PERÚ: DURA DENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Acusó al gobierno de Boluarte de "graves violaciones de DD.HH."

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MISIÓN DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS DE ARGENTINA VISITÓ PERÚ. DENUNCIÓ "CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" PRESENTARON UN INFORME PRELIMINAR LUEGO DE RECORRER EL PAÍS: “hay un incumplimiento sistemático de las pautas del Estado de Derecho, de los Estándares más Elementales de Derechos Humanos”, dijo Juan Grabois- La derecha que gobierna Perú se sigue aislando internacionalmente. El fascismo tiene rostros y carátulas muy oscuras. Son unos angelitos, no han reprimida a nadie. Son los “Nuevos Dueños del Perú”

ESTE MARTES, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona no grata al presidente colombiano GUSTAVO PETRO, quien al referirse al despliegue hace días de diez mil policías para reprimir las protestas en Lima, señaló que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo”. Las tropas policiales se desplegaron por el centro de la ciudad en una puesta en escena que recordó las marchas fascistas. (Alerta Señores Argentinos, seguro los declaran “personas NO gratas” y “prohibición de ingreso al país”. Son los Dueños del Perú)  

COMO “crímenes de lesa humanidad” definió la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, las acciones represivas del gobierno peruano contra las protestas sociales. En un informe preliminar hecho público este lunes --el final será entregado en 15 o 20 días-- esta misión, integrada por organizaciones y dos diputados nacionales, denuncia asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas contra la población. Por su carácter “sistemático y generalizado”, estos delitos son definidos como de "lesa humanidad". El informe concluye que, por esos crímenes, “el Estado peruano debe ser investigado”.

EN POCO más de dos meses de protestas hay 60 muertos, de los cuales 48 --entre ellos siete adolescentes-- fueron asesinados por la policía y el ejército, sin que haya nadie denunciado por esos crímenes. Y hay más de mil heridos. En este informe se denuncia que en muchos hospitales no se quiere atender a los heridos y algunos debieron dejar los centros de salud para no ser detenidos. A manifestantes y dirigentes se les estigmatiza desde el poder político y los medios como violentos y terroristas. Y se les persigue con procesos judiciales por terrorismo.

LOS MIEMBROS de la misión argentina de derechos humanos estuvieron en Lima, Juliaca --ciudad altiplánica epicentro de la mayor violencia con 20 muertos y 200 heridos--, Ayacucho -- donde en un día el ejército asesinó a 10 manifestantes--, Cusco --otro escenario andino de dura represión donde un dirigente campesino fue asesinado-- e Ica al sur de Lima que fue militarizada. Se entrevistaron con familiares de las víctimas, heridos y dirigentes sociales. Escucharon testimonios dramáticos marcados por el dolor y el miedo a denunciar por las amenazas. Pidieron entrevistarse con la presidenta Dina Boluarte, con su ministro de Justicia, José Tello, y con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero no los recibieron. Intentaron hablar con Pedro Castillo, pero no les dieron permiso. Fuente Página/12 /15/02/2023. Pablo Raúl miércoles 15 de febrero del 2023.

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PERÚ: DURA DENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI).

Acusó al gobierno de Boluarte de "graves violaciones de DD.HH."

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Llamó a detener el uso de armas letales, pero reveló que en reuniones con la presidenta y ministros no recibió garantías.

 

Por Carlos Noriega.

 

Página /12 desde Lima. Viernes 17 de febrero del 2023.

 

La violenta represión del gobierno de Dina Boluarte contra las masivas protestas que piden su renuncia sigue sumando las condenas. Este jueves, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe en el que denuncia que en el Perú se vienen produciendo “graves violaciones a los derechos humanos”, con “ataques generalizados contra la población” y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales. Califica estos hechos como “crímenes contra el derecho internacional”. Señala que el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas andinas. El organismo de derechos humanos llama al gobierno peruano a detener el uso de armas letales en la represión. Pero reveló que en reuniones con la presidenta y ministros no recibió garantías de que eso vaya a ocurrir.

Erika Guevara, directora para América Latina de AI, señaló que, en la reunión con la presidenta, ésta negó haber ordenado el uso de armas letales contra las protestas sociales. Pero la realidad no deja dudas del uso reiterado de estas armas -hay casi medio centenar de víctimas por disparos de fusil-, y del respaldo del gobierno a las fuerzas de seguridad con las declaraciones de sus más altos representantes -incluyendo a la presidenta- justificando y defendiendo las acciones policiales y militares. Amnistía indica que la responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante la represión alcanza a quienes han disparado contra la población y a las autoridades “al más alto nivel” que han dado las órdenes, o que “por omisión” han permitido estos crímenes. En la parte más alta de esa cadena de responsabilidades penales está Boluarte.

La represión ha dejado hasta ahora 48 manifestantes asesinados por la policía y el ejército -el total de muertos desde que comenzaron las protestas en diciembre son 60- y 1.200 heridos. Amnistía asegura que muchos heridos no denuncian y no van a los hospitales por temor a ser detenidos y sometidos a procesos penales. Las autoridades acusan a los manifestantes de “terroristas”. Familiares de las víctimas son acosados y amenazados para que no denuncien. 

Esta semana tres organismos de derechos humanos peruanos, el Instituto de Defensa Legal, APRODEH y Paz y Esperanza denunciaron penalmente a Boluarte, ministros y altos mandos policiales, por el caso de seis muertes y decenas de heridos en la andina Andahuaylas. También la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como crimen de lesa humanidad. Y una misión argentina de derechos humanos liderada por Juan Grabois también denunció la represión. 

“El ejército y la policía han usado de forma ilegítima armas letales (fusiles) y armas menos letales (escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas) indiscriminadamente, contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Han disparado de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas”, señala el informe de AI. Denuncia que hay casos de disparos contra pobladores pacíficos que “podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

Según Erika Guerrero,

“se utilizan los hechos de violencia para justificar la represión a la población que protesta pacíficamente. Que se intente tomar un aeropuerto, como ha ocurrido, no justifica de ninguna manera que se dispare contra pobladores desarmados. Los ataques generalizados a gran escala contra la población tienen la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta, que exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”.

Pobladores indígenas de las zonas andinas, las más pobres y marginadas, víctimas de un racismo histórico, son la gran mayoría de las víctimas. Amnistía informa que mientras las regiones con población mayoritariamente indígena representan el 13% de la población total del país, concentran el 80% de las muertes por la represión.

“Hemos escuchado un discurso de las autoridades que estigmatiza de manera muy fuerte a las personas que protestan, especialmente a las que vienen del sur andino”, declaró Marina Navarro, director de AI para el Perú. Esta organización recogió decenas de testimonios de pobladores andinos señalando que las autoridades los tratan “como animales y no como seres humanos”. De acuerdo a este informe, “el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”.

Hay una persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes. A la profesora Yaneth Navarro, que viajó desde la andina Andahuaylas a Lima para participar en las protestas en la capital, le han impuesto 30 meses de prisión preventiva acusada, sin sustento, de pertenecer a “una organización criminal para financiar las protestas”. Fue detenida durante una movilización pacífica, se le encontraron 1900 soles (500 dólares) y una lista para el uso de ese dinero en la compra de remedios y alimentos para manifestantes que han llegado a Lima desde el interior del país. Comunidades y pobladores de provincias han hecho colectas para financiar su viaje y estadía en Lima. Siete dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho han sido enviados 18 meses a prisión preventiva acusados de terrorismo por apoyar las protestas y exigir una Asamblea Constituyente. Pero no hay un solo policía, militar o funcionario del gobierno, acusado por las muertes en la represión. Solamente hay investigaciones de la Fiscalía que avanzan lentamente, y no ofrecen garantías.

Amnistía demanda que la comunidad internacional y los mecanismos de protección a los derechos humanos tomen las medidas “oportunas y urgentes” para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas. Al gobierno peruano se le ha pedido poner fin al uso de armas letales y usar “armas menos letales” como gases lacrimógenos “en forma adecuada y proporcional”, avanzar urgentemente las investigaciones para establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, terminar con la estigmatización contra los manifestantes y la discriminación racial, y dar apoyo a las familias de los fallecidos y heridos.

“Boluarte escuchó, no dio respuestas específicas. Solo dijo que el gobierno estaba dispuesto a dar apoyo a familias de las víctimas”, reveló Erika Guerrero.

En medio de las masivas protestas que demandan su renuncia y la condena internacional a la represión, Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori, que respalda su gobierno. También con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido fascista Renovación Popular, y con otros dirigentes políticos de derecha.  

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