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JUJUY:
El reclamo de los pueblos originarios y la amenaza de Gerardo Morales. Se profundizan los rechazos a
la reforma constitucional,
mientras el gobernador echa más leña al fuego Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz ratificaron
en Jujuy los cortes de ruta por tiempo
indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del
gobierno de Gerardo Morales “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”. El
mensaje de los pueblos originarios -uno de los actores centrales del rechazo a la reforma constitucional en
la provincia- se conoció después de que el gobernador y
precandidato a vicepresidente de Juntos por el
Cambio (JxC) convocará al diálogo... pero
avisando que no dará "ni medio paso para atrás”.
En simultáneo, organismos de derechos humanos exigieron el cese del "delicado contexto de criminalización"
contra la protesta social en territorio jujeño. A poco más de un mes de
iniciado el conflicto en Jujuy, las comunidades
originarias difundieron una declaración donde señalaron que "hasta el día de hoy, el gobierno no se hizo responsable” de la situación
generada con la reforma de la Constitución local. Reclamaron que “se declare la nulidad
de la nueva Constitución provincial”, al tiempo que volvieron a
rechazar el “procedimiento por el cual se realizó"
la modificación del texto y objetaron su "contenido,
puesto que viola los derechos indígenas”. En ese sentido, pidieron que
se debata un nuevo proyecto y que se respeten "los
marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional".
Las
organizaciones indígenas también solicitaron el cierre de "las
causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas
movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y
exigieron "el cese de la represión, persecución y
amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes
manifestaciones”. A la vez, pidieron la renuncia
del gobernador Morales y de sus funcionarios Guillermo Corro (Seguridad) y Sonia Ochoa (Derechos Humanos),
así como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron
violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de
represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados
física y psíquicamente en toda la provincia”. Los comuneros mantienen
cortes de ruta en la intersección de los caminos 9 y 52
a la altura de Purmamarca, además de
otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara,
Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas.
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JUJUY: LA EMBESTIDA JUDICIAL DE GERARDO MORALES PROFUNDIZÓ LOS CORTES DE RUTA.
Comunidades originarias
realizan al menos cuatro bloqueos totales de la ruta 9.
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Por Juan Ignacio Provéndola.
Fuente Página /12 viernes 7 de julio del 2023.
Respuesta
a la decisión del gobierno provincial de impulsar penas de prisión y
multas millonarias contra los manifestantes, distintas comunidades indígenas resolvieron interrumpir en forma total y por tiempo indeterminado la circulación vehicular en la ruta
9 en las localidades de Purmamarca, Maimará,
Tilcara y el paraje San Roque de Humahuaca.
El reclamo central sigue siendo que se dé marcha atrás con la reforma
constitucional instaurada por Morales.
Tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer, distintas comunidades indígenas decidieron finalmente profundizar algunos cortes de ruta como respuesta a la embestida judicial del gobierno de Jujuy, que anunció el avance de al menos cien causas judiciales que criminalizan la protesta con denuncias que pueden derivar en sanciones de hasta un millón y medio de pesos y veinticinco años de prisión como castigo a los “autores materiales, cómplices y instigadores” de los distintos focos de conflicto social. Las imputaciones son, concretamente, por las manifestaciones de rechazo a la fraudulenta reforma constitucional apadrinada por Gerardo Morales que derivaron en los acontecimientos sobre el acceso de Purmamarca el sábado 17 de junio, las adyacencias de la Legislatura provincial el martes 20 y la zona del Concejo Deliberante de Humahuaca el sábado 1º de julio (en los tres casos hubo una dura represión de la policía provincial, aunque sin consecuencias legales para las fuerzas de seguridad), además de los diferentes cortes efectuados en distintas rutas del territorio jujeño que también son motivo de acusaciones.
La nueva
modalidad de protesta se aplicó simultáneamente en al menos cuatro cortes donde
hasta la mañana del jueves se contemplaban
algunas habilitaciones momentáneas al paso del
tránsito, tal la modalidad general. Pero a partir de la amenaza anunciada por
el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, el fiscal de Estado Miguel Ángel
Rivas y el procurador general, Sebastián Albesa (quienes,
además, anticiparon que iban a impulsar una andanada de prisiones preventivas “por orden expresa del gobernador”), la nueva
estrategia de los manifestantes es la de interrumpir de manera total la circulación vehicular en la ruta 9 a las alturas de las localidades de
Purmamarca, Maimará, Tilcara y el paraje San Roque de
Humahuaca. La medida fue tomada “por tiempo indeterminado”, una
forma de dejar en claro que ni siquiera la batería de denuncias del gobierno
provincial parece infundirles temor.
Si bien es inevitable el malestar que causa especialmente en los prestadores turísticos por los inconvenientes que generan los cortes (donde las pérdidas estimadas son millonarias y a ellas se suman numerosas cancelaciones de reservas de cara a las inminentes vacaciones de invierno), en Humahuaca los comerciantes decidieron cerrar sus locales este jueves y viernes para acercarse al corte de paraje San Roque. La audaz movilización no solo los privará de vender y recaudar durante dos días, sino que además los volverá susceptibles de ser perseguidos por el gobierno de Jujuy en su nueva embestida de denuncias a los participantes de este tipo de protestas.
Por otro lado, este jueves toma estado parlamentario el proyecto de creación la Comisión
Especial Investigadora que los legisladores provinciales al
servicio de Morales quieren crear únicamente
para atender las manifestaciones del martes 20 de junio.
“Deben investigarse los móviles políticos que auspiciaron a los violentos y desestabilizadores que
atacaron nuestras instituciones”, dice el
proyecto que solo fue firmado por los diputados de la UCR jujeña
(pese a que en la conferencia de presentación habían asegurado que
contaba con apoyo de los ediles del PJ).
En simultáneo
se
siguen provocando nuevas declaraciones
contra la reforma constitucional de parte de distintos cuerpos legislativos del
interior de la provincia. Los últimos en sumarse fueron Libertador San Martín, Cochinoca,
Huacalera, Rinconada y Purmamarca, este en particular de gran
carácter simbólico, ya que es en su acceso donde se inició el primer gran reclamo sobre la ruta, y justamente uno de los que
decidió volver total el corte hasta tanto no obtengan una respuesta favorable
del gobierno de Morales.
Todas
estas declaraciones son acompañadas de argumentos que coinciden en señalar
tres aspectos: la reforma no fue realizada con
la prolijidad institucional que tamaña
modificación amerita, las protestas sociales son
legítimas por verse vulnerados sus derechos y
el gobierno debe propiciar los canales de diálogo que sus propios voceros
afirmaron tener en distintas declaraciones públicas.
El
conflicto lleva un mes y dos días y solo una vez se acercó formalmente un representante jerárquico de la administración Morales
a conversar a alguno de los nodos de protesta. Fue este jueves, en la zona del Predio Ministerial de San Salvador, donde distintos gremios docentes vienen realizando un acampe después
de haber sido convocados y plantados por el
ministro de Hacienda y futuro gobernador, Carlos Sadir. La cara la puso Teresa Bovi,
titular de la cartera de Educación, aunque pidió
no ser fotografiada ni filmada, quizás para que
no quedaran registros del único anuncio formal que les hizo a los manifestantes:
en el sueldo de junio que están por cobrar les serán descontados los días de paro.
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