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HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN PERÚ.- ALFONSO QUIROZ.-  El libro del historiador Alfonso Quiroz sobre la Historia de la corrupción, es de palpitante actualidad. Solo aparentemente se trata de un tema histórico, porque desarrolla el largo tiempo de un problema que se repite hasta nuestros días: el mal gobierno que se apodera de las arcas nacionales como de un botín para el enriquecimiento de los encargados de custodiarlas. Las noticias de los periódicos del último tiempo en el Perú se parecen demasiados a las informaciones contenidas en el informe de Jorge Juan y Antonio Ulloa al Rey de España. Los gobernantes roban con descaro y lo hacen casi todos; el que sale pobre es un bobo. 

Ante esta lamentable historia, cabe preguntarse si el libro de Quiroz ofrece alguna esperanza. La pregunta que recorre el texto es la posibilidad de acabar con la corrupción y, después de leer el volumen, el lector queda abrumado. Pero, escarbando, se puede hallar la pista positiva. El tono del autor es burlón y crítico, no amargo ni desesperado.

Funda su esperanza en la existencia de una sólida corriente de pensadores y políticos que han luchado contra la corrupción a lo largo de la historia. Desde los ya mencionados Juan y Ulloa, que informaron al Rey los latrocinios de virreyes y corregidores, hasta los santones de nuestro tiempo, que se comprometen con la lucha anticorrupción. En la historia peruana se constata la presencia de una columna de personalidades que han hecho de la lucha por el buen gobierno una norma de vida. Ahí están González Prada y Gustavo Gutiérrez, para mostrar que somos una República que también ha producido una profunda reflexión sobre la ética y el buen gobierno.

El libro de Quiroz muestra que no solamente somos un país de gentes corruptas, sino también un territorio de personas comprometidas con la honestidad. Entre unos y otros hay un combate irresuelto. Según la interpretación del recordado Alfonso, somos un país en lucha agónica que no ha superado sus tensiones. Pero no una nación abatida, donde todos se dedican a la ilegalidad.

Asimismo, Quiroz ofrece una caracterización de los gobiernos más corruptos. Por oposición, se puede deducir cuáles son los componentes que debería tener un buen gobierno. Así, según Quiroz, todas las dictaduras han sido corruptas. Ello no significa, lamentablemente, que las democracias sean honestas. Pero, sí halla algunas menos corruptas, por ejemplo, las de José Pardo y Guillermo Billinghurst. De tal modo, todas las dictaduras se condenan y algunas pocas democracias se salvan.

¿Por qué? De acuerdo a Quiroz, el alimento de la corrupción es la ausencia de Estado de derecho, lo que constituye la esencia de los autoritarismos. Así, las dictaduras caerían por definición en los regímenes más propensos al robo del erario nacional. La falta de transparencia y la ausencia de marco institucional conspiran en ellas contra el buen gobierno.

Otra característica esencial de los autoritarismos es el control de la prensa. En países como el nuestro, el seguimiento de la conducta de los gobernantes se efectúa desde diversos espacios, uno de los cuales es el ocupado por los medios de comunicación. No son perfectos ni tampoco inmunes a la corrupción, como lo demuestra la triste historia de Montesinos y los dueños de los canales de televisión en la salita de la corrupción. Pero, si los medios son libres, siempre habrá quienes sigan y denuncien los escándalos de corrupción, impidiendo que los gobernantes desfalquen a su regalado gusto.

Otro punto de Quiroz es el clientelismo. Los gobiernos más corruptos son aquellos que usan con mayor intensidad de la dádiva. A los gobiernos que regalan a los pobres les corresponde la colusión con sectores de propietarios. Así, solo los que respeten el marco institucional y traten a los ciudadanos como iguales pueden reducir la corrupción.

Después de su amplia narración histórica, en las reflexiones conceptuales, Quiroz nos ofrece una definición muy precisa de la corrupción. Según su parecer, ella implica dos actores que se coluden. Un mal funcionario que se entiende delictivamente con un mal empresario. No se trata del Estado por separado de la sociedad civil. El problema está en el punto de encuentro. Por lo tanto, para encarar la corrupción es necesario tanto reformar el Estado, como la relación histórica de la clase empresarial con la política. Sin medidas en ambos órdenes no podrá derrotarse a la corrupción. Según Quiroz, esta no se halla en un agente social, sino en la colusión entre lo privado y lo público.

De este modo, queda claro que para el autor no es sencillo terminar con un mal hábito político que viene durando 250 años ininterrumpidos. Pero afirma que sí es posible hacerlo, a costa de emprender una reforma en serio de la República. Ahora que se acerca el bicentenario y el Perú cumple 200 años de vida independiente, es el momento de una seria introspección sobre quiénes somos los peruanos y las peruanas y a dónde queremos llegar. Cuando llegue la hora de ese debate nacional, las ideas de este libro estarán en primera fila.

Fuente: Revista Apuntes N°73. Tomado de IEP.

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Ronald Gamarra, abogado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Fujimori, cree que este caso no está siendo investigando adecuadamente pese a la magnitud de los hechos.

                                                                
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PERÚ: “SI DE NUESTRA JUSTICIA DEPENDIERA NO TENDRÍAMOS NINGUNA INVESTIGACIÓN EN CURSO CONTRA LA CORRUPCIÓN DE ODEBRECHT”

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Andrés Alviar Zevallos.

ALAI. Domingo 5 de enero del 2017.

La historia de la corrupción en el Perú no tiene cuándo acabar. Odebrecht, la empresa más grande de América Latina, ha cometido múltiples sobornos en al menos 13 países y Perú no ha sido la excepción. La empresa opera desde 1979 en el país y desde entonces ha ido ganando protagonismo en las licitaciones de grandes obras de infraestructura pública convirtiéndose en la empresa que más ‘invierte’ en el país. Ronald Gamarra, abogado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Fujimori, cree que este caso no está siendo investigando adecuadamente pese a la magnitud de los hechos. Nos explica el estado de las investigaciones y qué es lo que debería hacer la Fiscalía para lograr desentrañar las inmundicias de la corrupción y asegurar justicia para el Estado de todos los peruanos.

El caso Odebrecht ha destapado uno de los casos de corrupción de funcionarios públicos más grandes a nivel mundial. En el caso peruano involucra al menos a tres ex gobiernos, ¿este hecho se puede comparar a la corrupción de los años noventa y los vladivideos?

Este es un caso distinto al de Fujimori. Considero que el de Fujimori es especialmente mayor dado que se tomó por asalto todos los poderes e instituciones del Estado; había un proyecto político detrás que además supuso un golpe de Estado para permitir la permanencia en el poder, controlar las instituciones democráticas, desnaturalizarlas, y por supuesto utilizar hasta aparatos represivos extralegales para afianzar su poder. Cosa distinta a lo de Odebrecht, lo que podemos ver es que el Perú fue parte de un sistema corrupto que involucró hasta 13 países, y no significa que no sea una empresa criminal con resultados catastróficos para los países que los sufrieron.

La Fiscalía ha optado por llegar a un acuerdo con Odebrecht para que este le brinde información cuando la necesite, mientras que en otros gobiernos de Latinoamérica han tomado medidas de fuerza. ¿Por qué existe una defensa de la estabilidad de la empresa cuando un acuerdo de esta naturaleza implica riesgos como la fuga de funcionarios o la pérdida de documentos importantes?

Respecto a lo de la Fiscalía, creo en la buena voluntad, tanto de Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, como de Hamilton Castro, el fiscal a cargo del tema. Creo que ellos están haciendo lo que creen corresponde para hacer una investigación objetiva y llegar a resultados. Sin embargo, creo que se equivoca totalmente la Fiscalía en el abordaje del caso Lavajato. El tema parte desde: ¿cómo es posible que en el Perú el tema de Odebrecht recién sea investigado a partir de noviembre del año pasado? Estamos hablando de hace dos meses, cuando el tema a nivel mundial, particularmente en Brasil, se conoce desde hace mucho tiempo. Con esto quiero decir que le fiscalía empezó muy tarde las investigaciones contra Odebrecht, y además mal, muy débil, porque no tenía información propia respecto a los que acontecía la corrupción de Odebrecht. Prácticamente no tenía nada:

En noviembre del año pasado se inician investigaciones solamente por una transacción vinculada a una empresa que había hecho tratos con Odebrecht en algún momento y respecto de una persona que ni siquiera era el responsable de acto intermedio en este acto de corrupción, me refiero al señor Monteverde. Además, inicia su investigación con dos reportajes: uno de IDL-Reporteros y una nota de El Comercio, o sea, prácticamente el Ministerio Público no tenía nada. En diciembre, cuando se conoce el convenio con EEUU es ahí donde se amplían las investigaciones contra los que resulten responsables. Ni siquiera contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, o la empresa específicamente.

Evidentemente Odebrecht no le está brindando toda la información a la Fiscalía.

A mí me gustaría que fuera el Ministerio Público el que tenga la dirección de la investigación y no funcione sobre la base de lo que poquito a poco le concede la empresa. Evidentemente Odebrecht no le está brindando toda la información ni está efectuando la devolución de todo el dinero malhabido.

La abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño, es la encargada del área legal de la empresa y quien posiblemente haya sido testigo o partícipe de los múltiples casos de corrupción de la empresa. Además, Carreño participó de la mesa directiva de la Comisión de Gracias Presidenciales bajo la dirección de Chinguel, ahora preso por corrupción durante el gobierno aprista, en donde sólo renunció sin mayor proceso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía siga en un rol pasivo con esta cuestionada funcionaria?

La Fiscalía sabe que para avanzar necesitaba dos cosas: en primer lugar, asistencia jurídica internacional, es decir, conseguir la información que está en otros países a través de sus Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, y en segundo lugar, la delación premiada. ¿Quiénes tienen esta información? Los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quieren la información? Entonces tendremos que negociar con Odebrecht, pero en el camino la Fiscalía se dio cuenta que la información producto de la Asistencia Jurídica Internacional no la iba a conseguir fácil ni rápidamente. ¿Por qué? Por la burocracia. El problema común de todos los países de considerar muy pulcramente la información antes de entregar, entonces eso va a tomar tiempo. La Fiscalía necesita obtener avances y resultados pronto, por eso es que se decide a la negociación ofrecida por Odebrecht.

A mí no me parece mal la negociación per se, a mí me parece que es el camino para avanzar objetivamente la investigación y lograr resultados. Lo que me parece mal es la forma cómo se negoció, el Perú sigue negociando mal con Odebrecht y la empresa está haciendo lo que mejor le conviene.

Hay una presión de parte del fujimorismo para que las investigaciones solo abarquen los tres últimos gobiernos y no al gobierno de Fujimori, cree Ud. que si el fujimorismo no es investigado van a salir fortalecidos políticamente, pese a que el gobierno de Fujimori ha sido calificado como el más corrupto.

Dada la performance delictiva de la entidad, lo correcto sería investigar todo lo hecho desde su ingreso al Perú, probablemente ahí encontraríamos algunos actos delictivos o el mismo espíritu delictivo sistemático. ¿Eso significa investigar también la época de Fujimori? Habrá que investigarlo. Ahora, existen varios tipos de investigación: histórica, política, mediática, periodística, y legal. Yo no sé si los tiempos dan para poder investigar judicialmente la época de Fujimori o si es un tema que ya prescribió. Pero sí creo que desde el punto de vista de lo que corresponde al Estado peruano es investigar cualquier posibilidad de acto de corrupción cometido por la empresa, de allí que si en los años noventa Fujimori era presidente hay que investigarlo. Igual sería mi punto de vista si hubiera sido cualquier otro presidente. Hay que investigarlo absolutamente todo.

En el libro Historia de la Corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz se afirma que Montesinos había logrado una red para sobornar funcionarios y castigar a quienes intentaran oponerse. ¿Por qué se archivaron las denuncias de Pedro Morote Cornejo, excolaborador del empresario Gonzalo Monteverde, entre otras? ¿Por qué existió una continuidad de la corrupción de la empresa durante tantos gobiernos?

Eso refleja por un lado la acción criminal de la empresa y por otro lado la debilidad del Estado peruano en democracia, porque uno pensaba que juzgando al gobierno autoritario de Fujimori y sus actos de corrupción saldábamos nuestra deuda con la historia en la lucha contra la corrupción. Eso no ha sido así porque igualmente en la época democrática el Estado ha sido muy débil para combatir actos de corrupción y esto alienta casos de corrupción extranjera y nacional.

Si de nuestra justicia dependiera no tendríamos ninguna investigación en curso contra la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas

Lamentablemente nuestros sistema fiscal y judicial  permiten que aquellos casos de corrupción queden en la impunidad, y que en el Perú hoy en día estemos hablando de la investigación sobre Odebrecht u otras empresas brasileñas únicamente a partir de la información con prueba que nos llega desde Brasil, Estados Unidos, y Suiza. Probablemente si de nuestra justicia dependiera no tendríamos ninguna investigación en curso contra la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas.

¿Qué va a pasar con los delitos por corrupción que ya han prescrito?

Depende del tipo de delito, aquellos que sean sancionados con penas menores es evidente que a estas alturas los casos ya han prescrito y no hay posibilidad de llevarlos a un proceso penal y mucho menos de sancionarlos. Sin embargo, creo que los políticos que hayan desempeñado los cargos de presidentes de la república, ministros, o alcaldes de Lima tienen que ser investigados, aun cuando eventualmente los hechos delictivos en los que pudieron haber incurrido se encuentren a la fecha prescritos.

En el caso de la donación de más de 250 mil dólares a Ipys, ¿cree que realmente hubo una violación a los principios fundamentales del periodismo y los periodistas involucrados, tanto desde los organizadores como los postulantes? ¿Cree que efectivamente pudo haber existido algún tipo de influencia en las investigaciones hechas por los postulantes?

Yo creo que ahí hay que andar con mucho cuidado, no podemos atribuir responsabilidad a todos. En el caso del periodismo, si alguien tiene algún vínculo con Odebrecht debería decirlo antes de escribir a favor de la empresa. Si alguien ha postulado a un premio y no sabía que la empresa Odebrecht es la que financiaba no hay ningún tipo de responsabilidad ética. Si no le han pagado para escribir a favor de Odebrecht no hay ninguna responsabilidad. Si antes y después escribieron en contra de Odebrecht, ¿dónde está la responsabilidad?

Ese dinero no debió ser aceptado por Ipys

El tema es que, ¿acaso los directivos de Ipys no sabían, en la época que recibieron la donación, que había denuncias serias de posibles vinculaciones de Odebrecht a casos de corrupción? Ya a esas alturas: 2013, 2014, es evidente que las denuncias estaban hechas. Ese dinero no debió ser aceptado desde Ipys.

Tanto la Confiep como el MEF han declarado que el escándalo de Odebrecht va a dificultar el crecimiento económico del país (de 4.8 a 3.8). Sin embargo, Enzo Difilipi, exviceministro de Economía, asegura que a pesar de que Odebrecht tiene comprometidos 10 mil millones en el país, esto no significará una desestabilización del sector, sino más bien un rebalance del mercado. ¿Qué balance saca de estas declaraciones?

Odebrecht ha afectado al país de múltiples maneras y sí creo que va a ocasionar también una modificación en las expectativas económicas del país, teniendo en cuenta la importancia de los proyectos económicos de los que forma parte Odebrecht. Yo sería de la idea de que el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, deben tener muy en cuenta al momento de imponer una sanción a la empresa, no solo el dinero ilícitamente percibido, sino el daño adicional del grave perjuicio que va a causar a la economía nacional. Todo ese dinero debe serle impuesto como multa o como reparación a la empresa y tiene que ser cobrado. Por eso que, si Odebrecht quiere vender sus activos, que los venda, una muy buena parte de esa venta de activos debe quedar en poder del Estado peruano a resultas de la reparación y la multa que en su momento se le imponga, pero el Perú no puede ser tan tonto para permitir que Odebrecht venda sus activos y se los lleve.

Si bien el Congreso ha pedido el congelamiento de las cuentas de Odebrecht para asegurar que la empresa pague las sanciones que se le imputarán, esto no sería posible pues la ley estipula que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sólo puede realizarlo cuando se encuentra lavado de activos. La otra vía es por decisión del juez, sin embargo, esto demoraría pues tendrían que haber pruebas que sindiquen el delito por parte de la empresa. ¿Existe posibilidad alguna de realizarlo?

Yo creo que la Fiscalía peruana primero debió allanar sus oficinas, inmovilizar sus activos, congelar sus cuentas, y luego negociar. Alrededor de las primeras investigaciones abiertas por el Ministerio Público con nombre y apellido hay que tener cuenta que uno de los imputados es también por lavado de activos. Así, en una ampliación de formalización de la investigación contra Luyo y Cuba ya se comprende también a la empresa Odebrecht. Por lo tanto, nada impide a la fecha que se tramite un congelamiento de las cuentas de Odebrecht. Es más, yo no entiendo por qué no se ha hecho.

Nada impide a la fecha que se tramite un congelamiento de las cuentas de Odebrecht.

¿Cómo ve al Partido Aprista y los vínculos de corrupción en el gobierno de Alan García? Es emblemático que el primer detenido en Perú haya sido un funcionario del MTC del segundo gobierno de García. Sin embargo una investigación del blog  Desde el Tercer piso muestra los vínculos desde los años 90 entre Cuba-Cornejo y García…

Creo que la investigación debe apuntar a los expresidentes Toledo, García y Humala. No creo que la responsabilidad en estos casos de corrupción se quede en algún ministro, por supuesto que alguno tendrá responsabilidad en estos casos de corrupción, pero creo que habría que apuntar más alto. La Procuraduría debería proponerlo, la Fiscalía debería renegociar el convenio con Odebrecht, y lo primero que habría que pedir información es respecto al involucramiento o no de los expresidentes.

Lo segundo es que estando con la información con la que se cuenta ahora creo que no va a faltar mucho tiempo antes de que se le comprenda al propio Cornejo en la investigación. Demasiada gente vinculada a actos de corrupción a su alrededor nombrada por él, mantenida por él (en el puesto). Pero claro, los apristas para esto son campeones y están resolviendo sus problemas internos cortándole la cabeza de paso. Yo creo que Cornejo debe ser investigado y vinculado al proceso formalmente, pero nadie puede dejar de ver que los apristas están cortándole la cabeza a Cornejo para evitar su presencia al interior del partido.

El procurador anticorrupción Amado Enco estaba trabajando en las investigaciones del caso Odebrecht. Sin embargo, se ha creado una Procuraduría Ad Hoc, ahora Julia Príncipe controla el caso ¿qué opina usted al respecto?

En otras circunstancias habría apostado por un procurador Ad Hoc, pero recordemos que el doctor Amado Enco tiene muy poco tiempo en la Procuraduría, ha sido convocado, ganó un concurso y tiene legitimidad para resolver los casos de corrupción, particularmente el caso de Lava Jato. Es más, ya había intervenido y presentado una serie de solicitudes, y estaba armando el equipo que requería para hacer frente a la megacorrupción de las empresas brasileñas. Incluso ya se habían hecho los contactos con el personal que iba a trabajar en esa Procuraduría y se había logrado acceso a un inmueble. Me parece que por una decisión que coarta su autonomía, la doctora Príncipe Trujillo, ahora lo saca del caso porque Amado ha dado ciertas muestras de libertad e independencia. Pero ahora tiene un problema porque si bien ya estaba designado Efraín Núñez, han reculado, nos dicen que todavía no hay ninguna persona designada y que todavía Amado Enco siga viendo el caso.

A mí me parece mal que se debilite a la Procuraduría en un momento en el que de lo que se trata es de lo contrario: de fortalecer la postura del doctor Amado Enco en su intervención ante la corrupción de las empresas brasileñas. Yo creo que la creación de la comisión Ad hoc no obedece a la necesidad de contar con una entidad fortalecida y que sólo vea un caso de la mejor manera, sino a un afán de la doctora Príncipe Trujillo de dirigir a como dé lugar la Procuraduría que va a ver el tema Lava Jato porque ella quiere tener presencia pública a partir de su intervención directa o indirecta en el tema.

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