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Colonización de territorios. Por su parte, grupos indígenas de Santa Cruz se quejan porque estas leyes benefician a colonos o “interculturales”, migrantes de otras zonas del país a quienes acusan de avasallar sus tierras y de recibir hectáreas de suelo agrícola del Gobierno. Los pobladores originarios señalan a los nuevos ocupantes del territorio como los causantes de los incendios forestales que dañan los ecosistemas que han cuidado por siglos. En su momento, Morales llegó a decir que el chaqueo era el único sistema que los campesinos tenían a mano y que, sin él, se morían de hambre. “Los incendios grandes se producen por los avasallamientos de tierras de los interculturales que no saben cómo manejar la quema. Prenden fuego donde sea y no saben controlarlo”, asegura Antonia Méndez, una vecina de San Miguel de Velasco, un municipio a 500 kilómetros de Santa Cruz directamente afectado por los incendios.
“Los incendios llegaron a cinco
kilómetros de nuestro pueblo y la gente combate el fuego, pero cuando se
descontrola no hay nada que hacer”, explicó la mujer. “El humo y el calor son
insoportables, pasamos de tener 35 grados de temperatura a 42″. Méndez llegó a la
capital del departamento la semana pasada para participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones de Territorios Indígenas Originarios, una reunión
convocada por la Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde se
firmó una resolución que pide la derogación de las “leyes
incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas” ante el
desastre ambiental de los “masivos incendios provocados”.
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EN
MEDIO DE LA PROFUNDA SEQUÍA, LOS INCENDIOS AVIVAN LA POLÉMICA SOBRE EL CHAQUEO
EN BOLIVIA.
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La mayoría de
fuegos se relacionan con estas quemas realizadas tradicionalmente por los agricultores que se salen de control.
Por Miguel
Arriaza,
El País Santa
Cruz. Bolivia viernes 3 de noviembre del 2023.
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Casi 2,7 millones de hectáreas han sido arrasadas por
incendios forestales en lo que va de año en Bolivia,
un país que desde hace meses sufre una intensa sequía que afecta el
suministro de agua en las ciudades y pone en peligro las cosechas en el campo.
Las autoridades responsabilizan de los fuegos a
la práctica del chaqueo,
quemas que tradicionalmente han llevado a cabo pequeños y grandes agricultores con la intención de preparar sus
tierras para el cultivo y que se salen de control.
En un año especialmente seco y caliente como este, los incendios hicieron llegar la semana pasada el humo denso y la contaminación a algunas de las principales ciudades, como Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, donde viven más de 7 de los 11 millones de habitantes de Bolivia. En la primera, las autoridades decretaron la alerta sanitaria roja tras el aumento del 20% de las atenciones de enfermedades respiratorias en hospitales públicos y suspendieron las clases durante una semana, una medida que también se tomó en otras regiones como La Paz y el Beni.
Los incendios empeoraron tanto la contaminación en la
capital cruceña que el 24 de octubre pasado la
ciudad oriental alcanzó los 313 microgramos por
metro cúbico (µg/m³) de partículas contaminantes en el
aire, una cifra calificada de “extremadamente
mala” por el Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA). Según esos datos, ese día Santa Cruz superó a la ciudad china
de Pekín que presentaba un ICA de 185 µg/m³
y que era primera en el ránking mundial en línea de IQAir,
la plataforma más grande del mundo de monitoreo en línea sobre la mala calidad del aire, pero que no registra las cifras de
esa ciudad boliviana.
En
total, en octubre, las autoridades bolivianas reportaron
21 incendios forestales en cuatro departamentos,
que arrasaron con miles de hectáreas de campos agrícolas. Para el combate de las llamas, movilizaron
a cerca de 4.000 bomberos, policías y militares. Los incendios llegaron incluso al parque Amboró en Santa Cruz, donde las autoridades descubrieron alrededor de 20 hectáreas de cultivos de coca, además de asentamientos
ilegales de campesinos, lo que en el país ha sido interpretado como un
símbolo de abandono oficial de zonas que
deberían estar protegidas.
Según
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierras (ABT), hasta el pasado martes
16 personas estaban siendo investigadas por su presunta participación en tres
incendios en Santa Cruz. Cuatro de ellos ya
están detenidos preventivamente en la cárcel de
Palmasola. “Todos los incendios que hemos registrado son provocados por
la mano del hombre”, informó por su parte Mauricio
Suárez, responsable de la Unidad de Alerta
Temprana de la Gobernación del departamento amazónico del Beni, el más afectado con más de 1,5 millones de
hectáreas quemadas.
El incontrolable chaqueo
Los incendios,
además, han reavivado la polémica sobre el
chaqueo, la quema controlada de pastizales que realizan anualmente los campesinos hacia el final de la época seca. Esta
práctica se ha hecho tradicionalmente con el
objetivo de mejorar la tierra que luego será
sembrada, aunque en los últimos años ha sido cuestionada su efectividad, así como su uso indiscriminado para
aumentar la frontera agrícola y por el daño que
causa al medio ambiente.
En
el centro de la polémica están varias decisiones del Gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) que benefició a pequeños agricultores y también a grandes
agroindustriales directamente interesados en la ampliación de nuevas tierras
para cultivos de exportación. Las normas promulgadas durante
su mandato permiten el desmonte de tierras mediante la tala de árboles para
convertirlas en suelo cultivable.
Esto
afecta principalmente al departamento de Santa Cruz,
el motor económico de Bolivia y la región más
afectada por el humo de los incendios. Esta región del oriente de Bolivia
produce más del 70% de los alimentos del país,
según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Además, en los últimos 40 años, la superficie
cultivada se multiplicó 11 veces: de 264.800
hectáreas a más de tres millones, según datos de Tierra, una fundación dedicada a la
investigación y acción sobre el desarrollo rural sostenible.
Un
ejemplo es la soya, el cultivo más importante en Santa
Cruz, con un 97% del total nacional, y
tercer producto de exportación en Bolivia que en
2022 generó ingresos por más de 2.000 millones de dólares. En paralelo, la deforestación en Santa
Cruz ha ido en ascenso: este departamento
concentra cerca del 80% de la tala de árboles a nivel nacional.
Según el reporte de Global Forest Watch (GFW),
en 2022 Bolivia
ocupó el tercer
lugar entre los países del mundo con
mayor pérdida de bosques primarios, después de Brasil y la República Democrática del Congo.
Entre
las medidas que amparan el chaqueo promulgadas durante el Gobierno
de Morales, existe una que perdona las multas a la deforestación ilegal,
otra que autoriza el desmonte de distintas formas, incluyendo la quema hasta 20
hectáreas para propiedades comunitarias o colectivas
para actividades agrícolas
y pecuarias, y una más
para
“promover el buen uso y
manejo integral de fuego a través de la quema
planificada y controlada”.
Aunque
esas normas permiten la deforestación para actividad agropecuaria en los departamentos
de Santa Cruz y Beni en espacios
legalmente asignados para ello, el desmonte en áreas no designadas sigue
considerándose una infracción punible. Pero el cuestionamiento a estas medidas
ha crecido ahora con los incendios, como sucedió en 2019,
cuando una serie de incendios destructores en la Chiquitania, también en
Santa Cruz, pusieron en jaque a Morales dos
meses antes de las elecciones.
“Ese tipo de discurso alienta y normaliza que los chaqueadores sigan quemando arriba de 2 millones de hectáreas por año”, lamenta Alcides Vadillo, director de la oficina en Santa Cruz de Tierra.
Colonización de territorios.
Por
su parte, grupos indígenas de Santa Cruz se
quejan porque estas leyes benefician a colonos o
“interculturales”, migrantes de otras zonas del país a quienes acusan de
avasallar sus tierras y de recibir hectáreas de suelo
agrícola del Gobierno. Los pobladores
originarios señalan a los nuevos ocupantes del territorio como los
causantes de los incendios forestales que dañan
los ecosistemas que han cuidado por siglos. En su momento, Morales llegó a decir que el chaqueo
era el único sistema que los campesinos tenían a mano y que, sin él, se morían de hambre.
“Los incendios
grandes se
producen por los avasallamientos de tierras de los interculturales que no saben
cómo manejar la quema. Prenden fuego donde sea y no
saben controlarlo”, asegura Antonia Méndez, una vecina de San Miguel de
Velasco, un municipio a 500 kilómetros de Santa Cruz directamente
afectado por los incendios. “Los incendios llegaron a
cinco kilómetros de nuestro pueblo y la gente combate el fuego, pero
cuando se descontrola no hay nada que hacer”, explicó la mujer. “El humo y el
calor son insoportables, pasamos de tener 35 grados de temperatura a 42″.
Méndez llegó a la
capital del departamento la semana pasada para participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones de Territorios Indígenas Originarios, una reunión
convocada por la Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde se
firmó una resolución que pide la derogación de las
“leyes incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas” ante el desastre ambiental de los “masivos incendios provocados”.
Al centro,
Antonia Méndez, dirigenta de las comunidades indígenas de
la población de San Miguel de Velasco, en Santa Cruz. MIGUEL ARRIAZA
Para
Yasin Peredo, investigador del Centro de Comunicación y
Desarrollo Andino (Cenda),
“el chaqueo está afectando significativamente al país” |principalmente
por culpa de los colonos interculturales. “Al ser aliados
estratégicos del Gobierno obtienen fácilmente tierras para su
producción”, denuncia. “El chaqueo también
beneficia al agroindustrial que permanentemente
quiere ampliar la frontera agrícola”, critica Peredo.
El
viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, se
mostró esta semana partidario de agilizar el debate sobre las normas que
regulan el chaqueo para dar “tranquilidad” a
los ciudadanos.
“Si
hoy tienes una normativa y siguen haciendo chaqueos, pues hay que ser más
drásticos”, ha dicho.
La
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene previsto un proyecto para reformar la ley sobre uso del fuego. La norma prevé incrementar las multas por quema
ilegal desde los actuales dos 2 a 7 dólares por hectárea y elevar la condena por delito ambiental de 4 a 8 años de cárcel.
Por el
momento, esta semana las esporádicas lluvias y
los equipos de bomberos lograron reducir los
incendios forestales que aún se concentran en Santa
Cruz y La Paz. Sin embargo, dadas las condiciones de sequía y falta de lluvias, el fuego podría avivarse en
cualquier momento.
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