México: los 3 hallazgos sobre Ayotzinapa que desmontan la versión
del gobierno.
La administración del
presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que los estudiantes fueron asesinados y
sus cuerpos incinerados. Los pilares básicos de la versión del gobierno
mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido
fuertemente cuestionados. Los expertos independientes designados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres
elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los
motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso. Este
es un resumen de las principales conclusiones del informe, de 550 páginas
1- La incineración.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) dice que no hay evidencias de que los estudiantes
fueran incinerados en un basurero. “Ese evento tal y como ha sido descrito no
pasó”, resumió el experto español Carlos Beristáin en conferencia de prensa. Según
la Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes fueron llevados
por sicarios del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a un basurero,
donde los asesinaron y quemaron sus cadáveres.
Pero un peritaje independiente del experto peruano
José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) estableció
que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a
testimonios, de que 43 cuerpos
fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”. De acuerdo con el experto, en los alrededores del basurero
no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, “inclusive uno”.
Según el estudio de Torero, para incinerar 43
cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tendría que
haber ardido por 60 horas, y no las
alrededor de 12 que había dicho el gobierno con base en la confesión de los
inculpados. Además, la llama habría
alcanzado una altura de siete metros y el humo 300, lo que habría llamado
la atención de la gente de localidades cercanas. Por todo esto, “el GIEI se ha
formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero
municipal de Cocula”. Lea también:
Así reaccionó el gobierno de México al informe sobre los estudiantes de
Ayotzinapa.
2- Las motivaciones.
Hasta ahora la versión oficial indicaba que los
estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron
confundidos con miembros de Los Rojos,
un grupo criminal rival de Guerreros
Unidos. Pero los expertos dudan de esta versión y apuntan a una causa muy
distinta: el
negocio de la heroína. El GIEI obtuvo información de que en Iguala
opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus
cargamentos en autobuses comerciales.
Los padres de los estudiantes siempre
rechazaron la versión del gobierno.
Los estudiantes tomaron varias unidades
de la central camionera la noche del 26 de
septiembre y las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de
impedir que las unidades abandonaran la ciudad. “El negocio que se mueve en la ciudad
de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter
masivo del ataque”, establece el informe. Una de las
pistas en las que se apoyan los investigadores es que, aunque el expediente del
caso menciona que los autobuses tomados por los estudiantes fueron cuatro, el testimonio de las
víctimas siempre mencionó a cinco.
En la
averiguación de los expertos se determinó que
sí existió ese autobús, que los estudiantes tomaron sin permiso en las afueras
de Iguala. El autobús
pertenece a la empresa Costa Line.
Al inicio de la investigación fue incluido en el expediente, pero luego no se
volvió a mencionar su existencia. Y cuando el GIEI solicitó a la empresa
transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto.
Las autoridades no realizaron investigaciones sobre
ese autobús en particular.
Además, las “explicaciones posibles”, dicen, como
“confusión con un grupo del narco o la
delincuencia organizada es inconsistente con el grado de conocimiento de las
autoridades de los hechos”. Los
investigadores aseguran que la hipótesis “más
consistente” de la violencia desatada contra los
estudiantes es que la acción de tomar
autobuses por parte de los normalistas “podría
haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de
los autobuses”.
“Esta línea de investigación no se ha
explorado hasta ahora”, aseguran los expertos. El quinto autobús, dicen,
“podría ser un elemento clave para explicar los hechos”. Lea también:
GIEI: si no se acatan
recomendaciones, “se pierde la oportunidad de hacer justicia”
3- El papel de
las fuerzas de seguridad federales
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los
estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares, que
fueron una presencia constante. Testimonios
recabados por los investigadores refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos
dos de los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron
detenidos por policías municipales.
También existen testimonios de que uno
de los autobuses de donde se llevaron a parte de estos
jóvenes fue detenido por policías
federales. Además, un
grupo de soldados interrogó a estudiantes que llevaron a un compañero herido a
una clínica particular.
Los expertos de la CIDH solicitaron
hablar con integrantes del 27 Batallón
de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el grupo
militar asignado a Iguala y sus alrededores. El gobierno mexicano no permitió los interrogatorios. Hasta ahora,
el papel de policías federales y militares en las escenas de los ataques y
desapariciones no ha sido investigado por completo.
“El nivel de intervención de diferentes
policías y escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando existente para
llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre
fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (…) que intervinieron
esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las
órdenes”, se asegura en el informe. “No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la
fuerza”, dicen los investigadores, “todo
ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró
una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel”.
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MÉXICO: AYOTZINAPA. CRIMINALIZACIÓN Y
ESPERANZA.
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Cristóbal
León Campos.
Rebelión
lunes 28 de septiembre del 2015.
No
hay límites para el país del crimen.
No
hay nombre para el país del crimen.
No
hay país con nombres del crimen.
No
hay crímenes para el país del crimen.
Oscar
Oliva, Tuxtla, noviembre, 2014.
I
Transcurrido
el primer año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y el asesinato de
otras 6 personas, muchos siguen siendo los hechos por esclarecer, lo acontecido
la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, permanece rodeado
de un sinfín de versiones falsas que el Estado mexicano ha procurado generar
sirviéndose de la servidumbre que muchos medios de comunicación le ofrecen,
generando una cortina mediática que impide el conocimiento cabal de la
participación abierta y directa que tuvieron la policía, el ejército y los
organismos gubernamentales tanto de Guerrero como federales. La sociedad es
consiente a un año de que lo acontecido esos trágicos días es un Crimen de
Estado. Sin embargo, aún hay que determinar aspectos tan fundamentales como el
verdadero destino que los 43 estudiantes han tenido, desde luego, el deseo y la
esperanza de México es que permanezcan con vida y puedan en algún momento
próximo retornar a sus hogares, y aún que esta afirmación pueda parecer para
algunos exagerada, baste recordar la perversidad del Estado, muchos son los
casos que ayudan a mantener el sueño del rencuentro, además, el ejemplo de las
dictaduras sudamericanas donde miles de seres fueron desprendidos de sus
comunidades y familias, para tiempo después retornar. Por eso la consigna
general del movimiento sigue siendo como desde el primer día ¡vivos se los
llevaron, vivos los queremos!
II
La
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas establece como desaparición forzada: “el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de
la ley”. Este Tratado Internacional fue ratificado por México el 18 de marzo de
2008 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Una
mirada rápida a los últimos años de la vida en México, demuestran lo común que
resulta hablar de la desaparición forzada, forma parte del habla común. Se ha
convertido en un elemento más de la cotidianeidad, siento no solamente
peligroso, sino que además lo convierte en un hecho aceptado de manera pasiva,
al concebirse como algo incluso “normal”. Pero una mirada más profunda a la
historia de nuestro país, permite comprobar el repudiable hecho, de que la
desaparición forzada es una práctica institucionalizada por los diferentes
gobiernos, sean estatales o federales, utilizada contra quienes se vinculan o
forman parte de los diferentes movimientos sociales que se suscitan. La
violencia de Estado es una realidad, y las desapariciones forzadas una de sus
expresiones, la guerra sucia no ha terminado, sigue vigente y se extiende con
formas mucho más perversas, aunque mantiene sus elementos centrales que le
permiten implantar la impunidad y el miedo entre la sociedad. Es tal el grado
de institucionalización de la violencia que la gente común incluso llega a
expresar frases que avalan de forma consciente o inconsciente su realización,
es decir, se ha interiorizado de tal forma con la ayuda de los medios de
comunicación que criminalizan a todo aquel que piense o actúe diferente, que se
llega al grado de que en ocasiones la sociedad es cómplice de uno de los más
crueles crímenes contra la humanidad. Desde luego nada de ello, exculpa al
Estado de su perversidad, muy al contrario demuestra el grado deshumanizado que
llegan a tener quienes ocupan y ejercen el poder desde las esferas del
gobierno.
III
La
criminalización de los movimientos sociales o de las protestas, es una
estrategia del Estado, que consiste en identificar a los activistas y
luchadores sociales, ya sea en lo individual o colectivo, como delincuentes,
con el fin de mancillar sus reclamos sociales, sean estos pacíficos o
violentos. Con esta criminalización cada vez más extendida, el poder ha
justificado el uso y el abuso de la fuerza pública y las leyes para condenar,
perseguir, encarcelar y asesinar a todo opositor del régimen capitalista.
El
Estado ejerce el poder mediante su aparato judicial, limitando las acciones de
todos aquellos a quienes considera atentan contra su norma establecida, como es
el caso específicos de las demandas sociales. La criminalización utiliza
distintas estrategias como son; la judicialización de la protesta social, la
represión política abierta y la militarización. Los actores de un movimiento o
protesta social son coinvertidos en criminales, pues se enfrentan al orden
reinante, y al ser convertidos en criminales, el poder justifica el uso del
aparato judicial y la violencia contra quienes se atreven a manifestar su
inconformidad o rechazo a la injustica, desigualdad y pobreza. La protesta y el
movimiento social son derechos de los pueblos, sin embargo, para el Estado son
peligros latentes, por ello niega la lucha social y sus exigencias,
pretendiendo evitar hacer frente a las problemáticas sociales como son: la
situación económica desigual y la falta de acceso a derechos básicos como
salud, educación, vivienda y derechos laborales. En todo el país y pese a las
acciones en su contra, las movilizaciones no se detienen y las voces no callan
ante la injusticia, pero el Estado mantiene su posición de no escuchar, de
pretender negar y volver invisibles los reclamos de la población.
En
México, los líderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados
con procesos judiciales absurdos e injustos, mientras los verdaderos criminales
permanecen en la impunidad con los bolsillos llenos de la riqueza robada al
pueblo. Ahora utilizan en nombre del “combate al narcotráfico” y la “lucha
antiterrorista” los instrumentos policiales y militares para acallar las voces
de protesta y reprimir las movilizaciones sociales. No debemos olvidar que la
continua criminalización de los movimientos populares pretende presentar las
luchas por los derechos sociales como delitos y a los sujetos sociales que las
promueven como delincuentes. Esto es fácilmente observable en la manera en que
los medios de comunicación informan (o desinforman) sobre las protestas
sociales, ocultando las motivaciones de las misma, la legitimidad de las
demandas, y enfatizando en las formas más o menos violentas de expresión del
descontento social. De tal suerte que las acciones represivas contra ellos se
oficializan como necesarias ante la sociedad, los medios de comunicación y el
Estado introducen la política del miedo entre la población para que lejos de
sumarse a las protestas y movimientos
Más
sin embargo, los mismos pueblos criminalizados tienen en la memoria una eficaz
herramienta de lucha, por ello, es necesario difundir lo acontecido y clamar
justicia. Ayotzinapa es el reclamo más humano que en nuestro país se realiza en
estas fechas, la voz en alto no clama justicia únicamente por los desaparecidos
y asesinados, clama el fin de la injusticia histórica y presente. Ayotzinapa es
la esperanza de todo un país que ofrendando a sus hijos construye su provenir.
IV
Cumplido
el primer año del Crimen de Estado sobre los normalistas de Ayotzinapa, la
impunidad se revela como única certeza, pues nada, absolutamente nada, podrá
devolver a las familias, amigos y compañeros los momentos perdidos, la
distancia y desde luego nada podrá reparar el dolor. Más allá de que se conozca
el destino de los 43 desaparecidos, la impunidad ha quedado sellada como una
ofensa más a nuestras libertades y a nuestra humanidad. Lo acontecido el 26 y
27 de septiembre de 2014, es sin duda, un delito
de lesa humanidad . Es la
muestra de la descomposición social y política del país y de sus estructuras de
gobierno llenas de corrupción.
Sin
embargo, y como gesto humano Ayotzinapa sigue siendo nuestra mayor esperanza.
Esa esperanza que es todo y nada. Nada en cuanto inmaterial y es todo en cuanto
aliento. No hay movimiento alguno sin aliento y por tanto sin esperanza. La
esperanza ha contribuido con la historia, tiene un carácter revolucionario
alejado de la visión religiosa con la que se le suele relacionar. Muy al
contrario, esperanza es el nombre del puño álgido que se levanta contra la opresión.
Hoy después de un año, Ayotzinapa de pie y con la vista de frente, levanta el puño como
señal de que a pesar de todo, sigue siendo la esperanza lo que nos guía.
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