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“Avanzar, indesinenter. Sea como fuere, estos
antecedentes muestran que, con la actual legalidad
en la mano, la presidenta del Congreso cuenta con instrumentos jurídicos y con mayorías
de apoyo suficientes para que el plurilingüismo
gane peso ya en los plenos del 26 y 27 de septiembre, cuando se debata la investidura de Feijoo. Podría
ocurrir, desde luego, que ese debate tuviera lugar sin que los sistemas de traducción necesarios estuvieran listos. En ese caso, no
sería imposible acordar con los grupos un margen suficiente de flexibilidad
para que, junto al castellano, las lenguas de Rosalía
de Castro, de Gabriel Aresti, de Montserrat Roig y de Ovidi
Montllor, resuenen en el hemiciclo con la fuerza y la dignidad que
merecen. Los diputados y diputadas que las
utilizaran deberían, seguramente, autolimitarse para que sus intervenciones
resultaran comprensibles para todos y permitieran el debate. Pero esta autolimitación,
a diferencia de otros momentos, no implicaría renuncia ni apuntalamiento
del status quo. Sería
un pequeño primer paso hacia una reforma más profunda, previamente
pactada, que blinde de una vez el uso normalizado en el Congreso de las lenguas peninsulares, para orgullo de
todos, incluidas las personas castellanoparlantes.
“El efecto de un cambio de
esta naturaleza sería
enorme, internamente y desde el punto de vista internacional. Hacia adentro,
porque ayudaría a que las propias lenguas peninsulares se conozcan mejor entre
ellas, algo que hoy por desgracia ocurre poco. También
serviría para que se asuma que el propio castellano que se habla en el Congreso
bien puede sonar a la manera andaluza, canaria o argentina, como es mi
caso, o a la manera saharaui de nuestra compañera Tesh
Sidi. El efecto hacia afuera no sería menor. Porque el mundo entero
advertiría el simbolismo de un reconocimiento jurídico y práctico de la pluralidad lingüística interna, nada menos que en el
Congreso de los Diputados. Dicho reconocimiento nos permitiría acercarnos mejor a Portugal, a América Latina o, incluso, a África.
Y sobre todo, lanzaría un mensaje claro a Europa sobre la necesidad de que las
lenguas que ya se escuchan o leen con naturalidad en las instituciones estatales,
se escuchen y se lean de modo similar en Bruselas o
Estrasburgo.
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PLURILINGÜISMO
EN EL CONGRESO: ¡EL MOMENTO ES AHORA, SEPHARAD!
*****
Por Gerardo Pisarello | 28/08/2023 | España
Fuente Rebelión martes 29 de agosto del 2023.
Hay palabras que llegan de imprevisto y
deshacen nudos como piedras, retiran mordazas y alientan cambios que
parecían imposibles. Así sonaron las que
pronunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la sesión constitutiva de la Cámara del pasado 17 de agosto. Irrumpieron de pronto, sin que
nadie las esperara, tras una emotiva evocación
de La pell de brau, el poemario
que convirtió a Salvador Espriu en
una referencia de la lucha
antifranquista.
“Quiero
manifestar mi compromiso con el catalán, el euskera, el
gallego y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que
esta presidencia permitirá el uso de estas lenguas en el Congreso desde esta
sesión constitutiva”. Así
de rotundo, así de claro. Ni durante la Primera
República, ni durante la Segunda, ni
después de la Transición, la tercera autoridad
del Estado había defendido el pluralismo lingüístico con convicción semejante.
La densidad histórica de las palabras
Desde luego, ese compromiso inédito con las hablas peninsulares pedía concreciones y anunciaba también resistencias. En ningún caso, sin embargo, se trataba de flatus vocis, de palabras destinadas a desvanecerse o a quedar en mero artificio retórico. Por el contrario, si pudieron ser pronunciadas fue porque encarnaban una fuerza de siglos. La de millones de mujeres y hombres que a través del tiempo lucharon con orgullo por conservar y enriquecer esas voces propias, que fueron a la vez la de sus hijos o sus madres. Esa fuerza, nacida del fondo de la historia, no emergió por casualidad en uno de los congresos más plurinacionales y plurilingües de la historia reciente. Y tampoco fue por azar que tuvo como intérprete a una mujer, mallorquina, que como presidenta del Gobierno de Baleares había hecho de la defensa de la memoria democrática una política pública irrenunciable.
***
Naturalmente, semejante desafío no podía quedar sin respuesta. Aquel 17 de agosto, sin embargo, los reticentes de siempre estaban desconcertados. Divididas las
derechas, torcieron el gesto,
pero sin aspavientos excesivos, como
si intuyeran que enfrente tenían a una
exigencia de los tiempos, y por ello, difícil de parar.
En la primera reunión de la nueva Mesa del Congreso, ya
repuesto, el PP
mostró su lado más recio. Apuntó directamente contra la legalidad de la decisión y exigió que se congelara todo. En otras ocasiones,
esa simple invocación paralizadora hubiera bastado para desactivar el anuncio y restaurar el status quo de siempre. Pero no esta vez. El pacto que había posibilitado la nueva composición de la Mesa había dejado fuera a Vox, que no estaba allí
para socorrerlo. El PSOE no secundaba sus argumentos, como había ocurrido tantas veces en la legislatura anterior. Sumado a ello, el propio PP
comparecía en el debate con un candidato
a la presidencia del Gobierno de Ourense, que hizo gran parte de su carrera política en gallego, sin que
nadie en su partido lo considerara
la ‘anti-España’ por ello.
Una reforma reglamentaria impostergable
Tras este fallido movimiento restaurador,
que hubiera implicado desactivar toda la potencia del anuncio del 17 de agosto,
la presidenta
del Congreso propuso otro camino. Escuchar a los grupos
parlamentarios y a partir de allí plantear una propuesta jurídicamente sólida que pueda aplicarse en el próximo pleno, probablemente el que deberá debatir la investidura de
Alberto Núñez Feijoo.
Si se atiene a lo ocurrido en estos
últimos años, lo lógico sería que de estas rondas de consultas surja lo que ha sido un clamor compartido
por un amplio espectro de fuerzas políticas: la necesidad de reforma del Reglamento del Congreso.
Esta reforma no se produciría en el
vacío. Tendría como antecedente
las que ya se produjeron
en el Senado en 1994 y 2005. Fueron aquellas iniciativas, en efecto,
las que abrieron camino en la dirección
de lo que ahora se pretende: normalizar
el uso del euskera, el gallego y el catalán, en
escritos y debates parlamentarios.
Curiosamente, estas reformas,
que incluían la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en algunas
intervenciones y escritos parlamentarios, tuvieron el apoyo del PP. Es más, en algún caso
no solo las apoyó, sino que llegó a quejarse de su insuficiencia. “Aspirábamos a más”, sostuvo en 2005 el senador gallego Víctor Manuel
Vázquez Portomeñe. Y no se quedó
allí: prometió ir más lejos si había
cambios futuros y acabó invocando,
para justiciar su moderación, las
célebres palabras de Confucio: “Más vale encender una humilde vela que maldecir la
oscuridad”.
Aquella reforma echó por tierra muchos
tabúes. De entrada, corroboró
lo que hoy se acepta con naturalidad en la Unión Europa, en países como Suiza,
Bélgica o Canadá, o en parlamentos
como el de la Comunidad Autónoma Vasca: que es perfectamente posible, sin riesgo de trauma psicológico ni gran
dispendio económico, entenderse y debatir en diferentes lenguas,
mediante sistemas de traducción
previa o simultánea. Y que negarse a
ello con el argumento de la humillación del pinganillo, es más un signo de inseguridad que de confianza en la vitalidad de la propia
lengua.
Precisamente
porque los antecedentes
del Senado y del derecho comparado son numerosos y funcionan, la reforma del reglamento
del Congreso resulta una iniciativa impostergable. El último
intento de llevarla adelante tuvo lugar
en junio de 2022. Con la firma de ERC, PNV, JXCat, PDeCAT, la CUP y el BNG,
la iniciativa ya planteaba la
posibilidad de la traducción
simultánea de estas lenguas en las
intervenciones en comisiones y de plenos.
Por primera vez en la historia, la propuesta contó con el apoyo decidido de partidos con presencia en el ejecutivo. Este fue el caso del grupo confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, cuyos diputados subieron a la tribuna a defender la iniciativa. En ese entonces, no obstante, se toparon con la oposición de un PSOE demasiado temeroso y condicionado tanto por el PP como por Vox.
***
En una sesión memorable por su
significado, el diputado sabadellense de En Comú Podem, Joan Mena, afeó al PSOE
su posición y le recordó que el problema
no lo tenían
“los hablantes de las
lenguas oficiales” sino “aquellos que no son capaces de aceptar y de sentirse
orgullosos de una realidad que nos enriquece y mucho como país”.
Tras las elecciones del 23 de julio de este año, el
escenario para la reforma se ha vuelto
mucho más propicio. Primero, porque el voto que hoy permitiría a Pedro Sánchez hacerse
con la presidencia del Gobierno es
un voto con un fuerte
componente antifascista, contrario a las retiradas de revistas en catalán de las bibliotecas públicas y, más en general,
a los ataques a las lenguas cooficiales perpetrados por los gobiernos pactados entre el PP y Vox.
Una de las primeras en reaccionar contra
estas medidas de tintes neofranquistas fue la propia
vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Durante la campaña electoral, Díaz defendió la
necesidad de una ley de uso y enseñanzas
de lenguas oficiales y minorizadas. El 2
de agosto, por su parte, también anunció que impulsaría una reforma del Reglamento para blindar jurídicamente la
diversidad
lingüística en el Congreso.
Las exigencias en materia lingüística por
parte de ERC y
Junts como condición para aprobar la
constitución de la nueva Mesa y una eventual
investidura futura hicieron el resto. El
propio PSOE accedió a cambiar su
posición en la materia, propuso a una federalista genuina como Armengol
como nueva presidenta del Congreso y
luego respaldó su anuncio histórico de un cambio inmediato en el uso del euskera, del catalán y del gallego,
en los plenos de la Cámara.
La estrategia contrarreformista.
Todavía en estado
de shock, el PP intentó, en la primera
reunión de la nueva Mesa, apuntarse a
una eventual reforma del Reglamento del Congreso, pero no para avanzar en el cambio, sino para frenarlo. Sus representantes, en efecto, fueron los primeros en exigir “que todo quede congelado” mientras
la reforma no se acometiera y
mientras no hubiera informes jurídicos.
Esta actitud no solo buscaba desplegar
una táctica dilatoria que desnaturalizara
el mandato nítido de la presidencia de la Cámara del 17 de agosto. También
desconocía que los propios diputados y diputadas, como representantes de la voluntad popular, son los primeros obligados a cumplir el principio constitucional que manda proteger las lenguas de toda la ciudadanía y de “los pueblos de España”.
De existir acuerdo entre las fuerzas
partidarias de este avance en materia de plurilingüismo, el cambio sería
imparable. Primero, porque la tramitación de una reforma que blinde jurídicamente la diversidad lingüística,
bien podría realizarse en lectura única,
como prevé el artículo 150 del
Reglamento. Segundo, porque incluso
sin ese trámite, la presidenta podría comenzar a flexibilizar el uso de las lenguas amparándose en el artículo 32, que la faculta a dirigir los debates, mantener el orden
en los mismos e interpretar el propio
Reglamento en los casos de duda.
También aquí existen antecedentes. Ya en
2005, el entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, del PSOE, aprobó una Resolución con el visto bueno de la Mesa y de la Junta de Portavoces con
el objetivo de flexibilizar el uso de las lenguas mediante la autotraducción
al castellano a cargo de los propios intervinientes. Incluso en la última legislatura, con Meritxell Batet de presidenta,
se utilizaron fórmulas similares sin
que nadie sintiera que se le privaba
por ello del derecho a entender lo
que se estaba debatiendo. Durante el
debate de la proposición de reforma
reglamentaria de 2022, el diputado Ferran
Bel, del PDeCAT, realizó toda su intervención en catalán, auto traduciéndose al castellano. Lo mismo hizo, en euskera, Mertxe
Aizpurua, portavoz de EH Bildu. Y no solo eso: algunos diputados de Unidas Podemos, como Pablo Echenique o Sofía Castañón,
pronunciaron alocuciones breves en las
que utilizaron otras modalidades lingüísticas reconocidas en sus territorios
como el aragonés
o el bable.
Es verdad que durante aquella sesión la presidencia acabó llamando al orden a las diputadas y diputados Montse Bassa, de ERC, Míriam Nogueras, de Junts, Albert Botran, de la CUP, y Néstor Rego, del BNG, por su insistencia en hablar solo en catalán o gallego. Pero en aquel caso, la decisión de no autotraducirse no era un simple capricho. Era una forma deliberada de protestar contra la oposición del PSOE a tramitar una propuesta que ya se había abierto paso parcialmente en el Senado.
Avanzar, indesinenter
Sea
como fuere, estos antecedentes muestran que,
con la actual legalidad en la mano,
la presidenta del Congreso cuenta
con instrumentos jurídicos y con mayorías de apoyo suficientes para que
el plurilingüismo
gane peso ya en los plenos del 26 y 27
de septiembre, cuando se debata la investidura de
Feijóo.
Podría ocurrir, desde luego, que ese
debate tuviera lugar sin que los sistemas de traducción
necesarios estuvieran listos. En ese caso, no sería imposible acordar con los grupos
un margen suficiente de flexibilidad
para que, junto al castellano, las
lenguas de Rosalía de Castro, de Gabriel Aresti, de Montserrat Roig y de Ovidi
Montllor, resuenen en el hemiciclo con la fuerza y la dignidad que merecen.
Los diputados y
diputadas que las utilizaran deberían, seguramente, autolimitarse
para que sus intervenciones resultaran
comprensibles para todos y permitieran el debate. Pero esta autolimitación, a diferencia de otros
momentos, no implicaría renuncia ni
apuntalamiento del status quo. Sería un pequeño primer paso hacia una
reforma más profunda, previamente pactada, que
blinde de una vez el uso normalizado en el Congreso de
las lenguas peninsulares, para orgullo de todos, incluidas las personas castellanoparlantes.
El efecto de un cambio de esta
naturaleza sería enorme, internamente y desde el punto de vista internacional.
Hacia adentro, porque ayudaría a que las propias lenguas peninsulares se
conozcan mejor entre ellas, algo que hoy por desgracia ocurre poco. También
serviría para que se asuma que el propio castellano que se habla en el Congreso bien puede sonar a la manera
andaluza, canaria o argentina, como es mi caso, o a la manera saharaui de nuestra compañera Tesh
Sidi. El efecto hacia afuera no sería
menor. Porque el mundo entero advertiría el simbolismo de un reconocimiento
jurídico y práctico de la pluralidad lingüística interna, nada menos que en el Congreso de los Diputados. Dicho reconocimiento nos permitiría
acercarnos mejor a Portugal, a América Latina o, incluso, a África. Y sobre
todo, lanzaría un mensaje claro a Europa sobre la necesidad de que las lenguas
que ya se escuchan o leen con naturalidad en las instituciones estatales, se
escuchen y se lean de modo similar en Bruselas o Estrasburgo.
Nada de esto, obviamente, implica
desconocer las férreas inercias uniformistas de la historia más reciente y de
la más lejana. Precisamente por eso, el ilusionante cambio anunciado en la
sesión constitutiva del Congreso el pasado 17 de agosto
no puede darse por descontado. Exige compromiso y presión por parte de quienes aspiramos a una investidura lo
más
plurinacional, lo más progresista,
lo más feminista y lo más republicana posible. El mismo Salvador Espriu, que llamaba a construir ponts de
diàleg entre los hijos e hijas de Sepharad,
sabía que eso no se podía conseguir,
como también dijo en un poema, sin perseguir
la libertad propia y de los demás indesinenter,
adverbio latino que quiere decir “sin pausa, incesantemente”.
De eso se sigue tratando en esta difícil
coyuntura que nos toca vivir. De perseverar, sin descanso, en la defensa de libertades y
derechos que nos ayuden, justamente,
a hablar, falar, hitz
egin, a parlar. Y de aprovechar esta grieta que se ha abierto
para recordar a Sepharad que no hay tiempo que perder, que el momento es ahora.
Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem. Profesor
de Derecho Constitucional de la UB.
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