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“Autonomía
Avasallada. En el marco de las medidas
represivas de la gobernación de Morales para defender una reforma
constitucional que impuso en forma exprés, la policía provincial violó
la autonomía universitaria al ingresar a un predio de la Universidad Nacional de Jujuy. Cuando
irrumpió la policía, el Consejo Superior de la
universidad se encontraba sesionando. Allí, los representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y
organizaciones estudiantiles debatían el repudio a la nueva Constitución jujeña, así como el rechazo a la
persecución de profesores y alumnos. También se analizaba un pedido para que la
institución se presente como querellante ante la Justicia. En ese momento, un
grupo de agentes provinciales ingresó al predio de la UNJu
sin identificación, aparentemente para intentar averiguar qué resolvía el
Consejo Superior. La propia universidad difundió
una declaración repudiando el hecho: "Estas
acciones violentan la autonomía
universitaria y la libertad de cátedra (...) Los hechos revisten suma
gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades
de diálogo para la generación de consensos y soluciones
en momentos de alta sensibilidad y tensión social".
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ARGENTINA.
JUJUY: DETENCIONES, ALLANAMIENTOS Y HASTA POLICÍAS EN LA UNIVERSIDAD.
La
gobernación de Gerardo Morales profundiza la persecución de manifestantes
*****
La Justicia provincial ordenó detener a 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional impulsada
por el gobernador Morales. Al menos 5 de esas
personas ya habían sido detenidas al cierre de esta edición. A la vez, la policía jujeña ingresó sin autorización en la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía
universitaria, en un hecho que fue repudiado por la propia institución.
Por Melisa Molina.
Fuente Página /12 jueves 13 de julio del
2023.
Una de las
marchas realizadas en los últimos días, en rechazo a la reforma constitucional
y las medidas represivas de Morales. Imagen: Télam
La situación en Jujuy se torna cada vez más grave. El
gobierno de Gerardo Morales, actual
candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta (JxC), sigue criminalizando
la protesta social: el Poder Judicial de la
provincia pidió la detención de 22 personas que
participaron de una marcha el 30 de junio, en Humahuaca, en repudio a la reforma
constitucional impulsada por el mandatario radical. También se solicitó
el allanamiento de los domicilios de los imputados.
La denuncia fue efectuada por un grupo de integrantes del Concejo Deliberante de esa localidad y el pedido de
allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique
Alancay. Se acusó a los manifestantes de
delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden
detenidos. Según la información recabada por Página/12,
por ahora 5 de esas 22
personas quedaron detenidas y al menos 3 de
ellas fueron trasladadas desde Humahuaca hasta
San Salvador de Jujuy, aunque no se sabe dónde
permanecen. En simultáneo, docentes y estudiantes denunciaron
el ingreso ilegal de la policía
provincial en la Universidad Nacional de
Jujuy.
"Todavía no están todos detenidos, pero en eso están", explicaron a este diario abogados de distintas organizaciones que siguen la tensa situación en Jujuy. "El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas", remarcó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado, donde explicó que, con la denuncia, el gobierno de Jujuy "pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social", apuntó. Pasadas las 18 del miércoles, Renzo Braian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados a conocer las imputaciones en su contra y a designar abogado defensor en la seccional número 15 de Humahuaca. En ese mismo momento, los detuvieron. Luego fueron llevados al hospital local y hasta el cierre de esta edición se desconocía su paradero. Las familias se apostaron en la comisaría sin obtener respuesta alguna.
***
"Mi hijo fue citado a
la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo
metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy",
denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. Y
afirmó que el joven "está secuestrado, desaparecido porque yo no sé
adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó".
En el marco de las protestas que se repiten
en la provincia desde que Morales comenzó con la
idea de reformar la Constitución provincial, con el objetivo de entregar
recursos naturales y, entre otras cuestiones, prohibir los cortes de calles y
rutas, en la madrugada del 30 de junio, en Humahuaca, los pobladores locales protestaron en las
inmediaciones del Concejo Deliberante. Allí
exigieron la renuncia de los ediles y que no avance la nueva Constitución. La
policía de Jujuy reprimió violentamente la
movilización: hubo personas con heridas graves, entre ellas, jóvenes que perdieron la visión -como Joel Rodrigo Paredes, de 28 años-.
Este miércoles, 22 de las personas que
participaron de aquella manifestación, entre ellos docentes, empleados municipales y sindicalistas,
recibieron una orden de allanamiento y pedido de detención por parte del fiscal Alancay. Según el escrito, el pedido de
allanamiento fue
"para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados para geolocalizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tenga relación con el delito investigado”.
El fiscal pidió también la detención de las 22 personas por "privación ilegítima agravada" porque
dijo que el 30 de junio un grupo de seis concejales fue
retenido por los manifestantes al término de una sesión especial del Concejo.
También acusó a quienes protestaban por sedición,
porque dijo que esas personas "se alzaron públicamente en contra de la Constitución de la provincia, portando palos, piedras,
realizando fogatas". Otros delitos imputados son
los de resistencia a la autoridad; daño agravado a bienes de uso público;
lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos.
El
operativo
Cerca del mediodía del miércoles
comenzaron los allanamientos en las casas y, según
lo que pudo reconstruir este diario, al menos cinco personas fueron detenidas.
Tres de ellas habrían sido trasladadas en ambulancia
a la capital provincial, pero --al cierre de esta edición-- no se conocía a
dónde estaban.
"Los llevaban a San
Salvador y es una locura porque desde Humahuaca a
San Salvador hay cuatro o cinco cortes de ruta y no sabemos si es una
estrategia para provocar la reacción del resto de gente que está cortando y
realizar más detenciones", explicó un dirigente social que intentaba
conseguir información desde la capital de la provincia sobre lo que ocurría en Humahuaca.
Una abogada que a última hora estaba
intentando llegar a Humahuaca para entender lo
que estaba ocurriendo con las personas detenidas explicó a Página/12:
"Es un delirio todo.
La policía no da información telefónica y el fiscal tampoco. Es todo difuso.
Las citaciones se van a dar en los próximos tres días para los comparendos,
pero no sabemos a dónde los están trasladando". Los
detenidos, al parecer, aún no tenían abogados designados y quedarían a
cargo de defensores oficiales, pero eso tampoco estaba confirmado. "No
sabemos si son detenciones de 24 horas y no hay
un dictamen de prisión preventiva tampoco. Además, los funcionarios no
responden y por eso estamos intentando apersonarnos", explicó la abogada y agregó que "esto es el fin de
Morales: meter miedo y amedrentar".
Autonomía
avasallada
En el marco de las medidas represivas de la gobernación
de Morales para defender una reforma constitucional que impuso en forma exprés, la
policía provincial violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio de
la Universidad Nacional de Jujuy.
Cuando
irrumpió la policía, el Consejo Superior de la
universidad se encontraba sesionando. Allí, los representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y
organizaciones estudiantiles debatían el repudio a la nueva Constitución jujeña, así como el rechazo a la
persecución de profesores y alumnos. También se analizaba un pedido para que la
institución se presente como querellante ante la Justicia. En ese momento, un
grupo de agentes provinciales ingresó al predio de la UNJu
sin identificación, aparentemente para intentar averiguar qué resolvía el
Consejo Superior. La propia universidad difundió
una declaración repudiando el hecho:
"Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra (...) Los hechos revisten suma gravedad
institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades
de diálogo para la generación de consensos y soluciones
en momentos de alta sensibilidad y tensión social".
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