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AMERICA LATINA.ECUADOR OTRO PAÍS DEVORADO POR LA CRISIS Y LA INFLACIÓN. EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. PARO NACIONAL EN ECUADOR: PRESIDENTE GUILLERMO LASSO DENUNCIÓ ACTOS ‘VANDÁLICOS’ EN PROTESTAS Y CRIMINALIZA EL MOVIMIENTO SOCIAL. En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) informó que el PARO NACIONAL continuará con los reclamos planteados inicialmente. El precio de los combustibles e "insurgió" una novedad" para la vida de los Campesinos e Indígenas, las DEUDAS a los Bancos, parte de las "buenas relaciones" que el banquero y los bancos les concedieron, en tiempos de la Votación del Balotaje. LA DETENCIÓN del líder indígena ecuatoriano, LEONIDAS IZA, por presuntos actos de vandalismo no impidió que miles de ciudadanos volvieran a cortar el martes 14 de junio, por segundo día consecutivo, varias carreteras en protesta contra el Gobierno de Ecuador. Paro, Protestas y Movilizaciones de la CONAIE Indígenas Ecuatorianos – lograrán comprender ahora lo que significa, votar por el enemigo de clase, el banquero Guillermo Lasso, es votar por una TRAICIÓN contra sus propios intereses, Reivindicaciones y Derechos.
LAS MOVILIZACIONES sociales convocadas por tiempo indefinido se producían en al menos 11 de las 24 provincias ecuatorianas, incluidos los accesos a Quito, de acuerdo a un reporte del estatal Servicio Integrado de Seguridad ECU911. El presidente conservador Guillermo Lasso denunció que el último lunes se produjeron “actos vandálicos” como invasiones de productoras agrícolas y el ataque a una instalación de bombeo de petróleo en la selva amazónica. Este último hecho fue rechazado por varios ministros del área de seguridad la noche del lunes. LOS POBLADORES indígenas, que reclaman rebajas en los precios de COMBUSTIBLES y la renegociación de las DEUDAS de los campesinos con la banca, mantienen el corte de rutas con neumáticos en llamas, troncos y barricadas de tierra y piedras. Los reclamos no se calmaron a pesar de que Iza, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), fue arrestado en la madrugada del martes en el sector de Pastocalle, en la provincia andina de Cotopaxi, de donde es originario. EL LÍDER kichwa-panzaleo fue llevado a una unidad de la Fiscalía en Quito, de acuerdo con la ONG de derechos humanos Inredh. La sede de esta entidad está acordonada por policías y militares, según constató la AFP. En los alrededores protestantes ondeaban banderas del movimiento indígena. Inredh consideró que la detención de Iza, un ingeniero ambiental de 39 años, “provocará mayor indignación y una ola de vio
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Fuentes: Rebelión - Imagen: Cierre de vía en la región amazónica al inicio del paro nacional convocado por la CONAIE. Foto: Confenaie.
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ECUADOR. EN
MEDIO DE LAS PROTESTAS POPULARES, LASSO AVANZA EN LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS
LUCHADORES.
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Por Edgar Isch L. | 16/06/2022 | Ecuador
Fuente Rebelión jueves 16 de junio del 2022.
Una
acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha
sido el ataque violento a la expresión popular y al
derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución.
Esto lo han
realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.
En
los hechos, mirando poco tiempo atrás,
se puede recordar la injustificada y
violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes
de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de
Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley
que reconocía el derecho a la homologación salarial.
Asimismo, el
arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes
a los que acusan de terrorismo;
amenazas, en distintos momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros;
entre otras.
En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las Fuerzas Armadas atenten contra los derechos humanos de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).
La
acción de la CONAIE y los movimientos populares
La
Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) planteó una agenda
de diez puntos que no han sido
atendidos por el gobierno, a
pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas,
la oposición a las privatizaciones y
al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos
y nacionalidades. Con ello se convocó
a las acciones indefinidas, a
realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.
El planteo
logró rápido y creciente respaldo de los indígenas
evangélicos (Feine), las organizaciones campesinas indígenas y negras (Fenocin), el Frente Popular, la Unión Nacional de
Estudiantes (UNE), el Seguro Social Campesino (Feunasc), luchadores contra el extractivismo minero,
pequeños productores agrícolas de la
Costa, el Frente Unitario de
Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y
universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda,
entre otras.
Muchas de
ellas añaden demandas propias que vienen de tiempo atrás y que, igualmente
han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al
pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leónidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.
La
prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión
En diciembre
de 2021, el presidente Guillermo Lasso tildó al presidente de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba
acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”.
También, en entrevista en el Palacio
presidencial señalaría que “Él odia
la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.
En síntesis,
esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la
mañana del día 14 junto a
otros comuneros, al movilizarse en
un vehículo por una de las carreteras
más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de
descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por
otro, hablando de a comisión de delitos de todo tipo.
Así, la
persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores los lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos
Humanos:
“La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro
horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha
presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho
a legítima defensa y tutela judicial”.
“El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio
legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente
informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten.
Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y
degradante”, añade.
Según se
observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes pararon el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención,
extrajeron al dirigente indígena.
Se
lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y
la placa no aparece registrada en servicios
consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia
Metropolitana de Tránsito, indicó la Alianza.
La propia
Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había
recibido el parte policial
correspondiente, el que llegaría más
de una hora más tarde. Estas
condiciones sólo demuestran que se trata
de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.
La figura
gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el ministro del
Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como comandante de la Policía durante el levantamiento
indígena y popular de octubre de 2019. En
marzo del año pasado la Defensoría del
Pueblo denunció al gobierno y
funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos
humanos durante esos días, seis
fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la
represión.
Con estos
antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha sobre la presencia
de unos supuestos grupos subversivos,
mientras el Ministro de Defensa le
acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el
narcotráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y
otros funcionarios del Estado pretenden
que hay acciones de violencia concertada para derrocar
al gobierno.
Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y fue el propio Iza que indicó a los medios que, si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.
Lucha
creciente y más descredito gubernamental
Los días
venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias
parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de
la población, la misma que tiene al banquero Lasso en
unos de los niveles más bajos de
aceptación que se recuerde.
El gobierno,
por su parte, reafirma su carácter represivo y
cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y
la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un
policía fue agredido y se usa altos
niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de
la detención de manifestantes, según denuncia
INREDH, fueron también agredidas la noche del
día 14.
En estas
condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas
del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de
detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte
en una necesidad del momento, mientras
los indígenas y demás sectores populares luchan por sus
derechos.
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