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Mi primer llamamiento es a los gobiernos
brasileño, ecuatoriano, venezolano y argentino para que abandonen el proyecto de reforma. Y la
apelación está especialmente dirigida a Brasil,
dada la influencia que tiene en la región. Si tuvieran una visión política
de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas
sociales que los han apoyado quienes, en
el futuro, más podrán beneficiarse del prestigio y de la eficacia del
sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que le permitió
llevar ante la justicia los crímenes
por las violaciones de derechos humanos
cometidos por la dictadura, lo que muy acertadamente se convirtió en una bandera de los
gobiernos Kirchner en la política de derechos humanos.
Pero porque puede prevalecer la ceguera
del corto plazo, invoco también a todos los activistas de derechos humanos del
continente y a todos los movimientos y organizaciones sociales –que
vieron en el Foro Social Mundial y en la lucha continental contra el ALCA la fuerza de la esperanza
organizada– a que se unan en la lucha contra la reforma de la CIDH. Sabemos que el sistema interamericano de
derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados
Unidos y Canadá) ni siquiera suscribieron la Convención Americana de
Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto
la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente
sesgadas.
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Octava carta a las Izquierdas: Las
últimas trincheras.
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Boaventura de Sousa Santos.
Revista Rebelión Sábado 1 de septiembre del 2012.
Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.
¿Quién
podría imaginar hace unos años que partidos y gobiernos considerados
progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más
básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión
y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue
por medio de la defensa de estos derechos que conquistaron el apoyo popular y
llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que, una vez conquistado, el poder se
vuelva tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon para que él
fuera poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es
ejercido a favor de las minorías más ricas? ¿Por qué resulta, a este respecto,
cada vez más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del
Sur?
Los hechos
En los
últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia,
Portugal y España) han mostrado que pueden velar tan bien por los intereses de
los acreedores y especuladores internacionales como cualquier partido de
derechas, no pareciendo nada anormal que los derechos de los trabajadores
fueran expuestos a las cotizaciones de las bolsas de valores y, por tanto,
devorados por ellas. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del ANC
[1], que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras,
mata 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera
inglesa. Bien cerca, en Mozambique, el gobierno del FRELIMO [2], que condujo la
lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas
extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de la docilidad (por
las buenas o las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la
minería a cielo abierto. En India, el gobierno del partido en el Congreso, que
luchó contra el colonialismo inglés, hace concesiones de tierra a empresas
nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de millares y millares de
campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un
enfrentamiento armado.
En Bolivia,
el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento
indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de
medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio
indígena (el Parque Nacional TIPNIS) para drenar recursos naturales. En
Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que valientemente concede asilo político
a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por no haber garantizado los derechos del pueblo indígena
Sarayaku, en lucha contra la explotación de petróleo en sus territorios. Ya en
mayo de 2003, la Comisión había solicitado a Ecuador medidas cautelares a favor
del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.
En 2011, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Brasil, mediante
una medida cautelar, la suspensión inmediata de la construcción de la represa
de Belo Monte (que, al ser terminada, será la tercera más grande del mundo)
hasta que los pueblos indígenas afectados sean adecuadamente consultados.
Brasil protesta contra la decisión, retira su embajador ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA), suspende el pago de su cuota anual a la OEA,
retira su candidato a la CIDH y toma la iniciativa de crear un grupo de trabajo
para proponer la reforma de la CIDH en el sentido de disminuir sus poderes de
cuestionar a los gobiernos sobre violaciones de derechos humanos. Curiosamente,
el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (Brasilia) acaba de decretar la
suspensión de la represa con fundamento en la falta de estudios de impacto
ambiental.
Los riesgos
Para
responder a las cuestiones con las que empecé esta crónica veamos lo que hay en
común en todos estos casos. Todas las violaciones de derechos humanos están relacionadas
con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos
cincuenta a ñ os. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las
grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección
social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero. En el
Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los
minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los
territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan
obstáculos para el desarrollo que es necesario promover lo antes posible.
Para el
capitalismo extractivista la única regulación verdaderamente aceptable es la
autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la
corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los
ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera donde todo
sucede entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial
(FUNDAHRSE) y la embajada de Canadá. Canadá, que hace veinte años parecía ser
una fuerza benévola en las relaciones internacionales, hoy es uno de los
promotores más agresivos del imperialismo minero.
Cuando la
democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida
oponerle resistencia, puede ser que sea demasiado tarde. Mientras tanto, puede
que el capitalismo ya haya concluido que la democracia no es compatible con él.
¿Qué hacer?
Al contrario
de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo es lo que es porque nosotros
queremos. Puede ser de otra manera si nos lo proponemos. La situación es de tal
gravedad que es necesario adoptar medidas urgentes aunque sean peque ñ os
pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente en continente aunque
la articulación entre ellas, cuando es posible, resulta indispensable. En el
continente americano la medida más urgente es impedir la reforma de la CIDH en
curso. En esta reforma están particularmente activos cuatro países con los que
soy solidario en múltiples aspectos de su gobierno: Brasil, Ecuador, Venezuela
y Argentina.
Pero en el
caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan
contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto
actual de la CIDH. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha, que más
hostilizan al sistema interamericano de derechos humanos, como es el caso de
Colombia, observen encantados el servicio que los gobiernos progresistas
objetivamente les están prestando.
Mi primer
llamamiento es a los gobiernos brasileño, ecuatoriano, venezolano y argentino
para que abandonen el proyecto de reforma. Y la apelación está especialmente
dirigida a Brasil, dada la influencia que tiene en la región. Si tuvieran una
visión política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y
las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrán
beneficiarse del prestigio y de la eficacia del sistema interamericano de
derechos humanos. De hecho, Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina
que le permitió llevar ante la justicia los crímenes por las violaciones de
derechos humanos cometidos por la dictadura, lo que muy acertadamente se
convirtió en una bandera de los gobiernos Kirchner en la política de derechos
humanos.
Pero porque
puede prevalecer la ceguera del corto plazo, invoco también a todos los
activistas de derechos humanos del continente y a todos los movimientos y
organizaciones sociales –que vieron en el Foro Social Mundial y en la lucha
continental contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– a que se unan
en la lucha contra la reforma de la CIDH. Sabemos que el sistema interamericano
de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos
países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera
suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. También sabemos que,
en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y
selectividades políticamente sesgadas.
Pero también
sabemos que el sistema y sus instituciones se han venido fortaleciendo,
actuando con más independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con
la que han condenado muchas de las violaciones de derechos humanos. Desde 1970
y 1980, en que la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile,
Argentina y Guatemala y publicó informes denunciando las violaciones cometidas
por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias tras el golpe de
estado en Honduras en 2009; por no hablar de las reiteradas peticiones de
cierre del centro de detención de Guantánamo.
Por su
parte, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku contra Ecuador”, del pasado 27 de julio, es histórica para el derecho
internacional, no solo a escala continental sino también mundial. Tal y como la
sentencia “Atala Riffo y niñas contra Chile”, abordando en este caso la
discriminación por motivo de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la
intervención de la CIDH en materia de violencia doméstica en Brasil, que
condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?
Los dados están lanzados. Al margen de la CIDH y
con fuertes limitaciones en la participación de las organizaciones de derechos
humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara un conjunto de recomendaciones
para ser presentadas para su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria,
a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados
presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones van
en el sentido de limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados en
materia de violación de derechos humanos.
Por ejemplo:
dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la
investigación de violaciones; acortar de tal modo los plazos de investigación
que hagan imposible un análisis cuidadoso; eliminar del informe anual la
referencia a países cuya situación de derechos humanos merece atención
especial; limitar la emisión y extensión de medidas cautelares; acabar con el
informe anual sobre la libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre
violaciones que planean como amenazas pero que aún no fueron concretadas.
Cabe ahora a
los activistas de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados con el futuro de la
democracia en el continente frenar este proceso.
*****
Notas
[1] Congreso
Nacional Africano, en inglés. (N. T.)
[2] Frente
de Liberación de Mozambique. (N. T.)
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la
Universidad de Coímbra (Portugal). Artículo original del 21 de agosto de 2012.
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