En la medida en la que un movimiento político desde abajo,
efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la
esfera estatal, se introduce en un
campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si
el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se
producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes
moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción
del capital. Se genera pues, algo que
pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus
estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad. El reconocimiento
del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento
o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar
horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a desaparecer
de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del
sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la
Naturaleza, puede variar políticamente,
es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir,
no solo se configura un duopolio
cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar
diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos
favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y
relevante en los débiles Estados-nación
periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial.
Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades
de reproducción de una política
popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo
específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la
política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada
por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los
actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las
subjetividades contrahegemónicas–. A
esto lo podemos llamar la composición política. Esta composición
política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de
horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es
su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición
que mejore las condiciones de disputa,
la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto
aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia
composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más
favorable al proceso reproductivo de lo común.
/////
AMÉRICA
LATINA. TENSIÓN NEOLIBERAL Y TERRITORIALIZACIÓN DEL PODER.
Un
diálogo con Álvaro García Linera.
*****
Emiliano
Terán Mantovani.
ALAI.-
Miércoles 9 de septiembre del 2015.
Presenciamos en la actualidad a escala planetaria,
una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y
ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica
internacional, en sus diferentes modalidades; dramáticas tensiones migratorias;
crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos; ralentización del
gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la
deflación global; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias”
contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas
criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en
periferias o el Sur Global–; desgarramiento de los tejidos sociales y
reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.
Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más
pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la
acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo
de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda,
busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún
más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo
usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no
“progresista”, esta tensión neoliberal está presente, en diversos grados
y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la
actualidad.
Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este
momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el
avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores
sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no solo a este neoliberalismo
mutante que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio
orden capitalista?
Años atrás, parecía evidente que esta alternativa,
entendida como “pos-neoliberal”, estaba centrada principalmente en los
gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya
estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no
sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía
hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la
dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.
Desde varios meses atrás, venimos presenciando una
aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a
todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas
obtenidas por los commodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo
parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e
insostenible de los modelos extractivistas.
Sumadas a las políticas más conservadoras de la
región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus
principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste
ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas
del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la
de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización
favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías
más bajas de la región– para facilitar la extracción de no convencionales; y el
nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida
del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la
mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de
la especulación inmobiliaria”; sin dejar de tomar en cuenta la proyección
aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas
las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines
de octubre de este año.
En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde
2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa
–casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el
inicio de su mandato–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de
casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
–afectando el futuro de las jubilaciones–; o la apertura a la participación
privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de
Alianzas Público-privadas (APP); en el marco general de una creciente
conflictividad política interna.
En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015
(de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de
Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente–, un
acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países,
donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos.
En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales
para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de
2015), en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios
con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago.
2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que
implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en
64% en los próximos diez años; también destaca el avance de proyectos de
legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial
–apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda
Patriótica 2025–.
Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo
Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB.
Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista
petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del
gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización
Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas
especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización
integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al
capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”
–la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país y
sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir"–; y por
otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo”
(OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de
seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos,
barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones
en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias
implicaciones sociales y políticas. Se tratan en ambos casos, y es fundamental
decirlo, de territorializaciones de ajuste.
Pensar estratégicamente:
preguntas para un tiempo de mutaciones
La recurrente idea del
ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación
con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener
asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance
de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer
explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del
complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso”. Nos
preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha,
¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir
configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?
¿Es única y
obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la
región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en
teoría habían combatido en sus inicios?
Si el consumo se ha
convertido en el principal factor de consenso político nacional
–primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de
ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener
esta modalidad?
También: los trabajadores
y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso
de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las
“restauraciones conservadoras”, o bien las reformulaciones neoconservadoras?
En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para
defender sus reivindicaciones y territorios.
Ante este "Cambio de Época" en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante
propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico,
preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un
debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con esta. ¿Pueden
los desencantos recientes potenciar no solo rabias coyunturales, sino nuevas
disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?
También parece conveniente
insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas
mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria,
podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales
modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las
formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos
hacia nuevas feudalizaciones del poder?–. Si esto fuese así, los debates sobre
el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos
elementos.
Fenomenología del Estado y
territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera
Como hemos propuesto, la
discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el
mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar
que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la
centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus
principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una
nueva fe sobre lo estatal.
Para AGL, el debate
«Autonomía o Estado» es un falso debate. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión
(sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el
Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone
necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la
máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta
diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo,
sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una
propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en
un horizonte de territorialización del poder.
a. El
Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL
A partir de lo que AGL
llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el
Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la
gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria
pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de
transformar al Estado?
Y también: aunque es
importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción
política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no
es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma,
sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria
de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL.
Esta modalidad monopólica,
centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de
hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es
también creencia colectiva, lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la
forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia
e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es,
por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas
de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad
de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los
saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias
identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene;
si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…)
es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados,
aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha
construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas”, parece pues, que
el afuera del Estado es un desierto.
Estado no es igual a
sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su
constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación.
Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada
por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades
del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos,
aunque puedan ser momentáneas y contingentes.
La rebelión no solo
proviene desde la propia experiencia de estatalidad de los sujetos, sino
al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también
más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones
socio-políticas en el seno estatal.
Es necesario entonces otro
tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples
formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste,
las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo
sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La
clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo
traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la
subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:
El
Estado solo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como
fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes
a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia
cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este
común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se
inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración
por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia
misma de los bienes comunes.
En realidad el Estado solo
produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha
aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el
ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo,
la forma de lo público se reproduce a través de la representación
política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y
corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad
de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la
apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado
por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la
vez monopolizados”, dice el autor–. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere,
de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas),
en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan
ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la
dinámica social.
La distinción no es
arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios,
de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se
produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad
inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones.
No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales,
semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para
posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.
Lo que es también
importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante,
y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo
plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación,
la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una
intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos
en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas
posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la
centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con
el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento
político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.
b. Extractivismo
y la entelequia del «Estado Integral»
Como ya es sabido, AGL
plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para
alcanzar una "futura fase social", y en numerosas ocasiones ha
propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo,
como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento.
Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extrativismo, y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.
Pero esta prometida fase
temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente–
de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas
políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el
pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza
es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral».
Para AGL, a partir de la
experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce
“la
presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en
distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia
directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales
políticas públicas”. El Estado en
AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con
distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo
colectivo. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo
proceso de transición en el que Estado Revolucionario
y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen
nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la
lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro”.
Conviene insistir en lo
siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que
centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es,
estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y
monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta
racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de
dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la
gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido
por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División
Internacional del Trabajo y la Naturaleza.
La entelequia del «Estado
integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se
contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de
diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y
reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de
reserva natural, etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de
la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El
Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es
casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América
Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los
poderes constituidos–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las
actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación
por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se
intensifica.
Pero sobre todo, es
importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se
concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados
“recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes
finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada,
la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público
(extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología
militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es
respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos
representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de
concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este
modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares,
por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a
la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten
en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación
territorial.
c. Alternativas,
correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las
luchas desde abajo.
Aunque se puedan producir
las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión
política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa
crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―;
aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado
“desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle
centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el
Estado.
En la medida en la que un
movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga
centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un
campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado,
mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación
social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades,
corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son
finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que
pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras
de relacionamiento y sus formas de racionalidad.
El reconocimiento del
Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del
mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y
post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a
desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la
escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo
y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable,
dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no solo se configura un
duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar
diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos
favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y
relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la
contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la
lógica territorial.
Pero lo fundamental, con
miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política
popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la
correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se
produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no
únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir
sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo
que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos
llamar la composición política.
Esta composición política
pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo
proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce
a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual
puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la
gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto
aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia
composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza
un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.
Es la lucha popular
territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin
que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de
disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales,
continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio
de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y
pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no
admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como
lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar–, y que no detienen su movimiento
territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la
contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un
imaginado «Estado integral».
La
territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas
de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los
pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de
los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo
popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo
público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.
Si las luchas masivas
tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y
efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la
producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y
conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento
territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo
común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de
alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.
Si el Estado es también
una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes,
nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su
inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar
el poder, a su esencia trascendente, para en cambio
territorializar la posibilidad emancipatoria.
*****
Bogotá, septiembre de 2015
Emiliano Terán
Mantovani es sociólogo e investigador del Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), autor del libro "El
fantasma de la Gran Venezuela", mención honorífica del Premio Libertador
al Pensamiento Crítico 2015.
*****
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