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“El agronegocio: el general invisible de la COP. El agronegocio actuó como uno de los bloques más
organizados e influyentes de la COP30. Sus objetivos fueron nítidos:
presentarse como protagonista de la solución climática por medio de
soluciones tecnológicas, ampliar su acceso a los financiamientos
públicos y privados, bloquear regulaciones ambientales más
rígidas y direccionar el debate climático global conforme a sus
intereses.
Para esto, se utilizaron exhaustivamente
términos como “agricultura regenerativa”, “agricultura tropical” y
“bioeconomía”, discursos que buscan pintar de verde
prácticas basadas en monocultivos, el uso intensivo de
agrotóxicos y la expansión territorial. Esta estrategia se
apoya en la narrativa de que el agronegocio brasileño es altamente
tecnológico y por lo tanto, automáticamente sustentable, aun
cuando sus impactos ambientales indiquen lo contrario. El
espacio liderado por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa) durante la COP30, la Agrizone, contó con un fuerte
patrocinio de corporaciones como Bayer y Nestlé, además de
haber abrigado estructuras del propio gobierno federal, y funcionó
como vitrina privilegiada de este proyecto: un ambiente
de negocios, cabildeo e ingeniería de reputación que
refuerza la captura corporativa de la política climática.
“Vale la pena recordar que Brasil es uno de los
países con mayor número de asesinatos de ambientalistas y
líderes de pueblos del campo y de la selva en el mundo.
Este acto es la primera línea antes de la tala
de los bosques. Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) revelan
un cuadro alarmante: 2024 presentó el segundo mayor número de conflictos
en el campo desde 1985. La Amazonía permanece como
la región más vulnerable, y el estado de Pará, local de la COP30,
lidera registros de asesinatos e intentos de asesinato. Este escenario
de violencia estructural está directamente ligado a la expansión del
agronegocio y a su modelo de modernización conservadora,
que profundiza contradicciones históricas sobre el uso, la
tenencia y la propiedad de la tierra en Brasil, pero
también sobre diferentes formas de comprender la relación entre humanidad y
naturaleza.
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Fuentes: Tricontinental [Imagen: Mundano (Brasil), O Brigadista da Floresta [El brigadista forestal], 2021. Un mural de 46 metros de altura hecho de las cenizas recogidas de cuatro biomas brasileños devastados por incendios. Relectura de O Lavrador de Café [El labrador cafetero] (1934), de Cândido Portinari.]
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COP30: entre la vitrina del Capital Verde
y la Urgencia de un Proyecto Popular de Transición Ecológica.
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Por Bárbara Loureiro | 28/11/2025 | Ecología social
Fuentes. Revista Rebelión viernes 28 de noviembre del 2025.
La COP30 dejó aún más claro que la
política ambiental está profundamente subordinada al capital. Las decisiones
climáticas no parten de la conservación y recuperación de los ecosistemas sino
de la necesidad de garantizar la continuidad de la acumulación, transformando
bosques, ríos, sol, viento y territorios en activos financieros estratégicos.
Saludos desde la Oficina de Nuestra
América del Instituto Tricontinental de Investigación Social,
La 30.ª Conferencia de las Partes del
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (o COP30), acaba de realizarse en la Amazonía
brasileña. Para entender mejor las dinámicas en juego, pedimos a Bárbara
Loureiro del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil una contribución a este
debate:
La COP30, realizada en Belém do Pará,
en plena Amazonía, entre los días 10 y 21 de noviembre, colocó en el centro el debate sobre
la crisis climática. Al mismo tiempo, reveló con nitidez que la política
ambiental sigue capturada por los intereses corporativos, por el capital
financiero y por la racionalidad colonial que transforma
bosques, ríos, sol, viento y pueblos en objetos de gestión para el beneficio de
los países ricos y de las élites económicas.
Más que un encuentro diplomático, la
COP30 funcionó como
un espejo: de un lado, la celebración de las llamadas “soluciones
de mercado” y de la descarbonización financiera; del otro,
y de forma paralela y autónoma, la fuerza creciente del campo popular
que hizo de Belém un territorio de denuncia, solidaridad internacionalista
y construcción de alternativas reales. Esta tensión atravesó
todos los debates, decisiones y disputas que marcaron el evento.
La política climática dominante se basa en la idea de que es
posible enfrentar la crisis ecológica sin enfrentar sus motores, al
creer que solo es posible enfrentarla por medio de su
alineamiento con los principios del mercado: la acumulación
capitalista, la explotación y la expropiación colonial de los territorios
y el poder de las corporaciones transnacionales.
En Belém, esta contradicción quedó cada vez más evidente en
el contexto de la celebración de los diez años del Acuerdo de París.
A pesar de ser ampliamente saludado como un marco histórico, el Acuerdo
no consiguió colocar el mundo en un camino viable de enfrentamiento
al calentamiento global. En la práctica, sirvió apenas
para profundizar la regulación y la diseminación de mecanismos
de financiarización de la naturaleza, sin enfrentar las causas
estructurales de la crisis climática.
Las propias proyecciones oficiales indican un calentamiento de cerca
de 2,5 ºC hasta finales de siglo, mientras que los recortes
profundos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), necesarios
para mantener el calentamiento en “apenas” 1,5 ºC, continúan
distantes y políticamente bloqueados.
La COP30 dejó aún más claro que la política ambiental
contemporánea está profundamente subordinada al capital
y estructurada por una racionalidad colonial que persiste
en el siglo XXI. Las decisiones climáticas de ámbito internacional
—que supuestamente deberían enfrentar la crisis ecológica— no
parten de la conservación y recuperación de los ecosistemas, sino
de la necesidad de garantizar la continuidad de la acumulación,
transformando bosques, ríos, sol, viento y territorios en activos financieros
estratégicos.
Esta lógica es articulada a partir de dos pilares centrales:
la primacía absoluta de la acumulación (que coloca a las soluciones
de mercado por encima de la integridad ecológica) y la visión colonial
que trata al Sur Global como zonas de sacrificio, destinadas a prestar
“servicios ambientales” para mantener el patrón de vida y de
consumo de las potencias del Norte. Así, mientras la Amazonía
y los biomas son divididos en métricas de carbono,
“planes de manejo” y energías llamadas renovables, no hay ninguna disposición
internacional para enfrentar el núcleo del problema: el modo
de producción capitalista, que continúa definiendo patrones
tecnológicos, regulatorios y financieros que atan al Sur Global a un
papel subalterno.
Promesas billonarias, entregas simbólicas.
La llamada Hoja de Ruta Bakú-Belém prometió movilizar 1,3 billones de
dólares para la mitigación y la adaptación. Pero es un gigante
de papel: mezcla recursos internacionales con fondos
nacionales que muchos países ni siquiera poseen, carece
de mecanismos de monitoreo y sigue la lógica del capital
financiero, que privilegia proyectos de bajo riesgo, pero con
alto rendimiento económico, exactamente lo opuesto de las
necesidades de adaptación de los países periféricos.
Gobiernos, científicos y especialistas criticaron la falta de mecanismos
vinculantes y la ausencia de claridad sobre las fuentes reales
de los recursos y la imprecisión de las metas. El documento
final de la COP30 fue ampliamente interpretado como insuficiente
y desconectado de la urgencia climática. La principal crítica
es que no hay garantías de implementación y no hay instrumentos
de fiscalización. En la práctica, los países apenas acordaron
“hacer esfuerzos” para triplicar el financiamiento, pero
sin decir quién paga, cuánto y de dónde viene el recurso financiero.
Sin un financiamiento climático
robusto y redistributivo,
las NDC (contribuciones nacionales de reducción de emisiones)
permanecen frágiles e insuficientes. En el caso brasileño, por ejemplo,
aun cuando el país presente metas de reducir entre 59% y 67%
de las emisiones de aquí a 2035 (con relación a 2005), llevar
a cero la deforestación ilegal de aquí a 2030 y eliminar toda la deforestación
de aquí a 2035, no hay ningún indicio de que el modelo de la
producción del agronegocio —el origen de la deforestación— será
enfrentado. Este es un modelo que sigue en expansión,
especialmente sobre el bioma amazónico, aun cuando su discurso
defienda que esta expansión predatoria no hace parte de un supuesto
“agronegocio racional, moderno y tecnológico”, sino de una parte
atrasada de la actividad agropecuaria.
Además de esto, el gobierno brasileño continúa rendido por el
agronegocio, que captura las estructuras públicas, como empresas
públicas, universidades y centros de investigación en busca de un “enverdecimiento”.
Una de las consecuencias de esta captura es que el gobierno se rehúsa
a imponer metas específicas y restrictivas al sector, justamente el mayor emisor de GEI del
país. De esta forma,
las promesas climáticas conviven con el mantenimiento de
un modelo agrícola que bloquea avances reales e impide la transformación
estructural necesaria.
La vitrina brasileña y la trampa para los pueblos.
El Fondo Bosques Tropicales para Siempre
(TFFF, por sus siglas
en inglés), una propuesta del gobierno brasileño para crear un financiamiento
global y permanente para la conservación de bosques tropicales, anunciado
como una gran innovación para proteger los bosques, sintetiza la lógica
colonial de la financiarización. Se concibe a partir de la
idea de que el bosque sólo será preservado si posee una valoración
económica. O sea, el bosque no tiene un valor en sí, pero solo
será preservado si se le confiere un precio. Miles de millones de
dólares serían captados por bancos multilaterales que
comprarían títulos públicos y privados del Sur Global y estos
países terminan pagando intereses a los mismos agentes que “financian” su
conservación. Es un mecanismo que transfiere
riqueza del Sur para el Norte mientras transforma bosques en
activos, territorios y modos de vida en métricas de riesgo.
Con pagos de máximo cuatro dólares por hectáreas y criterios que criminalizan
prácticas tradicionales, el TFFF no reduce la deforestación
ni enfrenta sus causas, sino que solo refuerza el control financiero
sobre la Amazonía. No es casualidad que países europeos
recularon frente al “alto riesgo”. Las expectativas
iniciales de 125 mil millones de dólares revelaron ser una
fantasía; ni siquiera la meta reducida de 10 mil millones de dólares
fue alcanzada a finales de esta COP.
Lo más preocupante es que esta iniciativa fue
aceptada por algunos segmentos progresistas y defendida, inclusive,
como un avance por estos sectores, aunque represente una profundización
de la financiarización de la naturaleza, ya que con el TFFF no solamente
se le colocará un precio al carbono sino también a varios
otros “servicios ambientales”. Esta tesis surge a raíz de
una supuesta defensa del protagonismo internacional del gobierno
de Lula en materia ambiental. Sin embargo, este será un
protagonismo carente de sentido en caso de que su contenido
no apunte a salidas concretas construidas por los
pueblos para la crisis ambiental.
El protagonismo de las corporaciones en la COP.
La COP30 consolidó la captura
corporativa de la crisis climática.
Bancos y grandes transnacionales transformaron pabellones,
eventos y casas temáticas en centros de cabildeo y oportunidades
de negocios. Los medios corporativos recibieron
patrocinios ambientales de empresas con extensos pasivos socioambientales, afectando la independencia de
la cobertura. Una escena reveladora mostró a 1.602 lobistas de combustibles fósiles
circulando libremente por las negociaciones, una presencia mayor que la de
casi todos los países, a excepción de la propia delegación brasileña.
Aun cuando Brasil haya defendido la construcción
de una “Hoja de Ruta para la eliminación de los combustibles
fósiles”, el texto final no incluyó ningún compromiso concreto de
eliminación del uso de estos recursos, no establece fechas para el
fin de la producción de petróleo, gas y carbón e ignoró
recomendaciones científicas para un abandono rápido de las fuentes
fósiles. La ausencia de este compromiso fue considerada por
especialistas internacionales como un “fracaso estructural” de la
COP30 y se debe a la presión directa del cabildeo de los países
productores y de las empresas del sector.
El agronegocio: el general invisible de la COP.
El agronegocio actuó como uno de los bloques más
organizados e influyentes de la COP30. Sus objetivos fueron nítidos:
presentarse como protagonista de la solución climática por medio de
soluciones tecnológicas, ampliar su acceso a los financiamientos
públicos y privados, bloquear regulaciones ambientales más
rígidas y direccionar el debate climático global conforme a sus
intereses.
Para esto, se utilizaron exhaustivamente
términos como “agricultura regenerativa”, “agricultura tropical” y
“bioeconomía”, discursos que buscan pintar de verde
prácticas basadas en monocultivos, el uso intensivo de
agrotóxicos y la expansión territorial. Esta estrategia se
apoya en la narrativa de que el agronegocio brasileño es altamente
tecnológico y por lo tanto, automáticamente sustentable, aun
cuando sus impactos ambientales indiquen lo contrario.
El espacio liderado por la Empresa Brasileña de
Investigación Agropecuaria (Embrapa) durante la COP30, la Agrizone,
contó con un fuerte patrocinio de corporaciones como Bayer y Nestlé,
además de haber abrigado estructuras del propio gobierno
federal, y funcionó como vitrina privilegiada de este proyecto:
un ambiente de negocios, cabildeo e ingeniería de reputación
que refuerza la captura corporativa de la política climática.
Vale la pena recordar que Brasil es uno de los países con mayor número de asesinatos de ambientalistas y líderes de pueblos del campo y de la selva en el mundo. Este acto es la primera línea antes de la tala de los bosques. Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) revelan un cuadro alarmante: 2024 presentó el segundo mayor número de conflictos en el campo desde 1985. La Amazonía permanece como la región más vulnerable, y el estado de Pará, local de la COP30, lidera registros de asesinatos e intentos de asesinato. Este escenario de violencia estructural está directamente ligado a la expansión del agronegocio y a su modelo de modernización conservadora, que profundiza contradicciones históricas sobre el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra en Brasil, pero también sobre diferentes formas de comprender la relación entre humanidad y naturaleza.
La Cumbre de los Pueblos y el contrapunto popular.
Mientras la COP30 expresaba el avance de las
cercas financieras sobre la naturaleza, la Cumbre de los Pueblos,
realizada entre el 12 y el 16 de noviembre en paralelo a
la Conferencia oficial, expresó la fuerza de la resistencia.
Fueron más de 25 mil inscritos, más de 1.200 organizaciones
articuladas y una flotilla internacionalista con más de 200
embarcaciones; la marcha global contó con 70 mil personas.
Delegaciones de 60 países construyeron un documento de denuncia
al racismo ambiental, al poder de las corporaciones y a las falsas
soluciones del capitalismo verde, identificando el capitalismo como el motor
de la crisis climática.
La Cumbre reafirmó que no hay salida climática dentro
del sistema que creó la crisis, y que solo la organización
popular es capaz de enfrentar al enemigo común: el
capitalismo en sus expresiones imperialistas, racistas y patriarcales.
La cantidad de manifestaciones en diversos espacios de la
COP30 y en la Agrizone también expresaron un descontento
con la incapacidad de estas gobernanzas globales, lideradas
sobre todo por la ONU, incapaces de presentar soluciones
efectivas para los diversos conflictos globales.
La COP30 puso de manifiesto que el debate
climático también es un debate sobre el modelo de sociedad,
como bien demostró el dossier del Instituto Tricontinental
de Investigación Social, La crisis ambiental como parte de la
crisis del capital.
Para los movimientos populares, hay tres tareas urgentes y
necesarias:
1. Politizar la disputa
ambiental: es
fundamental seguir construyendo la lucha ambiental a partir del enfrentamiento
directo al agronegocio y a la minería, sectores que
siguen sin ser tocados en el centro de las emisiones y de la
destrucción territorial. Politizar la disputa significa también
denunciar las falsas soluciones que vienen ganando fuerza con
base en la financiarización de la naturaleza, en los mercados
de carbono y en los fondos “verdes” que profundizan
dependencias e invisibilizan las causas estructurales de la crisis.
2. Ampliar la movilización
popular: para que la agenda climática
se convierta en fuerza social transformadora, es urgente ampliar
la capacidad de movilización popular, fortaleciendo organizaciones
de base, territorializando el debate ambiental y conectando pautas
como vivienda, sanidad, alimentación, transporte, energía y acceso a la
tierra con la lucha climática.
3. Construir un programa
propio de transición ecológica justa y popular: los movimientos necesitan proyectar un programa
de transición que enfrente al poder corporativo, recupere
la centralidad de los bienes comunes y reorganice la economía
a partir de las necesidades de los pueblos. Esto implica
masificar la producción de alimentos saludables,
fortalecer la agroecología, garantizar la soberanía energética
y colocar el agua, el suelo, el bosque y la energía
fuera de los mercados financieros.
La COP30 dejó claro que la política
climática dominante
sigue alineada al capital, y que no hay salida capaz de
enfrentar las causas estructurales de la crisis ecológica
bajo estos marcos. Al mismo tiempo, mostró que existe un
camino insurgente, construido por pueblos, movimientos y territorios
que, en lo cotidiano, producen las únicas soluciones
realmente enraizadas en la vida y en la justicia socioambiental.
La tarea histórica que tenemos por delante es transformar
esta fuerza social en proyecto político: una transición ecológica
popular, anticolonial, agroecológica y anticapitalista, porque no hay
salida real para la crisis climática sin ruptura con el
modelo capitalista y no hay ruptura posible sin organización popular, sin
lucha colectiva y sin enfrentamiento a las estructuras que lucran
con la devastación.
Saludos a todos y todas,
Bárbara Loureiro forma parte de la
coordinación nacional del MST y es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
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