su beneficio político, lo que ha influido no sólo en la toma de decisiones frente a la crisis, sino también en el grado de implementación por parte de la población. El componente económico se mezcla constantemente con el político y las movilizaciones populares para exigir medidas de apoyo económico durante la crisis han servido al Gobierno interino para acusar a Evo Morales de incentivarlas.

El mayor miedo que tiene la población a contagiarse tiene que ver con la poca capacidad del sistema de salud boliviano. Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan un retraso importante del país en comparación con América Latina y El Caribe en varios indicadores del sistema de salud. El gasto per cápita en Bolivia es de 356 euros versus 970 en la región. Hay 1,3 camas hospitalarias, ocho médicos y 3,9 enfermeras por cada 10.000 habitantes, frente a la media regional de 1,9, 24 y 63, respectivamente.

 

 

Pero el miedo a la escasa capacidad de atención del sistema público se convierte en pánico cuando conocemos que en Bolivia existen tan sólo 252 camas de aislamiento y 35 de terapia intensiva (UTIs) para atender a pacientes de la pandemia que aumentan a un promedio diario de 200. Algunas clínicas privadas han adaptado sus instalaciones para tratar casos de Covid-19 pero los costes, que rondan los 10.000 euros, son inalcanzables.

A pesar del miedo provocado por un sistema de salud deficiente, también es comprensible que en Bolivia se tema más al hambre provocada por la pobreza que a la amenaza del coronavirus. La crisis económica provocada por la cuarentena impactará más a los hogares pobres y profundizará el deterioro de los indicadores de empleo, que ya se vieron afectados con la ralentización del crecimiento de la economía a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. En Bolivia, el 57% de la población ocupada afronta el riesgo de perder ingresos por su inserción en sectores informales. De los 5,4 millones de ocupados que hay en el país, 3,4 millones viven en hogares cuyo ingreso per cápita mensual no supera el umbral de vulnerabilidad, fijado en 152 euros en áreas rurales y 240 euros en áreas urbanas. Y en ese grupo, la gran mayoría está compuesto por los trabajadores por cuenta propia como Carmen Luna, quienes prefieren enfrentarse a la pandemia antes de arriesgar la seguridad alimentaria de su familia.

Las medidas de protección social anunciadas por el Gobierno transitorio (entre ellas, el Bono Familia, transferencia de 67 euros a cada niño y niña de educación primaria e inicial; la Canasta Familiar, 54 euros para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y el Bono Universal, transferencia de 67 euros para personas entre los 18 y 60 años que no perciben pensiones o salarios) apuntan a proteger a los grupos vulnerables de la población. Otras medidas adicionales han sido la reducción temporal y el subsidio de tarifas eléctricas y de agua; la prohibición de cortes de agua, luz y gas durante la cuarentena y el diferimiento de pagos de deudas bancarias por el tiempo de la pandemia. Los bonos, subvenciones y diferimiento de pagos son medidas que pueden ayudar a algunas familias de forma inmediata, pero no resuelven el problema de los potenciales despidos que se auguran cuando las empresas tengan que plantearse la post-cuarentena. El Estado deberá afrontar este desafío en un contexto de restricciones fiscales que ya padece el Gobierno de transición debido a la contracción en los ingresos públicos.

///// 

 

Fuentes: CELAG

 

MILLONES DE NUEVOS POBRES EN BOLIVIA.

*****

Nicolás Oliva, Alfredo Serrano Mancilla. |29/09/2020 |Economía.

Rebelión martes 29 de setiembre del 2020.

 

Estamos cada vez más cerca de la cita electoral en Bolivia. Han pasado más de 300 días desde que Áñez asumiera como presidenta de Bolivia sin haber sido electa para tal menester. En este tiempo, claramente se extralimitó en la mayoría de las decisiones y no respetó el “espíritu transitorio” que debía marcar su gestión. Lo hizo en materia de Relaciones Internacionales, Justicia, sectores estratégicos, Fuerzas Armadas, etc. Y, cómo no, también tomó las riendas en los asuntos económicos y sociales.

No cabe duda de que la pandemia es un hecho global que ha afectado a la economía de todos los países. Pero también es verdad que una buena parte de los gobiernos han reaccionado con políticas que amortiguan este impacto negativo. Si observamos el estudio realizado por la Universidad de Columbia (Economic policy responses toa pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index), queda absolutamente demostrado que Bolivia está en la cola de los países en América Latina con menor porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas: apenas el 1%, mientras se prevé que la caída de su economía sea -en el caso más optimista-del 6% (según Banco Mundial; y muy similar al dato del Banco Central de Bolivia). Aunque seguramente la caída será mucho mayor si seguimos el ritmo de actualizaciones a la baja que vienen haciendo la mayoría de organismos internacionales.

En economía, como bien sabemos, no hay milagros. Todo tiene su porqué. Si se hunde la economía por motivos externos y no se hace nada para solventarlo, entonces la ecuación se resuelve con una gran crisis empobrecedora. Este es el caso de la Bolivia gobernada por Áñez.

Y, en este sentido, es importante no olvidar una cuestión obvia: cualquier contracción económica no afecta a todos por igual. Siempre unos salen peor que otros. No es lo mismo un shock económico adverso para la población que obtiene ingreso diario, respecto a otra que tiene empleo formal y estable, con mayor capacidad económica, con ahorros. Por tanto, es fundamental simular el impacto económico negativo, cualquiera que fuera, considerando que tal efecto se distribuye desigualmente por deciles.

Si micro simulamos la caída del 6% del PIB pronosticada por el Banco Mundial, siguiendo el patrón identificado en las encuestas continuas de empleo de Bolivia de los últimos años, y considerando la política de “brazos caídos” de Áñez, entonces tendríamos que en Bolivia se habría generado algo más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.

Si en vez de considerar ese escenario tan optimista, asumiéramos lo planteado en la investigación realizada por Beatriz Muriel (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), que estima que la pandemia ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, según el cuantil, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.

En un nivel intermedio está nuestra propia predicción como CELAG, que considera una caída del PIB boliviano del 7,9%, que generaría más de un millón de nuevos pobres, siempre y cuando no se implementen medidas y acciones económicas diferentes a las que actualmente lleva a cabo el Gobierno de Áñez. Entre ellos, casi 800 mil personas entrarían a la pobreza extrema y 1,4 millones engrosarían la pobreza.

 

 

Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS para erradicar la pobreza, como así lo certifica la totalidad de los organismos internacionales, en estos pocos meses la ineficacia de la política económica y social del Gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado un masivo empobrecimiento de la ciudadanía boliviana; entre uno y dos millones de nuevos pobres, según sea el escenario considerado. Y lo más preocupante de esta situación es que aún se puede agravar más si no se hace nada.

Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente. El candidato Arce ya demostró que sí sabe crecer desempobreciendo; y al otro lado, está Mesa que es una incógnita en materia económica porque apenas ha explicado qué haría para erradicar la pobreza. Veremos qué ocurre.

 

*****