PERÚ. Inseguridad ciudadana: el pez se pudre por la cabeza.

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“Finalmente, la inseguridad ciudadana es un tema que aqueja a las familias trabajadoras de los barrios (donde se refleja el desempleo), porque la descomposición de la institución estatal y de las relaciones sociales dominantes afecta más a la población trabajadora pobre de distritos como SJL, SMP, Comas, Ancón, VMT, VES, etc. que es la que, por lo general, sufre los homicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y todo tipo de violencias físicas y mentales. También es la que más sufre un sistema represivo completamente clasista, que tiene como fundamento el disciplinamiento social de la clase trabajadora y en particular de su juventud, como se ve en las características que adquiere la población carcelaria de todo el país: jóvenes, varones y pobres”.

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PERÚ. Inseguridad
ciudadana: el pez se pudre por la cabeza.

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Por César Zelada | 02/09/2023 | América Latina y Caribe

Fuentes: Rebelión sábado 2 de septiembre del 2023.

La plutocracia que controla el poder político denuncia hipócritamente la inseguridad ciudadana. La gran prensa afín a ésta se escandaliza y manipula morbosamente a la población.

El poder coercitivo (PNP), les tira la pelota a los fiscales (señalando que, de 100,000 delincuentes detenidos al año, estos liberan a 95,000 – radio Exitosa, 18/04-); y se victimiza al denunciar que hay un déficit de 40,000 policías. Los inquilinos de Palacio de Gobierno, proponen copiar el Plan Bukele y un Proyecto de Ley (PL), para crear la policía de orden y seguridad (POS). Los políticos, apoyados por mafias en la campaña electoral, demandan declarar en emergencia Lima Norte.

Las estadísticas sobre la delincuencia

Según las estadísticas oficiales (20/03/22), en nuestro país, 1 de cada 4 peruanos ha sido víctima de la delincuencia. Así las cosas, en el 2022, hubo 570 víctimas de delincuentes cada hora y 2,350 al día.

“Durante el 2021 hubo 94.789 actos delincuenciales, según el informe anual del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Además, los datos señalan que los delitos denunciados aumentaron en 18% (14.869) en relación al año anterior donde se registraron 79.920 actos delictivos”, (Infobae, 22/03/22).

Conforme al especialista en seguridad ciudadana de IDL, Aldo Pecho, en el 2023 se habría retornado a las cifras pre pandemia, pero con una organización criminal más sofisticada y donde la intervención de delincuentes venezolanos en delitos comunes es ínfimo (https://www.youtube.com/watch?v=ENYTTfmTId8; RPP, febrero 2023), lo cual implicaría que toda la campaña contra la migración venezolana tendría el mismo tufo que hace la plutocracia argentina contra la migración peruana, dividir a los trabajadores explotados para seguir usufructuando del poder político y acumular multimillonarias ganancias.

Los delitos más comunes

Por su lado, según el Instituto Penitenciario del Perú (INPE), los 10 delitos más comunes en el país son robo agravado (24,23%), violación sexual de menor de edad (11,78%), tráfico ilícito de drogas (7,58%), tentativa de robo (5,85%), promoción al tráfico ilícito de drogas (5,26%), violación sexual (4,46%), tráfico ilícito de drogas, en formas agravadas, (3,59%), homicidio calificado (4,42%), actos contra el pudor en menores de 14 años (2,95%) y hurto agravado (2,48%).

La política preventiva carcelaria ha fracasado.

A esta cuestión habría que agregar que la política punitiva carcelaria y la respectiva rehabilitación del reo no ha dado resultados positivos. Al respecto, el INPE, señala que,

“del 100% de cárceles, el 72% están hacinadas. Es decir, 49 de las 68 cárceles habilitadas, albergan un número significativo de internos mayor al que deberían tener… En el top de los penales con más del triple de reclusos se encuentran el del Callao, que con capacidad de 572 alberga a 3.450 reos (503,15%); el penal de Chanchamayo, destinado para 120 delincuentes, concentra 651 (442,50%); el de Quillabamba, de 80 reos, reporta 428 presos (435%); el de Abancay con 456 condenados, pese a tener capacidad para solo 90 personas (406,67%)”, etc. (infobae, 20/07/23). Esta cuestión implica que una mayor construcción de cárceles o leyes más duras no son la respuesta al problema de la inseguridad.

Para la abogada Romy Chang, directora de la Maestría en Derecho Penal de la PUCP,

“En muchos casos, el plazo de prisión preventiva vence y la fiscalía no llega a presentar su caso. Los plazos de prisión preventiva no deberían ser tan largos. Para algunos delitos, esta puede llegar hasta a cuatro años”.

Y hay los que cumplen condenas de más de 10 años sin sentencia. Lo que no señala la abogada Romy Chang es que la justicia capitalista es ensaña contra los delincuentes pobres, pero no con los millonarios.

La delincuencia: El pez se pudre por la cabeza

¿Por qué sucede esto? Porque si uno analiza objetivamente podrá concluir que, en la cuestión de la inseguridad ciudadana, el pez se pudre por la cabeza.

Como señala la socióloga Carla Deiana,

“…Es que el narcotráfico es un fenómeno internacional integrado por corporaciones empresariales que funcionan en varios países, mezclando la intervención de empresas legales e ilegales, unidas en un mismo proceso de acumulación capitalista…”, (EDM, 2023).

Entonces, el narcotráfico coadyuva a contrapesar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y como otras economías ilegales (sea trata de personas o tráfico de armas), es amparada por los Estados/nación, especialmente de los países imperiales, territorios donde, por lo general, se destinan las fortunas acumuladas por las organizaciones criminales, gracias a que estos países tienen una legislación financiera más flexible para los negocios turbios.

Ejemplos al respecto hay varios: A nivel internacional, el affaire del banco Wells Fargo del 2008 (recibió más de $ 378 millones del narcotráfico a través de transferencias electrónicas) o el del banco hongkonés HSBC, que fue acusado por el Senado de EE.UU. por lavar $ 15 mil millones, entre 2006 y 2009, a través de sus filiales de México, Rusia, etc.; y a nivel nacional, el lavado de dinero que hizo Montesinos a través de bancos como el Wiesse, BCP (del grupo Romero), o el del Pacific Industrial Bank de Gran Caimán, que operaba en el edificio Los Inkas (San Isidro), propiedad de la empresa bursátil Peruval de Rafael López Aliaga y que algunos señalan sería la razón de su éxito financiero desde 1997 (Ojo Público, 25/03/21).

También está los emblemáticos casos como el de Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao (mafia de políticos, jueces y fiscales), la mafia política de Chim Pum Callao (donde también están inmersos policías), así como el de Hayduk en el cual Dionisio Romero le pide apoyo a Montesinos para que éste separe la situación ilegal/criminal (se le había encontrado 353 kilos de droga camuflada en harina de pescado), de la empresa naviera/pesquera que pertenecía a Eudocio Martinez “Olluquito” (cliente del BCP que debía $80 millones), y se introduzca a cuatro administradores judiciales, para luego ser confiscada y absorbida por el propio grupo Romero. El carácter capitalista de la delincuencia es lo que explica a la vez que las sanciones para los banqueros que lavan dinero del narcotráfico sean condescendientes. En julio del 2020, Ojo Público reveló que, en casi dos décadas, la SBS impuso solo 15 multas y dos amonestaciones contra diez bancos por cometer infracciones graves, en su mayoría, de las normas antilavado (las 15 multas fueron por un monto total de US$530 mil contra el BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y otras seis entidades).

Y para los que plantean una mayor cantidad de policías para enfrentar la delincuencia habría que recordarles que no es que solo sería una cuestión de algunas manzanas podridas en la PNP, sino que es la PNP la que estaría podrida y pudre a los buenos elementos que ingresan a sus filas. Algunos botones de muestra: El jefe de la PNP, Jorge Angulo, reconoció la participación de policías en una mafia de trata de personas y narcotráfico (https://www.youtube.com/watch?v=kdKT1I-1Ve8). En el 2021, 131 policías fueron detenidos por involucrarse en robo de droga a narcos. Según la investigación de la periodista Doris Aguirre, el “arranche” de cocaína de mafias policiales a las redes del narcotráfico para revender la mercadería estaría en ascenso (LR, 20/12/21). Y si uno googlea podrá encontrar infinidad de casos donde la policía estaría involucrada en innumerables casos delictivos.

Finalmente, la inseguridad ciudadana es un tema que aqueja a las familias trabajadoras de los barrios (donde se refleja el desempleo), porque la descomposición de la institución estatal y de las relaciones sociales dominantes afecta más a la población trabajadora pobre de distritos como SJL, SMP, Comas, Ancón, VMT, VES, etc. que es la que, por lo general, sufre los homicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y todo tipo de violencias físicas y mentales. También es la que más sufre un sistema represivo completamente clasista, que tiene como fundamento el disciplinamiento social de la clase trabajadora y en particular de su juventud, como se ve en las características que adquiere la población carcelaria de todo el país: jóvenes, varones y pobres.

Es así también como se puede comprender que mientras que para los pobres hay más mano dura, para los ricos banqueros como los del grupo Romero o José Graña Miroquesada (dueño de Graña y Montero y envuelto en la corrupción de Lavajato, sigue como Pedro en su casa solo pagó una multa irrisoria, pero su nueva empresa AENZA puede, en 2 años, seguir contratando con el Estado), que juegan en pared con el narcotráfico y el sicariato, hay guantes de seda.

César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera y dirigente de la Agrupación Vilcapaza.

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