El
mencionado Decreto Legislativo señala que queda prohibido el cultivo de hoja de
coca en áreas no empadronadas. Sin embargo, el padrón donde se encuentran
registrados los agricultores que tienen permitida la siembra de hoja de coca
data de 1978 y contempla solo a los pobladores del valle de La Convención, en el Cusco. Actualmente, el Estado no permite un
nuevo empadronamiento. Es decir, fuera de dicha región el cultivo de hoja de
coca es ilegal. Entonces, se dispondría la erradicación forzosa de los demás
cultivos y la pena que deberían afrontar los agricultores en caso de resiembra
sería de entre 3 y 8 años de prisión
efectiva, además de la expropiación de sus terrenos a favor del Estado.
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PERÚ: LEY SOBRE ERRADICACIÓN INCREMENTARÍA LOS CONFLICTOS SOCIALES.
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Otra Mirada. Martes 3 de noviembre del 2015.
Nuevamente el gobierno ha aprobado una ley que
lejos de atacar directamente al narcotráfico y potenciar la labor operativa de
la policía perjudica al agricultor que no tiene otra forma de subsistir que a
través del sembrío de coca. Se trata del Decreto Legislativo 1241, aprobado en
el marco de las facultades especiales conferidas al Ejecutivo en materia de
seguridad. Con esta medida legal se promueve abiertamente la erradicación
forzosa de campos de cultivo de coca que no se encuentren empadronadas, acción que
estará a cargo de las fuerzas policiales. Si bien es necesario frenar la
producción desmedida de ese cultivo, no se ha considerado el fuerte rechazo que
viene teniendo dicha medida legal.
La dura represión a las protestas encabezadas
por las comunidades cocaleras este año ha cobrado la vida de un
agricultor en Constitución (Pasco). Y eso es apenas el inicio. Con la
aprobación de esta ley se avecina una serie de reclamos, que desencadenará más
conflictos sociales. Estamos ante una legislación que no es efectiva, que no
apunta al fortalecimiento de las instituciones implicadas en la lucha contra el
narcotráfico sino que, por el contrario, criminaliza a un sector de la
población que en los últimos años ha sido abandonado a su suerte.
Legislación deficiente.
Algunas de las acciones que ha promovido este
gobierno para frenar el narcotráfico son la tipificación y drástica
penalización al delito del sicariato, la promulgación de la ley de
geolocalización para ubicar a teléfonos celulares que son utilizados para extorsiones,
el pago de recompensas, entre otros. Todo esto bajo el argumento de dotar de
mejores herramientas a la policía, lo que es pertinente. No obstante, el DL
1241 es muy genérico, expande el campo de acción y no potencia la labor de
interdicción e inteligencia de la policía. Se trata de una legislación que mal
aplicada podría constituir el detonante de algún conflicto social en la selva.
El mencionado Decreto Legislativo señala que queda
prohibido el cultivo de hoja de coca en áreas no empadronadas. Sin embargo, el
padrón donde se encuentran registrados los agricultores que tienen permitida la
siembra de hoja de coca data de 1978 y contempla solo a los pobladores del
valle de La Convención, en el Cusco. Actualmente, el Estado no permite un nuevo
empadronamiento. Es decir, fuera de dicha región el cultivo de hoja de coca es
ilegal. Entonces, se dispondría la erradicación forzosa de los demás cultivos y
la pena que deberían afrontar los agricultores en caso de resiembra sería de
entre 3 y 8 años de prisión efectiva, además de la expropiación de sus terrenos
a favor del Estado.
Estamos hablando de que más de 300 000 campesinos
dedicados al cultivo de la coca en 16 cuencas de la Selva Alta serían afectados
con esta medida. En nuestro país, el narcotráfico opera de forma impune, ha
logrado ingresar con todo su aparato de producción y distribución de
droga a todo el territorio nacional y por leyes como esta, la represión recae
únicamente en los eslabones más débiles de la cadena. Los grandes capos del narcotráfico
suelen eludir la justicia y disfrutan de su libertad y de los millones de
dólares que les deja este ilícito negocio.
En lugar de eso, el gobierno debería impulsar leyes
que ataquen directamente los puntos críticos del tráfico ilícito de drogas. Por
ejemplo, debería realizar un mejor control en los puertos así como un correcto
registro de la fabricación de insumos químicos y la inspección de las rutas
nacionales por donde transita la droga. Asimismo, se debe ofrecer otras
alternativas a los agricultores, que les permita desarrollar condiciones de
vida apropiadas y puedan reemplazar sus cultivos. Pero este reemplazo debe
realizarse de manera efectiva. Hasta el momento los intentos por cambiar la
hoja de coca por otros cultivos solo han tenido un éxito muy parcial. Se les
promete un mejor futuro con la siembra de cacao y palma aceitera, y se les pide
paciencia. Pero una espera de hasta cuatro años resulta imposible para quienes
ven en el trabajo de la tierra la única forma de subsistir.
El gobierno debería intervenir y dialogar
directamente con la población y conocer realmente sus necesidades y cuáles son
las motivaciones que los lleva a sembrar coca, en lugar de criminalizar sus
reclamos, ya que como método disuasivo no ha funcionado. Una acción oportuna
frente a un tema tan delicado es lo mínimo que se espera. Ahora que esta ley ha
sido aprobada por el Ejecutivo, el Congreso debería revisarla y ante su
ineficacia, por qué no, derogarla. Queda en sus manos evitar más derramamiento de sangre.
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