“Evidentemente no sería decente que se
intentara aumentar la ya pesada carga de impuestos que pesa sobre los más
pobres. Por
el contrario, esa carga debiese aligerarse, liberando de impuestos a los
artículos de primera necesidad. Y en
esto se apoya el discurso hipócrita de quienes sostienen que la gratuidad
universal no solo no sería posible sino tampoco deseable porque sería
socialmente regresiva ya que obligaría a
que los más pobres pagasen la educación de los más ricos. Y claro, es
evidente que no corresponde, ya que ello sería profundamente inmoral, que los
más pobres pagasen la educación de los más ricos. Y por eso la solución no
consiste en que la carga tributaria sea aumentada por la vía de elevar la tasa del IVA o ampliar la base del Impuesto a la Renta, medidas que
evidentemente tornarían aun más regresivo el sistema tributario”.
“Pero lo que
todos estos "expertos" deliberadamente callan es que esa no es la
única forma de hacerlo. La carga tributaria no solo se puede sino que, por
elementales criterios de justicia, se debería aumentar significativamente,
elevando la hoy muy ligera carga tributaria que grava los ingresos de los
sectores más ricos. Es decir generando
una manera efectivamente solidaria de aumentar y financiar el presupuesto
público. Ello no solo permitiría proveer los recursos necesarios para que el
Estado financie una oferta pública universal de educación de calidad sino
también cubrir
otras necesidades urgentes como la de proveer una oferta pública universal de
salud tan imperativamente necesaria hoy en el país”.
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Desde los años del 2005-2006 cuando los estudiantes secundarios y el histórico movimiento estudiantil "Los Pingüinos", pasando por los movimientos universitarios y las grandes movilizaciones del 2011 al 2014, - desde las calles y la plaza pública surgieron dignos Líderes estudiantiles - hoy Congresistas, han persistido en su lucha por la Educación Pública, Universal y de Calidad, desterrando para siempre la herencia "pinochetista" de la educación clientela, la educación pagante y privatizada. Continua la lucha estudiantil, universitaria y magisterial. La Presidenta Bachelet debe estar a la altura de los tiempos y cumplir su ofrecimiento de campaña de una Educación Gratuita, Universal y de Calidad para todos los chilenos.
***
CHILE. POR UN FINANCIAMIENTO SOLIDARIO DEL SISTEMA
EDUCATIVO.
*****
Jorge Gonzalorena Döll.
ALAI. América latina en Movimiento.
Miércoles 6 de julio del 2016.-
El envío del proyecto de ley de Educación Superior
al Parlamento ha terminado por sepultar las ilusiones de quienes se forjaron
injustificadas expectativas en los supuestos afanes reformistas del actual
gobierno. Ha terminado de quedar meridianamente claro que la llamada
"Nueva Mayoría" jamás ha estado animada de un real interés por
reformar el sistema educativo y que solo ha aspirado, mediante algunos ajustes
menores al modelo educativo impuesto por la dictadura, a aminorar el
descontento para restar con ello vitalidad a la lucha de los estudiantes.
Como cualquier persona medianamente informada sabe,
la dictadura, apoyada en un intenso despliegue de métodos terroristas y en
exclusivo provecho del gran capital, arrasó con los derechos sociales antes
conquistados por los trabajadores en los ámbitos laboral, previsional,
educacional y de la salud pública, reduciendo los salarios, precarizando el
empleo, imponiendo un sistema previsional de capitalización individual
administrado a su antojo por el gran capital, privatizando de manera creciente
el sistema escolar y universitario y también el sistema de salud.
Desde luego, nada de esto fue hecho por casualidad
o por razones de eficacia o eficiencia social, como falazmente argumentaron los
apologistas del modelo neoliberal, sino para beneficiar a los sectores más
ricos y poderosos de la población, alivianando sustantivamente la carga de
impuestos con la que debían contribuir a financiar estos servicios en su
calidad de bienes públicos. Además, al dejar de considerar un deber del Estado
la provisión de estos servicios, se crearon nuevos nichos de negocios que,
orientados a maximizar sus utilidades, solo pueden hacerlo a expensas de la
calidad de las prestaciones que brindan.
En efecto, al tener el afán de lucro como objetivo
supremo, en la provisión de estos servicios se generan numerosos incentivos
perversos que minan la calidad y confiabilidad social de los mismos. Surgen
así, por iniciativa y con la activa protección del Estado, nuevos mercados,
centrados en actividades altamente seguras y rentables para los inversionistas,
basados en la existencia de públicos segregados que pueden permanecer cautivos
por largos periodos de tiempo, permitiéndoles a las empresas proyectar sus
negocios con una tranquilidad inexistente en los mercados de carácter más
tradicional.
Tomemos el ejemplo de una universidad. En este
sistema mercantilizado, su fuente de ingresos son los aranceles que cobra a sus
estudiantes, debiendo esforzarse por captar y luego retener al mayor número
posible de “clientes”, aun cuando para ello deba minimizar permanentemente los
niveles de rendimiento académico exigidos. Además, para ampliar sus márgenes de
utilidad, debe contar con una planta académica lo más reducida posible,
cubriendo la mayor parte de sus cursos con profesores laboralmente precarizados,
contratados a honorarios y por montos más bien modestos. ¡Para qué hablar de la
posibilidad de fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos de real interés
social!
Este ha sido y continúa siendo el tema clave, que
explica la tenaz resistencia de los ricos a que el sistema sea realmente
reformado para que el Estado vuelva a asumir su deber de garantizar la
provisión de educación y salud como derechos sociales de la población. Es
evidente que la creciente disminución de la intervención del Estado en estos
ámbitos y el continuo aumento de la privatización y mercantilización de los
servicios correspondientes ha reducido la magnitud de los fondos requeridos
para financiar el gasto público, pero ello se ha hecho a expensas de un enorme
perjuicio social que en definitiva se traduce en un fuerte incremento de la
desigualdad.
Lo cierto es que hoy tenemos en Chile un sistema
educativo que, en comparación con el de otros países, absorbe demasiados
recursos, con un aporte mínimo del Estado, y que arroja pobrísimos resultados
en el plano estrictamente formativo, encontrándose además fuertemente
segregado. En suma, un desastre por dónde se le mire, que sólo invoca a su
favor el aumento de la cobertura, pero que si se la compara con la de otros
países de la región se puede constatar de inmediato que corresponde a una
tendencia universal y con logros mucho mayores en países que cuentan con
sistemas educativos fuertemente basados en el gasto público, como por ejemplo
en Argentina, Venezuela o Cuba.
Si a ello le agregamos los altísimos niveles de
endeudamiento que pesan sobre numerosas familias de ingresos bajos y medios, el
obsceno e injustificado traspaso de fondos públicos a la banca privada a través
del Crédito con Aval del Estado (CAE), la falta de control con que operan
impunemente grandes empresas transnacionales del negocio educativo, la
precarización de los empleos que afecta a la mayor parte de los académicos y
funcionarios de las universidades, tanto públicas como privadas, y la falta de
participación democrática real de las comunidades universitarias en el gobierno
de las instituciones de educación superior, se comprende la intensa indignación
que todo ello suscita entre los estudiantes y sus familias.
Frente a ello la casta, a todas luces venal, que domina
el escenario político ha levantado una serie de falacias para intentar
deslegitimar la lucha de los estudiantes. Lo más escuchado en estos días de
boca de numerosos "expertos", incluido el actual Ministro de
Hacienda, y repetido acríticamente por conductores de los medios de
comunicación, es que no se puede financiar la gratuidad universal de la
educación a todos sus niveles, incluido el universitario, porque sencillamente
los recursos del país no alcanzan. Pero el hecho es que países con mucho menos recursos
que Chile, como Cuba por ejemplo, lo han hecho y con excelentes resultados
educativos.
Como ya dijimos, lo que ocurre es que en Chile
tenemos un presupuesto público que tras el golpe se vio drásticamente reducido
para permitir que los grupos más poderosos pudiesen apropiarse tranquilamente
de una proporción exorbitante de la riqueza generada en el país sin tener que
contribuir de manera efectiva a financiar los requerimientos de la sociedad.
Más aún, el peso de los impuestos se dejó caer preferentemente sobre los
hombros de los sectores de ingresos bajos y medios, liberando o alivianando por
distintas vías la carga de los de mayores ingresos. Basta observar la magnitud
de los privilegios tributarios de que actualmente goza la gran minería.
Es por ello que hoy tenemos en Chile un sistema
tributario profundamente regresivo, es decir, un sistema de impuestos que, en
relación a sus ingresos, grava proporcionalmente más a los sectores más pobres
o medios que a los sectores más ricos de la población. Junto a los bajos
salarios, eso es lo que explica la gran desigualdad social actualmente
existente en el país. Y ello sin considerar la causa última y decisiva, que es
la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza, creada y
recreada permanentemente por una economía basada en la apropiación privada de
los medios de producción y empujada y guiada en su funcionamiento por el afán
de lucro, es decir, una economía capitalista.
Evidentemente no sería decente que se intentara
aumentar la ya pesada carga de impuestos que pesa sobre los más pobres. Por el
contrario, esa carga debiese aligerarse, liberando de impuestos a los artículos
de primera necesidad. Y en esto se apoya el discurso hipócrita de quienes
sostienen que la gratuidad universal no solo no sería posible sino tampoco
deseable porque sería socialmente regresiva ya que obligaría a que los más
pobres pagasen la educación de los más ricos. Y claro, es evidente que no
corresponde, ya que ello sería profundamente inmoral, que los más pobres
pagasen la educación de los más ricos. Y por eso la solución no consiste en que
la carga tributaria sea aumentada por la vía de elevar la tasa del IVA o
ampliar la base del Impuesto a la Renta, medidas que evidentemente tornarían
aun más regresivo el sistema tributario.
Pero lo que todos estos "expertos"
deliberadamente callan es que esa no es la única forma de hacerlo. La carga
tributaria no solo se puede sino que, por elementales criterios de justicia, se
debería aumentar significativamente, elevando la hoy muy ligera carga
tributaria que grava los ingresos de los sectores más ricos. Es decir generando
una manera efectivamente solidaria de aumentar y financiar el presupuesto
público. Ello no solo permitiría proveer los recursos necesarios para que el
Estado financie una oferta pública universal de educación de calidad sino
también cubrir otras necesidades urgentes como la de proveer una oferta pública
universal de salud tan imperativamente necesaria hoy en el país.
Y ello, al revés de lo que dice el discurso hipócrita
de la clase dominante, permitiría que los ricos no solo se limiten, como hoy lo
hacen, a financiar de manera temporal la educación de sus propios hijos, sino
que contribuyesen a financiar también, de manera sustantiva y permanente, la
educación de los hijos de las numerosas familias que no tienen los medios
necesarios para ello. Y si luego en calidad de profesionales todos aquellos
jóvenes a los que la sociedad ha financiado solidariamente sus estudios logran
acceder a altos niveles de ingreso, por la vía de un sistema tributario
progresivo se verían obligados a aportar también una contribución proporcional
a ellos para el financiamiento permanente del gasto público.
Esto es lo mínimo que debiésemos esperar en una
sociedad regida por elementales criterios de justicia. Pero para las voces del
actual establishment neoliberal y para el gobierno supuestamente
"progresista" de la "Nueva Mayoría" ¡ni qué hablar de
modificar el actual sistema tributario, recientemente maquillado con la ridícula reforma obscenamente
"cocinada" en los oscuros conciliábulos del Senado!.
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- Jorge
Gonzalorena Döll es Sociólogo e Historiador Económico chileno.
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