"UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA" La nueva ofensiva tecnócrata para vaciar el Estado.

 &&&&&

“La ideología que las sostiene -vehiculizada por figuras como Curtis Yarvin y naturalizada en sectores influyentes de Silicon Valley- propone una reorganización de la vida colectiva que prescinde de los valores republicanos fundamentales como igualdad ante la ley, participación ciudadana, protección de los sectores vulnerables y “accountability” o rendición de cuentas en términos de Ciencia Política. Al redefinir al ciudadano como cliente y al Estado como empresa, este paradigma erosiona las bases mismas de la soberanía popular. Asimismo, el intento de reducir la administración pública a su mínima expresión, bajo el imperativo de la eficiencia, implica un vaciamiento deliberado de funciones esenciales como la salud, la educación, la seguridad social o la protección del medio ambiente.

“Este tipo de reingeniería institucional no es neutra; favorece la consolidación de nuevas formas de dominación oligárquica-una nueva oligarquía-, en las que el poder político queda supeditado a los intereses de una élite económica transnacional. En este sentido, el axioma de Paul Krugman, según el cual “un país no es una empresa”, se torna no sólo pertinente sino urgente. El futuro de las democracias contemporáneas dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para resistir este proceso de captura corporativa, y de la sociedad civil para defender la legitimidad de lo público como espacio de construcción colectiva. La historia ha demostrado que cuando se privatiza la política, lo que se erosiona no es el gasto, sino la dignidad del cuerpo social.

/////

El presidente norteamericano. Donald Trump y su par de Argentina Javier Milei. Imagen de Archivo.

*****

"UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA"

La nueva ofensiva tecnócrata para vaciar el Estado.

*****

El ensañamiento del gobierno de Javier Milei con organismos públicos de excelencia, como el Hospital Garrahan y el INTA, se alinea con la lógica que viene desde el Norte, donde Donald Trump busca hacer lo propio, aunque ahora sin la figura de Elon Musk como mascarón de proa. Esto se encuadra en una nueva apuesta de parte de las multimillonarias tech que pretenden llevar a otro nivel las privatizaciones para reemplazar las funciones del Estado.

Por pablo Tigani. Doctor en Ciencia Política*.

Fuente. Página/12. Domingo 15 de junio del 2025.

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha sido escenario de una intensa movilización social organizada bajo el lema “¡Manos Fuera!”, en clara oposición a las políticas implementadas por la administración del presidente Donald J. Trump y su ex asesor, el empresario Elon Musk.

Las protestas, organizadas en los 50 estados del país y con réplicas significativas en ciudades como Londres y París, fueron impulsadas por una coalición nacional integrada por organizaciones prodemocracia, entidades de derechos civiles, sindicatos, agrupaciones de veteranos, movimientos feministas y colectivos LGBTQ+.

Los organizadores de “¡Manos Fuera!” estructuraron su convocatoria en torno a tres demandas fundamentales: (1) la cesación de lo que describen como una toma de control multimillonaria de la administración pública y su consecuente corrupción institucional; (2) el rechazo a los recortes presupuestarios profundos en programas sociales esenciales como Medicaid y la Seguridad Social; y (3) el fin de las políticas persecutorias hacia comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes y personas trans.

En Washington D.C., epicentro simbólico de la movilización, representantes demócratas como Jamie Raskin (Maryland), Ilhan Omar (Minnesota) y Maxwell Frost (Florida) tomaron la palabra para denunciar los retrocesos democráticos que, según argumentaron, caracterizan a la administración Trump. Raskin, en particular, acusó al presidente de encarnar una combinación ideológica peligrosa, al referirse a su liderazgo como una síntesis de “la política de Mussolini y la economía de Herbert Hoover”.

Estas protestas no solo constituyen una manifestación del malestar ciudadano frente a un conjunto de reformas regresivas, sino que también revelan una recomposición de las formas de participación política en la era contemporánea, donde coaliciones amplias y transversales buscan reconstituir un espacio público deliberativo.

Como señala Paul Krugman (2012), “un país no es una empresa” y, por tanto, los criterios de eficiencia, rentabilidad y racionalización del gasto típicos del management corporativo no son directamente trasladables al funcionamiento de las instituciones estatales sin consecuencias socioeconómicas significativas.

Desde la economía política, el Estado es concebido como una entidad que garantiza bienes públicos, redistribuye ingresos y corrige fallas del mercado (Stiglitz, 2000). Su racionalidad no se basa en la maximización de beneficios sino en la provisión de derechos y servicios fundamentales, cuyo valor no puede reducirse a una métrica de rentabilidad financiera. Instituciones como hospitales públicos, sistemas de previsión social, educación pública o políticas de vivienda, tienen como fin último el bienestar colectivo, no la generación de excedentes.

El ajuste eterno.

La imposición de paradigmas de austeridad desde una lógica empresarial ha sido objeto de análisis en la literatura crítica sobre neoliberalismo. Autores como David Harvey (2005) y Wendy Brown (2015) advierten sobre los efectos de la “empresarización” del Estado, fenómeno que implica la subordinación de lo público a los valores del mercado. En este marco, emprendedores-empresarios provenientes del sector privado -como el caso paradigmático de Elon Musk- actúan bajo la presunción de que las soluciones organizacionales que funcionan en una empresa también pueden aplicarse a la estructura estatal.

Diversos estudios de caso, como los que han realizado Blyth (2013) y Mazzucato (2018) demostraron que las políticas de austeridad radical, impulsadas con esta lógica de management privado, tienden a desmantelar capacidades estatales, debilitar redes de protección social y aumentar la conflictividad social. Lejos de racionalizar el Estado, estas políticas terminan por erosionar su legitimidad y su capacidad de acción, especialmente en contextos de alta desigualdad y vulnerabilidad.

En este sentido, la sustitución del aparato público por plataformas tecnológicas, como lo han propuesto figuras del ámbito empresarial, no sólo desresponsabiliza al Estado de sus funciones centrales, sino que exacerba las exclusiones estructurales. Como advierte Mariana Mazzucato (2018), es un error suponer que el sector privado puede reemplazar al Estado en la provisión de bienes públicos, ya que su lógica se orienta hacia la captura de valor, no hacia su creación social.

En el contexto de un capitalismo digital cada vez más concentrado, el avance de actores privados sobre funciones esenciales del Estado ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una estrategia política deliberada. Detrás de esta fachada tecnocrática se despliega una lógica privatizadora que busca reconfigurar la administración pública bajo los principios de rentabilidad, desregulación y concentración del poder decisorio, sin contemplar las especificidades institucionales, jurídicas y sociales del sector público.

La realidad.

No había nada nuevo en el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” del presidente Trump. Muchas comisiones asesoras anteriores habían perseguido el mismo objetivo de la misma manera, logrando en última instancia poco o nada.

Lo cierto es que, a cambio de ayudar a Donald Trump a ser reelegido invirtiendo 130 millones de dólares en sus campañas y en las de republicanos de menor jerarquía, y convirtiendo a “X” en su máquina de mensajes, Elon Musk se ganó la oportunidad de codirigir junto con Vivek Ramaswamy, otro importante donante, un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental”. Algo parecido a los inventos de Macri: “Ministerio de Modernización” a cargo de Francisco Cabrera, o el de Milei: “Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado”, Federico Adolfo Sturzenegger.

El caso Trump, bautizado con el nombre de una criptomoneda de chacota, DOGE no es una agencia oficial. Pero, aunque su función era puramente consultiva, Trump había prometido implementar sus recomendaciones para reducir drásticamente el exceso de regulaciones, reestructurar las agencias federales y recortar gastos innecesarios, todo ello con miras a la eficiencia.

Al igual que con sus otros nombramientos, Trump no exigió a los empresarios que se deshagan de sus participaciones corporativas ni se abstuvieran de ofrecer recomendaciones sobre cuestiones que plantearan un conflicto de intereses evidente como la extensa compra de servicios de SpaceX por parte de la NASA.

En la medida en que DOGE desmantelara las regulaciones, prometía ser un poderoso vehículo para el “capitalismo clientelista”. Sus recomendaciones tenían poco que ver con mejorar la eficiencia del gobierno o reducir costos, y mucho con eliminar regulaciones y agencias que los poderosos donantes y los grupos de presión empresariales querían eliminar.

Musk prometió inicialmente recortar el gasto del gobierno federal en 2 billones de dólares, lo que representaba casi un tercio del gasto total proyectado para 2025. Tras darse cuenta rápidamente de lo absurdo de ese objetivo, lo redujo en un 75%, a 500 mil millones de dólares.

Sin embargo, la atención médica para veteranos es la función más importante: 119.000 millones de dólares, cuya autorización del Congreso venció en 2024, y a pesar del desprecio de Trump por las fuerzas armadas, era difícil imaginar que DOGE persiguiera la atención médica de los veteranos.

Como decíamos, esto ya se había intentado sin éxito. La Encuesta del sector privado sobre control de costos del presidente Ronald Reagan, conocida como la “Comisión Grace”, por ejemplo, afirmó que un tercio de todos los ingresos del impuesto sobre la renta se consumían en despilfarro e ineficiencia, una exageración descomunal. Muy pocas de las 2.500 recomendaciones de la comisión se implementaron.

Esfuerzos similares que se remontan a la “Comisión Hoover” del presidente Harry Truman también han sido calificados como “fracasos abyectos”. La mayoría ha fracasado debido a una falla fundamental en su diseño. Están liderados por dirigentes empresariales que no comprenden el funcionamiento del Estado.

Estos organismos, como el ministerio que conduce Sturzenegger, tienden a producir listas interminables de ideas, pero ellos mismos no tienen la capacidad de llevarlas a cabo. La implementación sigue siendo responsabilidad de las agencias pertinentes y del Congreso, que legisla y financia los programas federales.

Neoliberalismo empresarial

La hipótesis esbozada de cómo ciertos actores del sector privado traslada lógicas empresariales al Estado con consecuencias desestabilizadoras encontraron un ejemplo en la articulación político-empresarial liderada por Elon Musk, Peter Thiel y su entorno, conocido como la “mafia de PayPal”.

Este grupo, integrado por antiguos ejecutivos de PayPal que posteriormente fundaron o dirigieron compañías tecnológicas de gran influencia como YouTube, LinkedIn, Reddit y diversas firmas de capital de riesgo, ha expandido su poder financiero hacia el terreno político e ideológico, ejerciendo una forma de captura tecnocrática del aparato estatal.

La alianza entre Musk, Thiel y actores emergentes como JD Vance configuraba una estrategia de colonización del Estado por parte del capital tecnológico, bajo un discurso que desacredita la institucionalidad democrática y promueve una alternativa autoritaria de gestión estatal.

Vance, sin experiencia política previa, fue impulsado al Senado con el respaldo financiero y mediático de Thiel y su red, lo que ilustra una nueva forma de acceso al poder; no a través del voto popular, sino por el patrocinio de élites tecnológicas. Según diversas fuentes, esta alianza habría incluso condicionado la elección de Vance como candidato a vicepresidente por parte de Donald Trump, a cambio de apoyo financiero para su campaña presidencial.

El marco ideológico que sustenta este accionar es conocido como Dark Enlightenment o “Iluminación Oscura”, promovido por el pensador Curtis Yarvin (también conocido como Mencius Moldbug), quien defiende la idea de reemplazar la democracia liberal por una monarquía corporativa dirigida por un “CEO-dictador”.

Desde esta óptica, la democracia es entendida como un “software obsoleto”, y el sistema de elecciones y representación es visto como una barrera para la eficiencia social. Yarvin propone, en cambio, un modelo de mosaicos autoritarios, gobernados por plutócratas tecnológicos con supuesta “superioridad intelectual”, en el que las masas, descritas como incapaces de autogobernarse, quedarían excluidas del proceso político.

Este discurso, que en otro contexto podría considerarse marginal o distópico, ha comenzado a materializarse a través de lo que algunos analistas denominan estrategia R.A.G.E. (Retire All Government Employees). El objetivo sería debilitar estructuralmente al Estado mediante jubilaciones forzadas masivas, desmantelamiento de agencias y sustitución de funciones públicas por plataformas privadas, haciendo inviable el funcionamiento institucional. Esta táctica, sumada a campañas sistemáticas de desinformación, caos mediático y confrontación cultural, busca impedir una reacción social organizada frente a esta reconfiguración autoritaria.

En este contexto, la figura de Elon Musk resultaba emblemática. Su papel como empresario no se limitaba a la innovación tecnológica o a la acumulación de capital, sino que se había expandido hacia una influencia activa en la formulación de políticas públicas, particularmente a través de la promoción de recortes estatales, privatización de servicios y reestructuración organizacional del gobierno federal.

El uso recurrente de discursos populistas de derecha, como la estética de Dark MAGA o el uso simbólico del gorro rojo característico de Trump, refuerza la idea de que estos actores no son meramente empresarios con vocación política, sino agentes de una transformación estructural cuyo objetivo último es redefinir el pacto social.

Fracaso.

Elon Musk, el magnate tecnológico multimillonario que tuvo una presencia casi constante en las turbulentas primeras semanas del segundo mandato de Donald Trump, se declaró “decepcionado al ver el enorme proyecto de ley de gasto, francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo reduce”. Añadió que el proyecto de ley “socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”.

El caso de Elon Musk, junto a la red ideológica y financiera que lo respaldaba, reveló una ofensiva sistemática orientada a vaciar de contenido las funciones públicas del Estado y a sustituirlas por esquemas corporativos ajenos a toda lógica de representación y de bien común.

Lejos de constituir un esfuerzo de modernización administrativa, estas iniciativas configuran un proyecto político autoritario de inspiración tecnocrática que concibe la democracia como un obstáculo y no como una garantía.

La ideología que las sostiene -vehiculizada por figuras como Curtis Yarvin y naturalizada en sectores influyentes de Silicon Valley- propone una reorganización de la vida colectiva que prescinde de los valores republicanos fundamentales como igualdad ante la ley, participación ciudadana, protección de los sectores vulnerables y “accountability” o rendición de cuentas en términos de Ciencia Política.

Al redefinir al ciudadano como cliente y al Estado como empresa, este paradigma erosiona las bases mismas de la soberanía popular. Asimismo, el intento de reducir la administración pública a su mínima expresión, bajo el imperativo de la eficiencia, implica un vaciamiento deliberado de funciones esenciales como la salud, la educación, la seguridad social o la protección del medio ambiente.

Este tipo de reingeniería institucional no es neutra; favorece la consolidación de nuevas formas de dominación oligárquica-una nueva oligarquía-, en las que el poder político queda supeditado a los intereses de una élite económica transnacional. En este sentido, el axioma de Paul Krugman, según el cual “un país no es una empresa”, se torna no sólo pertinente sino urgente.

El futuro de las democracias contemporáneas dependerá en gran medida de la capacidad de los Estados para resistir este proceso de captura corporativa, y de la sociedad civil para defender la legitimidad de lo público como espacio de construcción colectiva. La historia ha demostrado que cuando se privatiza la política, lo que se erosiona no es el gasto, sino la dignidad del cuerpo social.

*Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.

*****