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Atención Peruanos. Arequipeños. Condesuyanos, Yanaquigua.
Urgente y obligatorio Leer completo el presente Documento.
“A menos de 3 mil
kilómetros de los cafetales de Minas Gerais se encuentra la mina de oro La Esperanza, en el sur de Perú. Enclavada a
unos 2.000 metros sobre el nivel del
mar, en una zona muy aislada del departamento
de Arequipa, Condesuyos, la mina
es propiedad de la empresa peruana Yanaquihua SAC. Todo el mineral que ésta extrae lo vende a Metalor, una gran refinería
de oro suiza, quien lo convierte
en lingotes de oro con destino final
en las bóvedas de la Unión de Bancos
Suizos (UBS), la principal institución financiera-bancaria del país. La UBS y varias marcas de lujo suizas que operan con ese metal
precioso afirman que el mismo es indiscutiblemente “sostenible”, es decir, producido en condiciones justas. Sin embargo, la realidad parece desmentirlo, como lo prueba una serie de dramáticos
accidentes en La Esperanza.
“El más conocido, un grave incendio en la
galería I, cuando 27 mineros
murieron por asfixia. Según la Coalición
Suiza a favor de Multinacionales
Responsables, la refinería suiza
Metalor, único comprador de ese oro, debería haber garantizado que durante su extracción
se respetaran las normas básicas de seguridad para que ningún trabajador resultase herido. Por otra
parte, como lo subrayó la Coalición,
las graves deficiencias de seguridad eran bien conocidas, ya que entre 2011 y 2022 se habían producido 196 accidentes con lesiones y
discapacidades importantes y entre
2019 y 2022 tres trabajadores perdieron
la vida por el derrumbe del techo de
una galería.
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SUIZA. FRENO CIUDADANO A LA VORACIDAD EMPRESARIAL.
Amplio apoyo popular para una iniciativa solidaria.
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Por Sergio Ferrari | 04/02/2025 | Economía
Fuente Revista Rebelión martes 4 de febrero del 2025.
Aunque el
dinero es rey y las grandes empresas multinacionales ejercen su imperio ahí
donde se instalan, sectores de la sociedad civil internacional buscan
reglamentar las prácticas más nefastas de las mismas.
Una alianza de más de 90 sindicatos, asociaciones religiosas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos y ambientales lograron un hito histórico en Suiza el pasado mes de enero. A partir de una movilización ciudadana nunca antes vista, en solo dos semanas esta coalición recogió más de 183.000 firmas –en un país de menos de 9 millones de habitantes– en apoyo de la Iniciativa Popular a favor de las Multinacionales Responsables (https://responsabilite-multinationales.ch/).
Para lograrlo, se movilizaron unos 10.000 voluntarios que instalaron el segundo y tercer fin de semana de enero mil stands y puntos de recogida de firmas en todo el territorio nacional. De ser aceptado en las urnas el texto de la Iniciativa Popular se integrará en la Constitución. A partir de allí, las grandes empresas suizas, o con sede en Suiza, así como sus filiales y contratistas locales, deberán respetar los derechos humanos y ambientales en todos los países donde hagan negocios y ajustarse a las mismas exigencias y obligaciones que en Suiza. Esto significa, también, que cualquier persona u organización perjudicada por estas empresas en cualquier país podrá solicitar reparaciones. Además, se creará una entidad independiente para la supervisión y el control de las prácticas empresariales.
El comité que promueve este cambio
constitucional está conformado por personalidades
de un amplio espectro político
(desde socialistas y verdes hasta la
derecha liberal, pasando por el centro democratacristiano), empresarios y representantes de
numerosas ONG. En declaraciones a la
prensa, Claude Ruey, ex senador nacional del derechista Partido
Liberal Radical y miembro del
comité, reconoció que en su larga vida
política nunca había visto “una causa por la que tanta gente se
involucre”. Y calificó de “extraordinario”
el hecho de que se hubiesen recogido
183.661 firmas en sólo 14 días.
“Muestra claramente”, enfatizó Ruey,
“hasta qué punto la población apoya [esta propuesta] y cómo nuestros conciudadanos comparten un gran sentido de la justicia”. Lo significativo de esta movilización ciudadana es que logró casi el doble de las 100 mil firmas que exige la Constitución para este tipo de iniciativa y en un tiempo récord de solo dos semanas. La Carta Magna suiza otorga un plazo de 18 meses para conseguir las 100 mil firmas.
Los argumentos y los ejemplos que sirvieron a los promotores para promover la
recolección de las firmas son contundentes.
La Nutrade Comercial
Exportadora Limitada, filial de la multinacional suiza de agroquímicos Syngenta, –así como el programa Nucoffee, también de la Syngenta– han comercializado café procedente de fincas brasileñas donde imperan condiciones laborales cercanas a
la esclavitud.
El 46% del café de Brasil – el mayor productor y
exportador del mundo– proviene del Estado
de Minas Gerais. Diversos estudios concluyen que más de dos tercios de la fuerza laboral de las fincas cafetaleras de dicho Estado
es informal: no tienen derecho a
un salario mínimo, ni al pago de horas extras, ni bonificaciones sociales.
En el sector cafetalero de Brasil se
denuncian periódicamente casos de trabajo forzoso
y violaciones laborales gravísimas, así como de trabajo infantil
Una investigación conjunta de la Coalición
Suiza a favor de las Multinacionales
Responsables y el colectivo de investigación WAV denuncia 6 casos
probados de explotación laboral y trabajo forzoso en Brasil
vinculados a la Nutrade o al
programa Nucoffee. Sucafina continuó comprando ese
producto a la Nutrade incluso
después de que las autoridades
brasileñas comprobaron irregularidades
laborales serias.
A la Syngenta también se le reprocha violaciones
en otros países, como la contaminación
de aguas de los pueblos de Cipreses y Santa Rosa en las tierras altas de Costa Rica, debido al
uso de sus pesticidas. En las aguas
se detectaron valores de clorotalonil
hasta 200 veces superiores al límite
legal. Este fungicida altamente tóxico está
prohibido en la Unión Europea y en Suiza porque se sospecha que es cancerígeno.
Oro “asesino”
A menos de 3 mil
kilómetros de los cafetales de Minas Gerais se encuentra la mina de oro La Esperanza, en el sur de Perú. Enclavada a
unos 2.000 metros sobre el nivel del
mar, en una zona muy aislada del departamento
de Arequipa, Condesuyos, la mina
es propiedad de la empresa peruana
Yanaquihua SAC. Todo el mineral que ésta extrae lo vende a Metalor, una gran refinería
de oro suiza, quien lo convierte
en lingotes de oro con destino final
en las bóvedas de la Unión de Bancos
Suizos (UBS), la principal institución financiera-bancaria del país. La UBS y varias marcas de lujo suizas que operan con ese metal
precioso afirman que el mismo es indiscutiblemente “sostenible”, es decir, producido en condiciones justas. Sin embargo, la realidad parece desmentirlo, como lo prueba una serie de dramáticos
accidentes en La Esperanza.
El más conocido, un grave incendio en la galería I, cuando 27 mineros murieron por asfixia. Según la Coalición Suiza a favor de Multinacionales Responsables, la refinería suiza Metalor, único comprador de ese oro, debería haber garantizado que durante su extracción se respetaran las normas básicas de seguridad para que ningún trabajador resultase herido. Por otra parte, como lo subrayó la Coalición, las graves deficiencias de seguridad eran bien conocidas, ya que entre 2011 y 2022 se habían producido 196 accidentes con lesiones y discapacidades importantes y entre 2019 y 2022 tres trabajadores perdieron la vida por el derrumbe del techo de una galería.
Un informe de las
autoridades peruanas sobre el incendio de 2023, aún no
publicado, revela la gravedad de los
problemas de seguridad en esa explotación. La mina carecía de un sistema de alarma como para facilitar una evacuación
coordinada en caso de desastre.
Tampoco contaba con un plan formal de
evacuación de emergencia y las rutas de evacuación y las salidas de emergencia carecían de señalización. Finalmente, no disponía de un sistema adecuado de protección contra incendios, como extintores, arena y tanques de agua, y los refugios de seguridad estaban
mal equipados. Semejante estado de
negligencia en materia de seguridad
hubiera podido acarrear consecuencias
aún más graves si se tiene en cuenta la cantidad de detonadores y explosivos que los investigadores encontraron en las profundidades de la mina sin la menor protección del caso. A pesar
de las pruebas, la empresa que opera
la mina niega que no se hayan
respetado las exigencias de
seguridad (https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/or-extrait-dans-une-mine-de-lhorreur/).
De Namibia a Argentina,
pasando por el Amazonas
Los ejemplos de absoluto irrespeto
para con los derechos humanos y ambientales por parte de las corporaciones helvéticas son reiterados
y abundantes.
Entre ellos,
las 300.000 toneladas de residuos tóxicos en Namibia,
donde la multinacional
canadiense Dundee Precious Metals procesa cobre con alto contenido de arsénico para abastecer a la multinacional
IXM, con sede en Ginebra. Así
como el impacto nefasto en la
deforestación del Amazonas y el
Cerrado por parte de las multinacionales
de la agroalimentación Cargill, Bunge,
Cofco International y Amaggi todas ellas con sede en Suiza. (https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/geants-suisses-agroalimentaire-profitent-deforestation-amazonie/).
En Argentina, las emisiones de polvo
de la fábrica Sika, una multinacional
helvética especializada en productos
químicos para la construcción, están
contaminando el barrio de Las Mercedes, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La Coalición suiza ha
confirmado que los exámenes médicos
realizados a 48 vecinos del barrio muestran
que ese polvo está enfermando a la población. Entre otros elementos nocivos, ese desecho tóxico incluye partículas de dióxido de silicio, elemento que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como carcinógeno de muy alto riesgo (https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/une-usine-de-la-multinationale-sika-pollue-un-quartier-de-buenos-aires-en-argentine/).
Un poco de historia
En noviembre de 2020, luego de una movilización
muy amplia, la ciudadanía suiza
votó una primera Iniciativa sobre Multinacionales
Responsables. Si bien el resultado fue de 50,7% a favor, la propuesta no contó con el apoyo de la mayoría de los cantones (provincias), tal como lo exige la Constitución y por eso no pudo
incorporarse a la misma. La oposición,
en particular la extrema derecha y
sectores proempresariales, argumentó
que, de aprobarse, dicha iniciativa habría de introducir en Suiza una responsabilidad
civil única, muy exigente, y
que, en consecuencia, importantes grupos
económicos emigrarían a otros países con menos reglamentaciones. El Poder
Ejecutivo colegiado, cuya mayoría es
de derecha, también se opuso argumentando
la necesidad de actuar “de manera coordinada a nivel internacional”
para poner a las empresas suizas y
de la Unión Europea “en
pie de igualdad”. Promovió entonces, como alternativa, un contraproyecto.
En realidad, una simple coartada
tranquilizadora de conciencia, ya
que el mismo sólo apunta a que las multinacionales
informen sobre sus actividades, pero
sin ninguna obligación legal a cumplir.
En julio de 2024 entró en vigor en la Unión
Europea la Directiva sobre la debida diligencia
empresarial en materia de sostenibilidad,
cuyo fin consiste en fomentar un
comportamiento empresarial sostenible y responsable en las operaciones de las empresas y sus respectivas cadenas de valor globales dentro y
fuera de Europa. Este paso adelante
para controlar el comportamiento de las multinacionales europeas en cuestiones
de derechos
humanos y estándares ambientales no tuvo hasta ahora ningún impacto en la legislación suiza, que no lo
incorporó ni siquiera como referencia.
De allí que la sociedad
civil helvética vuelva a alzar la voz para relanzar
un principio esencial de justicia
internacional y proponer esta nueva
iniciativa. Y fundamentalmente para reclamar
con la fuerza de un altísimo nivel de movilización, que muy pronto se
decida en las urnas cómo deben comportarse
en el futuro aquellas multinacionales suizas que son, hasta ahora, irresponsables y violadoras de
derechos básicos.
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