EXTRACTIVISMO Y ULTRADERECHA DESATAN OFENSIVA CONTRA DEFENSORES DE LA NATURALEZA.

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Los “no contactados” de Loreto. Ha causado sorpresa, incredulidad y también reacciones críticas la aparición de una “Coordinadora de Desarrollo de Loreto” (CDL), integrado por empresarios y políticos relacionados con el fujimorismo, el aprismo y los movimientos y partidos políticos de la ultraderecha. Una de las principales demandas de este grupo, en campaña política para las elecciones regionales de octubre próximo, es la derogatoria de la Ley 28736, la Ley que protege la vida y los territorios de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y cuya existencia niegan. Este negacionismo totalmente irreal y absurdo convierte a este grupo en los auténticos y verdaderos no contactados de la realidad amazónica y mundial.

Los integrantes de la CDL se autoproclaman como los auténticos representantes de Loreto, que han llegado para salvaguardar los intereses de esta región amazónica y en el colmo de su ofensiva racista contra los PIACI están exigiendo que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), valide científicamente la existencia real de los PIACI que, todo el mundo sabe, están plenamente identificados en las Reservas Indígenas, sus tierras y territorios con 7 mil habitantes en 20 Comunidades integradas y habitadas por Matsés, Isconahua, Kapanawa, Marubo y otros pueblos aún no identificados. Incluso han repetido la cantilena, en el mismo tono de la CONFIEP y ADEX, que el Acuerdo de Escazú es una amenaza para la soberanía territorial amazónica.

De acuerdo al Fondo Verde de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son los guardianes ancestrales del 82% de la biodiversidad del planeta. Las Reservas Indígenas son territorios de salvaguarda de los PIACI y de la biodiversidad. Son verdaderos bancos genéticos. Las gestiones de creación de seis reservas se iniciaron en 1993. Pero hasta principios del año 2021, o sea después de 27 años, ninguna de estas reservas se había formalizado oficialmente. Sin embargo, el Estado neocolonial capturado por los poderes fácticos, entregó concesiones forestales y para la instalación de latifundios de monocultivos y lotes petroleros en solo tres meses de trámite en esas reservas en proceso de reconocimiento. 

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EXTRACTIVISMO Y ULTRADERECHA DESATAN OFENSIVA CONTRA DEFENSORES DE LA NATURALEZA.

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Por: Róger Rumrrill

Publicación Otra Mirada Lima jueves 9 de junio del 2022.

 

La denominada “Coordinadora para el desarrollo de Loreto” (CDL), integrada por políticos y empresarios fujimoristas, apristas y de otras tiendas de la ultraderecha política y económica acaban de declarar una guerra a muerte a los pueblos indígenas andino-amazónicos y, en particular, a los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), cuya existencia niegan a rajatabla y exigen  la derogatoria de la Ley 28736 que los protege y la extinción de las Reservas Territoriales de los PIACI, verdaderos bancos genéticos que  los angurrientos extractivistas de la CDL miran con golosa  ambición.

El objetivo de esta campaña racista y antiindígena no deja lugar a dudas: en dos de estas Reservas Territoriales, Yavarí-Tapiche y Yavarí-Mirím que, de acuerdo a la Ley 29763 son intangibles, el Gobierno Regional de Loreto (G0REL), ha otorgado ilegalmente 47 concesiones forestales. 

La pandemia del odio, del racismo, la xenofobia y el supremacismo están creciendo con la misma velocidad con que crecen su caldo de cultivo, la ultraderecha y el extractivismo en el mundo, pero principalmente en Europa, EE.UU. y América Latina. El Perú no escapa a ésta y las otras pandemias, la del racismo antiindígena, el odio, el coronavirus y el cambio climático.

Las cinco últimas  masacres ocurridas en EE.UU., la muerte de 10 ciudadanos afroamericanos en Búffalo, Nueva York, el 14 de mayo, la masacre de 21 personas, 19 de ellas niños de una escuela elemental en Uvalde, en Texas, el 24 de mayo, y la balacera ocurrida el 1 de este mes de junio, en un hospital de Tulsa, Oklahoma, con 4 muertos, otro tiroteo en Filadelfia, con 3 muertos y 12 heridos y los asesinatos del  5 de este mes en Chattanooga, Tennessee, con 2 muertos y 21 heridos graves, es una trágica señal de que la cruel pandemia de la violencia no se detiene. EE.UU. es una de las sociedades más violentas del mundo. Deb Haaland, la primera mujer indígena que integra el gabinete del presidente Joe Biden, acaba de denunciar solo un capítulo de esta violencia: la muerte de 500 niños indígenas en internados que eran como prisiones y donde los niños eran rehenes a cambio de la ocupación de las tierras indígenas y como parte del proceso de asimilación. Estos internados-prisiones existieron entre 1819 y 1969. Los periodistas Amy Goodman y Denis Moyhihan, en una reciente investigación señalan que entre 1777 y 1868 se firmaron 368 tratados en los que el gobierno de EE.UU. se compromete a respetar los derechos territoriales y otros derechos de los pueblos originarios. Ninguno fue cumplido.

Solo entre 1 de enero al 24 de mayo del año 2022 han ocurrido 212 tiroteos. Una de las causas, además del racismo y el discurso de odio que Donald Trump, el ícono de la ultraderecha, llevó al límite, es la venta libre de armas que la Constitución permite y que, como un mantra sagrado, nadie lo puede cambiar. Porque los fabricantes de armas, entre ellas la Asociación Nacional del Rifle, es un poderoso lobby que financia las campañas políticas sobre todo de los políticos republicanos de ultraderecha. Los senadores republicanos de origen hispano, Ted Cruz y Marco Rubio son los clientes privilegiados de este lobby. En EE.UU. un joven de 18 años no puede comprar una botella de cerveza, porque la ley se lo prohíbe. Pero puede comprar un arma de guerra como si fuera un juguete navideño. Por eso resulta cínico e hipócrita ver a los políticos, entre ellos al gobernador de Texas, Greg Abbot y a otros políticos republicanos elevando oraciones al cielo y derramando lágrimas de cocodrilo por los 18 niños asesinados. 

Mientras que el discurso de odio y racista en EE.UU., una nación de origen esclavista apunta contra los afrodescendientes, los hispanos, los asiáticos y también los “nativos americanos”, como se les denomina oficialmente a los indígenas, en el Perú el racismo, la discriminación, la exclusión y la marginalización están contra los pueblos indígenas andino-amazónicos. Las pruebas y señales están a la vista. El 2 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional, capturado por la ultraderecha política y económica, emitió la sentencia No. 03066-2019-PA/TC en la que sostiene que la Consulta Previa no es un derecho fundamental y que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene rango constitucional. El fallo, calificado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP) como “un acto de racismo traducido en leyes”, pone al borde de la extinción los derechos básicos establecidos en el Convenio 169 como tierra y territorio, consentimiento, libre determinación, educación, salud intercultural, entre otros derechos.

“A 200 años de la República, es indignante que el máximo intérprete de la Constitución persista en pronunciamientos que solo visibilizan el racismo contra los pueblos indígenas”, agrega AIDESEP, la mayor y más representativa organización indígena de la Amazonía Peruana.

Los que firmaron esta sentencia que pasará a la historia como un acto de ignominioso racismo y que los pueblos indígenas no olvidarán jamás, fueron los guardias pretorianos y cancerberos de la ultraderecha: los magistrados Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini. 

La otra decisión racista y antiindígena ha sido promovida por el propio Ministerio de Educación contra la educación intercultural bilingüe (EIB) al disponer que las plazas de maestros de las escuelas amazónicas con alumnado indígena sean ocupadas por profesores o profesoras no indígenas y monolingües. Esta política antiindígena es implementada por las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) que gestionan las EIB en territorios indígenas. Solo basta una orden verbal del ministro Rosendo Serna al director general de Educación. Solo un ejemplo: la UGEL de Nauta (Loreto), ha contratado 20 profesores monolingües e hispanohablantes para las instituciones educativas de inicial y primaria de las CCNN del distrito de Urarinas, en Loreto. Esta absurda medida racista y excluyente es absolutamente inaceptable en un país con 55 pueblos indígenas, cuatro de ellos andinos: Aymara, quechua, Jacaru y Uro y 51 pueblos indígenas amazónicos. En consecuencia, la construcción de un país, un estado y una sociedad intercultural es todavía una agenda pendiente y que el Perú, como Nación, sigue siendo multiétnica, multicultural y multilingüe, con un Estado monocultural de origen colonial y, por lo tanto, es imprescindible e irreversible iniciar un proceso de reforma de este Estado y una refundación de la Nación Peruana.

Los “no contactados” de Loreto

Ha causado sorpresa, incredulidad y también reacciones críticas la aparición de una “Coordinadora de Desarrollo de Loreto” (CDL), integrado por empresarios y políticos relacionados con el fujimorismo, el aprismo y los movimientos y partidos políticos de la ultraderecha. Una de las principales demandas de este grupo, en campaña política para las elecciones regionales de octubre próximo, es la derogatoria de la Ley 28736, la Ley que protege la vida y los territorios de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y cuya existencia niegan. Este negacionismo totalmente irreal y absurdo convierte a este grupo en los auténticos y verdaderos no contactados de la realidad amazónica y mundial.

Los integrantes de la CDL se autoproclaman como los auténticos representantes de Loreto, que han llegado para salvaguardar los intereses de esta región amazónica y en el colmo de su ofensiva racista contra los PIACI están exigiendo que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), valide científicamente la existencia real de los PIACI que, todo el mundo sabe, están plenamente identificados en las Reservas Indígenas, sus tierras y territorios con 7 mil habitantes en 20 Comunidades integradas y habitadas por Matsés, Isconahua, Kapanawa, Marubo y otros pueblos aún no identificados. Incluso han repetido la cantilena, en el mismo tono de la CONFIEP y ADEX, que el Acuerdo de Escazú es una amenaza para la soberanía territorial amazónica.

De acuerdo al Fondo Verde de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son los guardianes ancestrales del 82 por ciento de la biodiversidad del planeta. Las Reservas Indígenas son territorios de salvaguarda de los PIACI y de la biodiversidad. Son verdaderos bancos genéticos. Las gestiones de creación de seis reservas se iniciaron en 1993. Pero hasta principios del año 2021, o sea después de 27 años, ninguna de estas reservas se había formalizado oficialmente. Sin embargo, el Estado neocolonial capturado por los poderes fácticos, entregó concesiones forestales y para la instalación de latifundios de monocultivos y lotes petroleros en solo tres meses de trámite en esas reservas en proceso de reconocimiento.

Uno de estos territorios es el de Yavarí-Tapiche. De acuerdo a los expertos, entre ellos la antropóloga Beatriz Huertas Castillo, la mayor especialista peruana en PIACI, y Anders Krogh, de Rainforest Foundation, esta reserva indígena es uno de los espacios que alberga al mayor número de pueblos PIACI, en el mundo. Allí sobreviven aun los Isconahua, Korobo y otros todavía no identificados. La mayoría de estos pueblos son de la familia etnolingüística Pano y habitan en estos territorios desde el año 300 antes de Cristo. Para los extractores de madera, las empresas hidrocarburíferas y de monocultivos, los traficantes de tierras e incluso para los narcotraficantes, estos territorios son un botín, una tierra prometida, un “bocatto di cardinale”. Para estos insaciables extractivistas la naturaleza es inagotable e infinita, un bien de renta, un insumo, solo un bien material al que hay que saquear, arrasar, extraer sus riquezas hasta al agotamiento. Por lo tanto, los PIACI son insoportables guardianes de estos espacios y cuya existencia hay que negar y arrojarlos de estos paraísos porque son un obstáculo para el “desarrollo”.

El discurso y los planteamientos de la CDL son los mismos de los caucheros del siglo XIX y principios del siglo XX y de los empresarios que en los siglos XX y XXI, desde el Convenio Aduanero con Colombia de 1938 y las múltiples leyes sobre liberación tributaria, dictadas en las últimas décadas, incluyendo naturalmente la 15600 del primer gobierno de Belaunde, traducen una visión de desarrollo y un imaginario patrimonialista, rentista, extractivista y cortoplacista. Para estos barones del caucho y sus descendientes ideológicos y políticos de hoy, el genocidio de 40 mil indígenas que murieron en el ciclo cauchero, solo en la cuenca del Putumayo y sus afluentes, de acuerdo al historiador de la República, Jorge Basadre, solo fue el resultado de un proceso “civilizatorio” de los indígenas, tal como me respondió Miguel Loayza, el lugarteniente del “Rey de Caucho”, Julio C. Arana del Águila, cuando le entrevisté en Iquitos en 1960.

Para la CDL, más allá de su desprecio y racismo por los pueblos indígenas, lo único que les interesa en el fondo es entrar a saco partido en las Reservas Indígenas de los PIACI para seguir y continuar con el modelo económico que ha condenado al pueblo amazónico a la pobreza y ha puesto al borde de la destrucción la biodiversidad en la Amazonía Peruana: el extractivismo mercantil, la tala masiva del bosque, el modelo primario-exportador, la minería aurífera ilegal, la ganadería extensiva, el narcotráfico, los latifundios de monocultivos y la construcción de carreteras en la Baja Amazonía para barrer con la naturaleza.

Puedo imaginar que, para los miembros de la CDL, el gobierno de Jair Bolsonaro y su sistema de economía amazónica es el modelo ideal. Bolsonaro, declaró apenas asumió el gobierno de Brasil, “ni un centímetro más de tierra para los indígenas”. Acto seguido, desmanteló todas las organizaciones de protección indígena y entregó el Ministerio de Agricultura a los ruralistas y políticos que están destruyendo la Amazonía brasileña. La antropóloga brasileña Luisa Molina, que estudia el pueblo Mundurukú, en el río Tapajós, en el Estado de Pará, señala que el área ocupada por la minería aurífera en territorios indígenas ha crecido en 49.5% entre 2010-2020. “Brasil vive una verdadera guerra territorial” contra los pueblos indígenas porque el “proyecto político de la extrema derecha y el problema territorial tienen una relación profunda”, dice la experta. Por su lado, Eliane Brum, también brasileña, escritora, periodista y documentalista, afirma que el desmantelamiento de toda la legislación ambiental montada a lo largo de décadas, el apoyo a la minería ilegal, a madereros, a traficantes de tierras, el asesinato de los defensores del bosque y toda la política de Jair Bolsonaro sobre la Amazonía “están llevando a la mayor selva tropical del mundo a un punto sin retorno”.

El resultado de toda esta oleada destructiva promovida por el gobierno del ex capitán del ejército brasileño es catastrófico: la deforestación ha crecido en la Amazonía del Brasil más del 75% con respecto a la década anterior. Solo en abril de este año 2022, Brasil batió el récord de deforestación mundial: 1,000 kilómetros cuadrados de bosques talados.

Repensar el presente y el futuro de la Amazonía

La pandemia del coronavirus, el cambio climático y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania (aunque en realidad la guerra es entre Rusia y EE.UU., por delegación a la Unión Europea y la OTAN) ha cambiado estructuralmente todo. Un cambio tectónico está ocurriendo en el mundo. Un estudio de Chris Boulton y Tom Lenton, de la Universidad de Exeter, Inglaterra, concluye, coincidiendo con otros estudios, que la selva amazónica está en un punto de inflexión crítica. Es decir, sino repensamos el presente y el futuro de la Amazonía esta se convertirá en una sábana en una década, perdiéndose la regulación del clima y del agua, la extinción de la biodiversidad y el suministro de alimentos. Se modificará el contexto cultural y la resiliencia. De cara a este escenario apocalíptico, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) António Guterres, convoca a “construir un futuro compartido con todas las formas de vida” que fue el slogan de la ONU en el Día Internacional de la Biodiversidad. Porque la biodiversidad proporciona el 20% de las proteínas animales a unos 3 mil millones de personas. Las plantas contribuyen con más del 80% de la dieta humana y el 80% de la población humana en los países pobres -caso del Perú y la Amazonía- viven de las plantas medicinales. El continuismo y repetición del modelo extractivo depredador que la CDL está reclamando para la Amazonía Peruana, con la eliminación de los PIACI y sus reservas, ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%. Aproximadamente un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Además, como sostiene Silvio Porto, uno de los mayores expertos brasileños en economía amazónica:

“El manejo de los agroecosistemas a partir de los modos de vida de las poblaciones tradicionales e indígenas es la esencia de lo que estamos hablando: una forma de producción agrícola sustentable que garantice la reproducción y conservación de la biodiversidad para las futuras poblaciones”.

Por lo tanto, el racismo antiindígena y el modelo extractivo-mercantil y primario exportador que la CDL está pidiendo a grito pelado para la Amazonía Peruana como si fuera la piedra filosofal del Tercer Milenio, es un modelo social y económicamente insostenible y ambientalmente inviable. Están obligados a repensar el presente y el futuro de la Amazonía.

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