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“La experiencia acumulada condujo a revisar las formas de
representación. La
modificación a la integración
del Consejo Universitario aprobada en 2011 permitió la incorporación de voces
adicionales y reflejó la heterogeneidad de los integrantes de nuestra
universidad. Por ello destaca que el Consejo Universitario ocupa un lugar
fundamental en la vida de la máxima casa de estudios; en él confluyen
disciplinas, experiencias y perspectivas diversas. El alcance de sus
deliberaciones se aprecia mejor cuando pensamos en las personas a quienes sirve
la universidad. En el último ciclo escolar, la UNAM atendió a más de 371 mil
estudiantes. El cometido del Consejo comprende desde las condiciones para ingresar,
aprender, permanecer y concluir los estudios con una preparación
sólida y pertinente, hasta ofrecer alternativas de educación
continua que permitan seguir formándose a lo largo de la vida.
“Las revoluciones tecnológicas y
científicas, impulsadas por la inteligencia artificial, las redes y las
plataformas digitales,
reconfiguran rápidamente la creación y difusión del conocimiento. Ante
este reto, la prioridad de la UNAM es formar estudiantes con
pensamiento crítico, criterio para verificar información, capacidad de
análisis, argumentación y de ejercicio responsable de su juicio. De igual
forma, la confianza pública exige revisar nuestras decisiones y corregir
aquello que sea necesario. Cuando un procedimiento presenta
fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas, adoptar
medidas pertinentes y precisar la intervención de cada parte.
Por estas razones, nuestra facultad de autodeterminación exige
transparencia, rigor, prudencia, integridad y rendición de cuentas.
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Imagen de la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM a 475 años de su creación. Foto Roberto García Ortiz.
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A 475 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO.
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Por Dr. Leonardo Lomeli Vanegas.
Rector de la UNAM.
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Fuente,
Este 21 de septiembre conmemoramos
casi 500 años de la fundación de la Real Universidad de México. La real cédula expedida en 1551
por Carlos V simboliza el inicio de un recorrido caracterizado por
inestabilidad política, el surgimiento de debates intelectuales novedosos y
profundas reorganizaciones de la enseñanza. La Real y Pontificia
Universidad de México, surgida en el siglo XVI, perteneció a un mundo muy
distinto del nuestro y no puede establecerse entre aquella institución y la
actual una línea de continuidad simple.
Sin embargo, ahí se encuentran algunos
de nuestros orígenes más antiguos:
la construcción e intercambio de saberes, la formación de
generaciones y una tradición colegiada que, bajo distintas
expresiones, ha acompañado la historia de la educación superior en México.
Las transformaciones del siglo XIX
modificaron aquel horizonte.
Las sucesivas clausuras de la antigua universidad, la implementación
y consolidación de la educación laica y científica influida por el positivismo
y la creación de la Universidad Nacional en 1910 representaron giros
determinantes.
Comprender
el peso de nuestra historia requiere tanto los elementos que perduran como los
puntos de ruptura. La institución actual es el fruto de estos procesos y de
mujeres y hombres tenaces que imaginaron nuevos cursos de desarrollo para la
educación superior pública, la ciencia y la cultura.
La legitimación de la acotada
autonomía universitaria en 1929
abrió una nueva etapa, en tanto que la ley orgánica de 1933 le otorgó
la autonomía plena, pero también la descobijó presupuestalmente,
apostando a que la universidad renunciaría a su autonomía en aras de
recuperar la protección gubernamental.
El gobierno universitario se restructuró con la ley orgánica de 1945, la cual redefinió las atribuciones del Consejo Universitario y distribuyó competencias entre éste, la Junta de Gobierno y el Patronato, dos creaciones virtuosas del nuevo ordenamiento legal. Con ese marco, nuestra casa de estudios pudo acompañar un crecimiento académico y territorial más amplio y complejo.
En 1968, el Consejo Universitario exigió respeto a la autonomía, en un contexto marcado por la represión y la defensa de nuestra institución, que encabezó el entonces rector Javier Barros Sierra. Aquel año dejó una huella profunda y dolorosa en la comunidad universitaria, pero contribuyó al desarrollo de la conciencia cívica y reafirmó la importancia de las libertades universitarias para la vida democrática del país.
En 1980, la incorporación de la
autonomía universitaria al artículo 3 constitucional ratificó al más alto nivel
normativo el derecho de las universidades a gobernarse a sí mismas.
Los debates de los años 80 y el
Congreso Universitario de 1990
mostraron nuevamente la disposición de nuestra comunidad para discutir
sus diferencias y pensar colectivamente su porvenir. La huelga de 1999-2000
abrió un periodo complejo y volvió a colocar en el centro asuntos como
la gratuidad, la participación y los mecanismos para construir
acuerdos.
La experiencia acumulada condujo a
revisar las formas de representación. La modificación a la integración del Consejo
Universitario aprobada en 2011 permitió la incorporación de voces adicionales
y reflejó la heterogeneidad de los integrantes de nuestra universidad.
Por ello destaca que el Consejo
Universitario ocupa un lugar fundamental en la vida de la máxima casa de
estudios; en él confluyen disciplinas, experiencias y perspectivas diversas.
El alcance de sus deliberaciones se
aprecia mejor cuando pensamos en las personas a quienes sirve la universidad.
En el último ciclo escolar, la UNAM atendió a más de 371 mil estudiantes.
El cometido del Consejo comprende
desde las condiciones
para ingresar, aprender, permanecer y concluir los estudios con
una preparación sólida y pertinente, hasta ofrecer alternativas
de educación continua que permitan seguir formándose a lo largo de la
vida.
Las revoluciones tecnológicas y científicas, impulsadas por la inteligencia artificial, las redes y las plataformas digitales, reconfiguran rápidamente la creación y difusión del conocimiento. Ante este reto, la prioridad de la UNAM es formar estudiantes con pensamiento crítico, criterio para verificar información, capacidad de análisis, argumentación y de ejercicio responsable de su juicio.
De igual forma, la confianza pública
exige revisar nuestras decisiones y corregir aquello que sea necesario. Cuando un procedimiento
presenta fallas, corresponde admitirlas, esclarecer sus causas,
adoptar medidas pertinentes y precisar la intervención de cada
parte. Por estas razones, nuestra facultad de autodeterminación
exige transparencia, rigor, prudencia, integridad y rendición de cuentas.
A
la comunidad universitaria en su conjunto corresponde cuidar las libertades
recibidas y ampliar las oportunidades de quienes nos sucederán. Debemos
demostrar, mediante nuestro empeño cotidiano, que la autonomía, la educación
superior pública y el gobierno colegiado son pilares insustituibles para
expandir las fronteras del conocimiento y servir de mejor manera a la sociedad
a la que nos debemos.
Al volver la mirada sobre estos 475
años, encontramos avances y momentos difíciles, acuerdos y controversias. De
todos ellos se ha aprendido. Honremos esta tradición universitaria con el
trabajo que México espera de su Universidad.
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