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“Son oligarquías que usan la violencia del crimen organizado
para alterar la
institucionalidad electoral, llegando a eliminar candidatos para dignidades locales e incluso nacionales,
como fue el caso del magnicidio de
Fernando Villavicencio. El asesinato
de funcionarios
estatales incómodos, como alcaldes,
jueces, fiscales, asambleístas, es una práctica propia de un narco-estado. Y la
incidencia del narco-dólar en la
economía, la acción sesgada de la justicia
es otra de sus manifestaciones.
“Hay quienes hablan de un pacto colaborativo entre Noboa y los militares
que se consolida en la declaratoria de
guerra interna y la militarización
de la sociedad. Este es un acuerdo que desbarata la frágil institucionalidad de las FFAA.
y excluye a la mayoría de la sociedad, pues la convierte en aparato de represión social para garantizar los privilegios de
las oligarquías
que controlan la economía y las decisiones gubernamentales. En medio de la contienda
electoral, Noboa pretende
volver a abrir la puerta a bases
militares extranjeras. Diversos grupos de la derecha no se conformaron
nunca con el cierre de la Base de
Manta. En la actualidad, con una sociedad
agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para que Noboa dé ese
paso impulsando una reforma
constitucional, puesto que la Carta
Magna en su artículo 5
prohíbe bases militares extrajeras en territorio
ecuatoriano, que fue declarado territorio de paz.
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ECUADOR. UN NARCO-ESTADO EN
CIERNES VA A ELECCIONES EN FEBRERO.
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Por | 14/01/2025 | Ecuador
Fuentes Revista Rebelión
martes 14 de enero del 2025.
En un país tomado por el
capital criminal, muchos comienzan a hablar de un narco-Estado. Todo el tejido de relaciones de poder, articuladas al narcotráfico y a la economía criminal,
puede ser el indicio de que en el Ecuador
se va configurando la imposición hegemónica de una “nueva” oligarquía
ligada cada vez más a la exportación de cocaína,
al crimen organizado, que acelera la destrucción del Estado de derechos.
Ecuador se prepara nuevamente para unas elecciones presidenciales y legislativas, que se realizarán el próximo 9 de febrero. La campaña electoral comenzó el domingo 5 de enero con lo que los candidatos podrán comenzar su promoción en medios de comunicación y vallas. Serán 33 días de campaña electoral, durante los cuales los candidatos podrán promocionar sus propuestas y planes de trabajo, para buscar el voto de la mayor parte de los 13,73 millones de votantes empadronados para estos comicios.
La disputa política entre el ultraderechista
presidente Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad, continúa. Noboa
aún no anunció si pedirá licencia
para el proselitismo político y decretó el reemplazo de ella, que había dicho
estar lista para la sucesión. La jueza ecuatoriana Nubia Vera dispuso la última semana que Abad sea restituida en el cargo y pidió que se notifique a la presidencia, el comando conjunto de las Fuerzas
Armadas y demás entidades competentes.
Abad cuestionó que el presidente haya
pedido licencia para hacer campaña
proselitista, rompiendo el ordenamiento constitucional y democrático
vigente. Noboa señaló que era
riesgoso para la democracia el ascenso de Verónica
Abad a la presidencia como su reemplazo temporal, lo cual dispone la
Constitución vigente.
En un país cargado de
violencias múltiples, se leen las pretensiones de reelección del ultraderechsita Daniel Noboa,
mientras todo indica que en Ecuador
se consolida un narco-Estado. La economía, víctima del austericidio neoliberal, pasa
factura en lo social, productivo, energético e incluso en la seguridad ciudadana.
Ecuador nace con una economía
primario-exportadora de productos
agrícolas, articular mente cacao
y luego banano. Esta modalidad de acumulación, que articula al país al
mercado internacional, caracteriza la situación de dependencia a lo largo de toda la historia republicana, inclusive
con la exportación de petróleo.
Los intentos por impulsar un tímido neodesarrollismo
llegan a su fin, con la declinación de las reservas
petroleras. Un neoliberalismo
rampante se impone desde hace varios años, abriendo la puerta al retorno de
la oligarquía agroexportadora,
que comparte y disputa espacios con los capitales
provenientes del crimen
organizado, infiltrado prácticamente en todas las instituciones del Estado.
Cuando la violencia criminal ha estallado, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa, ha sido declarar un conflicto interno armado, con la consiguiente militarización de la sociedad y un creciente acercamiento a Estados Unidos, entregando una base militar a ese país.
Noboa busca consolidar un grupo de poder de élites
oligárquicas reducido, muy cercano al conglomerado empresarial de su propia familia
ampliada, para controlar no solo el
gobierno, sino los medios de
comunicación, tanto como los órganos
de control y fiscalización del
Estado, en medio de una disputa del poder entre las viejas
oligarquías agroexportadoras y algunos grupos burgueses modernizadores, en un país contaminado por las redes del narcotráfico y del crimen organizado de alcance
transnacional.
Durante el siglo XX hubo algún intento fallido
de salir de esta economía, como fue la industrialización
vía sustitución de importaciones, sobre todo en los años setenta. En 1972, cuando comenzó a explotarse el petróleo amazónico
-con importante intervención del Estado-,
a nivel político se abrió un patrón
de dominación diferente al tradicional de los grupos oligárquicos
ligados a la economía importadora y
agroexportadora.
Es entonces que surge una clase
de poder económico y político que difiere del poder de la vieja oligarquía. Las élites de la etapa petrolera
resultaron modernizantes;
buscaron fortalecer a la burguesía nacional ligada a la industria, eso sin que en ningún
momento se haya debilitado el poder del
capital bancario, ni se haya roto
con el poder agroexportador.
No debería sorprender si los grupos
criminales organizados logran imponer candidatos para todo tipo de elección, financiar campañas e inclusive puedan cambiar el tablero político con
actos criminales. Al controlar los recursos
del Estado e influir en varios ámbitos
de la vida de la sociedad, esta suerte de narcooligarquía procura destruir organizaciones sociales,
tejidos comunitarios, movimientos políticos e inclusive economías lícitas.
No sorprende la acción de Noboa
a favor de intereses mineros
transnacionales, para lo que no ha dudado en irrespetar abiertamente el mandato popular expresado en las consultas de Girón (2019) y Cuenca
(2021), ambas en la provincia del
Azuay.
Mientras, incumple con el
mandato popular que masivamente exigió la
suspensión de la actividad petrolera
en el Bloque 43 o ITT en el Yasuní
(2023), algo que apoyó cuando era
candidato presidencial.
Las Fuerzas Armadas, que en la época del gobierno nacionalista militar impulsaban el desarrollo del país en base a la administración de la bonanza económica petrolera, hoy han sido reducidas al papel de policías. La violencia criminal de los últimos años, y particularmente la trasmisión en directo de la toma del TC Televisión en enero del 2024 por un grupo criminal, generó un trauma en el inconsciente colectivo, utilizado para las estrategias de campaña electoral de Noboa, empeñado en aplicar políticas de securitización.
Con el debilitamiento del
Estado de derechos
provocado por los gobiernos de Lenin
Moreno y Guillermo Lasso, se
producen los primeros signos del retorno de la oligarquía agroexportadora en un contexto de avance y consolidación del narcotráfico.
Se teme la trasmutación de los grupos de grandes
agroexportadores en “nuevas”
oligarquías vinculadas al tráfico de cocaína, con
capacidad de estructurar sus propios partidos políticos y financiar campañas
electorales.
Son
oligarquías que usan la violencia del crimen organizado para alterar la institucionalidad electoral, llegando a eliminar candidatos para dignidades
locales e incluso nacionales, como fue el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. El asesinato de funcionarios estatales incómodos,
como alcaldes, jueces, fiscales,
asambleístas, es una práctica propia de un narco-estado. Y la incidencia del narco-dólar en la economía, la acción sesgada de la justicia es otra de sus
manifestaciones.
Hay quienes hablan de un pacto colaborativo entre Noboa y los militares
que se consolida en la declaratoria de
guerra interna y la militarización
de la sociedad. Este es un acuerdo que desbarata la frágil institucionalidad de las FFAA.
y excluye a la mayoría de la sociedad, pues la convierte en aparato de represión social para garantizar los privilegios de
las oligarquías
que controlan la economía y las decisiones gubernamentales.
En medio de la contienda
electoral, Noboa
pretende volver a abrir la puerta a
bases militares extranjeras. Diversos grupos de la derecha no se conformaron
nunca con el cierre de la Base de
Manta. En la actualidad, con una sociedad
agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para que Noboa dé ese
paso impulsando una reforma
constitucional, puesto que la Carta
Magna en su artículo 5
prohíbe bases militares extrajeras en territorio
ecuatoriano, que fue declarado territorio de paz.
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