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“De
acuerdo a revelaciones recientes del Team del DOD asignado al Ecuador, el
camino hacia la firma del SOFA
habría sido mucho más rápido que lo normal, por lo que debería ser visto como
un «caso de estudio».
La historia que cuentan es la siguiente: durante
2023 Ecuador se preparaba para ser la sede de un
ejercicio militar multinacional, Resolute Sentinel, organizado por
el Comando Sur de los EEUU
(SOUTHCOM) y dirigido por la 12° Fuerza Aérea-Sur
(12°AFSOUTH), en el que participarían 1,000 soldados norteamericanos de todas las ramas
y su equipo militar correspondiente (buques, aviones, etc.), mismo que debería realizarse en verano del 2023.
“Los
trámites migratorios y aduaneros para tal fin eran muy demorados. Finalmente, el ejercicio militar no se llevó a cabo en Ecuador sino en Perú.
De acuerdo al documento del equipo del DOD en Ecuador: «Tras esta
decisión, y dada la creciente demanda de cooperación
en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el
equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir
un Acuerdo sobre el
Estatuto de las Fuerzas». Sin embargo, de una lectura detenida de ese documento
se puede desprender que, en realidad, el asunto
de la demora en los trámites para el ejercicio militar sólo
sirvió como coartada para presionar al gobierno ecuatoriano a firmar un SOFA que ya se venía cabildeando con anterioridad.
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Fuentes: Página/12
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¿CÓMO
SE COCINÓ LA SOFA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y ECUADOR?
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Por Miguel Ruiz Acosta | 16/05/2024 | Ecuador.
Fuentes
Revista Rebelión jueves 16 de mayo del 2024.
Para
nadie es un secreto que los Estados Unidos son
la potencia con mayor
presencia militar en el planeta, contabilizando alrededor de 750
bases militares en alrededor de 80 países del
mundo, así como 173 mil tropas desplegadas en 159 naciones durante los últimos años, como lo ha
documentado exhaustivamente el profesor David Vine de
la American University en Washington. Lo que no
es tan conocido es que el despliegue
militar suele ir acompañado de un tipo de
acuerdos bilaterales conocidos como «Acuerdos
sobre el estatuto de las fuerzas» (SOFA, por sus siglas en inglés). El objetivo central de estos dispositivos es «regular» los términos bajo los cuales operan las tropas norteamericanas, así como los contratistas y subcontratistas
del Departamento de Defensa (DOD)
en aquellos países en donde tienen algún tipo de presencia, con o sin bases permanentes.
Después del breve paréntesis soberanista que representó el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, a partir de 2018, el país equinoccial retornó al redil de la geopolítica hemisférica estadounidense de la mano de los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Los mayores acercamientos con los EEUU se dieron bajo la administración de Lasso, quien en octubre pasado firmó un SOFA nombrado Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los EEUU relativo al Estatuto de las Fuerzas, mismo que fue ratificado en febrero de este año por el presidente Noboa.
En
pocas palabras, dicho acuerdo
representa la renuncia ecuatoriana a ejercer soberanía plena sobre dimensiones muy
delicadas como la seguridad y el propio territorio nacional. Algunas perlas como muestra: al personal militar estadounidense en el país se le otorgarán privilegios,
exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal de las misiones diplomáticas (Art. 2); las aeronaves,
los buques y los vehículos
operados por el DOD podrán entrar al territorio
del Ecuador, salir
de y desplazarse
libremente por el mismo (Art. 5); el DOD
podrá contratar pertrechos, suministros, equipos
y servicios sin restricciones en cuanto a la elección del contratista; los contratos se solicitarán, adjudicarán
y administrarán de conformidad con las leyes y regulaciones de los EEUU
(Art. 6); el personal de los EEUU tendrá libertad de movimiento
y acceso a medios de
transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones (Art. 9);
se permitirá que el DOD opere sus propios sistemas de telecomunicaciones,
así como el derecho a usar todas las frecuencias del espectro
radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los EEUU
(Art. 10); ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por
lesión o muerte de miembros del personal de las FFAA o
su personal civil.
Los
reclamos de terceros por daños o pérdidas causados
por personal de los EEUU serán resueltos por el Gobierno
de los EEUU de acuerdo con las leyes y regulaciones de
dicho país (Art. 12). Difícil imaginar mayores niveles de entreguismo.
De acuerdo a revelaciones recientes del Team del DOD asignado al Ecuador, el camino hacia la firma del SOFA habría sido mucho más rápido que lo normal, por lo que debería ser visto como un «caso de estudio». La historia que cuentan es la siguiente: durante 2023 Ecuador se preparaba para ser la sede de un ejercicio militar multinacional, Resolute Sentinel, organizado por el Comando Sur de los EEUU (SOUTHCOM) y dirigido por la 12° Fuerza Aérea-Sur (12°AFSOUTH), en el que participarían 1,000 soldados norteamericanos de todas las ramas y su equipo militar correspondiente (buques, aviones, etc.), mismo que debería realizarse en verano del 2023.
Los
trámites migratorios y aduaneros para tal fin eran muy demorados. Finalmente, el ejercicio militar no se llevó a cabo en Ecuador sino en Perú.
De acuerdo al documento del equipo del DOD en Ecuador:
«Tras esta decisión, y dada la creciente demanda de cooperación en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el equipo estadounidense en el país
decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas».
Sin
embargo, de una lectura detenida de ese documento se puede
desprender que, en realidad, el asunto de la
demora en los trámites para el ejercicio militar sólo
sirvió como coartada para presionar al gobierno ecuatoriano a firmar un SOFA que ya se venía cabildeando con anterioridad.
Allí
mismo se refiere como la visita de Laura J. Richardson
del Comando Sur (foto, con
Noboa) y una comitiva de altísimo nivel al país en septiembre de 2022 fue la
que «allanó el camino».
De allí en adelante
«el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para
conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas». A la cabeza de esto
habría estado el Embajador Michael
J. Fitzpatrick, quien ya se venía comportando como auténtico proconsul, por sus
reiteradas declaraciones injerencistas sobre la
política local: tanto la sección política (¿La CIA?) como la Oficina de Cooperación en
Seguridad (OSC) de
la Embajada «colaboraron
estrechamente para organizar sesiones de negociación entre un equipo interinstitucional»: el Departamento de Estado de los EEUU y los ministerios ecuatorianos de Relaciones
Exteriores y de Defensa. Algo que también resulta revelador es la
confirmación de que hubo funcionarios del Ministerio de
Defensa del Ecuador que «se opusieron
inicialmente a la falta de reciprocidad del SOFA», pero que los cuestionamientos fueron
superados con el «compromiso
público del ministro de defensa [¿Gral. Luis Lara Jaramillo?] que invalidara las objeciones de su personal».
De
acuerdo a la retórica del DOD, la firma (Lasso) y posterior ratificación (Noboa) del SOFA
«agiliza la cooperación a través de la Hoja de Ruta
de Asistencia al Sector Seguridad de Ecuador
(ESSAR), un marco de planificación bilateral que
describe las prioridades de seguridad compartidas por EE.UU.
y Ecuador» Prioridades que, sobre decirlo, responden fundamentalmente a
la visión norteamericana sobre la región; y eso aplica tanto para las abiertamente declaradas (lucha contra el terrorismo y el narcotráfico), como para
las implícitas (control geopolítico y militar;
supervisión de lo que consideran «sus» recursos naturales, etc.).
Con
la firma del SOFA y de una docena más de acuerdos complementarios,
el Ecuador le vuelve a abrir sus puertas a la ya
bicentenaria injerencia estadounidense
en Nuestra América. Solo en este contexto es
posible entender episodios
como la artera invasión de la Embajada de México ordenada por Noboa el mes pasado; una
acción que difícilmente podría haberse realizado a espaldas de los órganos de
poder de los EE.UU.
Miguel Ruiz
Acosta: Sociólogo mexicano-ecuatoriano.
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