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PERÚ. ORGANIZACIÓN KRIMINAL.
CLAN RAMIREZ MULTIMILLONARIOS. FISCALIA INCAUTA GRIFOS, EDIFICIOS, CONDOMINIOS,
OFICINAS en LIMA y REGIONES. AVIONETAS y
todas las PROPIEDADES de la “UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS”. KEIKO FUJIMORI comprometida “COMO BRAZO POLÍTICO”, Comunicado de
FUERZA POPULAR sobre declaraciones de ministros “pone candado de silencio a
todo el gobierno”. PREMIER declara y dice
“respetar separación de poderes”. Él “pone silencio sepulcral a todo el
gobierno”. Se asustaron al Poder del Fujimorismo.
HILDEBRANDT EN SUS TRECE. ORGANIZACIÓN KRIMINAL.
Se equivocó el ministro del Interior al decir que el
Caso Joaquín Ramírez era, en materia de lavado de activos, el segundo
más grande detrás del de Rodolfo Orellana. Puras mezquindades: ¡es el primero!
Y la señora Fujimori es parte conspicua de la trama
KEIKO FUJIMORI le ha prohibido a Dina Boluarte y
a su gabinete referirse al expediente fiscal en el que se le imputa liderar
junto a su viejo socio Joaquín Ramírez una gigantesca
red de lavado. Este último arrebato público de furia tiene una
explicación: en la investigación que lidera el fiscal Wilson
Salazar Reque, Fujimori es coprotagonista indiscutible del entramado
financiero montado por el clan Ramírez para blanquear dinero mal habido. Boluarte y Otárola acataron sin chistar el mandato de
la “señora K”, pero el expediente es demoledor. No
necesita de coristas.
CUANDO en el 2014 Julia Príncipe, entonces procuradora de Lavado de
Activos, denunció a Joaquín Ramírez, estimó que el dinero sometido a
lavado y planchado ascendía a USD 7 millones. Desde entonces el expediente
vivió diferentes etapas hasta que el 2017 cayó en el despacho del fiscal Wilson Salazar. Tras más de seis años de
investigaciones en absoluta reserva, el fiscal ha concluido que el blanqueo de
capitales que habría acometido el Clan Ramírez asciende
a USD 183’000,000, al cambio unos 680 millones de soles.
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UN NUEVO CASO DE LAVADO DE
DINERO INVOLUCRA A KEIKO FUJIMORI.
Investigan si la excandidata
peruana es el brazo político de una organización criminal
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La fiscalía incautó cerca de 300 inmuebles y vehículos de Joaquín Ramírez, excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular. La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y viene de años atrás:
fue su jefe de campaña en 2016.
Desde Lima Carlos
Noriega.
Fuente. Página /12
viernes 14 de abril del 2023.
Un nuevo caso de lavado de dinero involucra a la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori. La tres veces derrotada candidata presidencial, hija y heredera política del encarcelado dictador Alberto Fujimori, está incluida en una investigación fiscal a una organización criminal encabezada por el exsecretario general y excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Esta semana la fiscalía incautó cerca de 300 inmuebles y vehículos de Ramírez, también investigado por narcotráfico. A Keiko se le acusa de ser el brazo político de esta organización criminal, de darle protección y beneficiarse económicamente del lavado de dinero. Parte de los 183 millones de dólares que según los primeros cálculos de la Fiscalía habrían sido obtenidos ilícitamente y lavados por el clan Ramírez, fueron destinados, según esta investigación, para financiar las campañas electorales de Keiko.
El caso Odebrecht
La jefa del fujimorismo está acusada en otro caso de
lavado, por recibir y no
declarar más de diez millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un mega escándalo de corrupción
regional, para sus campañas
electorales de 2011 y 2016. Por este caso, la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión
para ella. El juicio oral debe
comenzar en los próximos meses.
Ramírez, que trabajó como cobrador de buses, ha logrado acumular una fortuna de origen desconocido. En 2016, cuando era congresista, jefe de campaña y financista de Keiko, se reveló que la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, lo investigaba por narcotráfico. Tiempo antes, en 2014, en el Perú la Procuraduría de Lavado de Activos lo había denunciado por lavado. Cuando le pidieron los libros contables para revisar sus ingresos, dijo que los había perdido al olvidarlos en un taxi. Protegido por el fujimorismo, la inmunidad que tenía como congresista bloqueó esa investigación. En 2017 esta pesquisa por lavado fue archivada, pero luego reabierta. Esta semana el caso retomó relevancia cuando la Fiscalía Especializada en Lavado incautó 295 propiedades de Ramírez, que incluyen lujosas residencias, edificios, oficinas, vehículos y aeronaves. El monto de esos bienes se estima en unos mil millones de dólares. La investigación fiscal incluye a catorce personas, entre ellas Keiko y un hermano de Joaquín Ramírez, Osías, que también fue congresista por el fujimorismo.
De acuerdo a la investigación fiscal, la organización
encabezada por Joaquín Ramírez utilizó la Universidad Alas Peruanas, cuya administración fue controlada por un tío de
Ramírez por dos décadas, para enriquecerse con operaciones ilícitas,
que incluyeron contratos fraudulentos
para servicios no realizados o
sobrevalorados. Queda abierto profundizar
la investigación
de narcotráfico como una fuente de los millonarios ingresos ilícitos
de Ramírez. Hay serias
sospechas que su inmensa fortuna
tiene relación no solo con los
negocios sucios en la universidad. El excongresista
fujimorista utilizó una cadena
de estaciones de servicio, diversas empresas
y la compra de inmuebles para lavar sus ingresos ilícitos. La
Fiscalía señala que Keiko, además de
beneficiarse económicamente con los recursos
ilícitos esta organización,
participó directamente al menos en una triangulación en la compra y reventa de un terreno como parte de una operación de
lavado.
La relación de Ramírez con Keiko es
estrecha y viene de años atrás. Ramírez
financiaba al fujimorismo y Keiko utilizaba
su poder en el Congreso y su influencia en el sistema de Justicia para darle protección. Esa relación basada en el poder de su fortuna le permitió a Ramírez
ascender rápidamente en la dirigencia
fujimorista. En 2011 fue elegido
congresista, luego vocero de la bancada fujimorista. Fue parlamentario y secretario
general de Fuerza Popular hasta 2016. A pesar que Ramírez había sido denunciado en 2014 por la campaña electoral para las elecciones de 2016.
Para esa campaña, Procuraduría de Lavado
de Activos, Keiko lo nombró jefe de
su campaña Keiko instaló su cuartel general
en una vivienda en un exclusivo lavado entregó otra de sus propiedades en la capital para que funcione
como oficina de Fuerza Popular. También
dio vehículos. Ramírez se convirtió en el brazo derecho de Keiko
en esa campaña. Iban barrio residencial
de Lima propiedad de Ramírez. El investigado por juntos a todas partes.
Investigado por la DEA
En el tramo final de la campaña de
2016 se difundió la declaración de un piloto de aviación peruano e
informante de la DEA radicado en Estados Unidos,
Jesús Vásquez,
asegurando que Ramírez era investigado
por esa agencia y que en un encuentro
le había contado que había lavado 15 millones de
dólares para Keiko utilizando su
cadena de estaciones de servicio. Se confirmó que la
DEA investigaba al alto dirigente
fujimorista. Por el escándalo, Ramírez
renunció a la secretaria general de Fuerza Popular y se alejó del partido, al menos
formalmente, en una operación de control
de daños que no evitó la derrota electoral de Keiko. En enero de este año, Ramírez asumió como alcalde de la provincia
de Cajamarca, cargo al que postuló por un movimiento independiente
regional formado por él.
El fujimorismo ha querido distanciarse de Ramírez diciendo que ya no
forma parte del partido, pero buena
parte de los hechos denunciados se dieron cuando era un alto dirigente
fujimorista e involucran a Keiko. Y aunque ahora tratan de negarlo, es inocultable
la protección que le dieron y que se
beneficiaron con el dinero sucio de Ramírez.
Después de unas primeras declaraciones de los ministros del Interior
y de Justicia apoyando la investigación
fiscal, Fuerza Popular sacó un comunicado
exigiéndole a la presidenta Dina
Boluarte que “instruya a sus
ministros” que no opinen sobre las
acusaciones contra Keiko y Ramírez.
Poco después de difundido ese
comunicado, escrito en tono amenazante, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola,
salió a declarar que nadie del gobierno hablaría del tema. “No nos vamos a referir a ningún caso que se esté
investigando”, se apresuró a
declarar para tranquilizar al fujimorismo. Un cambio radical en la postura que han tendido Otárola y otros ministros, y la propia presidenta, en el caso de Pedro Castillo, declarando activamente sobre las investigaciones fiscales al
expresidente. Ahora
que se investiga al fujimorismo,
el gobierno opta por el silencio. Keiko lo exige y el gobierno acata. El caso Ramírez vuelve a comprometer a Keiko y al fujimorismo con dinero
sucio, operaciones ilícitas y oscuros personajes relacionados con el narcotráfico.
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