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La decisión más importantes de la nueva cumbre del G-20 realizada últimamente en la Ciudad de Toronto, Canadá, tal vez haya sido la de ratificar su poder institucional de autoproclamarse el principal club económico del mundo. Si bien la cumbre señala débiles intentos de reformar el sistema financiero mundial, tratando de enfrentar la crisis económica global y en especial la debacle de varios países de la Unión Europea, a partir de una mayor regulación del sistema financiero de los países desarrollados. Acuerdos que simplemente han pasado rápido al olvido, porque los bancos siguen haciendo grandes y gigantescas ganancias mientras el Estado son los que hacen el ajuste y al final garantizan políticas nefastas contra los trabajadores y reprimen la lucha de los pueblos. ¡!! Que hermoso y democrático es el capitalismo ¡¡¡.
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SE DESINFLO EL EMPUJE INICIAL QUE PROMOVIA LAS REFORMAS FINANCIERAS. " El fracaso del G-20. Los bancos siguen haciendo pingües ganancias y los Estados ...."
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Viernes 16 de julio del 2010.
Eduardo Lucita (LA ARENA)
.Las anunciadas reformas al sistema financiero que se formularon al calor de la reciente crisis mundial han naufragado. Los bancos siguen haciendo pingües negocios y los Estados son los que hacen el ajuste.A poco de iniciada la actual crisis mundial comenzaron a circular versiones de reformas de los sistemas financieros. Estos cambios serían significativos y alcanzarían también al FMI. Entre nosotros cobró fuerza la idea de una nueva Ley de Entidades Financieras y otra Carta Orgánica para el BCRA. A nivel mundial poco y nada se ha hecho hasta ahora, a nivel local estamos a la espera.
Como es conocido, en la primera etapa de la crisis mundial la reacción de los centros económicos mundiales y de los formadores de opinión a su servicio fue acusar a los banqueros, a la ambición desmedida, a la especulación. En esta segunda etapa, iniciada por la debacle griega, se acusa a los malos manejos del gobierno, al despilfarro, a la tergiversación de las cifras macroeconómicas. Tanto ahora como entonces se busca ocultar que la crisis es del sistema como tal, aunque la especulación, los malos manejos, el despilfarro hayan jugado un papel desencadenante
Reformas que no preocupan
Lo cierto es que la demanda de regulaciones en el sector financiero se instaló en la escena internacional. Desde las primeras reuniones del G-20 diversos países han reclamado penalizar los paraísos fiscales, regular y establecer controles a la actividad financiera; reformar el FMI, tanto en su composición, otorgándole mayor preponderancia a los BRIChS, como en los criterios para otorgar prestamos.
Los presidentes de Alemania y Francia, en una carta conjunta elevada al presidente de la Comisión Europea, solicitaron recientemente "apurar los trabajos para una urgente regulación financiera". En Europa se habla de poner un impuesto a los bancos para constituir un fondo especial para enfrentar futuras recaídas de la crisis; de prohibir aquellas operaciones financieras que alimentan la volatilidad de los mercados; en EEUU de un impuesto a las ganancias bancarias y otro a las transacciones financieras. Sin embargo nada de esto se ha hecho hasta ahora.
Cambiar algo...
La reforma en EE.UU., que luego de un año de intensas discusiones fue aprobada en el parlamento y caracterizada por la administración Obama como "la reforma de regulación del sistema financiero más importante desde la gran recesión de los años '30" es en realidad un pequeño conjunto de modificaciones que limitan tibiamente la actividad bancaria, pero que no preocupa a los bancos. No avanza sobre la estructura de negocios, sobre el apalancamiento sin límites, tampoco sobre la enorme concentración del sector. En la primera reunión del G-20 éste decidió reforzar la presencia del FMI, ampliando significativamente su capacidad prestable y de contralor, y por lo tanto reimponiendo criterios neoliberales que estallaron en la crisis. Fue el único acuerdo general logrado, en la reciente reunión del G-20 lo que prevaleció fueron las diferencias entre los países miembros más que los acuerdos. No hay ningún atisbo de una regulación internacionalmente coordinada.
En el país
Aquí el sistema financiero tuvo su propia crisis en el 2001, los bancos se ajustaron, se concentraron y hoy nadan en la abundancia, con tasas de ganancias superiores a las del período anterior. Esta es una diferencia con los países centrales donde los intentos de reforma son resultado de la crisis mundial, por el contrario la reforma aquí tiene que ver con terminar con una rémora de la dictadura: la Ley de Entidades Financieras de 1977 que desreguló la actividad financiera, por lo tanto dejó librada la tasa de interés al libre juego del mercado; dio plena libertad al movimiento de capitales, por lo que abrió un claro canal para la fuga de divisas; estimuló el ingreso de nuevas instituciones al sistema, con lo que ayudó a la concentración y a la extranjerización; en lugar de fijar taxativamente lo que un banco debía realizar dejó un abanico muy amplio fijando sólo lo que no se podía, por lo tanto favoreció la especulación financiera en detrimento del financiamiento a la actividad productiva.
En rigor Martínez de Hoz fue un verdadero adelantado de lo que se impondría a nivel mundial, su ley articuló un combo con la convertibilidad y con la reformulación de la carta orgánica del BCRA, éste ya no fijaría la tasa de interés ni orientaría la inversión hacia las ramas productivas. Tres décadas después y varios gobiernos democráticos de por medio, aquellas reglas se mantienen hasta hoy con pocas modificaciones. Resultado: los bancos están hoy montados en una enorme masa de dinero que sólo prestan para el consumo y a tasas verdaderamente confiscatorias, y prácticamente no hay crédito a la inversión. Les resulta más rentable financiar tarjetas de crédito y prestarle al Estado.
Progreso limitado
Luego de varios años finalmente se ha presentado en el parlamento un proyecto de "Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social" suscripto por un conjunto de diputados de tres bloques parlamentarios. Sus aspectos principales radican en que define la actividad como un servicio público; establece que la política crediticia no puede quedar librada al mercado, por lo tanto regula las tasas de interés. Establece tasas máximas para micro y pequeñas empresas y para créditos personales de bajo monto. Direcciona el crédito obligando a los bancos a prestar no menos del 38 por ciento de sus carteras al sector privado a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos. Apunta a la desconcentración del sistema estableciendo que ninguna institución privada puede tener una participación mayor al 8 por ciento del total. Se completa con un conjunto de medidas tendientes a la regulación, la protección de los usuarios y depositantes, defensa de la competencia y la democratización de los servicios.
Así como está presentado el proyecto y de aprobarse será un progreso respecto de la situación actual, que debiera articularse con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para, entre otras cosas, fijar encajes diferenciados para movilizar fondos ociosos hacia el sector productivo.
El problema de fondo
Sin embargo el proyecto no resuelve el problema de fondo: la financiación de la acumulación de capitales en el sector productivo y áreas estratégicas, fundamentalmente un proceso de industrialización. Porque en el país los privados no proyectan grandes inversiones productivas y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos. El resultado es una ecuación donde los bancos hacen poco o nada para financiar inversiones y por otro lado no hay gran demanda de crédito, ni privada ni pública, para grandes proyectos. Así el desarrollo del país está estrangulado, sólo hay crecimiento por la estimulación del consumo y las exportaciones.
Romper este estrangulamiento requiere que el Estado se involucre en los dos términos de la ecuación. Por un lado invirtiendo en grandes proyectos que a su vez tengan un efecto reproductor en la industria (transporte ferroviario, energía, petróleo) privilegiando la provisión local, claro que será necesario revertir la política de privatizaciones. Por el otro garantizar financiamiento, esto requiere la nacionalización de la banca, o cuando menos la estatización de los depósitos como hizo el primer peronismo. Obviamente, este gobierno o el que fuere debiera contar un programa de desarrollo nacional e integración regional y una planificación en función del mismo. Si es que esto fuera posible en las actuales condiciones de la mundialización del capital sin afectar seriamente intereses locales e internacionales.
Eduardo Lucita es integrante de EDI (Economistas de Izquierda).
Como es conocido, en la primera etapa de la crisis mundial la reacción de los centros económicos mundiales y de los formadores de opinión a su servicio fue acusar a los banqueros, a la ambición desmedida, a la especulación. En esta segunda etapa, iniciada por la debacle griega, se acusa a los malos manejos del gobierno, al despilfarro, a la tergiversación de las cifras macroeconómicas. Tanto ahora como entonces se busca ocultar que la crisis es del sistema como tal, aunque la especulación, los malos manejos, el despilfarro hayan jugado un papel desencadenante
Reformas que no preocupan
Lo cierto es que la demanda de regulaciones en el sector financiero se instaló en la escena internacional. Desde las primeras reuniones del G-20 diversos países han reclamado penalizar los paraísos fiscales, regular y establecer controles a la actividad financiera; reformar el FMI, tanto en su composición, otorgándole mayor preponderancia a los BRIChS, como en los criterios para otorgar prestamos.
Los presidentes de Alemania y Francia, en una carta conjunta elevada al presidente de la Comisión Europea, solicitaron recientemente "apurar los trabajos para una urgente regulación financiera". En Europa se habla de poner un impuesto a los bancos para constituir un fondo especial para enfrentar futuras recaídas de la crisis; de prohibir aquellas operaciones financieras que alimentan la volatilidad de los mercados; en EEUU de un impuesto a las ganancias bancarias y otro a las transacciones financieras. Sin embargo nada de esto se ha hecho hasta ahora.
Cambiar algo...
La reforma en EE.UU., que luego de un año de intensas discusiones fue aprobada en el parlamento y caracterizada por la administración Obama como "la reforma de regulación del sistema financiero más importante desde la gran recesión de los años '30" es en realidad un pequeño conjunto de modificaciones que limitan tibiamente la actividad bancaria, pero que no preocupa a los bancos. No avanza sobre la estructura de negocios, sobre el apalancamiento sin límites, tampoco sobre la enorme concentración del sector. En la primera reunión del G-20 éste decidió reforzar la presencia del FMI, ampliando significativamente su capacidad prestable y de contralor, y por lo tanto reimponiendo criterios neoliberales que estallaron en la crisis. Fue el único acuerdo general logrado, en la reciente reunión del G-20 lo que prevaleció fueron las diferencias entre los países miembros más que los acuerdos. No hay ningún atisbo de una regulación internacionalmente coordinada.
En el país
Aquí el sistema financiero tuvo su propia crisis en el 2001, los bancos se ajustaron, se concentraron y hoy nadan en la abundancia, con tasas de ganancias superiores a las del período anterior. Esta es una diferencia con los países centrales donde los intentos de reforma son resultado de la crisis mundial, por el contrario la reforma aquí tiene que ver con terminar con una rémora de la dictadura: la Ley de Entidades Financieras de 1977 que desreguló la actividad financiera, por lo tanto dejó librada la tasa de interés al libre juego del mercado; dio plena libertad al movimiento de capitales, por lo que abrió un claro canal para la fuga de divisas; estimuló el ingreso de nuevas instituciones al sistema, con lo que ayudó a la concentración y a la extranjerización; en lugar de fijar taxativamente lo que un banco debía realizar dejó un abanico muy amplio fijando sólo lo que no se podía, por lo tanto favoreció la especulación financiera en detrimento del financiamiento a la actividad productiva.
En rigor Martínez de Hoz fue un verdadero adelantado de lo que se impondría a nivel mundial, su ley articuló un combo con la convertibilidad y con la reformulación de la carta orgánica del BCRA, éste ya no fijaría la tasa de interés ni orientaría la inversión hacia las ramas productivas. Tres décadas después y varios gobiernos democráticos de por medio, aquellas reglas se mantienen hasta hoy con pocas modificaciones. Resultado: los bancos están hoy montados en una enorme masa de dinero que sólo prestan para el consumo y a tasas verdaderamente confiscatorias, y prácticamente no hay crédito a la inversión. Les resulta más rentable financiar tarjetas de crédito y prestarle al Estado.
Progreso limitado
Luego de varios años finalmente se ha presentado en el parlamento un proyecto de "Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social" suscripto por un conjunto de diputados de tres bloques parlamentarios. Sus aspectos principales radican en que define la actividad como un servicio público; establece que la política crediticia no puede quedar librada al mercado, por lo tanto regula las tasas de interés. Establece tasas máximas para micro y pequeñas empresas y para créditos personales de bajo monto. Direcciona el crédito obligando a los bancos a prestar no menos del 38 por ciento de sus carteras al sector privado a micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos. Apunta a la desconcentración del sistema estableciendo que ninguna institución privada puede tener una participación mayor al 8 por ciento del total. Se completa con un conjunto de medidas tendientes a la regulación, la protección de los usuarios y depositantes, defensa de la competencia y la democratización de los servicios.
Así como está presentado el proyecto y de aprobarse será un progreso respecto de la situación actual, que debiera articularse con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para, entre otras cosas, fijar encajes diferenciados para movilizar fondos ociosos hacia el sector productivo.
El problema de fondo
Sin embargo el proyecto no resuelve el problema de fondo: la financiación de la acumulación de capitales en el sector productivo y áreas estratégicas, fundamentalmente un proceso de industrialización. Porque en el país los privados no proyectan grandes inversiones productivas y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos. El resultado es una ecuación donde los bancos hacen poco o nada para financiar inversiones y por otro lado no hay gran demanda de crédito, ni privada ni pública, para grandes proyectos. Así el desarrollo del país está estrangulado, sólo hay crecimiento por la estimulación del consumo y las exportaciones.
Romper este estrangulamiento requiere que el Estado se involucre en los dos términos de la ecuación. Por un lado invirtiendo en grandes proyectos que a su vez tengan un efecto reproductor en la industria (transporte ferroviario, energía, petróleo) privilegiando la provisión local, claro que será necesario revertir la política de privatizaciones. Por el otro garantizar financiamiento, esto requiere la nacionalización de la banca, o cuando menos la estatización de los depósitos como hizo el primer peronismo. Obviamente, este gobierno o el que fuere debiera contar un programa de desarrollo nacional e integración regional y una planificación en función del mismo. Si es que esto fuera posible en las actuales condiciones de la mundialización del capital sin afectar seriamente intereses locales e internacionales.
Eduardo Lucita es integrante de EDI (Economistas de Izquierda).
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