sábado, 23 de junio de 2012

LUGO fue echado por el Congreso paraguayo. “Golpe de Estado Institucional”.

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Un “nuevo” ataque a la democracia. Con todos sus defectos e inoperancia en coyunturas, tenemos la obligación política de defender la democracia. Un rato después de la despedida de Lugo de la presidencia, su vicepresidente, Federico Franco, asumió como jefe de Estado. El liberal puso el acento en su intención de entregar el mando el 15 de agosto de 2013, cuando concluye el actual mandato, y subrayó su deseo de ocuparlo hasta entonces buscando la colaboración de todos los partidos y movimientos sociales del país. “Se realiza dentro del orden constitucional”, dijo sobre la transición, y aclaró que “de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales”. En su primer discurso, Franco repitió dos veces ese mismo mensaje, que aseguró haber trasladado textualmente a la misión de cancilleres de la UNASUR, a la que recibió ayer en Asunción, antes de que el juicio político en el Senado resultara en la destitución de Fernando Lugo como presidente, por mal desempeño de sus funciones en el desalojo violento que se desarrolló el viernes pasado en un predio de unas dos mil hectáreas, reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme, que dejó seis policías y once campesinos muertos.
No era la primera vez que los obispos le daban la espalda a Lugo. Nos podríamos remontar al 25 de diciembre de 2006, cuando el otrora obispo de San Pedro Fernando Lugo anunció que renunciaba a la Iglesia para formalizar la candidatura a la presidencia de su país. Sin sermones, dijo entonces el religioso: “Hoy, 25 de diciembre, oficialmente tomo la determinación de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”. Tres días después Lugo recibió una carta del Vaticano en la que se le advertía que como primera sanción iba a recibir la pena canónica de la suspensión, un paso previo a prohibirle el ejercicio sacerdotal. Un año después, la Congregación para los Obispos decretó la Suspensión a Divinis del prelado. Los obispos de la Conferencia Episcopal paraguaya dócilmente aceptaron el castigo a Lugo. Hubo marchas y contramarchas del Vaticano y finalmente, a cuatro días de asumir la presidencia, el 15 de agosto de 2008, la Santa Sede le concedió el estado de ciudadano común.
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Presidente Lugo, en el momento de "despedirse" y expresar que la Democracia ha sido herida profundamente".
LUGO fue echado por el Congreso paraguayo. “Golpe de Estado Institucional”.
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En pocas horas se consumó el golpe institucional y asumió el vice Federico Franco. Repudio de la Región.

Sólo cuatro senadores apoyaron al presidente, que no ejerció su defensa ni presenció la votación. Lugo, que recibió el apoyo de los presidentes de la región, aceptó la decisión del Congreso y pidió a sus seguidores que se manifiesten pacíficamente.

Página /12 Sábado 23 de junio del 2012.

De forma sumarísima y con una manifestación campesina que respaldaba al gobierno alrededor del Congreso, el Parlamento destituyó al presidente Fernando Lugo. El mandatario aceptó la decisión y le agradeció al pueblo paraguayo por los cuatro años en que lo colocó en la presidencia. Tan rápida como la destitución fue la asunción del vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Federico Franco.
Con cuatro senadores a favor y 39 votos en contra, el mandatario fue destituido en un juicio político iniciado el jueves en la Cámara de Diputados y finalizado en un Senado constituido como tribunal. Tras la decisión de los parlamentarios, Lugo –que permaneció en Palacio y envió a su equipo jurídico a exponer su defensa en el Senado– dijo que se sometía a la decisión de la Cámara alta.
“Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, salgo por la puerta del corazón de mis compatriotas”, aseguró en medio de los aplausos de sus colaboradores presentes en el Palacio el presidente, que saltó a los primeros planos de la política a fines de 2007, a partir de su rol de obispo en una de las zonas más pobres del país. “Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe, sino que es la historia paraguaya, su democracia es la que ha sido herida profundamente”, observó el ex mandatario, que llegó al poder al frente de una alianza de partidos de izquierda, organizaciones sociales, gremiales y campesinas y que tuvo el apoyo del centrista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hasta que sus ex socios liberales impulsaron su juicio político.
Después de la votación, Lugo denunció que se han transgredido todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa. “Espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos”, afirmó y llamó a sus partidarios a manifestarse de manera pacífica. “Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país”, demandó. “Fernando Lugo no responde a clases políticas, no responde a la mafia ni al narcotráfico”, dijo en alusión aparente a las denuncias en ese sentido contra Horacio Cartes, precandidato presidencial del Partido Colorado, al que el ex obispo católico responsabiliza del enjuiciamiento en su contra. “Este ciudadano (Lugo) respondió y seguirá respondiendo ayer, ahora y siempre al llamado de los compatriotas más humildes y excluidos y de los que, gozando del buen vivir e incluso de la abundancia, saben que tenemos un deber de solidaridad”, abundó, agradeciendo a todos los que lo apoyaron y deseó tres veces mucha fuerza a todos los compatriotas de buen corazón.
Su discurso intentó impartir tranquilidad en los miles de seguidores y simpatizantes que fueron desconcentrados tras conocerse la decisión del Parlamento. Durante toda la jornada, se manifestaron en la Plaza de Armas, frente al Congreso de Paraguay, para expresar su respaldo al mandatario y su rechazo al proceso de juicio político en su contra. Llegados desde varias ciudades del interior, representantes de organizaciones gremiales, sociales, de campesinos y de indígenas siguieron con expectativa lo que ocurría en el Senado y chocaron con las fuerzas de seguridad luego de conocerse la decisión parlamentaria. En diálogo con Página/12, el presidente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas Roa, que se encontraba en el lugar, denunció represión de los Cascos Azules y señaló que lo sucedido es “un retroceso político”. “Es un golpe de los sectores reaccionarios, conservadores. Vamos a tener distintos tipos de problemas a partir de ahora”, anticipó. El dirigente detalló que los referentes de otras organizaciones sociales se reunirán para determinar las acciones a concretarse tras el cambio de mandatarios. “En primer lugar, no vamos a reconocer la autoridad del nuevo presidente. Es un usurpador”, sentenció.
Un rato después de la despedida de Lugo de la presidencia, su vicepresidente, Federico Franco, asumió como jefe de Estado. El liberal puso el acento en su intención de entregar el mando el 15 de agosto de 2013, cuando concluye el actual mandato, y subrayó su deseo de ocuparlo hasta entonces buscando la colaboración de todos los partidos y movimientos sociales del país. “Se realiza dentro del orden constitucional”, dijo sobre la transición, y aclaró que “de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales”. En su primer discurso, Franco repitió dos veces ese mismo mensaje, que aseguró haber trasladado textualmente a la misión de cancilleres de la Unasur, a la que recibió ayer en Asunción, antes de que el juicio político en el Senado resultara en la destitución de Fernando Lugo como presidente, por mal desempeño de sus funciones en el desalojo violento que se desarrolló el viernes pasado en un predio de unas dos mil hectáreas, reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme, que dejó seis policías y once campesinos muertos.
A pesar del discurso del designado presidente, la respuesta internacional fue contundente. Los cancilleres de la Unasur consideraron que la destitución de Lugo fue un acto bochornoso, con el que se violó el debido derecho a defensa del mandatario. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien junto a varios de sus pares de la Unasur realizaba gestiones en Asunción por la difícil situación institucional en el país, anunció que los ministros informarán a los jefes de Estado los detalles sobre el juicio político. “De manera apresurada, se ha violado todo debido derecho a defensa. Sin pruebas se ha consumado un acto realmente vergonzoso”, describió Maduro. Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sugirió expulsar a Paraguay del Mercosur y de la Unasur, luego de conocerse el veredicto del Senado. “Hay pena anticipada para aquellos que no cumplen con los principios que caracterizan a una democracia”, dijo Dilma e indicó que el Paraguay está experimentando una situación complicada. Rousseff recordó que para un país que viola la cláusula de la democracia, la sanción es la no participación de los organismos multilaterales, es decir, la expulsión del Mercosur y Unasur. Mientras tanto, Venezuela, Nicaragua y Bolivia tildaron al proceso como un golpe de Estado encubierto.
Lo sucedido también disgustó a algunos sectores políticos del Paraguay. “Me siento frustrada teniendo cerca parlamentarios que han frustrado el proceso democrático”, aseveró, en diálogo con este medio, Aída Robles, diputada izquierdista, que fue la única integrante de la Cámara baja que votó el jueves en contra del juicio político. La legisladora rotuló lo sucedido como “una maniobra vergonzosa de los partidos tradicionales”. “Se unieron para el retroceso del país”, insistió, adelantando que el pueblo no va a reconocer a un presidente que gobierne con maniobras. “Esto es un golpe. Ha quebrado la institucionalidad. Es una verguenza”, agregó.
La destitución de Lugo se enmarca dentro de la historia del Paraguay, en la que otros mandatarios se enfrentaron a este proceso constitucional, pero con otra suerte. El ex religioso se convirtió en el primero formalmente destituido.
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Informe: Romina Lascano.
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Después de consumado el "golpe de Estado Institucional", el pueblo de Paraguay se vuelca a las calles a defender la Democracia y a su Presidente Lugo.

PARAGUAY: La iglesia no estuvo con su ex prelado.
Las jerarquía católica paraguaya jugó fuerte a favor de la destitución de Lugo.
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El obispo Claudio Giménez, de Caacupé, anunció a los periodistas, sin ruborizarse, que la Conferencia Episcopal le pidió a Lugo que renuncie. No era la primera vez que los obispos le daban la espalda a su presidente y ex colega.
Por Mercedes López San Miguel

La Iglesia Católica paraguaya jugó fuerte en favor de la destitución de quien fuera su prelado y hasta ayer presidente de la república, Fernando Lugo. Anteayer, horas antes del inicio del juicio político, un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal visitó al presidente en la residencia Mburuvicha Roga. Horas antes, Lugo había dicho que se mantendría en el cargo y pedía un juicio justo. Los religiosos estuvieron 45 minutos de reloj y se retiraron sin hacer declaraciones, salvo el obispo Claudio Giménez, de Caacupé, quien anunció a los periodistas, sin ruborizarse, que le pidieron a Lugo que renunciara para evitar que se registraran enfrentamientos.
Los obispos dócilmente aceptaron el castigo impulsado por la derecha política y avalado por los medios de comunicación hegemónicos. El diario conservador ABC, el más leído de Paraguay, tituló en la tapa de ayer dando por segura la salida del mandatario electo democráticamente: “Si Lugo no renuncia hoy, será destituido”. El medio no destacó en sus páginas la posición de la Iglesia. “Es lamentable que la Conferencia Episcopal presionara corporativamente. Es una corporación más de la derecha paraguaya. Al parecer, los obispos le prometieron a Lugo que se le aplicaría un juicio político y no criminal. No dijeron una palabra de que se estaba poniendo en peligro el proceso democrático”, señaló en diálogo con Página/12 Alberto Bo-ccia, analista político y columnista del diario Ultima Hora.
No era la primera vez que los obispos le daban la espalda a Lugo. Nos podríamos remontar al 25 de diciembre de 2006, cuando el otrora obispo de San Pedro Fernando Lugo anunció que renunciaba a la Iglesia para formalizar la candidatura a la presidencia de su país. Sin sermones, dijo entonces el religioso: “Hoy, 25 de diciembre, oficialmente tomo la determinación de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”. Tres días después Lugo recibió una carta del Vaticano en la que se le advertía que como primera sanción iba a recibir la pena canónica de la suspensión, un paso previo a prohibirle el ejercicio sacerdotal. Un año después, la Congregación para los Obispos decretó la Suspensión a Divinis del prelado. Los obispos de la Conferencia Episcopal paraguaya dócilmente aceptaron el castigo a Lugo. Hubo marchas y contramarchas del Vaticano y finalmente, a cuatro días de asumir la presidencia, el 15 de agosto de 2008, la Santa Sede le concedió el estado de ciudadano común.
La Santa Sede nunca pudo digerir el hecho de que un obispo se despojara de sus títulos para ser candidato presidencial de una coalición que integraba movimientos sociales, movimientos de izquierda y campesinos –también al tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)–. Tampoco veía con buenos ojos que Lugo simpatizara con sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa. Casi un pecado para la Iglesia paraguaya. “Los religiosos paraguayos provienen de la más rancia extracción conservadora. Lugo era uno de los tres obispos progresistas del país junto a Mario Melanio Medina y Juan Bautista Gavilán. El resto vio con resquemor el proceso hacia el socialismo que encabezó Lugo”, sostuvo Boccia. Y la gota que derramó la copa eclesiástica fueron las denuncias sobre la paternidad de Lugo. El reconoció dos hijos.
A todo esto se suma que la matriz social de Paraguay es profundamente conservadora. Hoy hay dos millones y medio de pobres y la desigualdad es enorme. La dinámica de conflicto es difícil de cambiar. Afirma Mariana Fassi en el libro Paraguay en su laberinto: “El sector agropecuario crece de manera sostenida, con sus productos insertos en el mundo, favoreciendo a grandes productores nacionales y extranjeros y a compañías multinacionales relacionadas a los agronegocios. Por otro lado, las acciones colectivas en oposición a la soja se multiplican”. Una y otra vez, la Iglesia advirtió que la toma de tierras podría generar violencia. En apenas 24 horas y de forma sorpresiva, la oposición orquestó con éxito un golpe parlamentario. Es que el Congreso está compuesto principalmente por opositores, quienes han trabado la mayor parte de las iniciativas del Ejecutivo, incluyendo los presupuestos. Fue casi inmediato el enfrentamiento que tuvo Lugo con el vicepresidente liberal Federico Franco, quien no disimuló sus ansias de ocupar el sillón presidencial. El PLRA era el principal aliado de Lugo pero a poco de asumir decidió darle la espalda. Históricamente, el PLRA fue funcional al stronismo y a partir de los noventa al Partido Colorado y sus políticas neoliberales.
No era la primera vez que el presidente Lugo se enfrentaba a intentos desestabilizadores de la derecha. Pero nunca como éste. En guaraní le llaman “chake!” (ojo!) a un estado de alerta permanente. Así gobernó el ex obispo, con la amenaza de ser destituido.
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La OEA, Organización de Estados Americanos y la UNASUR - Unión de Naciones del Sur - se oponen y condenan el "golpe de estado institucional". Sus Presidentes y Cancilleres se pronuncian en defensa de la Democracia.

Operación desgaste: Entretelones de un golpe institucional.

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Washington Uranga

El juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo y su destitución, concretada ayer por el Senado, es la culminación de una operación de desgaste que el Partido Colorado, el más poderoso de Paraguay y al que perteneciera el ex dictador (1954-1989) Alfredo Stroessner (1912-2006), inició el mismo día en que el ex obispo asumió el poder democráticamente, el 28 de abril de 2008. Con el 93 por ciento de popularidad acumulada como referente social de las organizaciones campesinas, Lugo había logrado el 40,82 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, encabezando una heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuya principal fuerza era el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, quien ahora asumirá el mandato presidencial hasta abril del año próximo, cuando se realicen las elecciones que ya estaban fijadas desde el año anterior.
Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo con la amenaza del juicio político, con la única finalidad de obtener réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su propia estrategia de desgaste.
Precisamente, ésta es una de las incógnitas que se plantean frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria.
La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante el período de Lugo.
Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la maniobra institucional.
Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base más importante fueran los movimientos sociales y campesinos con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que Lugo llega al eclipse de su mandato.
Quizás hubo ingenuidad o impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. “No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
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