Ecología política de las políticas públicas ambientales. “Relaciones de Poder y Conflictos Sociales”.

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“En el pórtico del nuevo milenio, la reflexión sobre las cuestiones ambientales constituye una cuestión inaplazable. Problemas como la escasez e injusta distribución del agua, el cambio climático o la destrucción de nuestros ecosistemas naturales, no son más que la constatación de un modelo civilizatorio que agoniza y que pone en juego no sólo nuestra economía, sino nuestra propia existencia biológica; que pone en jaque, al ¿homo sapiens?, y a esos millones de seres vivos, que determinan esa aventura maravillosa que es la vida. Es por ello que ha llegado el momento de abordar estas cuestiones con la seriedad y rigor que la cuestión merece. La magnitud y las implicancias planetarias de este nuevo escenario requieren el compromiso de todos. Pero un compromiso asimétrico que haga descargar sobre los responsables el peso de restaurar lo destrozado, y ayude a los respetuosos a seguir por esa senda, mientras garantiza la prosperidad de sus pueblos. Es decir, optar por ese nuevo paradigma de la glocalidad. Problemas mundiales a los que hay que dar respuesta desde los ámbitos más próximos a las necesidades de los ciudadanos, para que éstas sean satisfechas sin menoscabar el legítimo anhelo de satisfacción de otros. Pero ese nuevo paradigma debe ir acompañado, en su basamento, de aquella idea desarrollada allá por 1992 en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro, donde se puso sobre la mesa la necesidad de una nueva mentalidad, pero sobre todo una nueva forma de hacer las cosas: sostenibilidad”.

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Ecología política de las políticas públicas ambientales.

“Relaciones de Poder y Conflictos Sociales”.

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Ecoticias.com Lunes 2 de mayo del 2011.

Rodrigo Arce Rojas. Ingeniero Forestal.

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La ecología política es el estudio de la influencia de los factores políticos, económicos y sociales que inciden sobre las cuestiones ambientales. Como transdisciplina, que supera un enfoque tradicional de las ciencias naturales, se preocupa del acceso, la distribución, gestión y control de los bienes y servicios ambientales como consecuencia de las relaciones de poder así como los conflictos sociales que se generan en estos procesos, entre otros temas.

La política es una actividad decisional que de manera vinculante involucra la búsqueda del bienestar de la colectividad (Cisneros, 2000). A pesar de su desvalorización por algunos/varios políticos, la política tiene un sentido positivo. La política como ciencia normativa que trata de la organización de los servicios sociales está orientada por fines superiores (Runes, 1981).

Las políticas públicas se reconocen como un proceso de aprendizaje colectivo para aumentar la capacidad de resolver problemas, influyendo de manera decisoria en la formulación y legitimación de la agenda pública a través de un proceso de interlocución y comunicación democrática entre sociedad y gobierno (Vásquez, s.f). Toda política pública apunta a la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Representa pues la respuesta del sistema administrativo-político a una situación de la realidad social juzgada como políticamente inaceptable (Subirats, 2008).

Las políticas públicas ambientales en teoría están orientadas a resolver los problemas ambientales que son motivo de preocupación social y afectan la base biofísica que sustenta el modelo de desarrollo asumido. En la práctica lo que se aprecia en nuestros países son respuestas tecnocráticas, o de mercado, limitadas por la mayor o menor injerencia de los intereses económicos que no pocas veces son presentados como de interés nacional. Las presiones globalizadoras y la competencia por ser más atractivos a las inversiones internacionales llevan con frecuencia a la tentación y a la acción de debilitar las regulaciones socioambientales (Acselrad, 2003). Todo esto lleva a una erosión de las políticas públicas ambientales (Gudynas, 2002).

Un reciente estudio realizado por el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES, 2010) sobre las tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur señala, entre otras, las siguientes constataciones:

• Proliferan iniciativas de comercialización de la Naturaleza, usualmente como venta de bienes y servicios ambientales, aunque no existe evidencia certera sobre su efectividad para asegurar la conservación.


• Los países sudamericanos mantienen un estilo extractivista, y en especial bajo los gobiernos progresistas se está generando un neo-extractivismo.


• El debate político y partidario se expresa de diversas maneras, pero prevalece una postura donde la temática ambiental queda en segundo plano por detrás de metas económicas y comerciales.

Según el PNUD (2003) Las políticas ambientales deberían descansar sobre seis principios políticos:

• Consolidación de las instituciones y de la gobernabilidad.

• Integración de la sostenibilidad ambiental en todas las políticas sectoriales.

• Mejora de los mercados y supresión de las subvenciones nocivas para el medio ambiente.

• Refuerzo de los mecanismos internacionales de gestión ambiental.

• Inversión en ciencia y tecnología ambiental

• Aumento de los esfuerzos para conservar ecosistemas esenciales.

Mientras nuestros países se esfuerzan por imitar modelos de desarrollo de los países llamados desarrollados, sectores progresistas de éstos últimos tratan de buscar nuevos caminos y respuestas frente a un modelo civilizatorio que no ha sabido conservar la biodiversidad y que provoca el cambio climático. La humanidad está consumiendo actualmente los recursos naturales a una velocidad mayor de la que pueden regenerar los ecosistemas y continúa liberando más CO2 de lo que pueden absorber (WWF, 2010). Requiere por tanto revisar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo respecto a las políticas públicas ambientales, que no pueden estar desligadas de las políticas integrales de equidad y de sostenibilidad.

Es indudable que se requiere más estatalidad que no quiere decir incremento de la burocracia sino aumento de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Así mismo se requiere más estado civil que tampoco refiere a una dimensión cuantitativa sino cualitativa de participación y compromiso. En un esquema de buen gobierno estamos hablando de corresponsabilidad en la gestión y en el control.

Los procesos participativos de formulación de políticas públicas ambientales son oportunidades para ser copartícipes de la construcción conjunta de acuerdos sociales que definan pactos de convivencia y de sostenibilidad en el marco de una cultura de paz. Los procesos participativos de formulación de políticas públicas ambientales, ponen en evidencia nuestra humanidad, tal como somos. Así se agolpan en estos procesos nuestra historia, nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestras percepciones, nuestros imaginarios, significados, sentimientos y sensaciones. También somos producto de las influencias sociales, culturales y comunicacionales que a fuerza de repetición terminamos por aceptar como certidumbres aunque no tengamos los suficientes elementos para discernir la realidad de lo perceptual o de lo imaginario. El reto es cómo gestionamos la racionalidad y la emotividad en un concierto complejo de intereses y expectativas.

Los procesos multiactores requieren reconocer que para gestionar los diferentes intereses hay que tener capacidad empática que empieza por la capacidad de escucha y por interesarse genuinamente en las diferentes razones. El ensimismamiento en derechos, intereses, perspectivas y sentimientos de sólo una de las partes hace perder la perspectiva que estamos hablando más allá de nuestras parcelas o circunscripciones y lo que se trata es de de gestionar los paisajes culturales o paisajes humanos donde una de sus principales distinciones refiere a la sociodiversidad.

Los enfoques marcadamente sectoriales no dan cuenta de la complejidad y la incertidumbre que caracterizan a los procesos de políticas públicas ambientales. No sólo se requiere un enfoque transdisciplinario, tal como lo plantea la ecología política, sino que invita incluso a revisar los paradigmas de cada una de nuestras disciplinas que no siempre han sido generados y desarrollados a luz de la heterogeneidad biofísica y sociocultural de nuestros países.

Una participación efectiva en la formulación de políticas públicas ambientales plantea entonces hablar de derechos pero también de responsabilidades. No se trata de encasillarse en “ismos” - fundamentalismos, dogmatismos, tecnicismos, mesianismos, entre otros - de cualquier índole sino de un espíritu de respeto y de apertura para hacer del diálogo una oportunidad para profundizar la democracia y la cultura de la concertación. Lo que no quiere decir indignación y acción cuando traicionan nuestra buena fe.

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