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El presidente del
Consejo de Ministros, Alberto
Otárola, anunció esta tarde, en conferencia de prensa, que en sesión de Gabinete ministerial se aprobó, «de manera unánime», un proyecto de ley que
modifica la Ley de Reforma
Magisterial para «garantizar
que los estudiantes cuenten con profesores idóneos que promuevan una educación a base de valores,
de respeto por la Constitución y del estado de derecho».
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CESAR DOCENTES, MIRANDO LA
PAJA EN OJO AJENO.
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Por: Germán Vargas Farías.
Fuente. Otra Mirada Lima jueves 8 de febrero del
2024.
El
anuncio hecho por el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, sobre la
aprobación de un proyecto
de ley, que modifica la Ley de Reforma Magisterial,
“para garantizar que los estudiantes
cuenten con docentes idóneos que promuevan una educación con cultura de paz,
que respeten los derechos humanos y la Constitución”, parece una buena noticia, aunque inevitable sospechar viniendo de
quien viene.
Advierto que no he leído el proyecto de ley, pues parece
ser que aún no se publica,
pero me permito hacer este
comentario a propósito de lo declarado por el jefe del Gabinete Ministerial, y por la
ministra de Educación, Miriam
Ponce.
Ha dicho Otárola que
“Los docentes
están obligados a cumplir con los objetivos del currículo
escolar, y a enseñar sobre la base de los
valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución y el respeto a los derechos
fundamentales”. Amén.
Así debe ser.
Ha declarado,
también, que
“Se ha aprobado un
proyecto que ley que establece causales de cese inmediato por causas muy graves contra
aquellos docentes
que pertenezcan a ideologías
que contravienen la Constitución
y que estén dictando clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos”. Aquí, creo, falta precisar cuáles son
esas ideologías que “contravienen
la Constitución”.
Otárola,
y el gobierno que cuasi
preside, creen que su proyecto
de ley
“permitirá
encausar en
los principios democráticos y fomentar la crítica a aquellas ideologías
que no han hecho más que dañar al Perú y causar innumerables víctimas y daños materiales”.
Si el gobierno, incluyendo a Dina Boluarte, se refieren a los hechos comprendidos entre
diciembre 2022 y febrero
o marzo de 2023, lo que causó la muerte de 50
personas, entre ellas siete adolescentes fue,
según el Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el uso desproporcionado y letal de la fuerza fuera de las circunstancias permitidas por
las normas internacionales de derechos humanos, y
la práctica del “terruqueo” y el uso de
un lenguaje que calificaba a los y las manifestantes como violentos, vándalos o vinculados
a actividades ilegales,
así como el discurso
racista con comentarios despectivos basados en la etnia,
la condición social o el origen regional de los manifestantes.
Haría bien Otárola, tomando el caso específico de esas muertes, si explica cómo esperaría que un/a docente enseñe
“sobre la base de los valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales y la crítica a aquellas ideologías violentistas”, lo que ocurrió con nuestros 50 compatriotas en esas circunstancias.
Seguramente
hay docentes que merecen ser retirados de las aulas. Lo mismo, creo, y
sin perjuicio de su obligación
de responder penalmente, debiera
ocurrir con funcionarios y autoridades
que infringieron normas y protocolos, y que aún
ahora pretenden negar su responsabilidad. Dice
el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que
“la respuesta del
Estado estuvo
caracterizada por el uso desproporcionado,
indiscriminado y letal de la fuerza”, ¿Cuántos policías, militares, o
funcionarios han sido retirados de su
función por estas “prácticas violentistas”, y cuántas autoridades han sido cesadas por su permisividad y tolerancia
hacia el racismo,
la discriminación y
la estigmatización
de la población manifestante?
Cuando la ministra de Educación,
Miriam Ponce, dice que quienes deseen ingresar a
la carrera pública magisterial (CPM), no deben
pertenecer a título personal ni grupal,
“a ninguna organización, movimiento o cualquier forma de agrupación, que contravenga los principios cívicos y democráticos establecidos en la Constitución”, ¿está incluyendo a docentes castillistas, cerronistas, fujimoristas, acuñistas, medievalistas (de Renovación Popular), entre otros, partidarios de las organizaciones políticas representadas en el Congreso de la República?
Pues si hay un lugar donde
se contravienen frecuentemente los principios cívicos y
democráticos establecidos en la Constitución,
y se confabulan para torcer
el derecho, es precisamente allí - con la anuencia de Otárola y la señora que le acompaña en el gobierno-
con total impunidad.
De
modo que está bien y corresponde hacer todos los
esfuerzos para ofrecer una educación de calidad, libre
de violencia, que promueva los derechos
fundamentales, el respeto por la identidad propia y la diversidad;
y se puede justificar el cese
de docentes que transgredan los valores de la Constitución y, habría que agregar, de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano; pero si se trata de promover los valores cívicos, democráticos y ciudadanos,
no solo se demanda docentes
“con solvencia
moral, que sean forjadores de una cultura de
paz”, se requiere, también, de autoridades
comprometidas con lo mismo, y no las tenemos.
Las que están hace tiempo
debieron renunciar, y merecen ser cesadas.
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