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El viernes, en la víspera al operativo policial, la Oficina General de Imagen Institucional de San Marcos informó de que un grupo de manifestantes había atacado a los agentes de seguridad de la universidad y que además les robaron chalecos, aparatos electrónicos y demás objetos de vigilancia. Doce horas después, alrededor de 400 policías ingresaron en el campus a raíz de una denuncia penal del apoderado judicial de la UNMSM, Abelardo Rojas Palomino. El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, dijo después que no estaba enterado de nada y que lo supo por la televisión, como si se tratara de un ciudadano más. “No hubo la decisión política (de ingresar a San Marcos) porque esa ha sido una decisión netamente de la policía. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, señaló.
La rectora, Jeri Ramón, ha optado por el silencio, aunque docentes y alumnos la responsabilizan por sucedido. El Acuerdo Institucional Sanmarquino (AIS) emitió un comunicado: “Su reacción inmediata fue buscar la expulsión de esos compatriotas, denigrándolos y sumándose, otra vez, al temperamento reaccionario de otras instancias de poder (...) Ahora es directamente responsable de la brutal agresión contra nuestro campus universitario y los compatriotas allí presentes pacíficamente (sic)”.
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Siete personas que fueron detenidas dentro de la universidad el sábado
21 de enero. Foto: CORTESÍA | Vídeo: EPV
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PERÚ.
CRISIS POLÍTICA. LOS DETENIDOS EN LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS DE LIMA:
“Pensé:
‘Es mi fin, nos van a matar”.
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El sábado 21 de enero un contingente policial irrumpió en la universidad por la fuerza y detuvo a casi 200 personas. Siete de ellas cuentan a EL PAÍS cómo lo vivieron.
Por Renzo Gómez Vega.
Lima. El País
martes 31 de enero del 2023.
Chola,
llama y terruca.
Esas fueron las tres palabras que
más le dolieron a Yolanda Enríquez
(58 años) —huancavelicana, agricultora, madre y abuela— el sábado 21 de enero cuando un contingente policial irrumpió en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con
tanquetas, helicópteros e insultos. En esos días, el campus universitario servía de refugio para ciudadanos de las regiones que, como ella, habían llegado a Lima para sumarse a la protesta en contra del
Gobierno. Eran las nueve de la
mañana y ella estaba a punto de bañarse
cuando escuchó sonidos que le
hicieron pensar en la guerra: ráfagas de bombas
lacrimógenas, las hélices de un helicóptero sobrevolando bajito y el
acero de la tanqueta chocando contra la reja de la puerta 3. “Yo pensé: ahora es
mi fin, nos van a matar”, dice la señora Yolanda varios días después de
lo ocurrido, en la sala de una abogada
que la defiende.
NOTA. La LLAMA. Auquénido propio del mundo rural sur andino. Las elites de la costa o la “gran ciudad” siempre lo utilizan como un insulto despectivo, degradante, racista. Contra nosotros los Serranos, habitantes propios del Sierra del Perú, además de ser quechua hablantes, que se suma a la posición humillante de quienes se “creen dueño del poder”, elite por lo general empoderada en el mundo de la corrupción y desprecio eterno, histórico sobre la población andina, y más si tienen sus Llamas, además de ocuparse del Pastoreo y que estos auquénidos nos sirvan de “medios de transporte”, comercial pequeño, entre pueblos y comunidades, propio de todo el sur andino peruano. También por la lana de Alpaca y los colores "vivos" de nuestro vestido, también viene la acción de desprecio, burla y racismo extremo, y aún peor, del apesto y humillación absoluta, si usa Osotas" o "zandallas andinas", hechas por grandes maestros artesanos. Pablo Raúl.
No
está sola. La sala más bien está repleta. La acompañan
su esposo, su hija, un joven puneño y
tres arequipeños. Los siete pasaron
por lo mismo. Fueron puestos de rodillas, enmarrocados y luego permanecieron boca abajo durante más de
una hora en medio de intimidaciones que recuerdan así:
“¿Qué
mierda hacen aquí, terrucos? ¿A qué han venido? Váyanse a sus pueblos. Estos
cholos han venido a molestar a Lima nomás. Nadie los necesita. ¿Quién los
financia? Ahora se van a joder para toda su vida”.
Después de
cambiarse como pudo, Yolanda
atinó a colocarse un casco. Temía que le disparasen. Y fue ese casco,
precisamente, el que un suboficial le quitó de maneras no muy amables. La escena grabada se viralizó en las redes.
“Cállate, he dicho que te calles. No me lo voy a quedar”, le
dijo la policía apuntándole con el dedo
mientras ella la observaba desde el
suelo. En algún momento de la
detención, superada por el agobio, Yolanda se orinó de los nervios.
A su lado, Nancy Crispín Enríquez, de 35 años, su hija, no puede con la indignación y toma la palabra:
“Esa
mujer maltratadora botó el casco de mi mamá y nos humilló. Yo quise defenderla, pero pensé en mis cuatro hijos, y
me contuve. No es justo que nos hayan tratado así, como si fuésemos delincuentes”, reclama. Su padre, Esteban Crispín, se mantiene en silencio, con la
mirada extraviada. Nancy dice que todavía está
en shock. El señor, de 62 años, que se dedica a cultivar maíz, papa
y cebada, no habla durante toda la conversación.
Sin la
presencia de la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional detuvo a 193
personas, entre estudiantes y manifestantes. El motivo,
según consta en el acta policial, fue usurpación agravada. Cuatro de ellos fueron intervenidos por el presunto delito de terrorismo. Los condujeron a distintas dependencias
policiales, pero principalmente a la Dirección
de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), ambas ubicadas en el Centro de Lima. Durmieron en los calabozos y fueron liberados el domingo por la tarde. No les encontraron entre sus pertenencias ningún arma de fuego ni arma blanca. A muchos les devolvieron su Documento Nacional de Identidad (DNI) al día
siguiente. Lo que no han recuperado son
sus pertenencias como ropa, artículos
de aseo e incluso dinero, según
denuncian.
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Esteban
Crispín (62 años), Yolanda Enríquez (58 años) y la hija de ambos, Nancy Crispín
Enríquez (35 años). CORTESÍA.
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El viernes,
en la víspera al operativo policial, la Oficina General de Imagen Institucional
de San Marcos informó de que un grupo de manifestantes había atacado a los agentes de seguridad de
la universidad y que además les robaron chalecos,
aparatos electrónicos y demás objetos
de vigilancia. Doce horas después,
alrededor de 400 policías ingresaron
en el campus a raíz de una denuncia penal del apoderado judicial de la UNMSM, Abelardo
Rojas Palomino. El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández,
dijo después que no estaba enterado de
nada y que lo supo por la televisión,
como si se tratara de un ciudadano más.
“No
hubo la decisión política (de ingresar a San Marcos) porque esa ha sido una
decisión netamente de la policía. Yo me he enterado cuando he estado viendo la
intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”,
señaló.
La
rectora, Jeri Ramón, ha optado por el silencio, aunque docentes y alumnos la responsabilizan
por sucedido. El Acuerdo Institucional
Sanmarquino (AIS) emitió un comunicado:
“Su reacción inmediata fue buscar la expulsión de esos compatriotas, denigrándolos y sumándose, otra vez, al temperamento reaccionario de otras instancias de poder (...) Ahora es directamente responsable de la brutal agresión contra nuestro campus universitario y los compatriotas allí presentes pacíficamente (sic)”.
Néstor
Quispe Huanca, de 40 años, un arequipeño que se dedica a la construcción civil, niega
rotundamente que alguno de ellos haya
agredido y hurtado al personal de seguridad de la universidad.
“Eso
nunca pasó. Queremos desmentirlo. Nosotros no somos terroristas”, sostiene.
Para la abogada Ileana Rojas, quien los
apoya con la asesoría legal junto a una decena de colegas, podría tratarse de
una “excusa inventada”. “Cuando los agentes
revisaron entre sus pertenencias deberían haber encontrado las supuestas cosas
que robaron, y no. No les encontraron nada”, remarca.
Algo que le
llamó la atención al arequipeño Gabriel Dávila, de 31 años, es que cuando los trasladaron en buses hacia las dependencias,
uno de los policías
puso El ritmo del chino, una
canción de tecnocumbia con la que
Alberto Fujimori se postuló a su tercera
reelección en los años 2000. “Esto es un tema político claramente”, afirma.
El 21 de mayo de 1991, el expresidente,
condenado a 25 años de prisión por delitos contra
los derechos humanos, ordenó el ingreso
de las Fuerzas Armadas a San Marcos y a La Cantuta.
Su propósito entonces era capturar a los elementos subversivos que habían “ideologizado” ambas universidades.
El puneño Nelson Calderón López, de 30 años, cuenta que la noche del sábado masticó hojas de coca en su celda.
“Lo
hice para soportar el olor a desagüe y para que
no se me inflamara el estómago. Fue terrible. Era la celda para los
terroristas, y yo no lo soy”, dice. “Esto solo nos hace más fuertes. Seguiremos
exigiendo la renuncia de [la presidenta] Dina Boluarte.
Y no porque estemos a favor del [expresidente, Pedro] Castillo, si no ya
estaríamos todos pidiendo su liberación a las afueras del penal de Barbadillo.
Queremos cambios y Dina no nos representa”.
La mayoría de
los detenidos se encuentran dispersos en diversos rincones de Lima, gracias a
las donaciones de algunas entidades que,
además, les han
conseguido un poco de ropa, pues solo contaban con lo que tenían puesto cuando fueron liberados.
“El trato de los policías hacia ellos ha sido de estigmatización,
clasismo, burla, prepotencia y racismo. Tenemos previsto realizar denuncias
contra la policía caso por caso. Esto no quedará impune”, asegura la abogada Ileana Rojas. Después de la charla, el sol del
mediodía empieza a arder. Los siete se van a sus casas. Esa tarde habrá que salir a
marchar otra vez.
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