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“Los diputados nacionales a los
que se les ha prohibido ingresar al Perú son Federico
Fagioli y Juan Marino, del Frente de Todos. En la Cámara de Diputados se vienen
coordinando acciones de solidaridad con el pueblo peruano víctima de la
represión. El informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y
Derechos Humanos fue presentado el 13 de marzo en un salón del Congreso
argentino. Consultado por Página 12 sobre la
decisión del gobierno peruano de impedirles el ingreso al país, el diputado
Fagioli respondió: “Diría que nos sorprende, pero después de lo que vivimos en el Perú
cuando fuimos con la Misión, puedo decir que esto era de esperar”. Calificó esa decisión como una medida acorde
a las acciones que está desarrollando el Estado peruano. “El gobierno golpista de Dina Boluarte mediante la
oficina de Migraciones quiere con esta medida
tapar todas las atrocidades que están llevando adelante, la represión, la
violencia, la violación a los derechos humanos.
Eso es lo que quieren esconder debajo de la alfombra. En el informe que
elaboramos desde la Misión constatamos que en Perú
hay crímenes de lesa humanidad, persecución,
violaciones de todo tipo. Un país en el que sus ciudadanos son asesinados con
armas letales, armas de guerra, por reclamar sus derechos, es un país en el que
no hay democracia”, señaló el diputado del Frente de
Todos”.
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Grabois, junto a
Integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos antes
de viajar a Perú.
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PERÚ: PROHÍBEN LA ENTRADA A
UNA DELEGACIÓN ARGENTINA DE DERECHOS HUMANOS.
La lista incluye a Juan
Grabois y a dos diputados nacionales.
“Mas aislamiento y terror que
digan la verdad sobre la Violación de los Derechos Humanos”.
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La misión había visitado el país en febrero para recoger denuncias de represión estatal durante el gobierno de Dina Boluarte.
Por Carlos Noriega.
Página /12 sábado 1 de abril del 2023.
Desde Lima
Acosado por múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Dina Boluarte ha
respondido tomando represalias contra quienes denuncian los crímenes de la
represión. Ha prohibido el
ingreso al Perú de los miembros de la Misión de Solidaridad
Internacional y Derechos Humanos de Argentina, la
que ha publicado y entregado a gobiernos e instancias internacionales un informe
en el que se califica como “crímenes de lesa humanidad” las acciones represivas
del gobierno. Una decisión que confirma
el autoritarismo de un gobierno rechazado por más del 70%
de los peruanos y que se sostiene en la represión y el respaldo de la derecha y la ultraderecha parlamentaria,
económica y mediática. La
prohibición incluye a los 16 miembros de esta misión -entre ellos dos diputados
nacionales- que en febrero estuvieron en el Perú para recoger las denuncias de
los excesos represivos y se
entrevistaron con las víctimas, familiares de los fallecidos y dirigentes
sociales.
El
informe
El informe que ha desatado la
ira de la derecha y del gobierno, al punto de prohibirle a sus autores regresar al Perú, acusa al régimen de Boluarte de ser responsable
de una violación “sistemática y generalizada” de
los derechos humanos. Se denuncian un uso excesivo, ilegal y letal de la
fuerza y “una campaña sistemática y sostenida” desde
el régimen y medios de comunicación de “discriminación
y denigración racial contra los pueblos
originarios y campesinos”, los que tienen un rol central en las protestas antigubernamentales, así como
una práctica de acusaciones judiciales
arbitrarias por terrorismo contra manifestantes
y dirigentes sociales. Se indica que el Estado peruano debe ser
investigado por
“los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas”.
Este documento ha sido entregado
al Gobierno y al Congreso de Argentina, a presidentes como Lula de
Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México,
a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales que defienden los derechos humanos. Informes de
Amnistía
Internacional, de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos del
Perú, entre otros, condenan en términos
similares la represión del régimen derechista de Boluarte.
La represión ha dejado 49 pobladores muertos por disparos de las fuerzas de seguridad y
alrededor de mil heridos. Numerosos testimonios, resultados de las necropsias y en muchos casos videos,
confirman que policías y militares
han disparado con fusiles de guerra contra manifestantes y contra pobladores que no participaban en las protestas,
incluso contra quienes estaban ayudando
a los heridos. No hay nadie detenido
por estos hechos. El gobierno
y sus aliados de la mayoría parlamentaria y de los medios hegemónicos,
han respaldado, e incluso felicitado, a las fuerzas de seguridad
acusadas de disparar contra la población. El total de fallecidos
registrados oficialmente son 67. La mayor parte
de las víctimas son pobladores andinos de origen indígena.
La
delegación
“Vamos a proceder para que estas masacres sean llevadas a la justicia
internacional como delitos de lesa humanidad. No son casos aislados, individuales, sino que es el Estado
reprimiendo a su propia población con armas de guerra de forma sistemática,
persiguiendo grupos discriminados por su pertenencia de
clase y étnica. Esta prohibición de ingresar al Perú es una represalia
por nuestro informe y su repercusión internacional. En los próximos meses
íbamos a requerir volver al Perú para hacer el
seguimiento de los casos, no poder hacerlo complica el trabajo de
visibilización de las violaciones a los derechos humanos y de defensa de las
víctimas de las masacres. Esto no nos ha sucedido en ninguno de los otros
países en los que hemos estado, es una medida que demuestra que en el Perú no
hay un estado de derecho”, le declaró a Página/12 Gonzalo Armua, uno
de los coordinadores de esta misión de derechos humanos, que está en la lista
de impedidos de viajar al Perú.
Los diputados nacionales a los que se les ha prohibido ingresar al Perú son Federico Fagioli y Juan Marino, del Frente de Todos. En la Cámara de Diputados se vienen coordinando acciones de solidaridad con el pueblo peruano víctima de la represión. El informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos fue presentado el 13 de marzo en un salón del Congreso argentino. Consultado por Página 12 sobre la decisión del gobierno peruano de impedirles el ingreso al país, el diputado Fagioli respondió:
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“Diría que nos sorprende, pero después de lo que vivimos en el Perú cuando fuimos con la Misión, puedo decir que esto
era de esperar”. Calificó esa decisión como una
medida acorde a las acciones que está desarrollando el Estado peruano. “El gobierno
golpista de Dina Boluarte mediante la oficina de Migraciones quiere con esta medida tapar todas las atrocidades que
están llevando adelante, la represión, la violencia, la violación a los derechos humanos. Eso es lo que quieren esconder
debajo de la alfombra. En el informe que elaboramos desde la Misión constatamos
que en Perú hay crímenes
de lesa humanidad, persecución, violaciones de todo tipo. Un país en el que sus ciudadanos son
asesinados con armas letales, armas de guerra, por reclamar sus derechos, es un
país en el que no hay democracia”, señaló el diputado del Frente de Todos.
La Misión de Solidaridad
Internacional y Derechos Humanos calificó la decisión de prohibirle a sus miembros ingresar al Perú
como
“una persecución
política” y “un intento más para ocultar los delitos
que el gobierno golpista de Perú comete y un elemento de coerción para frenar las
investigaciones internacionales y la valoración del Informe Final de la Misión
como prueba contundente”. Recuerda en su comunicado que para llegar a la
conclusión de calificar como “crímenes de lesa
humanidad” las acciones represivas en Perú,
recabaron “centenares de denuncias y pruebas de los crímenes cometidos por el
gobierno de Dina Boluarte”. Solicita a las
autoridades peruanas que “se levante inmediatamente la medida persecutoria que
afecta a 16 integrantes de la Misión, ya que
resulta disciplina dora e intenta aislar aún más al pueblo peruano que resiste
el ataque a las libertades públicas y derechos
fundamentales”.
En una declaración para Página/12, el abogado Juan
Grabois, integrante
de esta misión que estuvo en Perú,
señaló que
“es un orgullo que la dictadura proceda con actitudes dictatoriales porque desnuda su verdadera naturaleza. Estoy seguro que más temprano que tarde volveré a abrazarme con mis hermanos del pueblo peruano”. Al presentar el informe sobre los derechos humanos en Perú, Grabois calificó al gobierno de Boluarte como “autoritario, ilegítimo y asesino”. “Ningún gobierno se puede sostener con esta cantidad de muertos”, sostuvo.
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Migraciones
Las autoridades de Migraciones,
oficina que depende del Ministerio del Interior, tomaron la decisión de prohibirle
el ingreso al Perú a los miembros de la misión argentina de derechos humanos recogiendo un pedido
de la congresista Patricia
Chirinos, del partido
ultraconservador Avanza País. Migraciones señala que los activistas argentinos de derechos humanos representan “un peligro para la
seguridad nacional”. Chirinos forma
parte de la coalición golpista de
extrema de derecha que desde el primer
día del gobierno de Castillo conspiró para destituirlo y ahora integra
la coalición autoritaria que gobierna con Boluarte. Una de las voces más
estridentes y radicales de esa coalición de ultraderecha, Chirinos celebró eufórica la decisión de Migraciones. Lo hizo a los gritos en una reunión en
Lima esta semana del ultraderechista Foro de
Madrid, promovido por los neofascistas de Vox. Aliados del gobierno participaron activamente en esta reunión, que tuvo una
importante y complaciente difusión
mediática. “No
podrán entrar nunca más a nuestro país”, dijo Chirinos alzando la voz, en referencia a los defensores argentinos de los derechos
humanos, durante su presentación en
este foro. El auditorio de la ultraderecha internacional la aplaudió
entusiasmado. Los afectados por esta
prohibición de ingresar al Perú evalúan entablar una demanda contra la congresista Chirinos.
Al tiempo que se decidía
impedir el ingreso al país de defensores de los derechos humanos, se recibía
por todo lo alto a la ultraderecha internacional del Foro
de Madrid. La coincidencia no parece casual. Como parte de la profundización del autoritarismo, hace unos días se intentó impedir la presentación de un
informe de Amnistía Internacional que denuncia “el uso ilegal de armas letales” contra manifestantes, y se clausuró el Lugar de la
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de
memoria sobre las violaciones a los derechos humanos.
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