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“Algo
tenemos que hacer frente al narcotráfico, nadie lo duda. El
enfrentamiento a las bandas
y carteles no puede
obviar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras delictivas infiltradas en el Estado
y en toda la economía. Tratándose de organizaciones
criminales transnacionales se requieren respuestas de genuina cooperación policial y judicial internacional, sobre
todo sur-sur, que en ningún caso menoscaben la soberanía de los países, y que propugnen
simultáneamente respuestas orientadas a la despenalización
de la droga y al tratamiento del consumo como
una cuestión de salud pública. Además, es
indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente
marginada y explotada, reduciendo los insultantes niveles de concentración de la riqueza. Por igual, se deben
respetar las diferentes preferencias culturales.
Y en todo momento se tienen que garantizar los
equilibrios ecológicos. Estos son apenas
algunos pocos elementos para construir una
estrategia que asegure la seguridad al pueblo
ecuatoriano, que no se alcanzara sacrificando
derechos y libertades. En definitiva, con estos elementos
se define el principal campo estratégico de
acción, que demanda siempre más democracia nunca menos.
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¿PLAN
CÓNDOR DEL SIGLO XXI EN MARCHA?
El
imperio contrataca en la mitad del mundo.
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Por Alberto Acosta | 01/02/2024 | Ecuador
Fuentes. Revista Rebelión jueves 1 de
febrero del 2024.
Fuentes: Rebelión
“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones
extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas
armadas o de seguridad extranjeras”. –Artículo 5,
Constitución de la República del Ecuador, 2008
Daniel Noboa,
presidente de Ecuador, abrió la puerta a “la guerra”. El volcán
del crimen organizado, que tiene muchas aristas, terminó por estallar a inicios
del presente año en este país de la mitad del mundo. De un enfrentamiento
conocido como de “mano dura”, ahora se propone
uno de “súper mano dura”. En concreto se decretó
un “conflicto interno
armado” y se estableció una serie de “objetivos
militares” a neutralizar. En este empeño, la
militarización de la sociedad asoma como el eje rector, aplaudido por
amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada. Y así, las Fuerzas Armadas asumen un papel dominante, subordinando
a la Policía Nacional.
Esta
primera aproximación al tema despierta, con razón, preocupación. Como
certeramente anota el jurista y docente universitario Luis
Córdova Alarcón,
“el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado, por
un lado, y por los militares
por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles”. Más
militarización de la sociedad,
conducirá a menos democracia.
El asunto es
aún más complejo en la medida que se cristaliza
la pretensión de diversos sectores dentro del país, que, desde hace varios años, vienen clamando por el retorno de miembros de la fuerza armada norteamericana.
No se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta, en el año 2009. Es más, no han dudado en sostener
permanentemente una campaña de acusaciones en contra de esta decisión, con la
que, sin escatimar mentiras, pretenden convencer
a la sociedad que allí estaría el origen del auge del narcotráfico.
Una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales.
Recordemos
que, a fines del siglo pasado, el Ecuador,
durante el gobierno del democristiano Jamil Mahuad,
vivía una de sus mayores crisis sociales, económicas y
políticas. En ese complejo entorno, de forma reservada, se permitió la instalación en territorio ecuatoriano de
lo que se conoce como Base de Manta, cuyo nombre
oficial era de Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL,
Forward Operating Location).
Así se
posibilitaba, una vez más, la instalación de tropas de
los EEUU en territorio ecuatoriano. ¿Cómo que una vez más? Si, en
diciembre de 1941, sin que el gobierno ecuatoriano hubiera aún concedido la autorización para ocupar espacios del territorio
nacional, contingentes de la marina y del ejército
norteamericano desembarcaron
en posiciones estratégicas en Salinas, en la costa ecuatoriana, y en Baltra, en las Islas Galápagos. En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis
política: su provincia de El Oro estaba
invadida por tropas peruanas con las que Lima trataba de imponer un arreglo limítrofe.
Esa
agresión no preocupaba mayormente o casi nada en la región.
Los países americanos estaban conmocionados por
el ataque japonés a Pearl
Harbor el día 7 del mismo mes de
diciembre. La solidaridad panamericana estaba en
su apogeo. La defensa colectiva del continente,
inspirada en los convenios multilaterales de Lima y la
Habana, se complementaba con varios convenios bilaterales.
El presidente
Carlos Alberto Arroyo del Rio, del gobierno
liberal-conservador, incapaz de dar una respuesta a la doble invasión, se sumó
a esa solidaridad internacional, reclamando, un
par de años más tarde, “el procerato de la lealtad”… a
Washington. En la práctica toleró la ocupación del territorio nacional por las
tropas yanquis y aceptó las imposiciones peruanas.
Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el
convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU
en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la
presencia de las fuerzas armadas peruanas en territorio ecuatoriano y con una
enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942,
se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, con el que el Perú intentó dilucidar la larga disputa de límites con
su vecino.
Cuando se
avizoraba el fin de la segunda guerra mundial,
los EE.UU. trataron de prolongar la ocupación de
esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones
de dólares. Esas negociaciones con el gobierno liberal-conservador de Quito se frustraron por la revuelta popular del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”. Durante el nuevo régimen se mantuvieron
las pretensiones de la gran potencia del norte. Empero, en la Asamblea Constituyente de 1944 se exigió buscar una
salida que evite al país “la más humillante ofensa a la
dignidad soberana”. Las presiones y negociaciones continuaron. Inclusive
fueron parte de la agenda en los debates de otra Asamblea
Constituyente, la de 1946. Sería en ese
año, el 1º de julio cuando se retiraron las
tropas de Washington. Al salir sus soldados
dejaron desmantelados los equipos y en escombros las construcciones.
No se trata
de hechos y pretensiones aisladas. Las
apetencias imperiales, contando con la complicidad de varias personas
relevantes en Ecuador, han estado desde hace
mucho tiempo presentes. Su mayor atención se ha fijado en las Islas Galápagos. Una y otra vez, desde el siglo XIX,
este territorio formó parte de negociaciones para tratar de resolver los
acuciantes problemas de la “deuda eterna”. Antes
de la instalación de la base de Baltra, ya en el
año 1935, el presidente Franklin
D. Roosevelt, preocupado por razones de geoestrategia y ante la no aceptación de Ecuador para vender las islas, buscaba
mecanismos para que sea su país el que proteja la
biodiversidad allí existente. Incluso se sugería la sesión de soberanía para que sea la Unión Panamericana la responsable del patrullaje de las islas y
la encargada de financiar el proyecto.
Lo cierto es
que Washington, insistentemente, ha desplegados
esas intenciones. Los EEUU inclusive asoman
prestos para “ayudar”
cuando este pequeño país ecuatorial sufre alguna grave calamidad. En esta historia, larga y triste, bastaría traer a colación la
llegada de tropas norteamericanas luego del terremoto de 1987, que golpeó duramente al nororiente
del país y que destruyó el oleoducto transecuatoriano,
ahondando la crisis económica desatada poco antes por el insostenible peso de
la deuda externa. Llegaron reservistas norteamericanos para ayudar en la construcción de una vía
que uniría San Pablo-Río
Hollín-Huaticocha. Lo que buscaban esas tropas era aprender a construir carreteras en territorios selváticos, por eso su
aporte real fue prácticamente nulo. Y aun cuando el Congreso
Nacional dispuso su salida, el gobierno del socialcristiano León
Febres Cordero permitió que continúen en territorio ecuatoriano para cumplir con el plazo
de seis meses acordado con los EE.UU.
Para cerrar
este breve repaso se podría mencionar también como el gobierno
de Guillermo Lasso negoció
la protección del archipiélago cediendo
parte de la soberanía nacional a través de una
confusa negociación financiera.
La cruda realidad de la Base de Manta
A contrapelo de quienes sostienen lo contrario, vale conocer que la base norteamericana en Manta no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó, los envíos de droga se triplicaron y decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis e inclusive se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016. Es más, como se demostró posteriormente, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes.
Muy lejos
quedó el sueño de transformar a Manta en una
suerte de Miami en el Pacífico. Los bares,
discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon tuvieron la
duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto,
o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza
y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los
norteamericanos. El crecimiento del turismo y
el comercio que se esperaba llegó para pocos.
Las tropas allí instaladas consumían escasos productos
locales.
También
cabría traer a colación que luego del
desmantelamiento de la base de Manta, los
norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia,
en donde en la actualidad ya existen 7 bases de los
EE.UU., sin que se haya logrado parar hasta ahora el narcotráfico; es más, la
producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde
funcionan 5 bases
militares norteamericanas.
Otra oportunidad propicia para Washington
Ahora, en
medio de otra crisis de enormes proporciones, que ha desembocado en un
enfrentamiento armado contra el narcotráfico y afines, aparecen nuevamente las
condiciones para otro desembarco de tropas norteamericanas. La declaración del “conflicto interno armado” empata con las pretensiones
de Washington, siempre presto a profundizar los
lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo en la actualidad cuando las
grandes potencias mundiales están empeñadas en consolidar sus espacios de influencia y de ser posible ampliarlos.
Los EE.UU., lo sabemos muy bien, están metidos hasta el
cuello en una larga y casi inútil guerra contra el narcotráfico; bastaría con recordar su
aparatosa derrota en lo que se conoce como “la guerra del opio” en Afganistán, el año 2021. La guerra contra el narcotráfico, sin embargo,
es parte de su geo-estrategia, sobre todo en
nuestra región.
Como ya lo
señalamos, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta se ha mantenido una campaña de diversas fuerzas
políticas para que se autorice su retorno. En todo este tiempo, representantes
del Comando Sur han
ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar.
Hubo varios acercamientos cobijados con lo que significa la coordinación en la
lucha contra el narcotráfico;
no faltaron los aplausos desde el Norte a las acciones del gobierno de Rafael Correa, en cuyo primer período se produjo la
salida de la Base de Manta por una disposición
constitucional a la que se llegó luego de un largo proceso de resistencia en el
país, desplegado desde el año 1999, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador.
Las
acciones para conseguir una mayor coordinación entre los
militares de los dos países avanzaron aceleradamente en el gobierno de Guillermo Lasso, justo
cuando desde la Embajada norteamericana en Quito
se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza
pública. En ese contexto, mientras se profundizaba / toleraba la infiltración de los narcos en la
institucionalidad estatal
y entraban a raudales los narcodólares en toda la economía, se redobló
el paso para la
preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”, que no
solo que no resolvió la cuestión del narcotráfico en ese país, sino que de diversas maneras es
también uno de los causantes de la creciente presencia de las bandas delictivas
transnacionales en Ecuador.
En junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre los
dos países. En diciembre del mismo año, el Congreso de
Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, estableciendo un
plazo de medio año para que el Departamento de Estado propusiera un plan de acción concreto.
Posteriormente, el Grupo de Trabajo Bilateral de
Defensa entre ambos países, a mediados del 2023,
propuso invertir más de 3.100 millones de dólares en
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un plazo de 7 años
de duración.
En
mayo del mismo año, en el régimen de Lasso se firmó un acuerdo para la interceptación
aérea. En setiembre se alcanzó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar
las actividades marítimas
transnacionales ilícitas. Ambos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni
aprobados por la Asamblea Nacional. Y en ese
mismo 2023, en octubre, a espaldas de la sociedad,
como sucedió con la Base de Manta, el canciller
ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos suscribieron
el “Acuerdo relativo al
Estatuto de las Fuerzas”, que ha también recibido luz verde por parte de
la Corte Constitucional.
Estas
decisiones del órgano encargado de velar por la vigencia plena de la Constitución, sorprenden, por decir lo menos. Por
mandato constitucional están prohibidas
bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional; en realidad no se trata de una prohibición para tener tropas extranjeras en un espacio físico reducido, sino de una clara prohibición
de tropas foráneas en el Ecuador. Nuestro país
fue declarado por la Constitución del 2008 -aprobada
mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en
las urnas- como un territorio de paz. Lo grave
es que la Corte determinó que este acuerdo no constituye un acuerdo militar,
sino más bien es solo un “compromiso de asistencia” en
el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaría debate alguno en
la Asamblea Nacional, tal como sucedió con la Base de Manta en el año 1999.
Es decir, este acuerdo puede ser ratificado directamente por el presidente Noboa.
Quizás,
como una anotación para la historia queda el voto salvado de tres magistrados de la Corte, que resaltaron la magnitud y
la trascendencia de los compromisos acordados y los privilegios concedidos a
una fuerza militar extranjera, que comprometen la soberanía
nacional y que al menos debió ser tratado por la Asamblea Nacional. Intentar confundir el aporte militar de los EEUU como un simple apoyo policial es una conclusión realmente audaz;
ese subterfugio legal
sirve para no cumplir con el claro mandato constitucional: artículo 419, que
establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se
requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.
Los
propósitos militares del acuerdo relacionado al estatuto de las fuerzas
son evidentes. Basta revisar sus términos. El
acuerdo se aplica a personal
militar, tanto como al personal civil y contratistas estadounidenses que
intervengan en diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de
privilegios e inmunidades. Se establecen exenciones
tributarias para las tropas
norteamericanas. También se entrega el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se obvia la jurisdicción penal sobre ese personal; no solo es,
inclusive se acepta la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Y, por cierto, esto es clave, se asegura
el libre movimiento de vehículos
y buques; en otras palabras, las tropas
norteamericanas no necesitarán una base específica, pues podrán recorrer
libremente todo el territorio nacional y acceder
en la práctica a todas las instalaciones, bases y cuarteles
de las fuerzas armadas ecuatorianas.
El tan
mencionado Plan Fénix para enfrentar el crimen
organizado, al que se ha referido con frecuencia el mandatario ecuatoriano, a
la postre parece ser un plan elaborado so por el Pentágono.
En palabras de la jefa del Comando Sur: “EEUU tiene un
plan de seguridad de cinco años para Ecuador”. Un plan bautizado como la
Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad.
Ella, adicionalmente, al celebrar la aceptación de este acuerdo y al tiempo de
participar en la ceremonia de entrega de una
nueva donación de equipos militares de los EEUU,
declaró que “estoy orgullosa de servir con ustedes
en el equipo democracia”, refiriéndose a los militares ecuatorianos presentes. Democracia,
seguridad, desarrollo… todos conceptos con los que con frecuencia se
disfrazan las apetencias imperiales.
Ecuador territorio en disputa de intereses geoestratégicos
Aceptemos
que, si los capitales del
crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales
negocios, los EEUU responden con su lógica
geoestratégica. Desean una vez más poner en marcha lo que podría ser visto como
una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI. De esta
manera las fuerzas armadas del Ecuador -así como
de otros países de la región- asumen cada vez más papeles policiales para combatir
al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia
popular. Una realidad que se constata en muchas partes de Nuestra América – cada vez más influenciada por el bukelismo-, incluso
en países con gobiernos progresistas, como México.
Este
devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas
de contrainsurgencia -quien sabe si también
apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que
se los puede maquilar como de lucha contra el crimen organizado.
Como
para redondear este breve análisis cabría anotar el
posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a
favor de objetivos e
intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al
menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos
desatadas por el sionismo
en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito
de la represión que recibe Ecuador de Israel.
Igualmente, el hecho de que Ecuador haya
resuelto entregar arnas de origen ruso y ucraniano a
los EEUU a cambio de nuevo
armamento norteamericano, implica asumir una posición en ese conflicto europeo, que
tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No
falta, por cierto, la renovada
declaración oficial de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela.
Finalmente, si nos
atenemos a las experiencias en México y Colombia,
con sus fracasadas guerras en contra del narcotráfico, bien podemos anticipar el desastre
de la estrategia belicista
asumida por el gobierno de Noboa. Sin embargo,
el “conflicto interno
armado” parece tener otros objetivos colaterales, como sería profundizar
aún más las estructuras autoritarias en el país vía militarización de la sociedad –reforzada con la
presencia de tropas norteamericanas-, al tiempo que en paralelo a la acción
bélica se camina hacia una creciente neoliberalización de
la economía. Así, la próxima estación, en una economía dolarizada, sostenida en gran medida por los narcodólares, sería un nuevo acuerdo
con el FMI…
*****
Sin
minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al
narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la represión militar y el populismo
penal, que terminan por crear las condiciones para seguir criminalizando a
grupos empobrecidos y
racializados, lo que podría transformar esa acción
represiva en una estrategia para frenar las
protestas populares y las resistencias territoriales
en contra de los extractivismos.
En definitiva, no es tolerable la transformación del Ecuador
en una suerte de protectorado de Washington.
Algo
tenemos que hacer frente al narcotráfico, nadie lo duda. El
enfrentamiento a las bandas
y carteles no puede
obviar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras delictivas infiltradas en el Estado
y en toda la economía. Tratándose de organizaciones
criminales transnacionales se requieren respuestas de genuina cooperación policial y judicial internacional, sobre
todo sur-sur, que en ningún caso menoscaben la soberanía de los países, y que propugnen
simultáneamente respuestas orientadas a la despenalización
de la droga y al tratamiento del consumo como
una cuestión de salud pública. Además, es
indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente
marginada y explotada, reduciendo los insultantes niveles de concentración de la riqueza. Por igual, se deben
respetar las diferentes preferencias culturales.
Y en todo momento se tienen que garantizar los
equilibrios ecológicos.
Estos son
apenas algunos pocos elementos para construir
una estrategia que asegure la seguridad al pueblo
ecuatoriano, que no se alcanzara sacrificando
derechos y libertades. En definitiva, con estos elementos
se define el principal campo estratégico de
acción, que demanda siempre más democracia nunca menos.
ALBERTO
ACOSTA: Economista ecuatoriano. Compañero de lucha de los
movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007).
Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia
de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas
(2012-2013). Autor de varios libros y artículos.
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