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“No podemos normalizar la
corrupción Martín
Salas, exfiscal anticorrupción El exfiscal supremo adjunto
anticorrupción Martín Salas,
quien renunció al Ministerio Público cuando la institución
quedó en manos de la fiscal
Patricia Benavides, no dudó en cuestionar los antecedentes de los
congresistas. En declaraciones para La República,
remarcó que “no debemos
normalizar la corrupción”. En esa crítica, señaló que las
investigaciones contra los congresistas
aumentarán por los pactos sobre la mesa que hicieron varios parlamentarios con Benavides,
destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“No podemos normalizar la corrupción. Si desde el Congreso se ven estos antecedentes,
ahora sabemos que hubo negociados con Patricia Benavides y tratos sobre la mesa. Es una vergüenza. De hecho, que
las investigaciones aumentarán contra los congresistas”, dijo el exfiscal anticorrupción.
“En
esa línea, Salas instó a la ciudadanía a hacer sentir
su voz de protesta ante la situación actual que se vive, con un Congreso
cuestionado por las decisiones que se han ejecutado durante este periodo, en el
que se vulnera toda norma con la finalidad de beneficiarse.“La
ciudadanía no puede callar. No es posible que estos congresistas
cuestionados se mantengan en el cargo pese a los graves antecedentes y
acusaciones actuales. Entre ellos se blindan y por eso no pasa nada. La
población es la única que puede sacarlos alzando su voz de protesta”,
sentenció.
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PERÚ
LA CORRUPCIÓN DEVORA LAS INSTITUCIONES. ENVENENA EL ESTADO. EL FIN DE LA
POLÍTICA.
“Está
Muriendo la Democracia”
67
congresistas en la Fiscalía: juntos acumulan 729 delitos.
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Investigados. En el Ministerio Público también rondan los actuales parlamentarios, pero no para legislar. Deben responder por denuncias de corrupción, recorte de sueldos, contrataciones fantasmas, confabulaciones, entre otras. Diecisiete de ellos son indagados por lavados de activos, contenciosos administrativos, contra la tranquilidad pública; y nueve tienen sentencia con restricciones.
Por Carlos Villacorta y Mariana Quilca. Periodistas.
Fuente. Diario la República. Martes 28 de mayo del
2024.
El Congreso de la República es uno de los poderes del Estado más
cuestionados en los últimos años. En la actualidad, la representación nacional
no tiene prestigio, credibilidad ni transparencia.
Pero eso no es todo. Más de allá de
las denuncias de corrupción por recorte de sueldo a sus
trabajadores, contrataciones fantasmas, negociaciones ilícitas y
confabulaciones en la Fiscalía; los integrantes del Parlamento también tienen un pasado
‘oscuro’ que se plasma en un rosario de
denuncias e investigaciones.
La República envió
una solicitud de acceso a la información pública por transparencia del
Ministerio Público para saber la situación legal de los 130
parlamentarios del periodo 2021-2026.
El
pedido incluyó el estado de las denuncias y que los delitos
en los cuales estarían inmersos los padres de la patria sean especificados a
través de carpetas fiscales.
Bajo esos parámetros, la Fiscalía respondió
que un total 67 legisladores acumulan 729 delitos.
De
ese universo, se detalló que 50 son investigados
contra la administración pública,
contra la fe pública y
contra el patrimonio; y 17 están inmersos en delitos de lavado
de activos, contencioso administrativo, contra
la tranquilidad pública, entre otros.
En tanto, nueve representantes tienen una sentencia por parte del Poder Judicial.
Congresistas con más casos
fiscales
La República revisó cada carpeta
fiscal que procesó el Ministerio Público con base en la información de su
sistema.
Al analizar toda la información, se
comprobó que el congresista Luis
Picón Quedo, natural de Huánuco, es el legislador con más denuncias.
En la revisión exhaustiva de
documentos se determinó que el integrante de la bancada de Podemos
Perú registra 136
delitos que se reparten en 78
carpetas fiscales.
Este
medio constató, además, que los casos son contra la administración pública en la
modalidad de corrupción, tráfico de influencias y abuso de
autoridad; así como el delito contra fe pública, en el cobro de cheques sin
fondo y falsificación de documentos.
Los antecedentes contra Picón
se iniciaron desde 2001,
pero obtuvo más denuncias en el 2010, cuando se desempeñó como gobernador regional de Huánuco.
Le sigue Raúl Huamán, de Fuerza
Popular, con 36 delitos adjuntados
en 20 carpetas fiscales. El parlamentario, natural de Ica,
presenta antecedentes penales por corrupción desde el año 2002.
En el 2021 también se le abre un proceso por marcaje y banda criminal;
además, en el 2023 tiene un proceso en etapa de
formalización por alimentos.
De igual forma se encuentra Edwin Martínez Talavera (Acción Popular, ahora no agrupado), quien aparece con 10 carpetas fiscales y con 21 delitos. Su mayor número de investigaciones por corrupción se establecieron, entre el periodo 2015 y 2018, cuando se desempeñó como alcalde del distrito arequipeño de Mariano Melgar.
Desde la bancada de Somos
Perú, está José Pazo, natural
de Piura, quien desde el 2011
acumula 9 carpeta fiscales y más de 10 delitos.
Su mayor número de denuncias se dio en el tiempo que se desempeñó como alcalde
de Sechura, en la región de Piura.
Eduardo Salhuana, de la
bancada de Alianza para el Progreso, es otro de los parlamentarios
bajo lupa de la Fiscalía desde el año 2015 y 2016, fecha en que empezó a laborar
como gerente general del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
El
sistema del Ministerio Público recoge
que el apepista
reporta 7 carpetas fiscales y
se encuentra involucrado en más de 10 delitos,
como lavado de activos,
abuso de autoridad, peculado de uso, entre otros.
Otro caso que no
pasó desapercibido es la situación legal del presidente del Congreso, Alejandro
Soto. El titular de la Mesa
Directiva tiene 5 carpetas
fiscales que lo involucran en 10 delitos, como corrupción y falsificación de domicilio en Cusco.
A ello se le suman las
investigaciones que se le abrieron por el caso Fábrica de Trolls y por sus vínculos en
negociaciones con Patricia Benavides,
por lo cual solicitó 70.000 soles del Congreso para su derecho de
defensa.
La República intentó dialogar con el presidente del Parlamento; sin embargo, a través de su asesor Eduardo Quesada mencionó que no tiene investigaciones en Cusco.
Más congresistas investigados
La lista de congresistas con
antecedentes en corrupción continúa. Williams Zapata (Avanza
País) fue investigado por secuestro en el 2009, Luis
Kamiche (Cambio Democrático) fue procesado
por violencia contra la mujer en el 2021.
Óscar Zea (Bloque Magisterial) y Juan
Mori (no agrupado) estuvieron denunciados e investigados por homicidio. En esa línea, Waldemar
Cerrón (Perú Libre) y Luna
Gálvez (Podemos) se vieron expuestos en el delito
de tráfico de influencias.
En Fuerza Popular
casi nadie se salva en indagaciones de corrupción.
En la lista están Patricia Juárez, Martha
Moyano, Alejandro Aguinaga, Nilza Chacón,
Mery Infantes, David Jiménez, Jorge Morante Figari, Auristela Obando y Ernesto
Bustamante.
Un
mismo panorama se
refleja en Perú Libre. Entre ellos destacan María Taipe,
Flavio Cruz, Margot Palacios, Segundo Montalvo, Américo Gonza, María Agüero,
Kelly Portalatino y Wilson Quispe.
En Avanza País no
podía faltar Patricia Chirinos, quien
tiene una nueva investigación por sus vínculos con Patricia Benavides.
Se le suman Norma Yarrow, Rosselli Amuruz, Diana Gonzales y María Córdova
Lobatón.
En Podemos Perú,
aparte de Luna, se
encuentran Zeballos Madariaga y José Elías; mientras
que en Bloque Magisterial encabezan
Óscar Zea, Segundo Quiroz, Lucinda Vásquez y Alex Paredes.
Este medio se trató de comunicar con los congresistas involucrados en investigaciones; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Sentenciados se pronuncian
La República se
comunicó con los congresistas
que cuentan con sentencias,
para tener mayor detalle sobre el estado de las mismas.
En el caso del exministro y congresista Roberto Sánchez,
de Cambio Democrático–JPP, quien fue denunciado en la Fiscalía
de Huaura por el delito contra la fe pública en
la modalidad de falsedad ideológica, la sentencia lo absolvió de los cargos.
Sánchez señaló que al obtener una sentencia
absolutoria y el estado del proceso es archivado, sobreseído.
Por
otra parte, el congresista no agrupado Edwin
Martínez, quien cuenta con dos
procesos, uno por abuso de autoridad y otro por manejar bajo los efectos del
alcohol, solo recibió una advertencia.
“No fui condenado en ninguno de los
dos procesos, que son de hace años. Solo recibí una advertencia y me pusieron
una multa”, remarcó.
El congresista de Acción
Popular Raúl Doroteo indicó que los fallos que le impuso el Poder
Judicial ahora se encuentran en casación. Esta información
la hizo llegar mediante Nilton Tasayco,
trabajador de su despacho que dio los descargos del parlamentario.
“Dice dos sentencias, porque es en primera y segunda instancia,
pero solamente es un caso, un proceso que está en casación”, informó Tasayco.
Finalmente, el congresista del Bloque
Magisterial de Concertación Nacional
Óscar Zea, imputado por los delitos, de homicidio y falsificación,
también recibió sentencia absolutoria y recalcó que está a la espera de la
resolución de uno de los procesos.
“Nunca he sido condenado en ninguna instancia.
Hay uno con auto de sobreseimiento y estamos esperando la resolución”, afirmó.
Hasta el cierre de la nota, Esdras
Medina, José Pazo y Eduardo Salhuana,
que también gozan de una sentencia, no contestaron la solicitud de la llamada.
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La palabra
Enfoque. Edwin Martínez, congresista
“No fui condenado en ninguno de los
dos procesos (por abuso de autoridad y manejar bajo efectos del alcohol), que
son de hace años. Solo recibí una advertencia y me pusieron una multa”.
No podemos normalizar la
corrupción
Martín Salas, exfiscal anticorrupción
El exfiscal supremo adjunto
anticorrupción Martín Salas,
quien renunció al Ministerio Público cuando la institución
quedó en manos de la fiscal
Patricia Benavides, no dudó en cuestionar los antecedentes de los
congresistas.
En declaraciones para La República,
remarcó que “no debemos
normalizar la corrupción”. En esa crítica, señaló que las
investigaciones contra los congresistas
aumentarán por los pactos sobre la mesa que hicieron varios parlamentarios con Benavides,
destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“No podemos normalizar la corrupción. Si desde el Congreso se ven estos antecedentes,
ahora sabemos que hubo negociados con Patricia Benavides y tratos sobre la mesa. Es una vergüenza. De hecho, que
las investigaciones aumentarán contra los congresistas”, dijo el exfiscal anticorrupción.
En esa línea, Salas instó
a la ciudadanía a hacer sentir su voz de protesta ante la situación actual que
se vive, con un Congreso cuestionado por las decisiones que se han ejecutado
durante este periodo, en el que se vulnera toda norma con la finalidad de
beneficiarse.
“La ciudadanía no puede callar. No
es posible que estos congresistas cuestionados se mantengan en el cargo pese a
los graves antecedentes y acusaciones actuales. Entre ellos se blindan y por
eso no pasa nada. La población es la única que puede
sacarlos alzando su voz de protesta”, sentenció.
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