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“¡LA JUSTICIA PATRIARCAL NOS ESTÁ MATANDO!” En los últimos días Bolivia fue escenario de marchas y pronunciamientos de indignación frente a la justicia patriarcal que permitió la detención domiciliaria de un feminicida en serie. Lo liberaron de la responsabilidad de los delitos cometidos generando la impunidad que alcanza a otros feminicidas y agresores de mujeres y niñas. Frente a las protestas, el gobierno boliviano determinó la creación de una comisión que investigue esos casos y recupere el trabajo realizado por otras comisiones que acumularon antecedentes y datos sobre las violencias que recaen en la vida y muerte de centenares de mujeres y niñas. En el entorno del feminicida en serie, Richard Choque, aparecen la madre, la hermana y la abogada, quienes también fueron imputadas y detenidas. Los hallazgos de las víctimas continúan entre quienes también se encontró a un joven, enterrado en un domicilio insospechado de la ciudad de El Alto.
Este
caso debe ser de los más perversos de asesinato múltiple, pero también de
extrema crueldad después de las llamadas violaciones grupales que
conmocionaron a la sociedad. Por
ello, varias fueron las expresiones de
repudio en las redes sociales y en las calles de varias ciudades, donde las familias de las víctimas se manifestaron contra
la justicia patriarcal y la violencia estructural e histórica, acompañadas
por colectivas de muchas jóvenes que
hace rato rompieron el silencio. La colectiva Adelas Mujeres en Revolución que agrupa a mujeres de varios sectores y ex
autoridades emitió un documento denominado “La justicia patriarcal nos está matando”, en
el que denuncia la ocupación de cargos
judiciales desde el neoliberalismo en base a la prebenda y el contubernio
político.
“Consideramos
que llegó la hora en que el Estado establezca acciones concretas y políticas para frenar
la arremetida de las bandas delincuenciales establecidas y posicionadas desde
la época neoliberal en los espacios del Órgano
Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, bajo la figura
de los tristemente célebres consorcios de abogados, jueces, fiscales y
policías”, señala el documento. Advierten que el Estado
Plurinacional no se consolidará si no se consolida la vigencia de los
derechos humanos en toda su dimensión. Demandan “una reforma judicial, fiscal y
policial integral que elimine ese sistema patriarcal que mata y viola
permanentemente nuestros derechos”.
Por
su parte, la organización Feminismo Comunitario Abya Yala Tejido Bolivia
denuncia el entramado
social de contradicciones detrás del patriarcado que valida la justicia
corrupta. Entre varias propuestas lanzadas, la organización exige la puesta en marcha a la
ley 348 modificada que se realizó en 2021; además solicitan la inclusión de las
organizaciones de familiares de las víctimas de feminicidios en la comisión
investigadora de los casos. Del mismo modo, se manifestaron la Coordinadora de la Mujer,
el Bloque de Mujeres Trabajadoras de Bolivia, entre otras. Leer pronunciamientos Adelas, Mujeres en
Revolución Feminismo Comunitario Abya Yala Coordinadora de la Mujer Bloque de
Mujeres Trabajadoras de Bolivia. Fuente. Rebelión Claudia Espinoza es periodista en Bolivia
10/02/2022/.
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Una multitudinaria
“Marcha de las mujeres contra las violencias machistas y contra la corrupción de la justicia” que partió el último día de enero desde la zona de Ballivián en El Alto, atravesó la ciudad de la Paz y finalizó frente al tribunal departamental de justicia de la capital boliviana, al grito de “jueces, fiscales la misma porquería”.
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MUJERES
MARCHAN EN BOLIVIA CONTRA LA ESCALADA DE FEMICIDIOS Y LA JUSTICIA PATRIARCAL.
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Por Verónica Zapata | 04/02/2022 | Bolivia, Feminismos
Fuentes: Rebelión / CLAE jueves 10 de febrero del 2022.
La
convocatoria, realizada por “Mujeres Creando”,
que dirige la activista feminista María
Galindo, tuvo el protagonismo de las mujeres indígenas aimaras de El
Alto, que asistieron autoconvocándose. Luego se fueron sumando colectivos de mujeres desde los
diversos puntos del país.
La marcha fue
encabezada por decenas de familiares de víctimas de femicidios y de violencias
machistas. Contó con presencia de las mujeres aimaras que viven al día en su
comercio y tuvieron que dejar de trabajar para marchar.
La convocatoria se da en un contexto de repudio generalizado a la liberación del
feminicida Richard Choque Flores, de 32 años, asesino de al menos dos mujeres –
Iris Villca de 15 y Lucy Ramírez de 17 años de edad-, cuyos cuerpos se encontraron enterrados
en su casa ubicada en El Alto.
También, está acusado de violar a decenas de mujeres. Según la cantidad de contactos rastreados en su perfil de Facebook, serían 77, aunque falta determinar los
datos. La madre y esposa de Choque
fueron detenidas por presunta
complicidad, pero se estima que no podían desconocer lo que sucedía en su casa.
Un momento
central de la marcha ocurrió cuando se mostró ante la cámara una lista
interminable de nombres y apellidos de violadores y feminicidas liberados por
la justica. Los datos se
recolectaron mediante una convocatoria en redes
sociales que aportaron diversas víctimas
de violaciones y familiares de víctimas de femicidio. Galindo expresó que “no es sólo el caso de este juez, es un
fenómeno estructural en Bolivia. Nunca más nos vamos a callar, ni a olvidar”.
El feminicida tenía desde el 2015 una condena de 30 años sin posibilidad de indulto, por el feminicidio y la violación de Blanca Rubí Limachi de 21 años. Sin embargo, el 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria de 18 meses, que tampoco cumplió y nadie vigiló. Fue detenido, por segunda vez, la semana pasada y retornó a la cárcel de Chonchocoro. También, extorsionaba y les pedía dinero a las familias de las víctimas para liberarlas.
Su modalidad
de captación era a través de convocatorias de “trabajo”
en las redes sociales haciéndose pasar por una mujer. Citaba a sus víctimas
en alojamientos y ahí se presentaba vestido
de policía, les plantaba cocaína
y bajo amenaza de denunciarlas por
narcotráfico, las violaba.
Por otra
parte, el sábado 29 enero se detuvo al cómplice José Luis García Machaca, que
también fue beneficiado con detención
domiciliaria y tenía una condena
a 30 años de prisión del 2015, por participar del mismo femicidio por el que fue condenado
Richard Choque.
También, se
detuvo al juez Rafael Alcón Aliaga,
hermano de Gonzalo Alcón Aliaga, ex
presidente del Consejo de la Magistratura, que liberó a Richard Choque Flores y a otro feminicida que descuartizó a una mujer. El juez se encuentra con detención preventiva de seis meses
mientras se investiga el caso.
Luis Arce decreta creación de una
Comisión de Femicidios.
El martes 1
de febrero del 2022 María Galindo fue recibida por Eduardo del Castillo ministro de Gobierno
de Bolivia, a quien exigió la creación de una “Comisión de Excepción Histórica” con el objetivo de contabilizar y armas las carpetas
de los casos de femicidios y violaciones a nivel nacional.
El mismo día,
ante la movilización de las mujeres,
el presidente Luis
Arce instruyó la creación de una “Comisión de Revisión de casos de Femicidios y Violaciones” que
tuvieran sentencia judicial y hubieran sido liberados.
La comisión
estará compuesta por autoridades de los ministerios de la Presidencia,
Justicia, Gobierno, los presidentes de la cámara de Diputados y
Senadores, el presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, el Consejo de
la Magistratura, del Tribunal
Constitucional, de la Fiscalía
general y la Procuraduría.
Al
respecto, Luis Arce afirmó que
“ante
la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justica
instruimos la creación de la comisión de revisión de casos de femicidios y
violación en que los sentenciados fueron liberados. La misma deberá presentar
resultados en un plazo de 120 días”.
Recordemos, que el país cuenta con una “Comisión especial mixta de investigación sobre la retardación en los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres”, cuyos resultados son evidentes ante la luz de los hechos.
A principio
de 2022 el gobierno declaró este año
como: “El año de la revolución cultural
de la despatriarcalización” con el objetivo de luchar contra las violencias
hacia las mujeres. El gobierno de Luis
Arce cumplió un año de gobierno, pero el MAS-IPSP gobierna hace 15 años y
tiene una deuda pendiente con las
mujeres bolivianas, señalan desde las filas feministas.
La agenda feminista, una deuda pendiente
de la clase política en Bolivia
El caso del
feminicida y violador serial liberado por la justicia boliviana no es una
excepción, sino la regla en una sociedad conservadora
y atravesada por el racismo y el machismo exacerbados.
El informe
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado en agosto
del 2021 fue lapidario al
respecto:
“El
orden patriarcal en Bolivia debe desnaturalizarse porque este no solo
implica un orden jerárquico entre hombres y mujeres, sino entre indígenas y no
indígenas”.
Bolivia posee normas muy promocionadas como La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres, la
Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley 348 Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre
de Violencias que incorpora en el código penal el delito del femicidio con una pena 30
años de prisión sin derecho a indulto.
Además, posee
una Constitución con perspectiva de género e intercultural y es el único país
en refundarse como Estado
Plurinacional a nivel
mundial. Se espera que Bolivia
dé el ejemplo porque es punto obligado de referencia de estas temáticas.
Sin embargo,
Bolivia tenías hasta 2019 la mayor tasa de femicidios de toda Sudamérica según la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL). El caso del feminicida y violador serial en cuestión, revela que las leyes que
deberían proteger a las mujeres son letra muerta y no se
aplican en lo concreto de la cotidianidad.
Veamos en el caso de cada una de las leyes mencionadas:
1) Ley 018
del Órgano Electoral Plurinacional:
Si bien, desde la refundación del estado plurinacional de Bolivia el
2009, las mujeres ingresaron masivamente a la política, esto sucedió solo
en los cargos de bajo rango y bajo poder decisional en la Asamblea legislativa
que está compuesta por poco más del 50%
de mujeres. El techo de cristal es
evidente porque los presidentes de la cámara de Diputados y de Senadores son
hombres.
Por otra
parte, de 18 ministerios, solo cuatro ministras son mujeres y solo una de ellas es una mujer indígena. A su vez, durante las elecciones subnacionales de marzo del 2021 “la alianza de mujeres por la revolución
democrática y cultural” que integran
el MAS, reclamó que se cumpliera con
la paridad de género en las
candidaturas femeninas. La respuesta que obtuvieron fue de cero mujeres candidatas a gobernaciones.
2) La Ley 243
Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres: Segundina Flores dirigente indígena, actual embajadora
de Bolivia en Ecuador, fue el rostro
que impulsó la demanda de paridad de género durante las elecciones sub nacionales. Fue acusada de
“traidora” y de “funcional a la
derecha” por sus reclamos y por cuestionar a la élite del MAS que está conformada por
hombres blancos.
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Por otra
parte, la única mujer que disputó una candidatura por un cargo político de alto
rango y de alto poder decisional fue Eva Copa ex
presidenta del senado de Bolivia por el MAS. Exigió candidatear como alcaldesa por El Alto, la alcaldía más
importante del país, fue expulsada del
MAS bajo acusación de ser “ambiciosa
de poder”. Copa desafió
a la élite del
MAS, se candidateó con otro partido y ganó con el 70% de votos frente al candidato hombre del
MAS.
Frente a esta situación, el 29 de diciembre del 2020, Esther Soria ex gobernadora de Cochabamba por el MAS en
su cuenta de Facebook denunció un “fuerte
patriarcado dentro del MAS”.
3) La
ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias
incorpora la figura del femicidio con una pena de 30 años de prisión sin
derecho al indulto. El caso del feminicida
y violador serial en cuestión demuestra que no se cumple por la justicia patriarcal, pero también hay responsables políticos. Además, se desnuda que en 15 años de “proceso de cambio” no se democratizó
la justicia, ni incorporó la perspectiva de género como se había prometido.
La ley 348
tiene una trampa jurídica para las mujeres:
permite insólitamente que un hombre
violento se victimice y la utilice para hacer una contradenuncia a su víctima-mujer por “violencia de género” y neutralice toda investigación que podría iniciarse
por la denuncia de una mujer. Esto
podría considerarse como una aberración
jurídica, por lo que, a principio del 2021
por presión de las mujeres, el Estado
se comprometió a reformar dicha ley, pero todo quedó encajonado.
Es
inadmisible que un hombre pueda utilizar una ley que es de defensa de las
mujeres y que se aprobó especialmente
para proteger a las mujeres violentadas,
lo que denota la concepción de “violencia de género”, machista que tiene la clase política
que aprobó dicha ley con esa trampa
jurídica.
Cuando se da
un caso de violencia desde una mujer hacia un hombre, que por cierto son casos ínfimos, esta debe conceptualizarse como otro tipo de violencia, nunca como violencia de género.
El tema de la
violencia de género no está en la agenda política, ni está instalado en la sociedad boliviana, como sí lo está en la sociedad argentina
gracias a la campaña “Ni Una Menos” y al trabajo
hermanado, autónomo y apartidario de las mujeres.
*Periodista
y psicóloga boliviana. Activista feminista y antirracista. Especialista en
Género (UBA), colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE)
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