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“Solidaridad internacional y apoyo a la prensa independiente. El Perú se escuda frente a
la comunidad internacional, en que se ha seguido las reglas constitucionales de
sucesión presidencial. Es decir, al caer el
expresidente Pedro Castillo, debe asumir la vicepresidenta. En ese sentido,
la cancillería peruana ha repetido en Washington,
ante la CELAC y ordenado a todas sus embajadas,
que difundan que el Perú vive en democracia. Los
grandes medios de comunicación en el Perú defienden la continuidad de la
presidenta Dina Boluarte, a la par que promueven
la criminalización de la protesta social. Tal
como sucedió en otros países, los manifestantes son llamados vándalos y terroristas. La prensa resalta las acciones
violentas de los protestantes, los estigmatiza y
deshumaniza. En ese contexto, los medios comunicación independientes y
las redes sociales difunden información vedada en
la televisión abierta. A través de ella, el público a
nivel mundial puede enterarse de las violaciones
de derechos humanos y escuchar voces críticas al gobierno.
“La presión internacional ha aportado, pero ha sido
insuficiente. Países como México, Colombia, Chile
y Honduras han levantado la voz contra la
situación política o contra las masacres y la represión. Han
llegado al Perú visitas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una comisión independiente de
parlamentarios argentinos; parlamentarios europeos y de Estados Unidos de
América se han pronunciado. Sin embargo, la solidaridad
es insuficiente. La mayoría de gobiernos
del Norte y Sur Global han preferido guardar silencio ante los crímenes
del gobierno peruano, convalidando lo que es una
violación sistemática a los derechos humanos.
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PERÚ
URGENTE: RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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Por Buenaventura de Sousa Santos. Dr. en Sociología del Derecho. Docente de la Universidad de Yale y Profesor Sociólogo Jubilado de la Universidad de Coimbra.
Página /12 sábado 8 de abril del 2023.
Kachkaniraqmi es una expresión quechua que significa, sigo siendo. Se
suele usar para expresar que, a pesar de todas las desgracias que han pasado,
la persona sigue existiendo, sigue siendo. Pedro Castillo (foto), presidente del Perú,
usó el Kachkaniraqmi en su
discurso de toma de mando el 28 de julio de 2021.
Pocas veces, el término ha sido mejor usado.
Durante la campaña
presidencial, especialmente en la
segunda vuelta, la candidata de derecha aglomeró en torno a ella al gran empresariado, medios de comunicación,
iglesias y militares que intentaron demoler a toda costa al candidato de
izquierda: un hombre del
campo, maestro de escuela, rondero, dirigente sindical, que concentra en sí las mismas características que ponen
a miles de personas en el Perú en el
lado excluido de la línea abisal, racista, clasista y patriarcal. Ni la brutal campaña de desprestigio, ni el
intento extemporáneo de torcer los resultados electorales, evitaron que Pedro
Castillo siga siendo. Y
Pedro
Castillo sigue siendo ahora en prisión después de meses de atropellos y nosotros, demócratas del
mundo, seguiremos siendo en la medida en que nos solidarizarnos con la lucha por la democracia y por la legalidad democrática
en Perú.
La elección de Pedro Castillo
Pedro Castillo representó en las
elecciones, la persistencia por existir de miles de personas que se
encuentran en el lado de las personas
excluidas de la historia. En el Perú, una de cada cuatro personas se auto-identifica como perteneciente a alguno del medio centenar de
pueblos indígenas andinos o amazónicos (Instituto Nacional de Estadística
e Informática). El colonialismo y el
liberalismo en el Perú golpea duro a los pueblos indígenas y a las comunidades que se oponen a los proyectos extractivistas. Entre el 2001 y el 2021 se han criminalizado
a casi mil personas y asesinado a 220 defensores
de derechos
humanos (Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos y otros). En ese orden de ideas, NO es extraño que Castillo haya conseguido más del 70% de los votos en provincias donde las poblaciones
sufren las consecuencias de la gran minería (Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas, Celendín,
Islay, Pasco, Ayabaca, Cañaris).
La historia colonial de apropiación y violencia continuó después del virreinato y se agravó en los últimos años con la voracidad del capitalismo racista, que arrasa con todo a su paso. Pero ni así, lograron exterminar a los distintos colectivos y pueblos peruanos que llevan siglos en resistencia.
***
Una lección de
resistencia nos la dieron los y las jóvenes que, en octubre del 2020, tomaron las calles para protestar en
defensa de la democracia. Salieron a manifestarse
en contra de un gobierno ilegítimo, que les
reprimió violentamente. Las víctimas,
ahora los héroes de la generación del bicentenario,
devolvieron la esperanza a la ciudadanía
peruana y consiguieron tumbarse a un
régimen golpista.
Una resistencia
similar ocurrió después de las elecciones del 2021. Ante la estrategia ilegal
de la derecha por fraguar un fraude en mesa y robarse las
elecciones, centenas de ronderos y ronderas llegaron de diferentes partes del
país a Lima. Ellos y ellas están
acostumbrados a rondar para cuidar
los bienes de sus comunidades, la seguridad
de sus familias, vecinos y vecinas. En julio de 2021 rondaron por
algo más etéreo, pero muy valioso:
rondaron para cuidar la democracia, para
evitar que los guardianes del status
quo junto con sus abogados
y abogadas llevaran ilegalmente a su candidata a Palacio de gobierno.
La campaña electoral estuvo cargada de símbolos llenos de vitalidad y belleza. Frente al absurdo cuestionamiento de que Castillo era
terrorista, respondieron con música: la canción “flor de retama” se cantó en mítines
llenos de alegría y color. Frente al
encasillamiento de Lima y la burocracia que organiza debates
electorales, Castillo llevó a la plaza de Chota en Cajamarca
a su contrincante y en un escenario
presentaron sus propuestas ante las multitudes reunidas.
Una nueva época
La victoria de Pedro Castillo abrió la posibilidad de una nueva época para el Perú, gestada en las esperanzas que nos transmitieron los jóvenes del bicentenario y los ronderos y ronderas de la democracia.
Sin embargo, la
historia del gobierno de Pedro Castillo fue diferente. Su gestión se movió sobre
dos ejes: el
boicot y la autodestrucción. Por una parte, se sabía desde el inicio, que la derecha no le dejaría gobernar, que torpedearía la democracia, puesto que no lograron
hacerse del poder. Tras
perder las elecciones, la derecha estaba
amenazada, pero no acorralada ni
acabada. Ella estaba decidida a
seguir complotando contra el gobierno
electo, haciendo lo posible porque la nueva oportunidad de la izquierda
fracasase en todos los planos posibles. El contexto jugaba a favor del complot: la crisis sanitaria había profundizado las evidentes desigualdades. La derecha, apropiada de la mesa directiva del
congreso, buscaría cualquier excusa para culpar al nuevo gobierno y terminar con el proyecto. No aceptarían que alguien se saliera del libreto. Años antes, no le aceptaron salir del libreto a un
liberal, como el expresidente Francisco Sagasti, menos lo harían con un presidente de
izquierda, que representaba a los excluidos de la historia.
La derecha
quería
conseguir a través del congreso, lo que no
consiguió con el voto popular. El golpe de
Estado fue una amenaza constante. La derecha congresal, con poder mediático, económico y militar hizo uso de sus armas para boicotear al gobierno y acorralarlo despiadadamente.
No podían ocultar que se trataba de una venganza racista, clasista y colonial,
pero se presentaba ante la opinión
pública como una lucha contra la
corrupción y la defensa de la eficiencia en el manejo
del Estado.
Por otra parte, debe
reconocerse que las altas expectativas creadas por Pedro
Castillo no se concretaron y
no se puede afirmar que todo fue
culpa de la derecha. Ese es el otro eje del gobierno de Castillo: la autodestrucción.
En los puestos de ministros nombró a
personas misóginas, vinculadas a
casos de corrupción o gente inidónea
para el cargo. Está claro que Castillo no estuvo a la altura de su responsabilidad
histórica. Cuando a fines de
enero de 2022, Castillo rompió con algunos grupos de
izquierda, quedó claro que sus
alianzas eran más pragmáticas
que programáticas. A esas alturas de su gobierno, también fue evidente
que el interés real por una reforma constitucional había desaparecido. Este desempeño político
creó frustración entre muchos de sus
seguidores de izquierda, la misma que fue
aprovechada por las derechas para crear una situación de ingobernabilidad.
Colapso democrático y
represión
Aprovechando un inocuo golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, realizado el 7 de diciembre 2022, (inocuo porque de nulo efecto en las condiciones que fue
hecho), el parlamento lo destituye inmediata e irregularmente de su cargo,
usando una figura
política cuestionable: la vacancia presidencial por incapacidad moral. Castillo va preso ese mismo día y su vicepresidenta Dina
Boluarte asume el poder, con el apoyo de la derecha radical, que quería ver a Castillo fuera de Palacio de gobierno. Pedro
Castillo sigue preso hasta hoy.
El Congreso no solo
violó su propio reglamento como no respetó cuestiones procedimentales mínimas, como por ejemplo el derecho de defensa en juicio. Además, el
Congreso le retiró la inmunidad presidencial en
un procedimiento expedito y sin garantía de audiencia, de modo que se le pudiera imponer la prisión preventiva por 36
meses. En prisión, el presidente Castillo recibe maltratos y no se permite
el acceso libre a sus abogados, medidas
abiertamente contrarias al sistema interamericano de derechos humanos.
El conflicto político-social que resultó de este proceso
llevó a la brutal represión policial y militar en contra protestas sociales
pacíficas. El resultado es tenebroso: según el último conteo de la Defensoría del Pueblo de Perú, hay
67 personas
muertas: 49 civiles, en enfrentamientos;
11 civiles, por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo; 7 miembros de las fuerzas del
orden (1 policía y 6 militares)
en el contexto del conflicto.
Durante los meses
más duros de las protestas y la represión se sucedieron tres masacres en regiones con alta población indígena, es decir ahí donde la gente se sentía simbólicamente representado por Pedro Castillo. En
la masacre de
Apurímac, región quechua, murieron 6 personas y más de 120 fueron
heridas. En Ayacucho, también quechua, en un
lapso de siete horas, murieron 10 personas, el 15 de diciembre 2022. Soldados del Ejército son los más
claros sospechosos de esos homicidios. Más macabro fueron los hechos del 09 de
enero de 2023 en Juliaca, localidad aimara. Ese día fueron asesinadas 18 personas en enfrentamientos con la policía. ONG como Amnistía Internacional
hablan claramente de que la violencia
con que las fuerzas policiales y
militares reprimieron a los y las manifestantes, sería
violencia racista.
En otras partes del país, la represión policial y militar también excedió el uso de la fuerza. A través de violencia institucional, la coalición de derecha que está en el gobierno, busca desincentivar la protesta legítima, encarcelar a manifestantes y reforzar un discurso de represión, que sostiene que los manifestantes son terroristas. En un país, que vivió a fines del siglo pasado un conflicto armado interno con actos de terrorismo, llamar terroristas a los manifestantes es especialmente cruel y deshumanizante.
La toma de Lima
Acostumbrados a
largas luchas, contingentes de manifestantes, especialmente campesinos quechuas y aymaras del sur andino, llegaron poco después
de la destitución de Castillo a Lima para hacerse oír en la capital. La
llamada “Toma de
Lima” amenazó la estabilidad de
la sede de gobierno, que desde el 01 de enero de 2023 tiene por alcalde una figura del conservadurismo
radical, de extrema derecha. En Lima, la represión policial fue desmedida. Se
sucedieron hechos terribles. El sábado 21 de enero, la policía rompió con una tanqueta la puerta de ingreso a
la Universidad Nacional de San Marcos, uno de los centros intelectuales más importantes del Sur Global, y realizó un operativo para detener a
manifestantes. Casi 200 personas fueron apresadas y trasladadas
a las oficinas de terrorismo y crimen
organizado de la policía. La represión no paró y tampoco las protestas. En los días siguientes, hubo marchas multitudinarias todos
los días en Lima. El 28 de
enero, fue asesinado un manifestante en Lima.
Un policía le disparó una bomba
lacrimógena a la cabeza, a menos de 10 metros de distancia.
Es importante
resaltar que las principales víctimas de la violencia policial son las
localidades y regiones que más largamente votaron
por Castillo. En Ayacucho, donde Castillo hizo juramento
para presidente, las protestas
fueron grandes y la represión
también. Lo mismo
sucedió en Apurímac y Puno. Esas regiones concentran población indígena de la sierra y son las regiones que han protestado con más fuerza
en contra de Dina Boluarte.
El pedido de los manifestantes es claro: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del congreso. Ambos pedidos son respaldados por la mayoría de peruanos. Las encuestas conservadoras reportaban en febrero que el 76% quiere la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones (Ipsos, febrero). Un abrumador 70% quería que las elecciones sean ya, pronto, en el 2023. En marzo de 2023, la desaprobación de Dina Boluarte es del 78% y su aprobación del 15%. (IEP, marzo 2022). ¿Cómo puede gobernar alguien con esa falta de legitimidad? Lo cierto es que no puede. No tiene el mínimo respaldo para dirigir el país.
La suerte del congreso no es mejor.
Su afán golpista y de boicot le ha pasado la factura. Históricamente,
la aprobación del congreso no ha sido buena.
Pero ahora es la peor: 6% de la población
aprueba al congreso y el 91% lo desaprueba (IEP,
2023).
Uno de los errores
más gruesos del congreso ha sido archivar el adelanto de elecciones. A pesar de que las protestas
exigían el cierre del congreso, el adelanto de
elecciones y la renuncia de Boluarte, el
congreso cerró esa opción y optó por quedarse hasta el 2026,
agudizando su crisis de legitimidad y la crisis
política peruana.
¿Qué hacer?
1.Asamblea Constituyente y la refundación del Estado
El pueblo quiere
asamblea constituyente. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría está de acuerdo con una asamblea, que reforme la constitución.
Esa fue una de las banderas que enarboló el presidente de Castillo y que rápidamente
dejó de lado, para que fuese archivada
en el Congreso. Pero es un deseo de
la gente. A la par del crecimiento
de las protestas, el pedido de nueva constitución ha crecido. El Perú necesita una
nueva Constitución, que refunde el Estado.
La constitución
peruana de 1993 es una constitución creada durante la dictadura
fujimorista. De corte neoliberal, la carta peruana redujo derechos sociales, económicos y culturales y amplió libertades
económicas sin contribuir
sustancialmente a la reducción de la desigualdad. Además, como suele suceder la constitución no fue
producto de un poder constituyente de amplia
convocatoria, que acogiera las diferentes epistemologías que habitan en el Perú. Como se dijo anteriormente,
un cuarto de la población se auto-identifica como indígena. La constitución peruana de 1993, lejos de radicalizar la democracia, reprodujo una lógica
capitalista, colonial y patriarcal.
Un eventual proceso constituyente abre la puerta para lidiar con los problemas estructurales de la sociedad peruana, que la constitución de 1993 intensificó. Los procesos de refundación del Estado de la década pasada en los países andinos fueron de la mano con proyectos políticos que impulsaban la causa desde el ejecutivo. En el caso peruano, como en el reciente caso chileno o incluso en el colombiano, el común denominador es el estallido social. La población se levanta masivamente por una causa política, que arrastra consigo demandas sociales de larga data, resiste durante un tiempo prologando la represión del Ejecutivo y genera un momento de cambio político, en el que pueden encausarse una reforma constitucional de amplia base.
Ahora bien, las
tendencias reaccionarias, reflejadas en los nuevos
conservadurismos tanto de izquierda como de derecha,
buscan frenar la refundación del Estado. En el
Perú, de hecho, anularon esfuerzos de renovación, que el breve gobierno de Castillo no pudo ni
quiso promover. En esa tensión de
avanzar y retroceder, se enmarcan las presiones
por terminar con el gobierno de Dina Boluarte,
frenar la represión, ante la mirada de la comunidad
internacional.
En el Perú hay una sociedad civil dispuesta a seguir siendo en libertad. A pesar de que estén expuestos al uso indebido del poder de policía, las organizaciones de base, el movimiento de derechos humanos y la prensa independiente están jugando un papel clave. Las organizaciones de base y ciudadanos independientes expresaban su solidaridad cotidianamente con los manifestantes de la Toma de Lima. Todos los días llegaban donaciones de comida, ropa, medicinas, que sostienen la lucha de los manifestantes. También ha habido noticias de locales y hoteles prestados para que los protestantes que llegan de otras partes del Perú se alberguen.
Igualmente, el movimiento de derechos humanos, abogados
independientes, personal de salud, acompañan a
los manifestantes en los momentos difíciles. De
esa manera, las personas heridas tienen
atención médica de urgencia. De igual modo, los detenidos son patrocinados gratuitamente por abogados
independientes o del movimiento de
derechos humanos, que se hacen presentes
en las comisarías y tratan de garantizar los derechos de la persona detenidas y plantean denuncias
penales contra los perpetradores, es decir contra el Ejecutivo, la policía y
los militares.
2.Solidaridad internacional y apoyo a la prensa independiente
El Perú se escuda frente a
la comunidad internacional, en que se ha seguido las reglas constitucionales de
sucesión presidencial. Es decir, al caer el
expresidente Pedro Castillo, debe
asumir la vicepresidenta. En ese sentido,
la cancillería peruana ha repetido en Washington,
ante la CELAC y ordenado a todas sus embajadas, que difundan que el Perú vive en democracia. Los grandes medios de
comunicación en el Perú defienden la
continuidad de la presidenta Dina Boluarte,
a la par que promueven la criminalización de la protesta social. Tal
como sucedió en otros países, los
manifestantes son llamados vándalos y terroristas. La prensa resalta las acciones violentas de los protestantes, los estigmatiza y deshumaniza.
En ese contexto, los medios comunicación
independientes y las redes sociales
difunden información vedada en la televisión
abierta. A través de ella, el público a nivel mundial puede
enterarse de las violaciones de derechos humanos y
escuchar voces críticas al gobierno.
La presión
internacional ha aportado, pero ha sido insuficiente. Países como México, Colombia, Chile y Honduras han levantado la voz contra la situación política o contra las
masacres y la represión. Han
llegado al Perú visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, una
comisión independiente de parlamentarios
argentinos; parlamentarios europeos
y de Estados Unidos de América se han
pronunciado. Sin embargo, la solidaridad es insuficiente. La mayoría de gobiernos
del Norte y Sur Global han preferido guardar silencio ante los crímenes del gobierno peruano, convalidando lo que es una violación
sistemática a los derechos humanos.
¿Qué hacer a corto plazo?
-Pedro
Castillo debe ser libertado inmediatamente pues está ilegalmente
preso y se hay indicios que haya cometido crímenes el debido proceso debe
ser respetado. Su actuación
fue política y la intervención judicial indebida configura
un caso más de lawfare, una guerra supuestamente jurídica para neutralizar un adversario político. Es en esta
condición de adversario político
que la actuación
de Pedro Castillo debe ser evaluada y siempre dentro del marco constitucional y
con respeto de los procedimientos
democráticos.
-Este Congreso no tiene legitimidad política después de todos
los atropellos constitucionales y reglamentarios y de toda la violencia contra ciudadanos pacíficos.
Hay dos caminos posibles, o
una asamblea constituyente originaria, o nuevas elecciones,
pero con cupos indígenas
para que se interrumpa la exclusión social y política a que los pueblos indígenas
han sido sometidos desde hace siglos.
-Los países de CELAC deben hacer mayor presión junto de las instancias
internacionales para que Perú vuelva a la normalidad democrática y termine
la represión de las manifestaciones
pacíficas.
-El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe intervenir para restablecer el estado de derecho y el orden constitucional en Perú.
-Los Estados Unidos
deben ser presionados para sustituir a su embajadora en Perú que
con su comportamiento en la crisis del
país se convirtió en una persona non grata para
todos los demócratas de Perú.
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