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"La amenaza minera. Pero la gran amenaza actual proviene de la Cámara de Diputados, donde se tramita el Proyecto de Ley 191 (PL 191), propuesto en 2020 por el Poder Ejecutivo para abrir las tierras indígenas a la minería, construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura. “Esa ley, si resulta aprobada, apunta al nuestro exterminio”, evaluó el líder del pueblo kayapó, que congrega a unos 12 000 miembros, distribuidos en varias planicies de la Amazonia oriental brasileña y practicantes ancestrales de la agricultura itinerante, en pequeños terrenos que abren en el bosque y donde instalan sus “purus” (huertos rotatorios).
Según el último censo, de 2010, en Brasil sobreviven 350 pueblos originarios, con 987 000 indígenas. Actualmente se estima que hay más de 1,1 millones, dentro de una población total de 214 000 millones. Bolsonaro intenta legalizar las invasiones de tierras indígenas por los “garimpeiros”. Eso intensificaría los daños que la minería ilegal ya impone a los indígenas, las poblaciones ribereñas y al medioambiente, especialmente en la Amazonia. El territorio yanomami, con una población estimada en 28 000 indígenas en el extremo norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, soporta esas invasiones hace cuatro décadas. Actualmente se estima que operan allí más de 20 000 garimpeiros.
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Fuentes: IPS [Imagen: Música, baile y adornos corporales forman parte de las manifestaciones del Campamento Tierra Libre, con las que los indígenas brasileños buscan convencer a los legisladores de rechazar propuestas que restan los ya mermados derechos de los pueblos originarios y violan la Constitución. Del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro nada bueno esperan, solo su fin por su no reelección en octubre. Foto: Alass Derivas / APIB]
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INDÍGENAS
ACAMPAN EN BRASILIA EN SU LUCHA POR LA SOBREVIVENCIA.
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Por Mario
Osava | 16/04/2022 | Ecología social
Fuente Rebelión sábado 16 de abril del
2022.
RÍO
DE JANEIRO – “Ya no podemos beber el agua de los ríos, de los
arroyos, porque está envenenada desde sus nacientes”, lamentó Megaron
Txucarramãe, uno de los más conocidos líderes indígenas de Brasil.
El mercurio
que los “garimpeiros” (mineros informales) usan en la búsqueda descontrolada de oro
contamina el agua y el suelo. En algunos ríos amazónicos, como el Tapajós, el desastre ambiental y sanitario
ya está en marcha.
Un estudio
concluido en 2020 por la Fundación Oswaldo Cruz, principal
institución en salud pública de Brasil,
y la oficina en el país del Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), comprobó la intoxicación por mercurio de 60 % de los
habitantes de algunas aldeas del
grupo indígena munduruku, en las orillas
del río Tapajós, en la Amazonia oriental.
Por lo menos
200 niños, adultos y ancianos indígenas presentaban índices de mercurio superiores al nivel
considerado tolerable por la Organización
Mundial de Salud (OMS). Es producto de siete décadas de
intensa minería
ilegal en la cuenca.
El temor es
que se repita allí el desastre de Minamata, la ciudad costera de Japón en que murieron
miles de personas envenenadas por el mercurio
descartado por una empresa industrial en
las aguas de la bahía local en los años 50.
El consumo de
pescado fue la vía de contaminación humana y de los consecuentes daños neurológicos, muchas veces mortales o deformadores.
“Nosotros
comemos mucho pescado y ‘tracajá (Podocnemis unifilis, una tortuga
de agua dulce conocida en español como taricaya o terecay)’, los necesitamos
como alimentación”, destacó Megaron a IPS por teléfono desde
Brasilia, donde participa en el Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que los indígenas de este país sudamericano protagonizan en abril en defensa de sus derechos.
Campamento
de resistencia
El
campamento, que va a congregar a unos 7000 participantes entre el 4 y 14 de
abril en una de las plazas de la capital brasileña, volvió
a ser presencial tras dos años de
actividades virtuales en el “Abril indígena”, a causa de la pandemia de
covid-19.
“Es un acto
de resistencia” ante las medidas
del gobierno del presidente Jair
Bolsonaro, resumió Marcio Santilli,
socio fundador del no gubernamental
Instituto Socioambiental y expresidente de la Fundación
Nacional del Indígena (Funai), la agencia estatal
responsable de la
política indígena.
Desde su
posesión en la presidencia, en enero de 2019, Bolsonaro mantiene una ofensiva
contra los derechos indígenas fijados en la Constitución. Anunció que no
demarcaría siquiera “un centímetro cuadrado de tierra indígena”,
en oposición al dictamen constitucional.
Además,
intentó dos veces transferir al Ministerio de Agricultura la
responsabilidad por las tierras indígenas en manos del Funai. La medida fue anulada por el legislativo Congreso Nacional la
primera vez y suspendida por el Supremo
Tribunal Federal (STF) la segunda, todo en 2019.
Sería
entregar las cuestiones indígenas al ministerio
que cuida un sector en constante conflicto con los pueblos originarios, por
tierras en disputa.
Funai perdió
recursos presupuestarios, funcionarios calificados y capacidad operacional durante el actual
gobierno de extrema derecha.
“Fue creada para apoyarnos a nosotros, los indígenas, pero ya no lo hace, solo nos produce miedo”, señaló Megaron.
Indígenas de
todas partes de Brasil acampan en Brasilia desde el 4 de abril y hasta el día
14, para manifestarse en sus plazas y las calles, en el Congreso Nacional y en
otras instituciones en defensa de sus derechos constitucionales, como la tierra
donde viven y vivieron, sin invasiones de mineros, de monocultivos y de obras
sin su consentimiento previo, como exigen las leyes. Foto: Fabio
Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
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La
amenaza minera
Pero la gran
amenaza actual proviene de la Cámara de Diputados, donde se tramita el Proyecto de Ley 191 (PL 191), propuesto en 2020
por el Poder Ejecutivo para abrir las tierras
indígenas a la minería, construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras
de infraestructura.
“Esa ley, si
resulta aprobada, apunta al nuestro exterminio”, evaluó el
líder del pueblo kayapó, que congrega a unos 12 000 miembros,
distribuidos en varias planicies de la Amazonia oriental brasileña y practicantes ancestrales de la
agricultura itinerante, en pequeños
terrenos que abren en el bosque y donde
instalan sus “purus”
(huertos rotatorios).
Según el
último censo, de 2010, en Brasil sobreviven 350 pueblos
originarios, con 987 000 indígenas. Actualmente se estima que hay más de 1,1 millones, dentro de una población total
de 214 000 millones.
Bolsonaro
intenta legalizar las invasiones de tierras indígenas por los “garimpeiros”. Eso intensificaría los daños que la minería ilegal ya impone a los indígenas, las poblaciones ribereñas y al medioambiente, especialmente
en la Amazonia.
El
territorio yanomami, con una población
estimada en 28 000 indígenas en el extremo
norte de Brasil, en la frontera con
Venezuela, soporta esas invasiones
hace cuatro décadas. Actualmente se estima que operan allí más de 20 000 garimpeiros.
Como se trata
de un pueblo milenario con reciente
y escaso contacto con los no indígenas,
la presencia de foráneos provoca frecuentes brotes de malaria y otras enfermedades
contagiosas, con alta mortalidad y
otras secuelas, como la subnutrición,
además de los ríos sedimentados y
contaminados de mercurio.
El
Campamiento Tierra Libre,
organizado por la Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), forma parte de
“nuestro
movimiento contra el PL 191, pero necesitamos el apoyo de la opinión pública,
de la fuerza del pueblo brasileño y también del apoyo de Naciones Unidas y de
la Unión Europea”, reclamó Megaron.
El respaldo internacional es importante, porque Bolsonaro intenta “poner la sociedad brasileña en contra de los indígenas”, subrayó en un diálogo telemático entre el campamento y el Parlamento Europeo, el 6 de abril.
Sonia
Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil, lanza en el
Campamento Tierra Libre, la carta abierta al Congreso Nacional para
que rechace el proyecto de ley que abre
las tierras indígenas a la minería y otras actividades de comprobados efectos destructivos para los hábitats y la salud de los indígenas. Foto: Matheus Alves /APIB
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Presión
sobre legisladores
“No tenemos dinero
para comprar el voto de los diputados”,
volvió a comentar Megaron, uno de
sus mantras para subrayar la necesidad
de movilizar la solidaridad y a la vez criticar los mecanismos corruptos que maneja el gobierno para asegurarse la mayoría
parlamentaria, como liberar recursos
del presupuesto para proyectos de los legisladores.
El Frente
Parlamentario Indígena lanzó en el
campamento una carta
abierta, con la meta de
obtener un millón de firmas, para manifestar el rechazo al proyecto de ley que busca ofrecer territorios indígenas a la
minería.
Además de
rechazar el PL 191, los indígenas luchan también contra el “marco temporal”, por el cual las comunidades originarias solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban en octubre de 1988, cuando se promulgó
la Constitución vigente.
Significaría
prácticamente abortar la demarcación de tierras indígenas identificadas, en
proceso de identificación o ya reconocidas, que suman 241 según el
Instituto Socioambiental. Brasil tiene 487 áreas homologadas, es decir ya
atribuidas a los grupos indígenas,
pero incluso algunas de ellas podrían
sufrir alguna revisión, en lo que sería un lio judicial.
Esa es una
cuestión que el STF deberá dirimir este año. Empezó a juzgarla en agosto de
2021, con interrupciones.
De todas maneras, nadie espera que se reanuden las demarcaciones en lo que queda del gobierno de Bolsonaro, que termina el último día de 2022.
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“Hay
luz en el fin del túnel”, auguró Santilli, al
hablar con IPS por teléfono, también
desde Brasilia, en referencia a la posibilidad de que Bolsonaro no logre la reelección. Las encuestas hasta ahora otorgan un amplio favoritismo al expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Por eso el
Campamento Tierra Libre de este año
se realiza en un clima de más esperanzas que los de los años anteriores.
“Tiene
más participantes, cuenta con nuevos aliados y apoyadores personales e
institucionales, y durará más días” que otras ediciones presenciales, observó Santilli.
De hecho,
hace un mes, el 9 de marzo, representantes del mundo artístico, como el
cantautor Caetano Veloso, movimientos sociales e indígenas
protestaron delante del Congreso Nacional contra el llamado “paquete de la
destrucción”.
Los objetos
de las mayores críticas eran proyectos de ley en trámite parlamentario que favorecen
la deforestación y los agroquímicos
y amenazan los derechos indígenas, como el PL
191.
“Este
año se trata de contener los daños que aún puede provocar el gobierno, pero con
la expectativa de reanudar las demarcaciones y reconstruir la Funai”, a partir del próximo año, apuntó el indigenista del Instituto Socioambiental.
Además,
acotó, se encara las elecciones de octubre como una oportunidad para ampliar la
representación indígena en el
Congreso, hoy limitada a una única
diputada, Joenia Wapichana, elegida en 2018 por
el norteño estado de Roraima, afiliada al partido Rede Sustentabilidad.
“Tendremos
varios candidatos y podremos elegir algunos con el voto de los indígenas”,
corroboró Megaron.
ED:
EG
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