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“LA GUERRA Y LA PAZ. LA TENSIÓN PREVIA AL 19J VA GANANDO LAS
CALLES EN EL PAÍS. Una marcha imprevista de tropas policiales cruzó el
viernes la ciudad capital atemorizando con su parafernalia de guerra
y provocando alboroto. Se trató de otro nuevo mensaje oficial para
amedrentar a los potenciales
manifestantes del 19J.
Este desfile se suma a las declaraciones del primer ministro, quien a la salida de la reunión del Consejo de
Estado invocó a las FFAA y policiales a que
respetaran el uso de la fuerza, generando sorpresa por el contenido, considerado una “sacada de cuerpo”,
ya que pone en manos de las instituciones del orden y seguridad la decisión sobre si se respetan
o no los límites de la violencia que impone la ley. Además de esa intención de infundir temor, hay que
sumar la declaración de emergencia de las carreteras y los controles en la entrada de Lima,
que los especialistas consideran ilegales. También se ha buscado enfrentar la “paz” solicitada por los gremios empresariales, fundamentalmente, a la “guerra” de los manifestantes del 19J.
Hay una falsedad de fondo en esta premisa, tan incorrecta como la que busca entender la existencia de una guerra
del país consigo mismo, por lo que es necesario salir a pacificarlo, como
señala Paulo Vilca en SER. No será un combate de los “buenos” contra los “terroristas,
comunistas” como pretenden entender los sesudos
policías que analizan el contexto en los medios. Se trata del 90% de la población que no
quiere continuar bajo la égida de Dina Boluarte y Alberto Otárola y de un Congreso mercenario. Desde Alberto
Fujimori no hemos tenido un Gobierno tan desprestigiado
por su violación sistemática de los Derechos
Humanos. Ese hecho es el que hoy lo coloca en esta posición
defensiva, a la que ha conducido a las Fuerzas Armadas y
policiales, que habían logrado limpiarse del baldón del fujimontesinismo
y que ahora, nuevamente, se ponen de espaldas al país.
El 19 de julio
hay una movilización en Lima y las regiones en
demanda de respeto a los derechos ciudadanos, a
la legalidad, a la democracia, a la libertad. Lo más unificador es que el 90% del país coincide en
que el Gobierno Boluarte-Otárola no
da más y que el Congreso es
cómplice de esta decadencia y también se tiene que ir. El 10% que tiene
la alianza con el poder económico y la fuerza de la represión contra el 90% que no
quiere a la presidenta y sus aliados. Es necesario ubicarse en el lugar correcto de la
historia y no dejarse amedrentar ni manipular. Editorial del Diario La República.
/16/07/2023/.
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Estudiantes participan en la toma de la Universidad de San
Marcos. Imagen: EFE
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PERÚ:
ARRANCA LA TERCERA OLEADA DE PROTESTAS.
Habrá un Paro Nacional y Movilizaciones
en todo el País en contra de Boluarte.
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Esta semana los principales sindicatos y organizaciones sociales se manifestarán en contra del Congreso y de un gobierno al que califican de "ilegítimo y criminal".
Por
Carlos Noriega.
Página /12 domingo 16 de julio del 2023.
Desde Lima
La impopular presidenta Dina Boluarte, que es rechazada por el 80% del país según una reciente encuesta,
enfrenta una nueva oleada de protestas exigiendo
su renuncia. Para este miércoles 19 los principales sindicatos y organizaciones
sociales han convocado a un paro nacional, que
debe marcar el inicio de movilizaciones en todo el país. Los organizadores de
la protesta señalan que el objetivo es la caída
del gobierno, al que califican como “ilegítimo y
criminal”.
La protesta
Con este paro se retoman, en una tercera oleada,
las protestas que estallaron en diciembre luego de la destitución
y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y su reemplazo
por Boluarte. Pobladores del interior del país, campesinos en su mayor parte, se movilizarán hacia Lima desde distintas provincias,
principalmente desde las zonas andinas, para
sumarse a la protesta en la capital. También se
han convocado movilizaciones en las provincias de todo el país. Se espera que las mayores protestas se den en el sur
andino, como ha ocurrido desde diciembre.
Además de la renuncia de Boluarte, la plataforma de la protesta demanda el cierre del desacreditado Congreso, que tiene apenas 6% de aprobación, y el adelanto de las elecciones generales programadas para abril de 2026. Boluarte había anunciado el adelanto de las elecciones en, medio de las multitudinarias protestas de diciembre y enero, pero ahora, en un acuerdo con la mayoría parlamentaria, ha cambiado de postura y asegura que gobernará hasta 2026. Un 82% demanda el adelanto de elecciones.
Asesinos
y golpistas
Las organizaciones que convocan a este paro y a las movilizaciones se refieren a Boluarte como “asesina” y
al Congreso como “golpista
y corrupto”. Otra exigencia es un referéndum
para la convocatoria a una Asamblea Constituyente
para cambiar la Constitución que viene de la
dictadura de Alberto Fujimori. La
derecha se aferra a esa Constitución neoliberal y, temerosa de una derrota en las urnas,
se opone cerradamente a un referéndum para una Asamblea Constituyente. Esta
postura de la derecha es respaldada por Boluarte, quien llegó a un gobierno de izquierda como acompañante de Castillo
en la fórmula presidencial, prometiendo la Constituyente
que ahora rechaza y pretende desacreditar llamándola “extremista”. Apenas asumió la presidencia, Boluarte se
alió con la derecha y ultraderecha que controlan el Congreso.
El juzgamiento de los responsables por las muertes en la represión
de las protestas de los meses anteriores es otra
demanda central en
esta nueva movilización. También se exige la liberación
de los detenidos en esas protestas. La represión ha dejado 49 personas muertas por disparos de la policía y del ejército, la gran mayoría campesinos. El
total de fallecidos en las protestas son 67. El
Ejecutivo y el Congreso justifican esas muertes y han respaldado reiteradamente
a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población.
La Fiscalía, encabezada por una fiscal aliada de la derecha que gobierna, ha
iniciado una investigación por las muertes, pero
no avanza y parece más orientada a asegurar impunidad que
a hacer justicia.
“Para la ultraderecha
neofascista y racista un campesino o indígena muerto no vale nada”, denuncian los organizadores de la protesta en un comunicado.
Defender la democracia es una consigna que marca este relanzamiento de la protesta contra el régimen de la alianza de Boluarte y la mayoría parlamentaria, que se da cuando desde el Congreso la derecha avanza en una ofensiva para controlar los sistemas de justicia y electoral, y las distintas instituciones de la democracia, en un plan para consolidar un régimen autoritario.
La
toma de San Marcos
Estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua y grande del país, tomaron en la noche del viernes ese centro de estudios en protesta por la decisión del rectorado de suspender sus actividades por el paro del 19. Esa decisión del rectorado no responde a
un respaldo al paro, por el contrario, el objetivo
es cerrar una
universidad cuyos estudiantes apoyan
mayoritariamente las protestas antigubernamentales y que anteriormente recibieron en el campus a los manifestantes que llegaron desde las
provincias.
En una exhibición de su fuerza represiva, el gobierno hizo desfilar por las calles
del centro de Lima miles de policías y tanques este fin de semana. Repitiendo la estrategia que puso en marcha contra
las protestas de los meses anteriores, el
régimen criminaliza las movilizaciones sociales acusando
a los manifestantes de violentos y terroristas.
El discurso oficial ha resucitado al grupo armado maoísta
Sendero Luminoso, derrotado hace tres décadas, para vincularlo a la protesta, justificar la represión
y meter miedo con ese fantasma.
Campaña
En respuesta a esta campaña del régimen y los grandes medios, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, que
agrupa a más de una decena de organizaciones que
convocan el paro del 19, expresó en un
comunicado su rechazo
“al discurso de odio, la política de miedo y terrorismo
mediático que vienen impulsando la ultraderecha mafiosa
a través de su prensa mercenaria, la coalición
dictatorial del régimen cívico-militar y el Congreso, que pretenden vincular
nuestra lucha democrática nacional, y a nuestros dirigentes, con una organización
terrorista que ya no existe”.
Gerónimo López, miembro de la coordinadora y secretario
general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical del país, justificó la medida de fuerza.
“La manera de recuperar la paz social son
las nuevas elecciones generales, porque democracia ahora no hay. Solo hay
democracia para los fascistas que atacan y agreden, pero al pueblo que quiere
salir a luchar lo reprimen con balas. Si ellos no se quieren mover, entonces no
habrá paz social. El pueblo va a salir a recuperar la democracia secuestrada
por el Gobierno y el Congreso”.
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