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“Por otra parte, no se puede negar que en esos escasos 17 meses de
gobierno de Pedro
Castillo hay claros indicios de la comisión de presuntos delitos de
corrupción que investiga el Ministerio Público.
No todo funcionó según las expectativas de los sectores populares. Faltó el diálogo fluido con la prensa, especialmente la
limeña. Hubo problemas en la construcción de consensos, incluso con sectores de la
izquierda que muchas veces se unieron a la
ultraderecha para torpedear las acciones del ejecutivo. Hoy, a nivel
nacional, son contados y escasos los que ponen las manos en el fuego por el
expresidente. Inocente
o culpable de las múltiples acusaciones que tiene a cuestas, lo que
toca es exigir que haya un proceso jurídico justo, imparcial, y transparente.
Que se respete plenamente el derecho de defensa. Y, sobre todo, que, si se
quiere cortar el ciclo interminable de una crisis sin salida, con el costo político, social y humano que se contabiliza
hasta ahora, este Gobierno debe asumir sus responsabilidades, escuchar a
la gente y dar respuestas coherentes a las demandas políticas populares. De lo
contrario, la ya profunda fractura social se convertirá en un abismo irreversible y nuestro país, lamentablemente, será
inviable.
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PERÚ. A CASI 4 MESES DE LA
DESTITUCIÓN DEPEDRO CASTILLO. «El régimen autoritario debe escuchar las
demandas políticas del pueblo»
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Por | 03/04/2023 | América
Latina y Caribe
Fuente.
Rebelión lunes 3 de abril del 2023.
Desde hace
casi cuatro meses, Perú protagoniza las
protestas sociales de más envergadura que se han producido en América Latina, en estos últimos años. El actual Gobierno de Dina Boluarte no logra asegurar la
normalidad en ese país sudamericano, atravesado por una profunda y creciente fractura político-social. Importantes
sectores, en particular la población campesina del interior del país, continúan
movilizándose, expresan su rabia y frustración y ratifican su exigencia de que renuncie Boluarte. El Gobierno, el Congreso y el
conjunto de las instituciones del Estado –a excepción de la Defensoría del Pueblo– hacen oídos sordos, ignoran las
advertencias populares y arriesgan, de continuar como hasta ahora, que la
crisis se agrave y recorra atajos impredecibles. “Reina
la frustración y la impunidad”, explica la periodista Zuliana Lainez Otero, 44 años, quien desde hace un año
y medio preside la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con más
de 11 mil afiliada-os. Aguda analista, Lainez, también vicepresidenta primera
de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ofrece un lúcido análisis
de este complicado laberinto que marca la actual realidad peruana.
PREGUNTA: Desde
diciembre del año pasado, su país ha sido escenario de movilizaciones
permanentes y masivas de protestas sociales. Sin embargo, la comunidad
internacional, comienza ahora a “olvidarse” de Perú. ¿Cuáles
son las principales preguntas y desafíos para la población, a más de cien días
del inicio de la crisis?
Zuliana Lainez (ZL): Hoy existe un debate de fondo sobre cómo caracterizar al régimen actual. Algunos dicen que no hay más democracia y estamos en una dictadura. Otros, por su parte, afirman que el Gobierno de Dina Boluarte es enteramente constitucional.
Mi
valoración es que se trata de un régimen autoritario que ha cometido graves
violaciones a los derechos humanos y continúa haciéndolo, al violentar, por
ejemplo, el derecho a la vida y la protesta. Desde el 7
de diciembre a la fecha Perú llora 60 muertes, resultado de la crisis
política irresuelta y del estallido social. Se han dado, además, entre otros hechos, centenares de detenciones
arbitrarias, son numerosos los heridos por la acción represiva, han intervenido locales de organizaciones campesinas y de partidos políticos, ocuparon
militarmente la Universidad Mayor de San
Marcos…
A pesar de
todo, la región sureña de Puno se mantiene en
paro desde hace más de tres meses. Junto con Ayacucho, lamentó el mayor
número de víctimas. Sigue habiendo
constantes movilizaciones hacia Lima, la capital. El
Gobierno y las fuerzas de seguridad obstaculizan de mil formas la participación
ciudadana en esas nuevas y más recientes protestas.
En estos
meses, reitero, se dieron asesinatos, detenciones arbitrarias y se violentó
sistemáticamente el derecho a la libertad de expresión. Nuestra Asociación de
Periodistas, la ANP,
contabilizó, hasta mediados de marzo, 172 agresiones a periodistas; 60% de las cuales fue responsabilidad de las fuerzas
del orden, en un clima muy complejo para el ejercicio del derecho de
informar. Y el Estado no se hace
responsable. Ni siquiera asume su responsabilidad política esencial ante esta
situación de desgobierno. Impera la impunidad total.
Al menos
tendrían que haber sido destituidos los responsables de los ministerios ligados a la represión y se hubiera
tenido que investigar los asesinatos y
las violaciones de derechos humanos. Hay evidencias, incluso fílmicas, de la responsabilidad de las fuerzas represivas en al
menos 48 de 60 de esas muertes.
Sin embargo, es difícil que se pueda sostener, en el tiempo, una movilización tan masiva como la de las primeras semanas. Ahora se realizan por sectores o solamente los fines de semana. La respuesta social va variando en intensidad. Lo que es objetivo, es que en la medida en que pasa el tiempo, cualquier proceso arriesga con desgastarse y desaparecer de la agenda prioritaria de la prensa internacional.
P: Justamente, pareciera que el Gobierno apuesta a que ese
desgaste de la protesta saque la crisis peruana de los reflectores y los
grandes medios…
ZL: Sin duda: busca limpiar la imagen del país a nivel internacional. Usando, además, a ciertas personalidades conservadoras, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, condecorado hace algunos días por el actual Gobierno. El discurso oficial repite el argumento de la constitucionalidad de las actuales autoridades; justifica la mano dura, y descalifica y estigmatiza todas las protestas, calificando de “terroristas” a los manifestantes.
Esto es fácil de comprender: como a nivel interno del país el discurso gubernamental no cuaja, no logra consenso, intentan salir bien parados en el terreno internacional. Incluso, abren las puertas a misiones de observación de los derechos humanos de la ONU, de la OEA y de otras instituciones, aunque luego no toman en serio las recomendaciones de las mismas y no rectifican el accionar represiva
Se profundiza la fractura social
P: Hay que reconocer que los hechos del mismo 7 de diciembre que motivaron la destitución de Pedro Castillo de la presidencia, no quedan todavía totalmente claros. Hay mucha confusión sobre lo que realmente pasó.
ZL: Sin duda que fueron hechos confusos e incomprensibles. En todo caso. la decisión del expresidente Castillo de disolver el Congreso, corresponde a un intento de Golpe de Estado institucional o Golpe presidencial. Su anuncio de disolver el Congreso y otras instituciones fue el mayor error de su vida y la peor salida política ante las presiones que soportó desde el mismo 28 de julio de 2021, cuando asumió el gobierno.
Las elites del país, con el apoyo de sectores empresariales y una buena parte de la gran prensa — no así de medios independientes, regionales y locales– promovieron el boicot constante a Castillo, sumado al auto boicot de su entorno inmerso en evidentes
hechos de corrupción. Perú es un país con fracturas estructurales muy profundas ya que las zonas de extrema pobreza han sido abandonadas desde siempre y particularmente en esta crisis.
Para
el Perú rural, sin embargo, la asunción de Castillo había
significado una señal de esperanza, al
comprobar que no se trataba de un
gobierno, como casi siempre, representativo
de las elites urbanas limeñas. Esa parte del país llegó a pensar que muchos
de los problemas estructurales podían
ser, al menos, escuchados, si bien no siempre resueltos.
En ese contexto de confusión por el anuncio erróneo de Castillo, la interpretación de la constitucionalidad de
la sucesión tal vez puede considerarse
como válida. Pero el gran problema viene después, cuando Dina Boluarte asume la presidencia y comienza la represión masiva. El 8 de diciembre se inician las movilizaciones de protesta y Boluarte
opta, de inmediato, por gobernar con las fuerzas armadas. Se produce un
quiebre institucional aún mayor y el
Gobierno se desliza hacia un régimen
cívico-militar en el cual el poder militar asume el liderazgo para
reprimir. Los ministros y las
instituciones del Estado, con la única excepción de la Defensoría del Pueblo,
actúan al unísono. Y todo esto en un
marco no sólo de un poder represivo ilimitado, sino también de una insensibilidad total de escucha y de no respuesta a
las reivindicaciones populares, con el condimento explosivo, del cual ya
hablé: las violaciones sistemáticas de los derechos humanos esenciales.
Demandas políticas de la protesta
P: ¿Cuáles son esas reivindicaciones políticas que usted menciona? ¿Hacia
dónde va Perú?
ZL: Las dos reivindicaciones
fundamentales son la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de
las elecciones. El Congreso ya expresó su oposición a que los comicios se hagan antes de 2026,
como están previstas. Y Dina Boluarte, por su parte, viene repitiendo en
sucesivas ocasiones que no va a dimitir, con el argumento de que con su renuncia no se resuelve nada, lo que
demuestra lo tan alejada de la realidad que vive la actual mandataria.
Diversos
ministros afirman, por su parte, que las movilizaciones actuales no se refieren
a derechos sociales, sino que son exclusivamente políticas. De esta forma continúan estigmatizando y descalificando al pueblo. No asumen que éste tiene derecho no solo a exigir sus
reivindicaciones sociales sino también a enarbolar demandas políticas. Con esta perspectiva, el futuro va a ser
tan inestable e incierto como lo es el presente. Las
movilizaciones, con diversas modalidades, ritmos e intensidades,
seguirán produciéndose. Las comunidades
y las familias con víctimas entre sus miembros nunca van a aceptar el diálogo
con los victimarios.
Geopolítica de la crisis
P: ¿Ha respetado este Gobierno el derecho a
la libertad de prensa, de información, a la libre circulación y al trabajo de
los profesionales de la información?
ZL: Numerosa-os periodistas y foto-reportera-os han sido y continúan siendo el blanco de las fuerzas del orden. El poder no quiere que quede ningún tipo de registro de su represión. Como decíamos antes, contabilizamos más de 170 casos de agresiones, incluyendo detenciones injustificadas de profesionales de la comunicación, cuatro de ellas durante la ocupación de la Universidad de San Marcos. No se libró de la represión la prensa internacional, como fue el sonado caso de la agresión que sufrió el corresponsal de la agencia española de noticias EFE. Para responder a las crecientes críticas provenientes del exterior sobre la violación del derecho de información, el Gobierno anticipó que va a elaborar un Protocolo Policial, una suerte de reglamento de la actividad. Pero esta propuesta comunicada a inicios de marzo provocó todavía más reacciones de la comunidad internacional. Pretendía determinar a quién podían entrevistar o no los periodistas en las protestas, e incluso imponía la censura al libre movimiento profesional para cubrir las mismas. Algo simplemente escandaloso e inaceptable, propio de este régimen autoritario que pretende matar la verdad.
***
P: Para terminar, sería importante entender la actual coyuntura de
Perú en el marco de una situación geopolítica latinoamericana y mundial. ¿Cuál
es su lectura?
ZL: Estoy
convencida de que lo que vive Perú, a
partir de la detención, prisión y condena del expresidente Castillo, forma
parte del intento más global de sectores conservadores, para imponer sus
políticas y sus dogmas económicos ante la existencia de una gama muy variada pero significativa de gobiernos
progresistas en el continente. Pretenden crear un contra balance
geopolítico continental. No podemos olvidar que Perú, con enormes riquezas naturales,
tiene una importancia geopolítica relevante en el continente. Algunos analistas
relacionan la caída de Castillo con sus anuncios de reconsiderar los
acuerdos mineros con varias transnacionales, algunos de los cuales están a
punto de expirar este año.
Por otra
parte, no se puede negar que en esos escasos 17 meses de gobierno de Pedro Castillo hay claros indicios de la comisión de
presuntos delitos de corrupción que investiga el Ministerio Público. No todo funcionó según las expectativas de los
sectores populares. Faltó el diálogo
fluido con la prensa, especialmente la limeña. Hubo problemas en la
construcción de consensos, incluso con sectores de la izquierda que muchas veces
se unieron a la ultraderecha para
torpedear las acciones del ejecutivo. Hoy, a nivel nacional, son contados y
escasos los que ponen las manos en el fuego por el expresidente. Inocente
o culpable de las múltiples acusaciones que tiene a cuestas, lo que
toca es exigir que haya un proceso jurídico justo, imparcial, y transparente. Que se respete plenamente el derecho de
defensa. Y, sobre todo, que, si se quiere cortar el ciclo interminable de una
crisis sin salida, con el costo político, social y humano que se
contabiliza hasta ahora, este Gobierno debe asumir sus responsabilidades, escuchar a la gente y dar respuestas
coherentes a las demandas políticas populares. De lo contrario, la ya profunda fractura social se convertirá en un abismo irreversible y nuestro país, lamentablemente, será
inviable.
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