No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.
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le costaría a la Argentina la suma de 18 mil millones de dólares.
Argentina: Petróleo y Política.
“Consecuencia de la bancarrota del capitalismo mundial”.
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Viernes 27 de abril del 2012.
Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
Cuestiones de estrategia
El proyecto de ley de expropiación parcial de YPF es la punta del velo que oculta una situación política excepcional.
Cristina Kirchner usó la expresión “país inviable” cuando aludió a la bancarrota energética en que había quedado sumida la Argentina al cabo de diez años de política kirchnerista. El vaciamiento financiero de YPF por parte de Repsol es una fracción del vaciamiento generalizado, ejecutado por el conjunto de los monopolios petroleros que operan en el país. En una medida fundamental, es la consecuencia de la bancarrota capitalista mundial -la que ha impuesto una insaciable política de pago de dividendos para hacer frente al déficit financiero que sufren la mayor parte de las corporaciones y bancos de los principales países. Es sintomático -para dar solamente un ejemplo- que las acciones de Petrobras retrocedan cada vez que su directorio anuncia inversiones en los proyectos de aguas profundas. Muchas petroleras, además de abonar dividendos generosos, desarrollan una política de recompra de acciones de sus compañías, lo cual aumenta el plusvalor que obtienen los tenedores.
Recurso de emergencia
El proyecto en cuestión es, entonces, en primer lugar, un recurso de emergencia para una situación sin salida en el marco prevaleciente. El Estado interviene bajo la presión de una crisis extraordinaria, la que pone en juego el abastecimiento de energía de la nación. Interviene al operador principal -que es, al mismo tiempo, el más vulnerable en el mercado mundial de la industria. Los que piden el respeto a las disposiciones constitucionales (las que exigen el pago de una indemnización previa e incluso el resarcimiento de la totalidad de los accionistas de YPF), simplemente ignoran que el gobierno está operando en una situación de bancarrota: tanto del grupo de control de Repsol, compuesto por bancos y constructoras que sobreviven bajo la carpa de oxígeno del Banco Central Europeo y el Banco Central de España, como del propio Estado argentino, el cual registra un déficit fiscal en crecimiento, a pesar de que mete las manos en la Anses y el Banco Central, y que se financia, además, con el Banco Nación, mientras las provincias emiten empréstitos en el exterior a tasas de interés usurarias. Cualquiera sea el resarcimiento a los “expropiados”, YPF va a hacerse cargo de la deuda de 9 mil millones de dólares que dejó Repsol.
La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que debe enfrentar el desafío de proceder a una redistribución de cartas en la industria petrolera. Por eso se reúne a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que para Repsol hubiera sido inocuo o inútil: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones. La oficialista Página /12 (25/4) admite que ya le ofrecieron a los pulpos subirles el precio del gas extraído. Las joyas de la corona de este plan son los yacimientos de gas no convencional (en Chubut y Neuquén) y la exploración de la plataforma marítima. Es significativo, en lo que hace a este último caso, que las tentativas de licitación hayan venido fracasando desde que Alfonsín lanzó el “plan Houston” con los ‘sanos’ consejos de Rodolfo Terragno. La licitación del Atlántico sur habría modificado, en forma radical, la dependencia financiera internacional de Argentina y la relación de fuerzas dentro de la burguesía que opera en el mercado nacional. La necesidad de este arbitraje político ha sido comprendida por todo el ‘establishment’ internacional y nacional, el cual ahora se limita a reclamar una salida judicial de las indemnizaciones. El apoyo de Macri a la llamada “empresa mixta” es una expresión de esto. Un ingreso importante de capitales de China al mercado petrolero nacional sería intolerable para sus rivales y para Estados Unidos, si no está presente la mediación del Estado en el reparto de la torta energética. Los que saludan la “recuperación de la soberanía energética” han comprado una etiqueta! : no han comprendido que el ‘soberano’ ha advertido el peligro para la gobernabilidad de sus propios latrocinios y confunden soberanía con arbitraje o, mejor, que la soberanía bajo el Estado burgués es un ejercicio de arbitraje, sin el cual es imposible la dominación política del capital.
Una tentativa que se repite
Los K llegan a este punto como consecuencia de un enorme desplome de su capacidad de gobierno. El derrumbe energético aparece a renglón seguido del derrumbe del transporte ferroviario, así como éste vino enseguida después del colapso de la capacidad de pago de los subsidios -lo que dio paso a los tarifazos e impuestazos, disfrazados luego de ‘sintonía fina’. Como ya ocurriera con la estatización de las AFJP y luego con el Banco Central (primero con el asunto de las reservas y luego con la reforma de la carta orgánica), el gobierno apela a recursos extraordinarios -políticos y financieros- para salvar al Estado de la bancarrota y a salvarse a sí mismo de un fin de mandato. En estas ocasiones impuso su política a la oposición, algo que no había ocurrido cuando fue la disputa por la resolución 125. La finalidad inmediata de la intervención en YPF es acced! er a la facturación de la petrolera para pagar las importaciones de gas y fuel oil, así como los subsidios en el mercado interno.
Los gobiernos bonapartistas (donde el arbitraje es personal) encuentran su punto de apoyo allí donde se equilibran las fuerzas de las clases en pugna. Los capitalistas reclaman un tarifazo energético, pero temen la reacción de los trabajadores al impacto hiperinflacionario que provocaría; los K administran este impasse. Para reforzar su capacidad de arbitraje, el gobierno convoca a la “unidad nacional” -o sea a la colaboración entre las clases. Por eso atacó a los choferes de la Línea 60 en el discurso de anuncio de la ‘expropiación’, como también a los piquetes del Gran Buenos Aires, realizados por quienes fueron azotados por el temporal, o los que tienen lugar entre los petroleros de Chubut, en un discurso posterior.
El arbitraje no opera por medio de la democracia, sino de la regimentación. El centroizquierda y la izquierda democratizante han acudido presurosos al llamado! , sin desconocer que se trata de una operación de rescate político del gobierno y del Estado. El número de condicionamientos que ponen al apoyo al proyecto de ‘expropiación’ demuestra que son concientes de que estamos ante un fraude. Los convoca un instinto de supervivencia, porque no están dispuestos a construir una alternativa sobre el derrumbe de lo realmente existente. El apoyo al proyecto no tiene nada que ver con la independencia energética: es una capitulación ante una extorsión política. Hugo Chávez, quien ha usado este recurso en su país hasta el agotamiento, ha logrado por esa vía convertir a la izquierda revolucionaria de Venezuela en un cero a la izquierda.
Reforma constitucional
No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.
Desarrollo de la independencia política.
Al negar cualquier apoyo político a la medida ‘expropiatoria’ que encubre la reprivatización, la izquierda revolucionaria señala su condición de alternativa política. Porque no alcanza con reclamar la “nacionalización ciento por ciento” si no se desarrolla, al mismo tiempo, una separación política neta del gobierno que va por una reprivatización. La cuestión es política -la consigna del “ciento por ciento” está vacía de contenido, por lo que es ‘funcional’ al engaño. Estamos ante un ‘clásico’ de los procesos de crisis: o el seguidismo al nacionalismo burgués o al progresista de turno, y la corresponsabilidad por el fracaso o la independencia política consecuente para desarrollar una alternativa de poder en la clase obrera, la que prepara la victoria.
El gobierno intenta zafar de su derrumbe postelectoral y de la amenaza de ‘inviabilidad’, que él mismo reconoce, con una medida que acentúa la crisis que pretende atenuar. Sin un tarifazo a plazo cierto, la reprivatización es también inviable: los acuerdos con los Exxon no están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento de la ‘nueva YPF’ para pagar las facturas pendientes y evitar el tarifazo en el corto plazo acentuará la crisis energética. La cuestión es la gobernabilidad K y, en general, del Estado. El seguidismo a los nacionales y populares es un llamado a acompañar su destino político.
El debate en la izquierda sobre la cuestión YPF no tiene que ver con la energía, sino con la estrategia política.
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