CUANDO EL ESTADO SE VA, LO ILEGAL SE QUEDA, por Mónica Muñoz-Nájar.

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“Los vacíos no duran. La expansión de las economías ilegales no se debe solo a su rentabilidad. También responde a la falta de alternativas productivas y a la débil presencia estatal. En regiones como Madre de Dios, La Libertad, Amazonas y Puno, actividades como la minería ilegal, la tala o el narcotráfico avanzan donde el Estado no llega, llega tarde o llega mal. No hablamos de actores marginales. En 2025, las exportaciones de oro ilegal podrían superar los $12 mil millones, representando casi la mitad de todo el oro exportado. La minería ilegal ya equivale al 2.8 % del PBI nacional. El precio del oro —que se ha duplicado en cinco años— ha sido un incentivo poderoso para expandir esta actividad justo donde el Estado es más débil.

“En distintas partes del país las actividades ilegales están presentes y consolidadas. En Madre de Dios, unas 50 mil personas dependen de la minería aurífera informal o ilegal, que representa hasta el 40 % del PBI regional y ha degradado más de 300 mil hectáreas de bosque amazónico. Esta presencia va de la mano con una escasa o episódica presencia del Estado, sobre todo en lugares como La Pampa o Delta Uno. En La Libertad, esta actividad ha generado disputas violentas y la captura parcial de autoridades locales, según la Defensoría del Pueblo. En Condorcanqui, los mismos Apus denuncian que la minería avanza sin regulación ni respuesta estatal.

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CUANDO EL ESTADO SE VA, LO ILEGAL SE QUEDA,

por Mónica Muñoz-Nájar.

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El ciclo de desconfianza perpetúa el desarrollo estancado en Perú, donde la minería ilegal representa casi el 3% del PIB nacional. Urge un Estado presente y eficiente que construya legitimidad y ofrezca servicios de calidad en zonas vulnerables.

 

Por Mónica Muñoz-Nájar. Economista. Docente Universidad del Pacífico.

Fuente. La República domingo 13 de julio del 2025.

 

Una comunidad tiene una única escuela primaria, con seis aulas, una para cada grado. Pasan años pidiendo apoyo: no tienen materiales educativos, los profesores faltan por semanas, una de las aulas está en mal estado y necesitan construir dos más y una losa deportiva. Tocan las puertas de la UGEL, del municipio, del gobierno central. Nadie responde. Entonces llegan los mineros, sacando oro del río. Los Apus deciden dejar de esperar al Estado y comienzan a coordinar con los mineros ilegales que habían llegado a la zona.

Esta es la realidad de Pagata, una comunidad ubicada en el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Desde 2021, se ha reportado una creciente presencia de mineros ilegales en la zona, documentada en fuentes oficiales y en reportajes de medios especializados como Mongabay, Convoca y un documental de Latina TV próximo a estrenarse. En este último, los Apus cuentan cómo empezaron a colaborar con los mineros, que ofrecieron materiales y pequeñas mejoras. No lo hicieron por generosidad, sino porque esa ayuda les habría espacio. En un entorno desatendido, los ilegales comenzaron a ocupar el lugar que el Estado nunca asumió. Y con ello, ganaron algo más que acceso: legitimidad.

Este no es un caso aislado. Es apenas una muestra de lo que ocurre cuando el Estado se ausenta durante años de vastos territorios del país: aparecen otros actores, muchas veces ilegales, que ofrecen soluciones inmediatas donde el Estado solo ha ofrecido silencio. Así, lo que empieza como una relación por necesidad termina consolidando estructuras paralelas de poder y economía. El espacio no queda vacío: alguien siempre lo ocupa.

Los vacíos no duran.

La expansión de las economías ilegales no se debe solo a su rentabilidad. También responde a la falta de alternativas productivas y a la débil presencia estatal. En regiones como Madre de Dios, La Libertad, Amazonas y Puno, actividades como la minería ilegal, la tala o el narcotráfico avanzan donde el Estado no llega, llega tarde o llega mal.

No hablamos de actores marginales. En 2025, las exportaciones de oro ilegal podrían superar los $12 mil millones, representando casi la mitad de todo el oro exportado. La minería ilegal ya equivale al 2.8 % del PBI nacional. El precio del oro —que se ha duplicado en cinco años— ha sido un incentivo poderoso para expandir esta actividad justo donde el Estado es más débil.

En distintas partes del país las actividades ilegales están presentes y consolidadas. En Madre de Dios, unas 50 mil personas dependen de la minería aurífera informal o ilegal, que representa hasta el 40 % del PBI regional y ha degradado más de 300 mil hectáreas de bosque amazónico. Esta presencia va de la mano con una escasa o episódica presencia del Estado, sobre todo en lugares como La Pampa o Delta Uno. En La Libertad, esta actividad ha generado disputas violentas y la captura parcial de autoridades locales, según la Defensoría del Pueblo. En Condorcanqui, los mismos Apus denuncian que la minería avanza sin regulación ni respuesta estatal.

El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD pone nombre a esta realidad: “regímenes híbridos”, donde conviven lo legal, lo informal y lo ilegal, sin que el Estado logre imponer la ley ni brindar servicios públicos de calidad. El informe identifica 111 distritos con desarrollo humano muy bajo, de los cuales 35 combinan alta conflictividad, economías ilegales y debilidad institucional. Son las llamadas “zonas marrones”, donde el Estado aparece de forma intermitente o simbólica, cuando no está totalmente ausente.

En contextos así, las economías ilegales no solo operan: prosperan. No siempre se imponen por la fuerza; muchas veces entran porque ofrecen ingresos, caminos, materiales o cierto orden básico donde el Estado ha fallado durante años. Son aceptadas por necesidad, y con el tiempo, ganan legitimidad.

Ausencia y desconfianza.

La expansión de estas actividades ocurre sobre un terreno marcado por años de desconfianza acumulada en el Estado. Según el Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD, Perú se encuentra entre los países de América Latina con menor confianza en las instituciones públicas. Apenas el 20 % de la población confía en los gobiernos regionales, y el porcentaje es todavía menor en zonas rurales y amazónicas. Muchos peruanos sienten una desconexión muy grande con el Estado.

A pesar de mejoras innegables en la calidad de vida de millones de peruanos —como muestra el mismo informe—, la desconfianza persiste. En las últimas tres décadas, el Índice de Desarrollo Humano subió un 27 %, la esperanza de vida creció 13.8 años y el ingreso per cápita aumentó 141 %. Sin embargo, estos avances promedio ocultan profundas desigualdades territoriales y de acceso a servicios, especialmente en la Amazonía, la sierra rural y otras zonas históricamente excluidas.

La desconfianza ha crecido por varios factores identificados por el PNUD: la persistente percepción de corrupción, la baja capacidad de respuesta de los servicios públicos, la alta rotación de autoridades y la sensación de abandono estatal en amplios territorios del país. Incluso cuando el Estado está presente, muchas veces lo hace de manera intermitente o con servicios precarios, lo que erosiona la legitimidad institucional.

El ciclo de desconfianza.

Las consecuencias de esta baja confianza son profundas. Como señala el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” (2022), la desconfianza en las instituciones alimenta un círculo vicioso: menos personas quieren pagar impuestos, menos empresas se formalizan, lo que reduce la recaudación y limita la inversión pública. Con menos recursos, el Estado ofrece servicios de menor calidad, lo que refuerza la percepción de que el Estado no sirve y justifica la informalidad y el incumplimiento de las normas. Así, se perpetúa un ciclo que arrastra al país hacia un desarrollo estancado: alta informalidad, baja inversión, servicios deficientes, y de nuevo desconfianza.

Necesitamos un Estado presente.

Lo que se ha construido durante años de abandono no se desmonta con decretos y cambios de ley, aunque estos son necesarios. Se necesita algo más difícil, pero más duradero: un Estado que funcione donde más se le necesita.

Eso implica llegar, quedarse y responder. No solo controlar, sino también construir. Invertir en escuelas, postas y caminos no es un gasto asistencial: es una estrategia de seguridad, desarrollo y legitimidad. Fortalecer la gestión pública, en municipios, gobiernos regionales y organismos que llegan al territorio, es la única manera de cerrar el paso a las economías ilegales que hoy ganan terreno en el vacío.

El Estado no puede ser un visitante ocasional. Tiene que volver a ser un vecino permanente.

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