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“El TC anuló
una acción de amparo que un juez constitucional había dado a favor de Salas por la ofensiva del Congreso en su contra. El presidente
del JNE denuncia que el TC
lo notificó para que ejerza su defensa trece días después que el proceso había
sido cerrado. El magistrado indica que después de un cuestionado fallo del TC que prohíbe a los jueces
pronunciarse en contra de decisiones del Congreso, no tiene posibilidades de defender
sus derechos en los tribunales del país, por lo que ha recurrido instancias internacionales. Ha obtenido una medida cautelar a su favor de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como eso no ha detenido la ofensiva
parlamentaria para destituirlo, y las
autoridades siguen sin actuar frente al hostigamiento y amenazas en su contra,
ha solicitado a la CIDH que eleve ante la Corte
IDH un pedido para que emita una medida provisional de protección. “Por la
urgencia debido a la naturaleza de los sucesos una
medida de protección tendría que ser dictada con rapidez. La Corte puede dictar una medida para detener el
proceso de destitución en el Congreso, y si la destitución ya se ha producido puede anularla y
ordenar la reposición. El Congreso está obligado a cumplir
lo que diga la Corte, si no lo hace estaríamos
en una situación autoritaria, en una dictadura congresal”, dice Salas.
El presidente del JNE denuncia un proceso de
copamiento desde el Congreso de los sistemas electoral y de justicia, y un avance autoritario que recuerda los tiempos de la dictadura
de Alberto Fujimori. “Quieren copar el JNE por la misma
razón que lo hicieron el año 2000, cuando hubo un fraude para la re-reelección
de Fujimori. Siento que estamos regresando a esa época”.
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PERÚ: LA DERECHA MANIOBRA
CONTRA EL ORGANISMO ELECTORAL.
Ofensiva de la fuerza mayoritaria del
Congreso.
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El
titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge
Luis Salas, afirma que la democracia está
en riesgo y que la ultraderecha lo amenazó de muerte. Buscan destituirlo.
Desde Lima. Carlos Noriega.
Página /12 martes 11 de julio del 2023.
“La democracia está en riesgo”, advierte el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, ante las maniobras de la derecha que domina el Congreso para destituirlo del cargo con un juicio político y controlar el organismo electoral. En respuesta a esta denuncia la ultraderecha lo amenazó de muerte. La Constitución no permite el juicio político a las autoridades electorales, pero eso no detiene a los legisladores de la derecha, que ya accionan para habilitar ese proceso, ansiosos por capturar el sistema electoral. Salas ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar una medida provisional de urgencia para defender la independencia del JNE.
La amenaza de muerte contra Salas vino del grupo autodenominado Los
Combatientes, una
de las organizaciones de ultraderecha, pequeñas en número, pero violentas, que hostilizan, agreden y amenazan a
quienes se oponen a los planes
autoritarios de la derecha. Estos
grupos -hay al menos tres operando- tienen nexos con partidos como el fujimorismo y la fascista
Renovación Popular del
alcalde de Lima Rafael López Aliaga.
Alrededor de medio centenar de agresivos
militantes de Los Combatientes llegaron
hace unos días hasta el local del JNE
para vociferar insultos y amenazas de muerte contra el presidente de ese organismo.
“No vamos a retroceder. Nuestro objetivo es llevarlo a la
cárcel o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos, y lo vamos a
conseguir con apoyo del Congreso y la Fiscalía”, amenazó a los gritos Roger Ayachi, uno de los cabecillas de esta
banda de ultraderecha, confiado en poder actuar con impunidad.
Discurso
de odio
“He sido amenazado antes, pero esta es la
primera vez que puedo identificar de manera certera al atacante, que lo hizo a
voz en cuello. Hay más de una decena de denuncias por amenazas y actos de
hostilidad que han sido rechazadas por la fiscalía.
Lamentablemente, la policía y la fiscalía dejan
actuar a estas personas que amenazan. Se está normalizando un discurso de odio y las amenazas de muerte, que en resoluciones
fiscales se dice son manifestación de la libertad de expresión, eso es
inadmisible”, le declaró el presidente del JNE a PáginaI12.
La derecha puso en la mira a Salas
cuando se negó a avalar su falsa denuncia de fraude
electoral con la que buscaba arrebatarle el triunfo a Pedro Castillo y declarar ganadora
a la derrotada Keiko Fujimori. Una venganza para cobrarle esa factura y el
objetivo de capturar los organismos electorales para asegurarse un triunfo en las elecciones, confluyen en las amenazas
en su contra y los planes para
destituirlo.
“Quieren
desaparecer a este JNE porque ese sector del
Parlamento quiere dejar sentado de que se puede controlar políticamente a los jueces electorales, y a los jueces en general, que
nadie se puede enfrentar a las decisiones del Congreso. Darían un mensaje a
quien se hiciera cargo del JNE que si no acepta
las directivas de quienes ejercen el control del Congreso
sería objeto de juicio político y de una
inhabilitación por cualquier motivo. Establecer un control
político de las autoridades electorales apunta al afianzamiento de un Estado autoritario”, señala Salas.
En el Congreso han armado un proceso de acusación contra Salas con
cargos que el magistrado califica como “absurdos”. Lo acusan por la contratación de una consultoría a un reconocido experto electoral, que Salas dice
se hizo de acuerdo a las normas, lo que ha sido confirmado por el organismo encargado
de vigilar las contrataciones públicas,
y por el nombramiento como miembro del
ente electoral del suplente del representante de las universidades privadas cuyo mandato
se cumplió y las universidades no eligieron
a su reemplazante, lo que el titular del JNE
asegura cumple con una ley de este Congreso.
“Me acusan por cumplir las leyes que ha dado el propio Congreso. Me sorprende tanto los argumentos de las acusaciones, que son absurdos, que debo concluir que los congresistas no necesitan razones, solo necesitan votos”.
Legisladores de derecha han presentado propuestas para
cambiar la Constitución para habilitar el juicio
político a los funcionarios electorales, lo que ahora no se permite para asegurar su
independencia política. El Tribunal Constitucional (TC), cuyos integrantes han sido elegidos con los votos de la derecha, ha alentado con una resolución que se realice ese cambio constitucional. Pero
como ese procedimiento necesita dos tercios de los
votos del Congreso, que esa
derecha no está segura de conseguir,
y llevaría dos legislaturas, buscan un atajo para destituir a Salas. En esta
estrategia el TC también le ha dado
una mano a quienes buscan capturar el sistema electoral. En una interpretación de la norma que le saca la
vuelta a la Constitución, el TC ha dicho que Salas puede
ser sometido a juicio político y
destituido por ser también juez de
la Corte Suprema, aunque no ejerce como tal sino como juez electoral.
“La propuesta del TC al Congreso para que cambie la Constitución y extienda el juicio político a los miembros de los organismos electorales desconoce la autoridad de la Corte IDH, que dice que no se debe hacer juicio político a las autoridades electorales porque eso afecta su independencia. Al decir que el presidente del JNE sí puede ser sometido a juicio político sin cambiar la Constitución por ser juez supremo, el TC hace una interpretación que va contra la ley, desconoce que como presidente del JNE estoy de licencia funcional como juez supremo y solo estoy ejerciendo como juez electoral. El TC y el Congreso actúan de común acuerdo. Se está atacando la institucionalidad democrática”, responde Salas a las acciones puestas en marcha en su contra.
El TC anuló
una acción de amparo que un juez constitucional había dado a favor de Salas por la ofensiva del Congreso en su contra. El presidente del JNE denuncia que el TC
lo notificó para que ejerza su
defensa trece días después que el proceso
había sido cerrado. El magistrado indica que después de un cuestionado fallo del TC
que prohíbe a los jueces pronunciarse en contra de
decisiones del Congreso, no tiene posibilidades de defender sus derechos en los tribunales
del país, por lo que ha recurrido
instancias internacionales. Ha obtenido una medida cautelar
a su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero como eso no ha detenido la ofensiva
parlamentaria para destituirlo, y las autoridades siguen sin actuar frente al hostigamiento y amenazas en su contra, ha solicitado a la
CIDH que eleve ante la Corte IDH un pedido
para que emita una medida provisional de protección.
“Por la urgencia debido a la naturaleza de los sucesos una medida de protección tendría que ser dictada con
rapidez. La Corte puede dictar una medida para
detener el proceso de destitución en el Congreso,
y si la destitución ya se ha producido puede
anularla y ordenar la reposición. El Congreso está obligado a cumplir
lo que diga la Corte, si no lo hace estaríamos
en una situación autoritaria, en una dictadura congresal”, dice Salas.
El presidente del JNE denuncia un
proceso de copamiento desde el Congreso de los
sistemas electoral y de justicia, y un avance autoritario que recuerda los tiempos de la dictadura
de Alberto Fujimori. “Quieren copar el JNE por la misma
razón que lo hicieron el año 2000, cuando hubo un fraude para la re-reelección
de Fujimori. Siento que estamos regresando a esa época”.
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