Las normas internacionales relativas a los derechos humanos
dicen que la educación debe ser universal, obligatoria y gratuita. Además, el Comité DESC plantea que el
derecho a la educación se realiza cuando esta es disponible, accesible,
aceptable y adaptable, destacando la accesibilidad económica. ¿Qué se entiende
por educación gratuita y accesibilidad económica en este caso? Por gratuidad debe entenderse el derecho fundamental que
tiene todo ser humano a la educación, a lo largo de su vida, sin costo alguno
para el titular del derecho. Con la
firma de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los Estados
parte han adquirido la obligación de asumir el financiamiento de la educación
pública. Lo anterior comprende la eliminación de costos directos, tales como cuotas de matrícula
(voluntarias o no), mensualidades y
derechos de graduación, entre otros. Igualmente, el Estado debe proteger el
derecho a la educación acabando con costos indirectos; por ejemplo, uniformes y
actividades de recaudación de fondos. La
accesibilidad económica también compromete a los Estados a brindar
servicios de transporte estudiantil, comedores escolares, paquetes de útiles y
materiales, vestimenta y bonos escolares.
¿Cómo está la situación de la gratuidad de la educación pública
en Latinoamérica? ¿Qué desafíos todavía nos quedan para alcanzarla en su
plenitud?
En algunos pocos países
latinoamericanos, persiste la idea de mantener cuotas obligatorias de
matrícula. En la mayoría, se ha empleado
el sistema de cuotas “voluntarias”, al menos de nombre. En muchos, existen
además cuotas mensuales de patronato, de comedor o de materiales. Y, al mismo
tiempo, los centros educativos públicos recurren constantemente a la
realización de actividades de recaudación de fondos. El problema es que los Estados no están asumiendo en su totalidad el
costo de operación de los servicios educativos, el mantenimiento de su
infraestructura y el aprovisionamiento de materiales didácticos. Esta situación
provoca que las familias pobres tengan que dedicar una buena parte de su
presupuesto al pago de costos directos e indirectos; atentando contra el
acceso, la permanencia y el éxito educativo de millones de niñas, niños y
jóvenes latinoamericanos en condición de pobreza. Al mismo tiempo, el personal docente se ve forzado a canalizar sus
energías en cuestiones extra curriculares.
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HISTÓRICA RESOLUCIÓN DE LA ONU INSTA A LOS ESTADOS A REGULAR
PROVEEDORES DE EDUCACIÓN Y RESPALDAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.-
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CLADE. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
ALAI miércoles 13 de julio del 2016.
En una
nueva resolución histórica hecha pública el viernes (8 de julio) y celebrada por 21
organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la
ONU insta a los Estados a regular a los proveedores de educación y a invertir
en la educación pública.
La
resolución adoptada durante la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (13 de junio al 1º de julio de 2016) insta a todos los Estados a “acabar con todas las repercusiones
negativas de la comercialización de la educación”, en particular, mediante el
establecimiento de un marco regulador a fin de reglamentar y supervisar las
actividades de los proveedores de servicios educativos, exigiendo
responsabilidades a aquellos cuyas prácticas incidan negativamente en el
disfrute del derecho a la educación, así como promoviendo actividades de
investigación.
“Otras autoridades de derechos humanos de la ONU, como el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y los órganos de supervisión de la ONU ya habían mostrado una gran inquietud por el crecimiento
explosivo y no regulado de los proveedores de educación privados. Esta
resolución conlleva un fuerte posicionamiento político de los Estados sobre
este análisis que no deja lugar a más dudas: los Estados tienen la obligación
con relación a los derechos humanos, así como la de regular adecuadamente a los
actores privados y de resistirse a la comercialización de la educación”,
explicó Delphine Dorsi, del Proyecto Derecho a la Educación.
Esta
resolución da seguimiento a una resolución
anterior, adoptada en junio de
2015, que trataba algunas de estas mismas cuestiones, pero esta vez incluye la
necesidad de abordar la comercialización de la educación en el núcleo del
texto.
Sylvain
Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, comentó: “En algunos países, en particular en el Sur Global, en la
última década, la enseñanza privada se ha multiplicado en ocasiones hasta por
diez, prosperando cadenas comerciales de escuelas privadas con fines de lucro en Kenia, Ghana,
Filipinas y otros países. Esta resolución constituye un gran avance, ya que de
forma inequívoca reconoce que la comercialización de la educación plantea
graves problemas de derechos humanos que deben ser tratados con urgencia”.
Boaz
Waruku, de la Red Africana de la Campaña sobre Educación para Todos (ANCEFA,
según sus siglas en inglés), insistió: “La resolución especifica que incluso
los proveedores privados de educación, que operan en asociación con los
Estados, deben regularse de manera adecuada por los Estados. Este es un
recordatorio crucial para Estados como Liberia, que están planteándose la polémica
externalización de sus sistemas educativos, de que una asociación
pública-privada no puede ser una manera del Estado cumplir con sus obligaciones sobre
los derechos humanos.”
De acuerdo a Javier González, Investigador Chileno afiliado
al Centre of Development Studies de la Universidad de Cambridge, esta “resolución es también crucial para la
comunidad académica. Nos insta a concentrar y aumentar nuestros esfuerzos de
investigación en esta transformación social crítica, esto es, la privatización
y comercialización de la educación, la cual está poniendo en riesgo los
derechos humanos básicos.”
En un
movimiento sin precedentes, la resolución también insta a los Estados a
reconocer “la considerable importancia de
invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles”
y a “aumentar y mejorar la financiación
interna y externa de la educación” con el fin de “contribuir a la educación
como bien público”.
Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), subrayó que: “La Comisión Internacional sobre la Financiación de la
Oportunidad Mundial de la Educación, que está concluyendo
sus recomendaciones al Secretario General de la ONU, debe tener en cuenta las
obligaciones legales de los Estados con la garantía del derecho a la
educación, recordadas por el CDH. Los Estados deben aumentar la financiación
nacional e internacional para la educación pública; cualquier solución de
financiación que comprometa la idea de la educación como un bien público
va en contra de la legislación internacional de derechos humanos y en
contra de esta resolución.”
Silvia
Alonso, coordinadora de la red Incidencia Civil en la Educación (ICE), miembro
de la CLADE en México, expresó:
“La nueva resolución
es sumamente importante para subrayar los compromisos y obligaciones estatales
en materia del fortalecimiento de los sistemas públicos de educación ,
especialmente dado el creciente fenómeno de la privatización de la educación
pública, en muchos casos encubierta, que viene sucediendo en México y en varios
países de nuestra región, así como el traspaso de recursos públicos a
iniciativas de educación privadas con fines de lucro.”
La
resolución fue adoptada por consenso de los miembros de los 47 miembros del CDH, lo que subraya la solidez del respaldo que recabó.
En
reacción a la resolución, cuyas negociaciones fueron lideradas por Portugal,
Maria Redher, coordinadora de Proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y punto focal de la Red Lusófona por el Derecho a la Educación (RELus), declaró: “Esta resolución, que está alineada con las últimas
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para Brasil, es un paso
importante para todos los grupos que integran la ReLus, con miras a fortalecer
nuestra lucha contra la privatización de la educación pública en el ámbito
nacional”.
Albertino Delgado, a su
vez representante de la Red Nacional de la Campaña de Educación para Todos de
Cabo Verde en la ReLus, confirmó:
“Nuestra red seguirá
haciendo presión hacia los Estados para que respondan a sus obligaciones
respecto a la educación básica, resistiendo a la mercantilización de la
educación y buscando la superación de las inequidades sociales.”
“Apelamos ahora a los Estados de todo el mundo para que
cumplan sus obligaciones legales y respeten sus compromisos políticos,
deteniendo la financiación de las escuelas privadas con fines de lucro y
adoptando todas las medidas para desarrollar sistemas de educación públicos de
calidad y gratuitos. En particular, donantes como el Banco
Mundial y el Reino Unido, que han financiado a proveedores privados de educación
en países en desarrollo, deben escuchar al Consejo de Derechos Humanos y
detener estas prácticas perjudiciales”,
Concluyó
Carole Coupez, de Solidarité Laïque, organización líder de la Coalición
Francesa de Educación, que está trabajando como parte de una red francófona contra la
comercialización de la educación.
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