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“En mayo de este año la IV
Conferencia Internacional sobre
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), celebrada en Antigua y
Barbuda, avivó las voces de alarma ante la
reducción del apoyo mundial a las naciones vulnerables, entre ellas las
caribeñas. ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
reveló en el evento que durante la última década la
ayuda oficial al desarrollo (AOD) relacionada con el clima para los PEID aumentó de manera constante, con una notable aceleración
después de 2019, pero retrocedió en 2022, al registrarse una caída de 23% frente al año
precedente. Además, hay una alteración notable en la modalidad: la proporción
de préstamos concesionales en la AOD relacionada con el clima para los PEID subió más del doble
desde la pandemia de la Covid-19, alcanzando aproximadamente el 40% de la ayuda total
relacionada con el clima.
“Aunque estos préstamos se otorgan en términos
concesionales, inevitablemente exacerban la carga de deuda de 85 mil millones de dólares que enfrentan
los PEID, equivalente al 72% de su PIB combinado, razonó la UNCTAD. “Equilibrar donaciones y préstamos,
valoró, es crucial para evitar que los PEID
queden atrapados en una trampa de deuda climática.
Solo a través de un apoyo aumentado y estructurado adecuadamente, estas islas pueden esperar sobrellevar la amenaza
existencial que plantea el cambio climático”.
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CEPAL: CHOQUES CLIMATICOS Y FINANCIEROS EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE.
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La Habana (Prensa
Latina) Latinoamérica y el Caribe tienen
elevadas necesidades de inversión frente al cambio climático, cuyos efectos podrían reducir el Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita regional en más de un 20% de aquí
a 2050.
Por María Julia Mayoral.
Prensa latina. La Habana
lunes 5 de agosto del 2024.
Redacción de Economía
Aunque las estimaciones disponibles difieren por su alcance, metodología y horizonte temporal, expertos de la CEPAL pronostican que la disminución
del PIB per cápita en el
área se situaría entre un 0,8 y un 6,3% para
2030, y alcanzaría un 23% en 2050, de continuar la
tendencia actual de altas
emisiones de gases de efecto invernadero.
A este cálculo deben añadirse los daños provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos, las sequías, las tormentas y los huracanes, así como las perturbaciones a los precios a raíz de las transiciones desorganizadas en los mercados de la energía, el transporte y los alimentos, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En su informe
“La economía del cambio
climático en América Latina y el Caribe, 2023:
necesidades de financiamiento y herramientas de
política para la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y
resilientes al cambio climático”, la entidad de Naciones
Unidas recalcó que el fenómeno agravará riesgos fundamentales.
Podría empeorar, ejemplificó, la inseguridad
alimentaria debido al aumento
de la frecuencia o la gravedad de las sequías, las amenazas para la vida
y la infraestructura vinculadas a las inundaciones y los deslaves, la inseguridad hídrica, las epidemias, la insuficiencia
de los sistemas de servicios públicos, las alteraciones
de ecosistemas y la vulnerabilidad de las zonas
costeras.
Todo ello en un escenario de magro desempeño económico: entre 1990 y 2009 el crecimiento promedio de la región giró en torno a un 3% anual; de 2010 a 2019 el índice bajó a la mitad y fue de apenas 0,8 puntos porcentuales de 2014 a 2013, por debajo del registrado durante la llamada “década perdida” de 1980, apuntó la fuente.
Sin embargo, para cumplir los compromisos
de acción por el clima, en el período 2023-2030 sería preciso una inversión acumulada entre 2,1 y 2,8 billones de dólares; a razón de
un promedio anual de 3,7 a 4,9%
del PIB
regional, según los cálculos.
En lo concerniente a las
acciones de mitigación, la inversión debería ascender
a un monto equivalente entre 2,3 y 3,1% del PIB anual de la región,
al considerar los emprendimientos que harían falta en los sistemas energético y de transporte
y para aminorar la deforestación.
Mientras las erogaciones indispensables para
la adaptación fueron estimadas entre 1,4
y 1,8% del PIB anual del área, lo cual debería
contemplar a los sistemas
de alerta temprana, la prevención
de la pobreza, la protección de las zonas costeras, servicios de
agua y saneamiento y protección de la biodiversidad, detalló la agencia.
Pero las perspectivas parecen ser cada vez más adversas, si consideramos el entorno global de débil dinamismo de la actividad económica, el incremento de los costos de financiamiento y la reducción de los flujos de capital hacia los mercados emergentes.
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Cifras de Bloomberg, sobre instrumentos de deuda
soberana para los que existe mercado
secundario, señalaron que durante
los próximos 10 años los países de América Latina enfrentarán obligaciones crediticias por 2,9 billones de dólares -alrededor del 44,1% del PIB regional de 2024-
en concepto de pago del monto
principal y los intereses de la deuda.
Pese a las condiciones financieras
desfavorables, especialistas de Naciones Unidas sugieren reforzar el papel
del sector público para contribuir de forma
activa a las medidas de adaptación
al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Alrededor del bienio 2022-2023, el gasto climático transversal, es decir,
sumando la totalidad de las esferas,
lamentablemente fue menor a 1% del PIB en la mayoría de los países, y el componente
de inversión pública se ubicó entre 0,1 y 0,8% del PIB, alertó otro estudio de la
CEPAL, bajo el rótulo de Panorama
Fiscal de América Latina y el Caribe, 2024.
A juicio de la agencia, para crear resiliencia
a las alteraciones severas del clima,
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y promover el desarrollo, es preciso incrementar la inversión pública y
privada en
la región, cuyo monto conjunto es el más bajo del mundo.
Los esfuerzos del sector público, sugiere el análisis, deben favorecer las políticas y los proyectos con altos
rendimientos económicos y sociales, que fomentan el
desarrollo productivo y la lucha contra
el cambio climático.
En tal sentido, la
institución identificó un grupo de sectores clave, entre ellos, industria
farmacéutica y de dispositivos
médicos, exportación de servicios modernos o
habilitados por las tecnologías
de la información y las comunicaciones,
transición energética, electro
movilidad, economía circular, agricultura para la seguridad alimentaria y
turismo sostenible.
Para dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo, remarcó, es preciso estimular
grandes transformaciones en el modelo de desarrollo que permitan cerrar las persistentes brechas estructurales en materia social, ambiental, de productividad y heterogeneidad productiva.
Si no se le pone freno, “el cambio climático podría perpetuar el equilibrio
subóptimo de bajo crecimiento de la región”, pues seguirán acentuándose
asimetrías estructurales
profundamente arraigadas, como la desigualdad, la pobreza, la informalidad y la baja productividad, fundamentó la CEPAL.
Hace falta más dinero, pero esta parte del mundo sigue operando bajo fuertes restricciones: el peso
del pago de intereses por servicio de la deuda -de 3,4 y hasta
5 puntos del PIB- reduce la disponibilidad de recursos para gastos e inversiones clave para el desenvolvimiento económico y social, con el agravante de que la inversión pública ha sido la variable de ajuste ante esta situación, advirtió la entidad de Naciones Unidas.
El
elevado nivel de deuda pública y el alza de las
tasas de interés evidencian los impedimentos
que suponen los pagos de intereses. En varios países, confirmó, tales egresos alcanzan un valor equivalente a la mitad del gasto social en educación y salud, y sobrepasan con creces
las erogaciones por inversión
pública.
Ante el déficit financiero, los Estados podrían ampliar el espacio
fiscal: por el lado de los ingresos,
para aumentar el nivel de recaudación tributaria, así como su progresividad
y capacidad de reducir las desigualdades y, por el lado del gasto,
para lograr un uso más eficiente de los
recursos, recomendó el organismo.
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En mayo de este año la IV Conferencia Internacional
sobre los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID), celebrada en Antigua y Barbuda, avivó las voces de
alarma ante la reducción del apoyo mundial a las naciones vulnerables, entre ellas las caribeñas.
ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) reveló en el evento que durante la última
década la ayuda oficial al
desarrollo (AOD) relacionada con el clima
para los PEID aumentó de manera
constante, con una notable aceleración
después de 2019, pero retrocedió en 2022, al registrarse una caída de 23% frente al año precedente.
Además, hay una alteración
notable en la modalidad: la proporción de préstamos concesionales en la AOD relacionada con el clima para los PEID subió más del doble desde la pandemia de
la Covid-19, alcanzando aproximadamente el 40% de la ayuda total relacionada con el clima.
Aunque estos préstamos se otorgan en términos
concesionales, inevitablemente exacerban
la carga de deuda de 85 mil millones de dólares que
enfrentan los PEID, equivalente al 72% de su PIB combinado, razonó la UNCTAD.
“Equilibrar donaciones y
préstamos, valoró, es crucial para evitar que los PEID
queden atrapados en una trampa de deuda climática.
Solo a través de un apoyo aumentado y estructurado adecuadamente, estas islas pueden esperar sobrellevar la amenaza
existencial que plantea el cambio climático”.
En adición, no debería pasarse
por alto que dos tercios de los PEID están clasificados
como países de ingreso medio, por lo
tanto, tienen acceso limitado o nulo
al apoyo de deuda o financiamiento
concesional.
Altos dignatarios
asistentes a la cumbre
en Antigua y Barbuda exigieron reformar la actual arquitectura financiera internacional para
atender las particularidades de los países en desarrollo en general, y en especial de las pequeñas islas, así como el cumplimiento
de los compromisos de AOD en correspondencia con lo acordado en sucesivas conferencias de
las partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climático y el Acuerdo de París.
La financiación climática será un tema central de
la cumbre COP29, que
sesionará en noviembre próximo en Bakú, la capital de Azerbaiyán, pero a juzgar por los hechos resulta poco probable que los compromisos y las soluciones
prácticas lleguen
a estar a la altura de la crisis planetaria.
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