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“Y Ucrania no es, ni mucho menos, el único punto conflictivo. Bruselas también
está luchando por conseguir apoyo para el acuerdo de libre
comercio del Mercosur con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También aquí
va creciendo la resistencia. Francia lleva mucho tiempo liderando la
oposición, y Emmanuel Macron ha reiterado recientemente
que el acuerdo carece de reciprocidad en cuanto a normas
de producción, reglas sobre pesticidas y seguridad alimentaria. El frente
se ha ampliado significativamente esta semana, cuando la primera ministra
italiana, Giorgia Meloni, calificó el acuerdo de «prematuro», alegando
que son inadecuadas las salvaguardias para la agricultura europea.
La postura de Italia es fundamental, ya que plantea la posibilidad
de una minoría de bloqueo en el Consejo que incluye también a
Polonia, Hungría y Austria.
“Las protestas han aumentado
la presión. El
jueves, cientos de tractores se congregaron en Bruselas mientras agricultores
de toda Europa denunciaban lo que consideran una competencia desleal.
Las salvaguardias propuestas no han servido para calmar a
la oposición, lo que ha llevado a que la ratificación del acuerdo
se posponga una vez más en el Consejo Europeo. Así pues, a medida que siguen
acumulándose las contradicciones dentro de la UE, resulta cada vez
más difícil imaginar cómo podrá Bruselas gestionar la reacción
negativa durante mucho más tiempo. La Unión empieza a
parecerse a un imperio en decadencia, que depende no sólo de la
represión, la censura y la manipulación electoral para
mantener el control, sino también de tácticas cada vez más agresivas
dirigidas incluso contra los propios gobiernos proeuropeos. Al
imponer compromisos cada vez más temerarios en nombre de la unidad,
está simplemente preparando el terreno para una implosión aún
más catastrófica en el futuro.
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Fuentes: Sin permiso [Imagen: el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y Úrsula von der Leyen]
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SE ESTÁ GESTANDO UNA REBELIÓN EN EUROPA.
Por qué va a fracasar la codicia de Bruselas.
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Por Thomas
Fazi | 26/12/2025 | Economía
Fuentes. Revista Rebelión viernes 26 de diciembre del 2025.
El primer ministro de Bélgica ha aprendido por las malas que no
hace falta ser un populista demagógico para incurrir en la ira de la Unión
Europea (UE). Hasta hace poco, el conservador moderado Bart De Wever había
permanecido en gran medida al margen del foco de atención europeo. Esto le
resultaba relativamente fácil, dado que su partido pertenece al grupo de centroderecha
Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo, que se ha alineado
firmemente con la Comisión de Ursula von der Leyen en lo relativo a Ucrania.
Sin embargo, en cuestión de meses se ha convertido en el enemigo público
número uno de la clase dirigente de Bruselas.
¿Su delito? Oponerse al plan de
Bruselas de confiscar los activos rusos congelados en Europa. La inmensa mayoría de ellos están
depositados en Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas
que se encuentra en el centro de la liquidación global de valores. Para
el grupo de presión belicista de Europa, liderado por Francia y
Alemania, la confiscación se presentaba como la única forma de
seguir financiando el esfuerzo bélico de Ucrania o, en su defecto, de
obligar a los Estados miembros a asumir colectivamente la carga
mediante otros medios cada vez más extraordinarios.
Sin embargo, Bélgica tenía razones de peso para resistirse. Confiscar —o expropiar funcionalmente— los activos del banco central ruso violarían uno de los principios más sacrosantos de las finanzas internacionales: la neutralidad y la inviolabilidad de las reservas soberanas. Incumplir ese principio no solo sentaría un peligroso precedente, sino que también expondría a Bélgica a consecuencias legales, financieras y geopolíticas potencialmente graves, ya que Euroclear tiene allí su sede.
Tal como ha advertido Robert
Volterra, uno de los abogados
internacionales más respetados de Londres, confiscar los activos rusos
sería «absolutamente ilegal» y perseguiría como una obsesión a la UE
durante generaciones. Las consecuencias legales podrían ser enormes.
Rusia tenía múltiples vías para impugnar la medida y había comenzado
a explorarlas, presentando ya una demanda en Moscú contra Euroclear.
A partir de ahí, Rusia podría iniciar un litigio en los
tribunales belgas que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Los
jueces belgas se verían obligados a determinar si se habrían violado
los derechos de propiedad rusos en virtud de la legislación nacional
y si se habría infringido el principio de inmunidad soberana. En ambos
casos, los argumentos de Rusia serían sólidos. Si Rusia ganara, sería
responsable la propia Euroclear. Dadas las sumas en juego,
la cámara de compensación se vería casi con toda seguridad abocada a
la insolvencia, lo que activaría los mecanismos de garantía de depósitos
a escala nacional y de la UE.
En tal caso, Euroclear se vería obligada a demandar al
Estado belga, el cual habría ordenado la expropiación efectiva de
los activos de los clientes. Las perspectivas de una demanda
de este tipo no serían nada desdeñables. Más allá de Bélgica,
Rusia también podría presentar demandas ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia y múltiples
foros de arbitraje internacional. Aun dejando de lado los
litigios —se podría argumentar que, en el contexto actual, sería
difícil encontrar un juez occidental dispuesto a fallar a favor de Rusia—,
es difícil pensar de qué manera podría justificar Bélgica la negativa a
descongelar las reservas de Rusia si finalmente se llegara a un acuerdo de
paz.
Por lo tanto, no es de extrañar que
Bélgica se haya
convertido en uno de los oponentes más vehementes al plan. De Wever
ha advertido sin rodeos que la confiscación equivaldría a «un acto de
guerra», comparándola con entrar en una embajada,
despojarla de su contenido y venderlo. Se podría concluir
razonablemente que está defendiendo simplemente los intereses de
su país al defender el Derecho internacional. Y, sin embargo, se
ha visto sometido a causa de ello a una campaña de desprestigio por
parte de la clase política y los medios de comunicación de la UE. Se
le ha acusado de actuar bajo intimidación de Rusia o, lo que es
peor, de ser él mismo un activo ruso. Al mismo tiempo, Bruselas ha
amenazado con «tratar a Bélgica como a Hungría» si seguía
oponiéndose al plan. Eso es lo que ocurre cuando hasta los
gobiernos leales a la UE se atreven a salirse de la línea marcada.
A pesar de la enorme presión, De Wever se ha mantenido firme. Y se le ha unido un frente cada vez mayor de detractores. Hungría y Eslovaquia han rechazado abiertamente el plan, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha acusado a la Comisión de «violar sistemáticamente la legislación europea». Italia, Bulgaria y Malta también han expresado sus reservas.
Al fin y al cabo, las implicaciones
económicas y financieras
de la confiscación se extenderían mucho más allá de Bélgica. Una
vez que se rompe la suposición de que son inmunes a la incautación
política las reservas soberanas mantenidas en el extranjero,
no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Los países
empezarían a considerar los activos denominados en euros no
como una reserva de valor segura, sino como un pasivo político, que
puede quedar confiscado a discreción de Bruselas. El mensaje
sería inequívoco: sus activos sólo están a salvo mientras sigan
siendo políticamente obedientes. El resultado sería, casi
con toda seguridad, que el capital empezaría a huir de Europa, más
rápido incluso de lo que ya lo está haciendo.
No obstante, ante la creciente
resistencia, Bruselas
recurrió la semana pasada a invocar los poderes de emergencia
previstos en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea para congelar indefinidamente los activos
rusos, alegando que esto le permitiría actuar por mayoría cualificada
en lugar de por unanimidad. Sin embargo, esto representa
una flagrante distorsión del Tratado. El artículo 122 se aplica estrictamente
a medidas económicas de emergencia en respuesta a catástrofes
naturales o perturbaciones económicas graves. No se aplica a la
política exterior, que requiere inequívocamente de unanimidad.
Sin embargo, el destino de los activos soberanos congelados de Rusia
constituye, evidentemente, una cuestión de política exterior. Afirmar
lo contrario supone un juego de manos extralegal.
Este es otro ejemplo de toma de poder por parte de
Bruselas. Si el artículo 122 —o cualquier otra disposición— puede
interpretarse de manera amplia para justificar la incautación de
activos soberanos extranjeros y la imposición de responsabilidades
masivas a Estados miembros renuentes, puede utilizarse para eludir la
unanimidad en una amplia gama de decisiones de política exterior.
Sin embargo, la amenaza ha funcionado.
El viernes, en la
reunión del Consejo Europeo, la Comisión no logró alcanzar
un acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados. En
su lugar, consiguió un acuerdo sobre un préstamo independiente de 90
000 millones de euros, respaldado por el presupuesto de la UE
y subscrito por todos los Estados miembros excepto tres (Hungría,
Eslovaquia y la República Checa), a los que se les concedió una cláusula
de exclusión voluntaria. En efecto, se sorteó el obstáculo político,
no cambiando de estrategia, sino trasladando el riesgo
financiero directamente a los contribuyentes europeos. Como dejó
claro Von der Leyen antes de la cumbre, había poco margen para la
disidencia:
«Nadie abandonará la
cumbre de la UE hasta que se resuelva la cuestión de la financiación de
Ucrania».
Increíblemente, el acuerdo prevé que
Ucrania sólo tendrá
que devolver el préstamo si Rusia acepta pagar reparaciones de
guerra, lo que transforma efectivamente unas hipotéticas reparaciones
futuras en financiación inmediata. Esta idea constituye,
en el mejor de los casos, una ilusión. Es muy improbable que Rusia
acepte reparaciones vinculantes, aun en el caso de un acuerdo de
paz, lo que significa que hay pocas posibilidades de que Ucrania
devuelva el préstamo. Esto resulta aún más llamativo si se tiene en
cuenta lo mucho que ya se ha gastado Europa: los parlamentos
de la UE han aprobado al menos 187.000 millones de euros en ayudas a
Ucrania, además de los enormes costes indirectos.
Este episodio ilustra bien cómo
funciona la UE:
creando falsos binomios que impiden una verdadera elección política.
A los Estados miembros se les presentó una alternativa tajante:
o bien aceptaban confiscar los activos congelados de Rusia o se preparaban
para subscribir colectivamente un nuevo préstamo masivo. Lo que
nunca se consideró seriamente fue una tercera opción: dejar de
invertir dinero en una estrategia que había demostrado ser un fracaso y, en
vez de eso, trabajar para poner fin a la guerra por medio de las
negociaciones.
Sin embargo, resulta fácil entender por qué no puede permitirse la UE
afrontar el fracaso de su estrategia en Ucrania, una estrategia que le ha infligido
un daño económico inmenso a Europa sin aportar nada en el campo de
batalla y que ha dejado a Ucrania en una situación peor que al comienzo
de la guerra. Reconocer esta realidad supondría un enorme coste político
para las élites de la UE, en particular para aquellas más
comprometidas con el relato de la victoria a toda costa, de ahí su
determinación de mantener la guerra a toda costa. Por eso,
hasta después de verse incapaces de lograr un acuerdo sobre la
confiscación, Bruselas ha impulsado un préstamo masivo respaldado
por el presupuesto como substituto. Las consecuencias serán
graves: los ucranianos seguirán sufriendo y muriendo en una guerra
que no se puede ganar, mientras que Europa permanecerá
atrincherada en un estado permanente de guerra económica y
confrontación militar por poderes con Rusia, con el riesgo
constante de que se convierta en un conflicto directo.
Si hay algo positivo en esta sombría
trayectoria, es que
la imprudencia de estas decisiones no hará más que agravar las contradicciones
de un proyecto que está llevando al continente al borde del abismo,
lo que acabará obligando a rendir cuentas, tanto a los Estados
miembros como a los ciudadanos europeos. Es cierto que la
Comisión puede haber logrado evitar una humillación catastrófica,
pero al obrar así ha puesto de manifiesto la naturaleza cada vez más
autoritaria de la Unión, dispuesta a pasar por alto los intereses
nacionales y a descartar las restricciones legales, las normas
democráticas y la racionalidad económica básica en pos de cruzadas
ideológicas. Mientras tanto, la enorme carga financiera que impone
el último acuerdo no hará sino profundizar las fracturas internas
y llevar los presupuestos nacionales al límite, especialmente cuando
quede claro que supondrá desviar aún más recursos de las propias
infraestructuras europeas, que se encuentran en ruinas, de los
hospitales, que carecen de financiación suficiente, y de las escuelas,
que están saturadas.
Y Ucrania no es, ni mucho menos, el único punto conflictivo. Bruselas también está luchando por conseguir apoyo para el acuerdo de libre comercio del Mercosur con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También aquí va creciendo la resistencia. Francia lleva mucho tiempo liderando la oposición, y Emmanuel Macron ha reiterado recientemente que el acuerdo carece de reciprocidad en cuanto a normas de producción, reglas sobre pesticidas y seguridad alimentaria. El frente se ha ampliado significativamente esta semana, cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el acuerdo de «prematuro», alegando que son inadecuadas las salvaguardias para la agricultura europea. La postura de Italia es fundamental, ya que plantea la posibilidad de una minoría de bloqueo en el Consejo que incluye también a Polonia, Hungría y Austria.
Las protestas han aumentado la presión. El jueves, cientos de tractores
se congregaron en Bruselas mientras agricultores de toda Europa
denunciaban lo que consideran una competencia desleal. Las salvaguardias
propuestas no han servido para calmar a la oposición,
lo que ha llevado a que la ratificación del acuerdo se posponga
una vez más en el Consejo Europeo.
Así pues, a medida que siguen acumulándose
las contradicciones dentro de la UE, resulta cada vez más difícil
imaginar cómo podrá Bruselas gestionar la reacción negativa durante
mucho más tiempo. La Unión empieza a parecerse a un imperio en
decadencia, que depende no sólo de la represión, la censura y
la manipulación electoral para mantener el control, sino también
de tácticas cada vez más agresivas dirigidas incluso contra los propios
gobiernos proeuropeos. Al imponer compromisos cada vez más temerarios en
nombre de la unidad, está simplemente preparando el terreno
para una implosión aún más catastrófica en el futuro.
Thomas Fazi, periodista,
activista y traductor italiano especializado en la Unión Europea, es
colaborador de publicaciones como Unherd, Social Europe Journal y
Sbilanciamoci. Codirigió en 2010 el documental “Standing Army” sobre las bases
militares norteamericanas en todo el mundo y entre sus libros figura “The
Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It
Back” [«La batalla de Europa: Cómo una élite secuestró un continente – y cómo
podemos recuperarlo»] (Pluto Press, 2014).
Texto original: Unherd, 20 de
diciembre de 2025
Traducción: Lucas Antón.
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