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Como dice Rafael Bautista Segales: “Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho sólo para los ricos. Por ello la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula misma de lo político.
Si las desigualdades se hacen extremas es imposible, no sólo mantener la soberanía estatal, sino sostener toda comunidad política. Si el demos es desplazado, el kratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformación de la política y la democracia desde dentro. Entonces se puede comprender mejor los procesos de implosión democrática que estamos viviendo y que permiten la mejor escenografía de la nueva guerra de los commodities.” Uruguay se pretende isla en el continente, una excepción, pero sufre los mismos problemas que todos los países de la región. Si no se abordan los problemas de manera integral, sin miradas cortoplacistas y de carácter sustentable, el país seguirá siendo isla y algún día la ola del calentamiento global lo va a tapar.
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ESCASEA EL AGUA POTABLE EN
URUGUAY.
¿Tierra pa'l que la seca?
*****
Por
| 18/02/2023
| América
Latina y Caribe
Fuentes:
CLAE.
Rebelión domingo 19 de febrero del 2023.
Sequía sin precedentes. A
Montevideo, la
capital uruguaya, le restan menos de 60 días con agua potable, según las
autoridades.
Otras localidades corren con menos
suerte y se llega a la cifra de menos de 10 días para
que se agote. La sequía en Uruguay comenzó en octubre del 2022, pero el
país acumula ya tres años de déficit hídrico, esto es, lluvias por debajo de lo
habitual.
Cara o seca
El Congreso Nacional de Meteorología
será convocado para abordar la crisis de sequía extrema y prolongada que está afectando al país, con faltantes de agua en prácticamente todos los sectores económicos y
sociales.
El director de Meteorología y Clima del Instituto Uruguay de Meteorología (Inumet, Néstor Santayana, anunció la presentación de un informe comparativo con otras grandes sequías en el pasado, como la de 1988 y 1989, que afectaron fuertemente al país por esos años, dejando estragos ambientales y ecológicos.
El directorio de Obras Sanitarias del
Estado de Uruguay (OSE) también tomó medidas ante la sequía,
prohibiendo el uso no esencial de agua en la zona metropolitana y otras áreas.
Aunque no se castigará económicamente
a quienes no cumplan, se está apelando a la buena voluntad de la población.
OSE contará con personal para fiscalizar
y una línea telefónica para recibir denuncias de incumplimiento. La
medida fue tomada después de detectar un consumo cercano al límite en
Montevideo, con una tasa de
700.000 metros cúbicos por día.
Las fuentes naturales de toma de agua
para potabilizar por parte de OSE se han visto afectadas y según Santayana
“hay muchos ríos cortados”, lo cual ha llevado a la compañía “a tener que bombear agua de lagunas y
recurrir a embalses de reserva en los casos en que estos existen”.
Durante la administración anterior, OSE
proyectó obras para aumentar
y mejorar las reservas de agua en el país, pero al asumir el nuevo directorio –impuesto por la
coalición derechista de gobierno- en 2020, éstas se postergaron como forma de contener
el gasto. Una de ellas era la
construcción de una represa sobre el arroyo Casupá en el departamento de
Florida, aprobada por la compañía estatal en 2019.
Se trata de una obra de infraestructura
de más de 80 millones de dólares,
que aumentaría la reserva de agua bruta
(sin potabilizar) para complementar al actual
sistema de abastecimiento del área
metropolitana, aportando 118 millones de
metros cúbicos de la cuenca del Río Santa Lucía que garantizarían el agua a la planta de
Aguas Corrientes.
“Esta es una obra
absolutamente imprescindible que está pronta para licitar desde el año 2020”
afirma Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OSE por el
centroizquierdista Frente Amplio.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi,
denunció ante el subsecretario de Ambiente,
Gerardo Amarilla, que empresas areneras hicieron un terraplén para desviar artificialmente el río Santa Lucía,
principal fuente de abastecimiento de agua.
Orsi dijo en una rueda de prensa que es
una “agresión” al río y,
por tanto, deja de ser un tema
departamental, para pasar a ser nacional.
“Nunca habíamos visto en
plena sequía como la que tenemos, con las dificultades que hay, incluso con
proyectos en curso como el Neptuno para el agua potable, que esto esté pasando
en el Santa Lucía. Es inadmisible, escandaloso”, expresó.
El oficialismo aprovecha esta situación
para promover un proyecto privatizador acorde a los lineamientos de su
ideología. Neptuno es un proyecto de
obra que se encuentra en etapa de estudio para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua que
complemente a la ubicada en Aguas
Corrientes, Canelones, que se abastece de agua dulce proveniente del Río Santa Lucía.
La oposición rechazó el proyecto fundamentalmente por
su diseño de ejecución privada, que, significaría grandes sobrecostos al
Estado.
Mientras, la Federación de Funcionarios
de OSE (FFOSE) señala la falta de personal, a raíz de la eliminación de los cargos vacantes, lo
que provoca retrasos en los arreglos de
roturas de caños en las calles.
“En la OSE falta gente para la actual situación, de sequía,
pero también de alto consumo”, dijo Federico Kreimerman del sindicato de OSE. Además, Kreimerman se
preguntó si al final y al cabo la OSE “se va a denunciar a sí misma, porque mucha agua
se está perdiendo porque no tiene personal para solucionar roturas. Hay lugares
con pérdidas de agua en la calle de más de una semana”, apuntó. “Se está
perdiendo agua en plena sequía”, remarcó.
Perspectiva ante la
urgencia
Una
de las líneas para comprender por qué se llegó a este punto, además del cambio
climático a nivel global, es la plantación de soja, el principal cultivo agrícola de Uruguay. Se siembra un área que equivale a casi el 6% del
territorio usado por la producción
agropecuaria en el país. Su producción
se orienta básicamente a las exportaciones. En el año 2020, fue el tercer
producto más exportado.
Hasta comienzos de este siglo, la soja era un cultivo de escasa importancia en la
agricultura nacional. El área sembrada no superaba las 10 mil hectáreas. China
es el mayor comprador de soja en el mundo. El crecimiento
de su demanda impulsó, en las últimas dos décadas, el aumento de los precios
internacionales de la soja.
En ese marco, comenzó en Uruguay una expansión del cultivo de soja. A partir de la zafra 2003/04, esta planta oleaginosa pasó a ser el cultivo con mayor área sembrada. En la zafra 2019/2020, se plantaron en Uruguay 916.800 hectáreas de soja, superficie equivalente al 57% del área agrícola total.
Una investigación arrojó que el cambio
de uso del suelo de pastizales del sur del país a cultivos
como la soja multiplica por siete la emisión de
carbono que se hace a la atmósfera.
Un mapa del año 2020, titulado por el
colectivo Iconoclasistas “La República tóxica de la
soja”, plantea que la producción intensiva de este monocultivo
transgénico está presente en Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
“Estos países conforman un territorio fumigado donde predomina un modelo dañino
con fuerte impacto socioambiental, y que implica la pérdida de biodiversidad,
la destrucción de las economías regionales con la consecuente vulneración de la
soberanía alimentaria, la contaminación ambiental, la amenaza a la salud de
poblaciones enteras, y la expulsión y represión a campesinos y pobladores
ancestrales”, señala.
Otra de las líneas por donde abordar la
situación de los suelos uruguayos es el aumento de la
forestación, una política
de Estado que se sostiene desde fines de la década de los 80. La forestación
es una de las actividades productivas que más ha crecido en los últimos
treinta años. Las plantaciones de árboles de especies madereras,
especialmente eucaliptos y pinos, totalizaron
poco más de un
millón de hectáreas en ese período.
El desarrollo de la forestación en Uruguay tiene su origen en
la aprobación y posterior aplicación de la denominada Ley Forestal. Es la Ley 15.939, de diciembre de 1987, que declaró de interés nacional al conjunto
de las actividades forestales.
Estas plantaciones se deben a la
instalación de tres plantas de celulosa,
conocidas popularmente como “pasteras”. La
actividad se abrió paso por todo Uruguay
impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle es un ejemplo) como trasnacionales (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la propia UPM),
que aprovechan el suelo autóctono, donde
estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo
hacen entre 50 y 60 años.
En el año 2018,
la superficie total de bosques en Uruguay era de 1 millón
850 mil hectáreas. De ese total, las
plantaciones realizadas al amparo de la Ley Forestal totalizaban 1 millón 15
mil hectáreas. Existían, además, 835
mil hectáreas de bosque nativo en el país.
En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la
economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de la trasnacional finlandesa
UPM —obra proyectada en 4.000
millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento.
Sin embargo, el cultivo
de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos
nutrientes, toman grandes volúmenes
de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan
reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso.
El año pasado UPM utilizó 125.000 metros cúbicos de agua a diario. Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio.
Forraje
Durante la actual administración de Luis Lacalle se creó el Ministerio de Ambiente bajo la
égida del Ministro Adrian Peña, del Partido Colorado, más
conocido como el ministro que acaba
de renunciar por haber mentido en la
obtención de un título terciario. Incluso se dio el lujo de estudiar algunas materias mientras era ministro. Aquí se ve la importancia y el tiempo que
Peña le brindaba a su cartera.
El tema ambiental no es algo nuevo en
Uruguay y no se pueden achacar temas estructurales a una sola administración.
Pero si un Ministerio
de Ambiente recién creado es recordado por la renuncia de su
ministro, más bien es decorativo y solo una chapa.
Región
Actualmente en América Latina y el
Caribe 161 millones de personas (1 de cada 4) no
tienen acceso adecuado a agua potable, y 431 millones (7 de cada 10) a
saneamiento gestionado de manera segura, según la CEPAL.
Como dice Rafael Bautista Segales:
“Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la
lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes,
las reivindicaciones populares, etc., etc., son
comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde
criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho
sólo para los ricos.
Por ello la racionalidad neoliberal
pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula
misma de lo político.
Si las
desigualdades se hacen extremas es imposible, no sólo mantener la
soberanía estatal, sino sostener
toda comunidad política. Si el demos es
desplazado, el kratos es el puro capital y
lo que se genera es una sutil pero
radical transformación de la política
y la democracia desde dentro. Entonces se puede comprender mejor los procesos de implosión democrática que estamos viviendo y que permiten la mejor
escenografía de la nueva guerra de los
commodities.”
Uruguay se pretende isla en el continente, una
excepción, pero sufre los mismos problemas que todos los países de la región. Si no se abordan los problemas de manera
integral, sin miradas cortoplacistas
y de carácter sustentable, el país seguirá siendo isla
y algún día la ola del calentamiento global lo va a tapar.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología,
Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de
Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública
(RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, estrategia.la)
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